Se conoce como la Sanjurjada al fallido golpe de Estado que se produjo el 10 de agosto de 1932 contra la Segunda República española. Liderado desde Sevilla por el general José Sanjurjo, solo tomó parte en el mismo una fracción del Ejército español, lo que supuso su fracaso desde prácticamente el comienzo. Constituyó el primer levantamiento de las Fuerzas Armadas contra la República desde su instauración en 1931, y su fracaso convenció erróneamente a muchos políticos y militares republicanos de que el peligro de las conspiraciones había pasado y la aceptación de la República era definitiva.
Antecedentes thumb|El general José Sanjurjo hacia 1930. Las derechas monárquicas empezaron a conspirar contra la República desde su proclamación el 14 de abril de 1931, «día aciago para España», según José Yanguas Messía, exministro de la dictadura de Primo de Rivera, porque ese día se «consumó la gran traición a España, decretada por las logias masónicas y por el Kremlin de Moscú», con el objetivo de destruirla «en su cuerpo y en su espíritu, entregándola a las fuerzas disgregadoras y corrosivas del separatismo político y el comunismo marxista». De hecho, la primera reunión conspirativa de los monárquicos tuvo lugar el mismo día 14 de abril en casa del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea y Burín, exministro primorriverista, a la que asistieron los también exministros primorriveristas Yanguas Messía y José Calvo Sotelo, aunque la presencia de este último no está confirmada ―al poco tiempo se exilió en Portugal―. Tampoco está confirmada la presencia de Ramiro de Maeztu o de José Antonio Primo de Rivera. En la reunión se habló de la creación de un partido monárquico cuyo fin sería derrocar a la República recién proclamada y también se discutió del «nervio de la guerra»: las finanzas.
El primer embrión del partido monárquico sería el Círculo Monárquico Independiente, fundado por Juan Ignacio Luca de Tena, director y propietario del diario ABC, periódico que estaba desarrollando una campaña a favor de una monarquía autoritaria y antidemocrática. Previamente Luca de Tena había viajado a Londres el 5 de mayo para consultar con el exrey Alfonso XIII la formación de un comité electoral monárquico y también para informarle de las primeras reuniones conspirativas. Unos días antes había nacido Acción Nacional, que agruparía tanto a monárquicos como a «accidentalistas», que anteponían la defensa del catolicismo a la cuestión de la forma de gobierno.
Por esas mismas fechas de principios de mayo tuvo lugar una nueva reunión de los monárquicos en el palacio propiedad del marqués de Quintanar, a la que por primera vez asistieron militares (los generales Luis Orgaz y Miguel Ponte y el comandante Heli Rolando de Tella). También asistieron el periodista Juan Pujol, director del diario filofascista Informaciones y hombre de confianza del financiero Juan March, y otros notables monárquicos como el conde de Vallellano, Julio Danvila Rivera y Santiago Fuentes Pila.
Tras la quema de conventos de los días 10-13 de mayo, más civiles y militares se sumaron a la conspiración como el general José Cavalcanti, el coronel José Enrique Varela o el oficial del Cuerpo Jurídico-Militar Eugenio Vegas Latapié. También se incorporó el marqués de Villores, jefe de la Comunión Tradicionalista —que falleció al año siguiente siendo sustituido por el conde de Rodezno—. Fue entonces cuando «la subversión monárquica comenzó en serio» al nacer «la primera trama complotista, conectada directamente con el pronunciamiento del 10 de agosto de 1932». En poco tiempo consiguieron recaudar más de un millón y medio de pesetas.
Para la justificación ideológica de lo que se proponían hacer los monárquicos fundaron meses más tarde, por iniciativa de Vegas Latapié, la revista Acción Española, respaldada por una sociedad cultural del mismo nombre, que tomó como modelo Action Française. Su principal ideólogo fue Ramiro de Maeztu. El intelectual José Pemartín reconoció en plena guerra civil española que el propósito de la revista fue crear «la atmósfera favorable para la acción decisiva». Un papel semejante lo desempeñó el periódico subvencionado por los monárquicos La Correspondencia Militar, que aglutinó a todos los militares descontentos y en cuyas páginas se defendió que el Ejército era «el eje férreo que sostiene el cuerpo de la nación» o «el último baluarte de una sociedad que se resquebraja», además de adular con frecuencia al general Sanjurjo, entonces director general de la Guardia Civil.
Los monárquicos alfonsinos buscaron la colaboración con los carlistas, quienes también se estaban preparando para derribar la República ―la primera reunión conspirativa carlista había tenido lugar el 14 de junio en Leiza, donde se habían reunido los integrantes del Comité de Acción creado en París el año anterior por el pretendiente don Jaime; pocos días después se decidía la reorganización del Requeté para convertirlo en una fuerza insurreccional y se acrecentaba el activismo violento de la Agrupación Escolar Tradicionalista (ATE)―. Alcanzaron un primer acuerdo el 12 de septiembre con el pacto de Territet (por el nombre de la localidad suiza donde se firmó), según el cual ambas dinastías borbónicas colaborarían en la destrucción de la República y dejarían que unas futuras Cortes constituyentes eligieran al nuevo rey. El 2 de octubre falleció don Jaime, siendo nombrado como sucesor su tío Alfonso Carlos de Borbón, quien se entrevistó con el exrey Alfonso XIII al mes siguiente. En enero de 1932 Alfonso XIII reconocía a su «amado tío» don Alfonso Carlos como «jefe de la familia» y aceptaba «aquellos principios fundamentales que en nuestro régimen tradicional se han exigido a todos los Reyes con anteposición de los derechos personales». Alfonso XIII aprovechó la ocasión para afirmar que la República estaba «inspirada y patrocinada por el comunismo, la masonería y el judaísmo».
En cuanto a los contactos con la Italia fascista, aunque hubo uno en septiembre de 1931 ―el cónsul italiano en Sevilla informó a su gobierno de que españoles «dignos de toda confianza» le habían revelado que se estaba fraguando un movimiento militar antirrepublicano―, el primero relevante tuvo lugar en febrero de 1932, cuando el general monárquico Emilio Barrera, que desde finales de 1931 había asumido como teniente general más antiguo la presidencia de una junta militar golpista, se entrevistó con el embajador italiano en Madrid, el conde Ercole Durini Di Monza. A este, el general Barrera le comunicó que el movimiento militar antirrepublicano estaba muy avanzado y que su propósito era llevar al poder a hombres que se opusieran al «bolchevismo».
La conspiración Los monárquicos alfonsinos, entre los que se incluían los militares que habían participado activamente en la dictadura de Primo de Rivera, como los generales José Cavalcanti, Luis Orgaz Yoldi, Miguel Ponte y Emilio Barrera, buscaron el apoyo de la Italia fascista para su conspiración antirrepublicana. El 24 de febrero de 1932 el general Barrera se entrevistó con el embajador italiano en Madrid,Ercole Durini di Monza, al que comunicó que su objetivo era llevar al gobierno a hombres que «se opongan al bolchevismo y restauren el orden», señalando como posibles cabezas de ese gobierno al general Manuel Goded, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, y al general José Sanjurjo, muy molesto con el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña porque veinte días antes le había destituido como director general de la Guardia Civil, recibiendo como «compensación» la Dirección General de Carabineros, un cargo con mucha menor entidad. De hecho, Sanjurjo había entrado en contacto con Alejandro Lerroux, principal líder opositor al gobierno de Azaña, y en una entrevista concedida a un periódico francés el 9 de abril amenazó con intervenir ―«restableceremos rápidamente el orden y asumiremos todas nuestras responsabilidades»― «si el giro a la izquierda lleva a España a la anarquía». «Ningún gobierno revolucionario se establecerá en Madrid», afirmó.
Según Eduardo González Calleja, la trama civil principal del golpe la constituyeron los políticos liberales antidinásticos «constitucionalistas» encabezados por Manuel de Burgos y Mazo y Melquiades Álvarez, que tras su fracaso en las elecciones constituyentes de junio habían ingresado en el Partido Republicano Radical de Lerroux con el objetivo de alcanzar una República «de orden» que acabara con la «dictadura republicana» de Azaña. Así pues, lo que pretendían era derribar al gobierno republicano-socialista y disolver las Cortes Constituyentes para poner fin a las reformas, pero no acabar con la República, en una especie de reedición del golpe de Estado de Pavía de enero de 1874 en el que el papel del general Serrano lo desempeñaría el general Sanjurjo, con el que habían contactado, además de con otros destacados militares, muchos de ellos «africanistas» y opuestos a la «torpe e insensata» reforma militar de Azaña. Por su parte, Alejandro Lerroux, que no participaba directamente en la conspiración, se entrevistó en varias ocasiones con Sanjurjo en las que hablaron de un posible pronunciamiento militar. En la última, que tuvo lugar a principios de julio, Sanjurjo le pidió a Lerroux «que salvara a España oponiéndose al desgarrón de la unidad nacional en Cataluña con el Estatuto». Sin embargo, «no parece que el político radical se implicara más allá de ser el eventual beneficiario político de la conjura», afirma Eduardo González Calleja.
La otra trama civil de la conspiración sí era netamente antirrepublicana, pues estaba protagonizada por los monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas, que habían constituido un comité o junta del alzamiento presidida por el general Barrera y a la que en julio se incorporó el general Sanjurjo, que estaba realizando un juego a dos bandas entre las dos tramas. Este comité impulsó una campaña de propaganda subversiva en el Ejército a través del teniente coronel Valentín Galarza y del periódico La Correspondencia Militar ―en julio la publicación sería suspendida por el gobierno― y logró reunir un fondo de 300 000 pesetas recaudado entre los monárquicos exiliados en Francia como Juan de la Cierva y Peñafiel, José Calvo Sotelo, Santiago Fuentes Pila, Eduardo Aunós, José Félix de Lequerica o el conde de Vallellano. El 7 de agosto los monárquicos del exilio y del interior, incluido el líder de Acción Popular, José María Gil Robles ―que finalmente se mantendría a la expectativa―, se reunieron en Biarritz. Meses antes, en abril de 1932, el comité había enviado a Roma al aviador monárquico Juan Antonio Ansaldo para que recabara el apoyo de la Italia fascista a la conspiración. Allí Ansaldo se entrevistó con el ministro del Aire Italo Balbo, quien le prometió el envío a España, vía Gibraltar, de 200 ametralladoras y munición.