El racismo se ha reflejado en leyes, prácticas y acciones discriminatorias (incluida la violencia) contra grupos raciales o étnicos a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Desde la era colonial temprana, los blancos estadounidenses han disfrutado generalmente de privilegios y derechos, sancionados legal o socialmente, que han sido negados a miembros de distintos grupos étnicos o minoritarios. Los europeos-estadounidenses han gozado de ventajas en asuntos de ciudadanía, procedimientos penales, educación, inmigración, adquisición de tierras y derecho al voto.
La mayoría de los afroestadounidenses vivían esclavizados hasta 1865 y, tras la abolición de la esclavitud, se han enfrentado a severas restricciones en sus libertades políticas, sociales y económicas. Los nativos estadounidenses han sufrido genocidios, desplazamientos forzados y masacres, y aún en tiempos recientes continúan afrontando discriminación. Los hispanos, las gentes de Oriente Medio y los isleños del Pacífico también han sido víctimas de discriminación en los Estados Unidos.
El racismo se ha manifestado de diversas maneras, que incluyen conflictos étnicos, genocidios, esclavitud, linchamientos, segregación, reservas indígenas, internados para nativos americanos, leyes racistas de inmigración y naturalización, y campos de internamiento. La discriminación racial formal fue ampliamente prohibida a mediados del , volviéndose social y moralmente inaceptable con el tiempo. La política racial sigue siendo un fenómeno importante en los EE. UU., y el racismo continúa reflejándose en la desigualdad socioeconómica.Henry, P. J., David O. Sears. Race and Politics: The Theory of Symbolic Racism. University of California, Los Angeles. 2002. En el , algunas investigaciones han revelado evidencias de la amplia discriminación racial que aún persiste en varios sectores de la sociedad estadounidense moderna, incluyendo el sistema de justicia penal, los negocios, la economía, la vivienda, la atención médica, los medios de comunicación y la política. Según la ONU y US Human Rights Network (Red de Derechos Humanos de EE. UU.), «la discriminación en los Estados Unidos permea todos los aspectos de la vida y se extiende a todas las comunidades de color.»
Aspectos de la vida estadounidense
Ciudadanía e inmigración La Ley de Naturalización de 1790 estableció las primeras reglas uniformes para conceder la ciudadanía estadounidense por naturalización, pero limitaba la naturalización a «personas blancas libres», excluyendo a los nativos americanos, trabajadores no remunerados, esclavos, negros libres y, más tarde, a los asiáticos. El estatus de ciudadanía determinaba la elegibilidad para muchos derechos legales y políticos, incluidos los derechos para votar a nivel federal y estatal, el derecho a ocupar ciertos cargos gubernamentales, el derecho a servir como jurado de votación y el derecho a servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La segunda Ley de Milicia de 1792 también proveía la conscripción de cada «ciudadano blanco libre, apto físicamente». La Constitución de Tennessee de 1834 incluía una disposición: «los hombres blancos libres de este Estado tienen derecho a poseer y portar armas para su defensa común».
El Tratado de Dancing Rabbit Creek, realizado bajo la Ley de Traslado Forzoso de los Indios, permitió a los indios Choctaw que optaron por permanecer en Misisipi obtener reconocimiento como ciudadanos estadounidenses. Fueron el primer grupo étnico no europeo en obtener el derecho a la ciudadanía estadounidense.
La Ley de Naturalización de 1870 extendió la naturalización a personas negras, pero no a otras personas no blancas. La ley utilizaba un lenguaje codificado para excluir a «extranjeros no elegibles para la ciudadanía», que se aplicaba principalmente a inmigrantes de ascendencia asiática.
Los nativos americanos obtuvieron la ciudadanía de manera fragmentada hasta la Ley de Ciudadanía India de 1924, que otorgó unilateralmente el estatus de ciudadanía a todos, independientemente de si pertenecían a una tribu reconocida federalmente o no. Sin embargo, para esa fecha, dos tercios de los nativos americanos ya se habían convertido en ciudadanos estadounidenses por diversos medios. La ley no fue retroactiva, por lo que la ciudadanía no se extendió a los nativos americanos nacidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley en 1924, ni a los indígenas nacidos fuera de los Estados Unidos.
Cambios posteriores a la elegibilidad racial para la ciudadanía por naturalización se hicieron después de 1940, cuando se extendió la elegibilidad a «descendientes de razas indígenas del Hemisferio Occidental», «personas filipinas o de ascendencia filipina», «personas chinas o de ascendencia china» y «personas de razas indígenas de la India». La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 ahora prohíbe la discriminación racial y de género en la naturalización.
Durante el período en que solo las personas «blancas» podían naturalizarse, se requirieron muchas decisiones judiciales para definir qué grupos étnicos se incluían en este término. Estas son conocidas como los «prerequisite cases», y también determinaron la legislación posterior.
Voto La Decimoquinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (ratificada en 1870) prohibió explícitamente negar el derecho al voto basadándose en la raza, pero delegó al Congreso la responsabilidad de su cumplimiento.
Durante la época de la Reconstrucción, los afroamericanos comenzaron a postularse para cargos públicos y a votar, pero el Compromiso de 1877 puso fin a la era de fuerte cumplimiento federal de la igualdad de derechos en los estados del sur. Los blancos del sur, impedidos por ley, por la Decimoquinta Enmienda, de negar explícitamente el voto a los negros, encontraron otras formas de privarles del derecho al voto. Las Leyes Jim Crow que apuntaban a los afroamericanos sin mencionar la raza, incluían impuestos de capitación, pruebas de alfabetización y comprensión para votantes, requisitos de residencia y mantenimiento de registros, y la Cláusula Abuelo que permitían a los blancos votar. Los Códigos Negros criminalizaban delitos menores como el desempleo (calificado como «vagancia»), proporcionando un pretexto para negar los derechos de voto. La violencia extralegal también se utilizó para aterrorizar y, a veces, matar a afroamericanos que intentaban registrarse o votar, a menudo en forma de linchamientos y quema de cruces. Estos esfuerzos para imponer la supremacía blanca fueron muy exitosos. Por ejemplo, después de 1890, menos de 9,000 de los 147,000 votantes afroamericanos elegibles de Misisipi estaban registrados para votar, aproximadamente un 6%. Luisiana pasó de 130,000 votantes afroamericanos registrados en 1896 a 1,342 en 1904 (una disminución de aproximadamente el 99%).
Incluso los nativos americanos que obtuvieron la ciudadanía bajo la Ley de 1924 no tenían garantizados los derechos de voto hasta 1948. Según una encuesta del Departamento del Interior, siete estados aún se negaban a otorgar derechos de voto a los indios en 1938. Las discrepancias entre el control federal y estatal proporcionaron lagunas en la aplicación de la ley. Los estados justificaban la discriminación basándose en estatutos y constituciones estatales. Tres argumentos principales para la exclusión del voto de los nativos fueron la exención de los impuestos sobre bienes raíces, el mantenimiento de la afiliación tribal y la noción de que los indios estaban bajo tutela o vivían en tierras controladas por fideicomisos federales. Para 1947, todos los estados con grandes poblaciones indígenas, excepto Arizona y Nuevo México, habían extendido los derechos de voto a los nativos americanos que calificaban bajo la Ley de 1924. Finalmente, en 1948, una decisión judicial obligó a los estados restantes a retirar su prohibición sobre el voto de los indios.
El movimiento por los derechos civiles resultó en una fuerte imposición del Congreso del derecho al voto sin importar la raza, comenzando con la Ley de Derechos de Voto de 1965. Aunque esto mejoró significativamente la capacidad de las minorías raciales para votar y postularse para cargos en todas las áreas del país, las preocupaciones sobre las leyes de votación y la administración discriminatorias por raza persisten. Los esfuerzos de Gerrymandering y de supresión de votantes en todo el país, aunque principalmente motivados por consideraciones políticas, a menudo afectan de manera desproporcionada a afroamericanos y otras minorías. Estos incluyen requisitos específicos de identificación de votantes, obstáculos para el registro, restricciones al voto por correo y hacer que las instalaciones de votación sean físicamente inconvenientes debido a largas distancias, filas extensas o horarios cortos. La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de 2013 Condado de Shelby contra Holder eliminó las disposiciones de autorización previa de la Ley de 1965, dificultando la aplicación de medidas antidiscriminatorias.
En 2016, uno de cada 13 afroamericanos en edad de votar estaba privado de derechos, un poco de cuatro veces más que los no afroamericanos. Más del 7.4% de los adultos afroamericanos estaban privados de derechos en comparación con el 1.8% de los no afroamericanos. La Privación de derechos por delitos graves en Florida descalifica a más del 10% de sus ciudadanos de por vida y a más del 23% de los ciudadanos afroamericanos.
Sistema de justicia penal
thumb|Disparidades raciales en la proporción de prisioneros, oficiales de policía, personas baleadas por la policía y jueces en los Estados Unidos a finales de la década de 2010 Existen experiencias y disparidades únicas en los Estados Unidos con respecto a la vigilancia y el enjuiciamiento de diferentes razas y etnias. Ha habido diferentes resultados para distintos grupos raciales en la condena y sentencia de delincuentes en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Expertos y analistas han debatido la importancia relativa de diferentes factores que han llevado a estas disparidades.
La investigación académica indica que la sobrerepresentación de algunas minorías raciales en el sistema de justicia penal puede explicarse, en parte, por factores socioeconómicos, como la pobreza, la exposición a vecindarios desfavorecidos, el acceso deficiente a la educación pública, el acceso limitado a la educación infantil temprana, la exposición a químicos nocivos (como el plomo) y la contaminación. La segregación residencial también se ha relacionado con disparidades raciales en las tasas de criminalidad, ya que los negros han sido, históricamente y hasta el presente, impedidos de mudarse a áreas prósperas de bajo crimen, a través de acciones del gobierno (como el redlining) y actores privados. Varias explicaciones dentro de la criminología han sido propuestas para las disparidades raciales en las tasas de criminalidad, incluyendo la teoría del conflicto, la teoría de la tensión de Merton, la teoría general de la tensión de Robert Agnew, la teoría de la desorganización social, la teoría de la oportunidad macroestructural, la teoría del control social y la teoría de la subcultura.