El embarazo infantil en el Perú se refiere a los casos de gestación ocurridos en menores de 14 años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cada año se registran miles de embarazos en niñas menores de 14 años, los cuales se producen en el contexto de violencia sexual.

El artículo 173 del Código Penal peruano tipifica como violación sexual de menor de edad todo acto sexual realizado con personas menores de 14 años, independientemente del consentimiento. En consecuencia, los embarazos registrados en este grupo etario se encuentran legalmente asociados a delitos de violación sexual.

Contexto Los casos de embarazo infantil ocurren cuando niñas menores de 14 años afrontan una gestación producto de una violación sexual. En este tipo de situaciones, se vulneran tres derechos humanos de las niñas: primero, su libertad sexual al haber sido forzada a una relación no consentida; segundo, su derecho a decidir, al obligarla a continuar con un embarazo no deseado; y tercero, su autonomía, al imponer la maternidad en contra de su voluntad.

Asimismo, el embarazo infantil provoca que se incremente la desigualdad de género y afecta el derecho a vivir una vida libre de violencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que esta situación representa un alto riesgo para la salud de niñas y adolescentes.

Cifras El Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) es una plataforma administrada por el Ministerio de Salud (MINSA), en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Su finalidad es asegurar que todos los nacimientos en los establecimientos de salud, ya sea por parto natural o por cesárea, queden registrados de manera inmediata y segura.

Entre 2012 y 2025, 14,814 niñas menores de 14 años tuvieron partos producto de embarazos forzados. Esta cifra evidencia la persistencia del embarazo infantil en el país y subraya la urgencia de implementar políticas efectivas que protejan los derechos de las niñas y eviten que sean obligadas a la maternidad.

Aborto terapéutico en el Perú

miniaturadeimagen|401x401px|Fotografía en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Lima, Perú. En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Es un procedimiento médico que se aplica cuando la vida o la salud física y mental de la gestante corren un grave peligro.

A pesar de su reconocimiento legal, durante décadas no existieron protocolos claros que orientaran su aplicación, lo que generó que en la práctica el acceso al aborto terapéutico fuera limitado y dependiera de la discrecionalidad de cada hospital o profesional de salud. Esta situación cambió en 2014, cuando el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica Nacional para la Atención del Aborto Terapéutico, que estableció procedimientos médicos y administrativos para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas cuya vida o salud se encontraba en riesgo.

Entidades que garantizan el Aborto Terapéutico en el Perú En el Perú, las principales instituciones encargadas de garantizar la aplicación del aborto terapéutico son el Ministerio de Salud (Minsa), responsable de emitir las guías técnicas que regulan su implementación, y el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). A ello se suman otras entidades que buscan proteger el derecho a la salud, como la Defensoría del Pueblo, que vigila el cumplimiento de las obligaciones estatales, y organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en varias ocasiones ha sancionado al Estado peruano por vulnerar derechos. Casos emblemáticos sobre Aborto Terapéutico en el Perú

Caso K.L. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió el caso K.L. contra Perú, en el que una adolescente de 17 años fue obligada a continuar con un embarazo a pesar de que el feto padecía anencefalia, una malformación que impide el desarrollo del cerebro y hace imposible la supervivencia del recién nacido fuera del útero.

Caso L.C. En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se pronunció en el caso L.C. contra Perú, que involucraba a una adolescente de 13 años víctima de violación sexual, a quien se le negó el aborto terapéutico y una cirugía urgente tras un intento de suicidio, lo que agravó su estado de salud.

Caso Camila En 2023, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño determinó que el Estado peruano vulneró los derechos de una menor identificada con el seudónimo “Camila”, una niña de 13 años de la región Apurímac. Según el dictamen, la menor quedó embarazada tras ser víctima de violación sexual por parte de su padre. Al acudir a un establecimiento de salud, se le negó el acceso al aborto terapéutico, pese a encontrarse dentro de los supuestos legales. Posteriormente, fue procesada penalmente tras sufrir un aborto espontáneo.

El Comité concluyó que la menor fue revictimizada por diversas autoridades estatales, incluyendo personal de salud, fiscales y efectivos policiales. Asimismo, identificó la existencia de discriminación basada en su edad, género, origen étnico y condición socioeconómica.

De acuerdo con el Comité, los hechos relacionados con el embarazo en una menor de edad y la negación del acceso al aborto terapéutico constituyen una vulneración del artículo 37, inciso a), de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe someter a niñas y niños a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hélène Tigroudja, miembro del Comité señaló que estas actuaciones podían ser consideradas equivalentes a tratos de carácter torturante, en los términos del derecho internacional de los derechos humanos.

En consecuencia, el Comité emitió una serie de medidas que el Estado peruano debe cumplir:

Despenalizar el aborto para todos los casos de embarazo infantil. Garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados post-aborto para niñas, especialmente cuando sus vidas corren peligro o si han sido víctimas de violación sexual. Asegurar para 'Camila' atención de salud integral, protección, reparación y medidas de “no repetición”. Traducir y difundir el dictamen al quechua, lengua indígena de 'Camila', y hacer pública la decisión.

Referencias

Categoría:Sexualidad en Perú Categoría:Derechos sexuales y reproductivos Categoría:Infancia y sexualidad