El Acuerdo Económico y Social (AES) fue un pacto de concertación social firmado en Madrid el 9 de octubre de 1984 por el Gobierno de España, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
El acuerdo estuvo vigente durante 1985 y 1986 y pretendía favorecer la creación de empleo, la inversión y la reducción de la inflación mediante compromisos entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y UGT. Incluyó medidas sobre política fiscal y económica, desempleo, contratación, formación profesional, Seguridad Social, negociación colectiva, empresa pública, salarios de los empleados públicos y participación institucional.
Comisiones Obreras (CCOO), que había participado en las negociaciones, decidió finalmente no suscribir el acuerdo debido a sus discrepancias sobre cuestiones como la política salarial, el mercado de trabajo, la Seguridad Social y el alcance de los compromisos en materia de empleo.
Antecedentes
Durante los primeros años de la década de 1980, la economía española se encontraba afectada por un elevado desempleo, inflación, dificultades de inversión y los efectos de la crisis industrial iniciada en la década anterior. Paralelamente, los sucesivos gobiernos y los principales agentes sociales habían recurrido a diferentes fórmulas de negociación para coordinar salarios y política económica.
Entre los precedentes del AES se encontraban los Pactos de la Moncloa de 1977, el Acuerdo Marco Interconfederal de 1980 y el Acuerdo Nacional sobre Empleo de 1981.
A comienzos de 1984, UGT, CCOO y CEOE intentaron alcanzar un nuevo acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva. Las conversaciones fracasaron inicialmente por las diferencias sobre los incrementos salariales: la patronal proponía una banda inferior a la defendida por los sindicatos, mientras CCOO reclamaba aumentos superiores a los defendidos por UGT.
En julio de 1984, el presidente del Gobierno, Felipe González, impulsó formalmente una negociación más amplia con empresarios y sindicatos. El Gobierno situó la creación de empleo y la recuperación de la inversión como objetivos prioritarios de un futuro pacto social.
Negociación
Las conversaciones se desarrollaron durante el verano y comienzos del otoño de 1984 y estuvieron marcadas por importantes diferencias entre las organizaciones participantes.
Entre las cuestiones más conflictivas se encontraban la moderación salarial, la financiación de la Seguridad Social, la contratación laboral, los procedimientos de regulación de empleo y la flexibilidad del mercado de trabajo.
CCOO defendió que el acuerdo incluyera compromisos cuantificados de creación de empleo y medidas más amplias sobre reconversión y reindustrialización, política fiscal, protección por desempleo y participación sindical. Una parte importante de estas propuestas no fue incorporada al texto negociado por el Gobierno, UGT y las organizaciones empresariales.
La negociación estuvo a punto de romperse por las discrepancias entre UGT y CEOE sobre la regulación de los despidos colectivos y la adaptación de la legislación laboral española a la normativa de la Comunidad Económica Europea. El 4 de octubre, una reunión entre Felipe González, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, y el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, permitió alcanzar una fórmula de compromiso.
El acuerdo definitivo fue firmado el 9 de octubre de 1984 por Felipe González, Nicolás Redondo, José María Cuevas y el presidente de CEPYME, Ángel Panero.
Contenido
El AES tenía vigencia para los años 1985 y 1986 y estaba dividido en dos grandes partes de distinta naturaleza jurídica.
El título I contenía compromisos tripartitos suscritos por el Gobierno, UGT, CEOE y CEPYME. El título II constituía un Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 1985-1986, suscrito únicamente por UGT y las organizaciones empresariales y destinado a trasladar determinados criterios a los convenios colectivos.
Objetivos económicos
El Gobierno estableció dentro del acuerdo varios objetivos macroeconómicos. Preveía un crecimiento de la actividad económica del 3 % en 1985 y del 3,5 % en 1986, con tasas de inflación previstas del 7 % y 6 %, respectivamente.
También fijó como objetivo reducir el déficit público al 5 % del producto interior bruto en 1985 y al 4,5 % en 1986, favorecer un descenso progresivo de los tipos de interés y mejorar la competitividad de la economía.
El texto vinculaba expresamente estos objetivos a la creación de empleo y al estímulo de la inversión privada.
Empleo e inversión
El acuerdo contemplaba un aumento adicional de la inversión pública de hasta 50 000 millones de pesetas para proyectos intensivos en empleo y mejoras de infraestructuras.
También se amplió la financiación destinada a convenios del Instituto Nacional de Empleo con organismos públicos para contratar temporalmente a desempleados en obras y servicios de interés general. El acuerdo estimaba que estos programas podían permitir la contratación de entre 160 000 y 190 000 personas.
El Gobierno se comprometió asimismo a incrementar la plantilla de las administraciones públicas en al menos 25 000 trabajadores netos durante 1985.
Fondo de Solidaridad
Una de las medidas características del acuerdo fue la creación de un Fondo de Solidaridad dotado inicialmente con 60 000 millones de pesetas.
El fondo debía financiar programas de formación y orientación profesional, ayudas a nuevas contrataciones, reinserción laboral y proyectos generadores de empleo, especialmente en zonas afectadas por desequilibrios territoriales.
Su financiación procedía conjuntamente de trabajadores, empresas y Presupuestos Generales del Estado.
Seguridad Social
El AES contempló una reducción inicial de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y la creación de una comisión tripartita encargada de estudiar una reforma general del sistema.
El acuerdo estableció además una revalorización media de las pensiones del 7 % para 1985 y compromisos para ampliar progresivamente la cobertura de las prestaciones por desempleo.
Negociación colectiva y salarios
El título II del acuerdo estableció criterios para la negociación colectiva durante 1985 y 1986. Estos compromisos vinculaban a UGT, CEOE y CEPYME y a las organizaciones representadas por ellas.
La moderación salarial constituía uno de los instrumentos destinados a contener la inflación y mejorar la competitividad, aunque el acuerdo incorporaba mecanismos relacionados con la evolución de los precios y con las características de cada sector.
Legislación laboral
El acuerdo contemplaba asimismo la adaptación progresiva de la legislación laboral española a las normas de la Comunidad Económica Europea, cuya incorporación estaba prevista para 1986.
Esta cuestión había sido uno de los principales obstáculos de la negociación, especialmente por las diferencias entre UGT y CEOE sobre los procedimientos de despido colectivo y regulación de empleo.
Ausencia de Comisiones Obreras
CCOO participó durante buena parte de las negociaciones, pero decidió no firmar el acuerdo.
El sindicato consideraba insuficientes los compromisos de creación de empleo y discrepaba de la orientación del pacto en materias como salarios, Seguridad Social, protección por desempleo y regulación del mercado de trabajo.
La ausencia de CCOO tuvo una relevancia política importante, ya que impedía que el AES representara al conjunto de las principales organizaciones sindicales españolas. La prensa de la época cuestionó por ello hasta qué punto el pacto podría garantizar la denominada «paz social» durante sus dos años de vigencia.
La exclusión de CCOO de algunos órganos creados en desarrollo del acuerdo dio lugar posteriormente a recursos judiciales. En 1986 el Tribunal Constitucional resolvió varios recursos de amparo relacionados con la participación sindical en organismos derivados del AES.
Importancia
El Acuerdo Económico y Social formó parte de la política de concertación social desarrollada en España durante la Transición y los primeros años de la democracia.
Fue el primer gran pacto social alcanzado durante un gobierno del PSOE y representó un intento de coordinar la política económica estatal con la negociación entre empresarios y trabajadores.
El acuerdo coincidió con una fase de profunda transformación de la economía española caracterizada por la reconversión industrial, la reducción de la inflación, la preparación de la entrada en la Comunidad Económica Europea y el mantenimiento de elevados niveles de desempleo.
Su aplicación contribuyó a institucionalizar mecanismos de negociación entre el Gobierno y los denominados agentes sociales, aunque la ausencia de CCOO limitó su carácter representativo.
Las relaciones entre el Gobierno socialista y UGT, que en 1984 permitieron alcanzar el acuerdo, se deterioraron progresivamente durante los años siguientes. Este distanciamiento culminaría en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada conjuntamente por UGT y CCOO contra la política económica y laboral del Gobierno de González.
Referencias
Enlaces externos
Texto del Acuerdo Económico y Social en el Boletín Oficial del Estado
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