El aborto en Asturias, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es legal desde 1985. Las leyes sobre el aborto se elaboran a nivel nacional, y el aborto fue despenalizado en España en 1985, con importantes reformas realizadas a esas leyes en 2010 y 2022. Cada región está a cargo de crear su propio sistema para la implementación de la ley de 2010 en la sanidad pública, existiendo diferencias de una región a otra.
Asturias tiene una combinación de centros de salud públicos y clínicas privadas que realizan procedimientos de IVE, aunque la mayoría de los abortos en realidad se realizan en clínicas privadas. Las principales clínicas privadas son la Clínica Belladona y la Clínica Sirona en Gijón, y la Clínica Buenavista en Oviedo.
El aborto, que se remonta a la España visigoda y que continuó durante la dictadura de Franco y la Transición Democrática, ha sido en gran medida ilegal en España. A pesar de las políticas nacionales, la realidad del acceso a los trámites de IVE ha variado mucho en España de una región a otra, tanto históricamente como en la actualidad. Durante el franquismo, Asturias fue una de las regiones con más procesos penales abiertos por el delito de aborto. Este procesamiento continuó durante y después de la transición democrática hasta 1990, causando problemas psicológicos a las mujeres que buscaban interrupciones voluntarias de sus embarazos. Al comienzo del primer gobierno de Felipe González, las activistas de planificación familiar en lugares como Asturias y Madrid comenzaron a dividirse con el movimiento feminista sobre cómo se deberían proporcionar los servicios de aborto, siendo las primeras con una formación médica más tradicional las que lideraron el debate. Asturias fue la primera región de España donde se realizó el primer aborto no punible tras el cambio de ley en 1985. Durante el primer gobierno de José María Aznar, el gobierno de Asturias aprobó leyes y reglamentos regionales relacionados con el aborto. Las feministas de la región fueron muy activas en el tema del aborto a mediados de la década de 2000. Sus actividades ayudaron a preparar el escenario para el Tren de la Libertad, tras el Consejo de Ministros del Partido Popular que aprobó un proyecto de ley denominado la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y la Mujer Embarazada en diciembre de 2013, un esfuerzo impulsado en gran medida por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. En última instancia, esto condujo a la revitalización a largo plazo del movimiento feminista en Asturias.
Contexto nacional
Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas. El aborto ha sido utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general. Si bien el aborto se utilizó como forma de control de la natalidad en España en el pasado, demógrafos y sociólogos españoles han dicho que no se utiliza de esa manera en la España contemporánea.
El aborto legal es importante porque reduce las muertes entre mujeres por complicaciones del embarazo y reduce la mortalidad infantil. En España, a mediados de la década de 1970, los abortos ilegales eran una causa importante de muerte en mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años. El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.
Historia nacional El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654. Mencionaba el aborto, el infanticidio y el homicidio en el Libro VI. La pena para quienes provocaban abortos era la muerte. En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.
La ley en España fue modificada el 24 de enero de 1941 para caracterizar el aborto como un crimen contra el Estado. Esta ley lee en parte: "La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de Entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirieron caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente."B.O.E., 2-febrero-1941. El control de la natalidad también era ilegal en toda España durante la dictadura de Franco. En 1975 en España, la tasa de mortalidad femenina durante el embarazo era de 23 por 100.000 mujeres, una tasa similar a la de otros países occidentales industrializados donde el aborto era ilegal.
El aborto fue despenalizado en el Código Penal por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, la semana 22 y la semana 12 respectivamente. La ley de 1985 exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Sanidad. Los datos que se deben reportar incluyen la provincia donde se realizó el aborto y la provincia donde residía la mujer que abortó. Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010. Como resultado, durante este período entre 1985 y 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas y el precio por interrupción voluntaria del embarazo rondaba las 30.000 pesetas.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Se abordaba específicamente la falta de instalaciones, especialmente públicas, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no tenían ninguna y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias o regiones para poder acceder ese servicio. Otro cambio fue proteger a las mujeres que acudían a centros de salud para someterse a procedimientos de IVE del acoso de activistas antiaborto.
En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional confirmó la ley del país de 2010 que permitía a las mujeres abortar mediante petición gratuita durante las primeras catorce semanas de su embarazo. El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes sobre el aborto del país.
Situación jurídica Las leyes nacionales sobre el aborto se modificaron en 2010 para permitir a las mujeres abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo sin justificación. Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se puede practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo. A partir de la semana veintidós, sólo se pueden realizar abortos si se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida fuera del útero. Así lo confirmó el Tribunal Constitucional en febrero de 2023.
En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos. Esto incluye los servicios de aborto prestados en clínicas privadas tras derivaciones de médicos de la sanidad pública. Esto se debe a que estos costes los cubre la sanidad pública autonómica bajo la dirección del Sistema Nacional de Salud de España. Sin embargo, la implementación de las leyes sobre el aborto se deja en gran medida en manos de las comunidades autónomas y sus organismos sanitarios.
Centros públicos y privados El 1% de los abortos en la región en 2005 se realizaron en centros de salud públicos. En 2009, Asturias contaba con cinco centros sanitarios públicos y tres centros privados que realizaban IVE. En 2014 había seis centros de salud públicos autorizados para realizar abortos en la región y tres clínicas privadas autorizadas. En 2015 había tres clínicas autorizadas para realizar abortos en Asturias: la Clínica Belladona y la Clínica Sirona en Gijón, y la Clínica Buenavista en Oviedo. Los centros que en 2015 figuraban en la guía de salud pública donde las mujeres podían obtener información sobre los procedimientos de IVE incluían el Centro de Orientación Familiar de Avilés, el Centro de Orientación Familiar de Gijón, el Centro de Orientación Familiar de Mieres, el Centro de Orientación Familiar de Oviedo y Centro de Orientación Familiar en Sama de Langreo. En 2021 se realizaron más interrupciones voluntarias de embarazos en clínicas privadas de la región que en públicas. Esto reflejó tendencias nacionales más amplias.En 2022 hubo cuatro centros de salud públicos y dos centros de salud privados que realizaron interrupciones voluntarias de embarazos en la región.
Evolución en Asturias
España Franquista (1939 – 1975)
Enjuiciamiento del aborto Hubo procesos contra mujeres por abortar durante el régimen de Franco. En el período comprendido entre 1971 y 1975, se abrieron diligencias previas contra mujeres por presuntamente haber abortado. Asturias fue la región con más expedientes abiertos por este motivo con ciento cincuenta y nueve, muy por encima de la segunda región donde sólo hubo setenta y cuatro expedientes de este tipo. Durante el mismo periodo, Asturias ocupó el tercer lugar en sumarios administrativos relacionados con el aborto con cincuenta. Madrid, con el primer lugar, ocupaba una posición relativamente superior con ochenta y cuatro casos, mientras que Barcelona, que ocupaba el segundo lugar, tenía setenta sumarios administrativos.
A pesar de ocupar el primer lugar en la mayoría de las diligencias previas incoadas por el delito de aborto, existía variabilidad en la clasificación año tras año. En 1971, Asturias ocupaba el tercer lugar con ocho causas, detrás de La Coruña con doce y por delante de Alicante con seis. Asturias ocupaba el primer lugar en esta categoría de procesamientos por aborto entre provincias en 1973, con cincuenta y cuatro, muy por delante de Madrid, que ocupaba el segundo lugar, que tenía quince procedimientos previos al juicio. Asturias volvió a liderar el país en diligencias previas iniciadas por el delito de aborto en 1975, con noventa y dos diligencias incoadas. Madrid y Barcelona quedaron empatadas en segundo lugar, muy por detrás, con trece cada uno.