Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, Guárico, 11 de enero de 1958) es una abogada venezolana. Fue fiscal general del Ministerio Público (MP) de Venezuela, cargo que ejerció por designación de la Asamblea Nacional (AN), el 13 de diciembre de 2007, por un período de 7 años (2008-2014). Fue ratificada por el parlamento, el 22 de diciembre de 2014, por el período 2014-2021.
Ortega Díaz aceptó este segundo nombramiento por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional, aunque no contó con el voto de las dos terceras (2/3) partes del parlamento, tal como lo que requiere la constitución venezolana.
El 5 de agosto de 2017 fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por Nicolás Maduro. Este hecho fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, que argumentó que solo esa institución tenía la potestad para destituirla del cargo, según la constitución del país. Luisa Ortega Díaz fue considerada como fiscal general de Venezuela en el exilio, hasta que el 31 de diciembre de 2021 anunció que cesaba sus funciones.
Formación académica Ortega estudió derecho en la Universidad de Carabobo, donde obtuvo el título de abogada. Se especializó en Derecho Penal (Universidad Santa María), donde ejerció como profesora, y en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello.
Consultora jurídica de VTV También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión.
Fiscal sexta Ingresó al Ministerio Público en abril de 2002. En el cargo de Fiscal Sexta del Ministerio Público presentó la acusación en contra de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero por los Sucesos de Puente Llaguno.El prisionero rojo. Iván Simonovis. La Hoja del Norte. 2013 También pidió prisión preventiva para el presidente de Fedecámaras Carlos Fernández Pérez en 2003.
Fiscal general
Juicio a Leopoldo López
Estuvo al frente del Ministerio Público durante el juicio del líder opositor Leopoldo López. La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente, ya que estuvo marcado por graves violaciones del debido proceso y no se aportaron pruebas que vinculen al acusado con ningún delito.
El 4 de abril de 2014, informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López fue acusado por los delitos de «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir». Posteriormente declaró haber sido presionada por Diosdado Cabello para imputar a López. Durante una entrevista el 29 de abril frente al periodista Ismael Cala de CNN expresó que "en Venezuela no existían presos políticos" después de las manifestaciones del 2014 y que se estaban investigando 145 presuntas violaciones de los derechos humanos.
Masacre de Cantaura
Ortega Díaz imputó el ex director general de la DISIP, Remberto Uzcátegui, el exdirector de Inteligencia de ese organismo, José Domínguez Yépez y el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán por la masacre de Cantaura, un ajusticiamiento de grupos insurgentes por parte del Estado venezolano el 4 de octubre de 1982 ocurrido en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el Estado Anzoátegui.
Solicitud de extradición de CAP La solicitud de extradición y enjuiciamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas y disturbios durante su gobierno, desarrollado entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como "El Caracazo", cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación, siguiendo las órdenes del entonces presidente.
Comisión por la Justicia y la Verdad El 27 de febrero de 2013 se juramentó como presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad para contribuir a las investigaciones de todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano durante el lapso 1958-1998 de conformidad con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas cometidas por los gobiernos que dirigieron al país durante dicho periodo. Finalmente, el 24 de marzo de 2017 declaró en la presentación del informe final realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad que en dicha investigación se reportaban violaciones a los derechos humanos entre 1958 y 1998 y habría responsabilidades para los autores. Otras investigaciones y actividades A principios de la década de 2010 encabezó la creación de la Escuela Nacional de Fiscales, institución docente adscrita al Ministerio Público, y la de fiscalías especializadas en áreas de sensibilidad social, como la violencia contra la mujer, protección a niños, niñas y adolescentes, ambiente laboral, así como fiscalías orientadas a la investigación de delitos graves contra las personas (homicidios) o delincuencia organizada (robo de vehículos, extorsión y secuestro).
En 2013 anunció la investigación de las declaraciones de Mario Silva sobre corrupción en el gobierno.Fiscalía investigará grabación atribuida a Mario Silva (El Universal)
Llevó adelante en 2015 la investigación, procesamiento y detención de dueños y directores de una serie de pequeños bancos no simpatizantes del gobierno incursos en irregularidades en la administración de su patrimonio.
Oposición al nombramiento de magistrados del TSJ El proceso del nombramiento de 13 magistrados principales y suplentes iniciado el día 8 de diciembre de 2015 no fue avalado por la Fiscal. En 2017 Ortega niega haber firmado la resolución del nombramiento de los nuevos magistrados el 23 de diciembre de 2015 por estar viciado el proceso.« La fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 13 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015» “Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho”, afirmó al explicar porque se negó a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto “vicia” el proceso en sí.
Oposición a las sentencias 155 y 156 del TSJ
El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del TSJ, son una ruptura del orden constitucional. El 1° de mayo del 2017 el presidente anunció mediante el decreto 2830 la convocatoria a una ANC con la que la Fiscal no estuvo de acuerdo. Luego de que el TSJ se pronunciara mediante sentencia 347 dictando que el Ejecutivo podía convocar una ANC porque él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo, la Fiscal interpuso ante el TSJ distintos recursos para la anulación de la ANC, pues a su juicio dicho proceso violaba los Artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución.«Ese Consejo se reuniría a altas horas de la madrugada entre 31 de marzo y el 1 de abril, y concluiría “exhortando” a la SC a “revisar” las sentencias N° 155 y 156 para que con ello se lograr mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes. Por supuesto, entre las atribuciones de ese Consejo no se encuentra la de exhortar al TSJ a que revise sus sentencias.»
Luego de la negativa del TSJ a los recursos de la Fiscal, esta pidió anular el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes designados el 23 de diciembre de 2015 por la AN con mayoría oficialista, pues tal nombramiento estuvo viciado por no haberse realizado según el procedimiento establecido en la LOTSJ, al mismo tiempo que pide a los magistrados impuganos inhibirse de la causa según lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 eiusdem.
El 24 de mayo de 2017, declaró en una rueda de prensa que el estudiante Juan Pablo Pernalete fue muerto por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), desmontando así la versión que ofrecieron Néstor Reverol, Ministro de Interior, Justicia y Paz, a Ernesto Villegas, para el momento ministro para la Comunicación e Información y demás personeros del gobierno de Nicolás Maduro, quienes sostenían que Pernalete había sido asesinado con una pistola de perno cautiva. «la GNB logró desplazar la manifestación con el resultado de la muerte del joven Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, quien falleció por el impacto de una bomba, de acuerdo con el reporte Salud Chacao» Posteriormente el primero de mayo de 2021 el Fiscal de la Nación Tarek William Saab admitió que Juan Pablo Pernalete fue asesinado por el golpe del impacto de una bomba lacrimógena durante las protestas en Venezuela de 2017.«Tarek William Saab, fiscal del régimen de Nicolás Maduro, informó este sábado que fueron imputados 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana » «La presencia de residuos en la franela y los análisis pertinentes han demostrado que fue por impacto de bomba lacrimógena, sabemos de qué grupo salió la bomba, pero no la persona, fue disparado por la GNB, el disparar estos objeto a la persona está prohibido, exhorto a las autoridades de mando de las fuerzas del orden público a hacer seguimiento a los funcionarios que están encargados del orden público» Fiscal Luisa Ortega Díaz
El 1 de junio de 2017 introduce un recurso en el TSJ, en el cual solicita a la Sala Constitucional aclarar el significado de la progresividad de los derechos humanos, los cuales no pueden ser desmejorados, esto en relación con la sentencia 378 de dicha Sala, en donde decide que Nicolás Maduro podía convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin referendo consultivo previo, violando así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 8 de junio de 2017 Ortega fiscal general, introduce recurso donde declara la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las bases para realizar las elecciones de la Asamblea Constituyente ante la ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ).« Luisa Ortega Díaz, solicitando la nulidad de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero decidió algo más: fue la anulación del nombramiento del vicefiscal general, Rafael González, designado el 17 de abril por la Fiscal» El 12 de junio de 2017 impugnó el nombramiento de los 33 magistrados designados ilegalmente por la Asamblea Nacional en 2015, solicitando además la inhibición de estos magistrados de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). La petición fue rechazada por el TSJ sin dar explicaciones de su decisión. El 1° de mayo del 2017 el presidente anunció mediante el decreto 2830 la convocatoria a una ANC con la que la Fiscal no estuvo de acuerdo. Luego de que el TSJ se pronunciara mediante sentencia 347 dictando que el Ejecutivo podía convocar una ANC porque él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo, la Fiscal interpuso ante el TSJ distintos recursos para la anulación de la ANC, pues a su juicio dicho proceso violaba los Artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución. Luego de la negativa del TSJ a los recursos de la Fiscal, esta pidió anular el nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes designados el 23 de diciembre de 2015 por la AN con mayoría oficialista, pues tal nombramiento estuvo viciado por no haberse realizado según el procedimiento establecido en la LOTSJ, al mismo tiempo que pide a los magistrados impuganos inhibirse de la causa según lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 eiusdem. El TSJ nuevamente denegó la petición de la Fiscal sin dar explicaciones de fondo de su decisión.