El primer Gobierno de Mariano Rajoy fue el Gobierno de España entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016. Mariano Rajoy Brey fue investido presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados después de que el Partido Popular (PP) ganara por mayoría absoluta las elecciones generales de 2011 que dieron comienzo a la legislatura de España.
El Gobierno cesó el 21 de diciembre de 2015 por la celebración de elecciones generales. Continuó en funciones durante toda la legislatura debido a que ningún candidato consiguió ser investido presidente del Gobierno durante la misma. El 26 de junio de 2016 se celebraron elecciones generales para la legislatura. El Gobierno continuó en funciones hasta el 4 de noviembre de 2016, día en que tomó posesión el Segundo Gobierno Rajoy.
Historia
Las elecciones generales para la legislatura de España se celebraron el 20 de noviembre de 2011. El Partido Popular (PP) obtuvo mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El Congreso le otorgó su confianza a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en el debate de investidura del 20 de diciembre. Al día siguiente Rajoy juró ante el rey Juan Carlos I. Los ministros juraron su cargo el 22 de diciembre.
Durante la legislatura se produjeron las siguientes remodelaciones en el Gobierno de Rajoy:
El 24 de abril de 2014, Miguel Arias Cañete dimitió como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tras ser designado como cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo. Le sustituyó la hasta entonces secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, el 28 de abril de 2014.
El 23 de septiembre de 2014, Alberto Ruiz Gallardón dimitió como ministro de Justicia tras anularse su polémico proyecto de ley sobre el aborto. Le sustituyó el hasta entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá Polo, el 29 de septiembre de 2014. Del 23 al 29 de septiembre, Soraya Sáenz de Santamaría asumió interinamente el ministerio.
El 26 de noviembre de 2014, Ana Mato dimitió como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tras ser acusada por un magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional de percibir, como partícipe a título lucrativo, beneficios de una supuesta trama de corrupción: el caso Gürtel, en el que se vio involucrado su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Le sustituyó en el cargo el hasta entonces portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, el 3 de diciembre de 2014. Del 26 de noviembre al 3 de diciembre, Soraya Sáenz de Santamaría asumió interinamente el ministerio.
El 24 de junio de 2015, José Ignacio Wert cesó como ministro de Educación, Cultura y Deportes. Le sustituyó el hasta entonces secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, el 26 de junio de 2015.
El 21 de diciembre de 2015, día posterior a las elecciones generales de 2015, los miembros del Gobierno quedaron cesados. El primer Gobierno de Rajoy fue el primer Gobierno que tuvo que hacer frente a las dimisiones de varios ministros mientras el Gobierno se encontraba en funciones, es decir, que ya había sido cesado de sus funciones y solo podía dedicarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. La Constitución no permite que un Gobierno en funciones nombre nuevos ministros. Así, los ministerios que quedaron vacantes fueron asumidos por otros ministros, pero permaneciendo oficialmente vacante el puesto hasta la formación de un nuevo Gobierno. Las remodelaciones del primer Gobierno de Rajoy durante la y legislatura fueron las siguientes:
El 15 de abril de 2016, el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, presentó su renuncia a causa de su involucración en los papeles de Panamá. El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, asumió el ministerio de Industria.
El 19 de julio de 2016, la ministra de Fomento en funciones Ana Pastor, asumió la presidencia del Congreso de los Diputados y, como consecuencia de ello, tuvo que dejar su cargo en el Gobierno. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, asumió el ministerio de Fomento.
El 16 de agosto de 2016, el ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en funciones Alfonso Alonso, dimitió de su cargo tras ser nombrado candidato del PP en las elecciones vascas. La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, asumió el ministerio de Sanidad.
El Gobierno se mantuvo en funciones hasta el 4 de noviembre de 2016, día de la toma de posesión de los ministros del segundo Gobierno de Rajoy.
Composición
Partido político Partido Popular Independiente Cargo Titular Presidente Mariano Rajoy Brey21 de diciembre de 2011-28 de octubre de 2016 100px VicepresidentaPresidencia María Soraya Sáenz de Santamaría Antón22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100px Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo y Marfil22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100px Justicia Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez22 de diciembre de 2011-23 de septiembre de 2014 100px Rafael Catalá Polo29 de septiembre de 2014-4 de noviembre de 2016 100px Defensa Pedro de Morenés y Álvarez de Eulate22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100px Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Ricardo Montoro Romero22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100px Interior Jorge Fernández Díaz22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100pxFomento Ana María Pastor Julián22 de diciembre de 2011-19 de julio de 2016 100px Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert Ortega22 de diciembre de 2011-26 de junio de 2015 100px Íñigo Méndez de Vigo y Montojo26 de junio de 2015-4 de noviembre de 2016 100px Empleo y Seguridad Social María Fátima Báñez García22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100pxIndustria, Energía y Turismo José Manuel Soria López22 de diciembre de 2011-15 de abril de 2016 100px Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete22 de diciembre de 2011-28 de abril de 2014 100px Isabel García Tejerina28 de abril de 2014-4 de noviembre de 2016 100px Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato Adrover22 de diciembre de 2011-26 de noviembre de 2014 100px Alfonso Alonso Aranegui3 de diciembre de 2014-16 de agosto de 2016 100px Economía y Competitividad Luis de Guindos Jurado22 de diciembre de 2011-4 de noviembre de 2016 100px
Procedencia geográfica Comunidad autónomaCargoTitularHacienda y Administraciones PúblicasCristóbal Ricardo Montoro RomeroEmpleo y Seguridad SocialMaría Fátima Báñez García - - -Vicepresidenta, Presidencia y PortavozMaría Soraya Sáenz de Santamaría AntónFomentoAna María Pastor JuliánAgricultura, Alimentación y Medio AmbienteIsabel García Tejerina -InteriorJorge Fernández Díaz -PresidenteMariano Rajoy BreyIndustria, Energía y TurismoJosé Manuel Soria LópezAsuntos Exteriores y de CooperaciónJosé Manuel García-Margallo y MarfilJusticiaRafael Catalá PoloEconomía y CompetitividadLuis de Guindos Jurado - -DefensaPedro de Morenés y Álvarez de EulateSanidad, Servicios Sociales e IgualdadAlfonso Alonso Araneguisinmarco|20x20px Protectorado Español de MarruecosEducación, Cultura y DeporteÍñigo Méndez de Vigo y Montojo - - -
Medidas «Amnistía fiscal» En el año 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una medida ampliamente conocida como «amnistía fiscal», mediante la cual se permitió regularizar capitales no declarados con un coste fiscal reducido. Esta decisión se adoptó en un contexto de la crisis económica de 2008-2014, con el objetivo declarado de aflorar dinero oculto y aumentar la recaudación tributaria.
Permitía a personas físicas y jurídicas con bienes y rentas no declaradas —incluso en efectivo o en paraísos fiscales— regularizar su situación ante la Agencia Tributaria mediante el pago de un tipo fijo del 10 %, sin necesidad de afrontar sanciones, recargos ni intereses de demora, y sobre todo, sin que se les pudiera exigir responsabilidad penal por delitos fiscales. Con el tiempo, y debido a la manera en que se aplicó la normativa, el coste fiscal efectivo para los acogidos a esta medida fue incluso inferior al 3 %, ya que sólo se exigía tributar sobre rentas no prescritas (los últimos cuatro años), lo que redujo aún más la carga tributaria.
Esta medida fue duramente criticada desde múltiples sectores, especialmente por el hecho de que no excluía a contribuyentes que estuvieran siendo investigados o procesados por fraude fiscal o delitos económicos. Esto hizo posible que personas vinculadas a casos de corrupción se beneficiaran también de esta amnistía. Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y grupos de la oposición, como el PSOE y Ciudadanos (CS), denunciaron que se trataba de una forma encubierta de perdonar el fraude y que generaba un grave agravio comparativo con respecto a los contribuyentes que cumplían con sus obligaciones fiscales regularmente.
El Ejecutivo estimaba que podrían aflorarse hasta 25 000 millones de euros ocultos y que se recaudarían alrededor de 2500 millones de euros. Sin embargo, los resultados estuvieron muy por debajo de esas previsiones: según los datos oficiales, se presentaron más de 31 000 declaraciones y se recaudaron aproximadamente 1200 millones de euros. Diversos informes posteriores de expertos y organismos independientes estimaron que, de haberse aplicado los procedimientos habituales con intereses, recargos y sanciones, el Estado podría haber recaudado entre 5500 y 7300 millones de euros más de lo que ingresó finalmente con esta amnistía.
Cinco años después de su implementación, la amnistía fiscal fue anulada por el Tribunal Constitucional. En una sentencia del 8 de junio de 2017, el Tribunal declaró la medida inconstitucional por unanimidad, al considerar que el Gobierno no podía alterar sustancialmente el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un decreto-ley, ya que esa función corresponde exclusivamente al Parlamento. El Constitucional afirmó que esta medida vulneraba el principio de justicia tributaria consagrado en la Constitución Española de 1978, al permitir una regularización fiscal excepcional que favorecía a quienes habían ocultado rentas al fisco. A pesar de la declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional no anuló los efectos prácticos de la medida ni obligó a devolver lo regularizado, alegando razones de seguridad jurídica. Esto implicó que los contribuyentes que se beneficiaron de la amnistía no perdieron su situación regularizada, lo que provocó aún más polémica.
Reforma laboral
Uno de los ejes centrales de la reforma laboral de 2012, llevaba a cabo por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, fue la facilitación del despido, tanto desde el punto de vista económico como procedimental, que fue justificada en el contexto de la Gran Recesión, con una tasa de desempleo cercana al 25 % y más del 50 % en el caso de los jóvenes. Se redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores. Además, se amplió la definición de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaban un despido objetivo, lo que permitió a las empresas aplicar despidos colectivos sin la necesidad de autorización administrativa previa, lo cual fue un cambio radical respecto al marco anterior. Introdujo el «contrato de apoyo a emprendedores», dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores. Este tipo de contrato incluía un período de prueba de un año, durante el cual el trabajador podía ser despedido sin indemnización. Otro de sus medidas fue la de dar prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, lo que buscaba dotar de mayor autonomía a las empresas para adaptar sus condiciones laborales a sus circunstancias particulares.
Subida de impuestos