Los derechos humanos en Chile corresponden a una rama del derecho que estudia y reglamenta la acción del Estado respecto de los habitantes de su territorio, especialmente en lo que dice relación al uso monopólico de la fuerza por parte de éste. Son por tanto materia relevante para la discusión y opinión pública, así como para el estudio por parte de la historiografía, el periodismo, el derecho y demás ramas de las ciencias sociales.
Estos se encuentran consagrados por distintos tratados internacionales suscritos por el Estado chileno, como lo son los Convenios de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y han sido objeto de especial relevancia en la política chilena desde la suscripción de estos acuerdos y durante gran parte del en adelante. En especial por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, y por el actuar de las instituciones armadas y de orden contra dirigentes indígenas, estudiantiles, gremiales y sindicales, así como contra la población civil durante el proceso de transición a la democracia en 1990.
Historia Contexto Durante el transcurso de su historia, Chile ha vivido diversos conflictos como guerras civiles, golpes de Estado, y dictaduras, en las cuales la acción de las fuerzas armadas así como de las policías han jugado un papel preponderante para el desarrollo de estos procesos históricos. Por este motivo es que, desde mediados del en adelante han ocurrido constantes enfrentamientos entre la población civil y las instituciones armadas, así como matanzas y revueltas.
Siendo así, la preocupación social por el actuar del Estado sobre el bienestar de sus ciudadanos fue cobrando importancia creciente ya desde principios del y quedó plasmado en cuerpos legales ya desde la Constitución Política de la República de Chile de 1925.
A contar de 1949 y durante las siguientes cinco décadas, los sucesivos gobiernos comenzaron a suscribir una serie de tratados internacionales respecto de esta materia, por lo que el respeto a los derechos humanos y la vigilancia a la acción sistemática de sus instituciones fue cobrando relevancia, hasta ser tema central en la política chilena postdictadura, dados los miles de casos de violencia estatal constatados para este periodo, que incluyen desapariciones, torturas, fusilamientos y atentados, los cuales han llevado a polémicos procesos judiciales y numerosos cuestionamientos a la forma con la que se han abordado posteriormente. Al respecto, dos comisiones se conformaron para investigar los hechos ocurridos durante la dictadura, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, de la cual emanó el Informe Rettig, y la Comisión Valech en 2003 que publicó dos informes. Sobre la base de estos documentos se constató el asesinato de al menos a 3197 personas y la tortura de más de 29 000.Johnson, Sandy A. (2011). Challenges in Health and Development: From Global to Community Perspectives. Springer. ISBN 978-90-481-9953-2. pp.85.
Si bien el Poder Judicial condenó a varios agentes de la dictadura militar, estos casos han llevado años de tramitación y muchos de los acusados fallecieron sin llegar a concluir sus juicios. También han existido numerosos casos que quedaron sin condena, y de entre los condenados hay quienes cumplen sentencia en condiciones de privilegio, en recintos penales especiales como el Penal Cordillera y Punta Peuco.
De los miembros de la junta militar, el propio Augusto Pinochet tuvo que enfrentar a acusaciones por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, y por delitos financieros durante y después de aquel período, enfrentando un proceso en Inglaterra ordenado por el juez Baltasar Garzón, del cual sería liberado por el entonces ministro del interior inglés Jack Straw. En Chile, el proceso contra el dictador fue interrumpido por razones de salud alegadas por su defensa, y concluyó definitivamente con su muerte el 10 de diciembre de 2006. En tanto Fernando Matthei enfrentó dos solicitudes de procesamiento por el asesinato del General Alberto Bachelet, las cuales no fueron acogidas a trámite. Mientras que en el caso de los demás integrantes no llegaron a enfrentar a la justicia en ningún momento. Y ejercieron sus roles como oficiales hasta 1997.
La problemática por el respeto a los derechos humanos volvió a ser tema en boga con las sucesivas manifestaciones que comenzaron a darse desde mediados de los años 90, cobrando visibilidad por el actuar de carabineros durante la movilización estudiantil en Chile de 2006 donde se observó la represión policial dirigida contra menores de edad. A partir de entonces, y especialmente durante las movilizaciones estudiantiles en Chile de 2011 la acción represiva de Carabineros de Chile comenzaría a ser un problema cada vez más frecuente en la discusión pública, siendo la represión policial condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/28/cidh-rechaza-represion-%E2%80%9Cdesproporcionada%E2%80%9D-de-carabineros-contra-estudiantes/ Este actuar seguiría dándose en las sucesivas manifestaciones ciudadanas, hasta que producto del estallido social de octubre de 2019 quedó de manifiesto el actuar sistemático de las policías y las responsabilidades gubernamentales al respecto. Varios informes nacionaleshttps://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2020/01/InformeDefensoriaJuridicaUCH.pdfhttps://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-31-enero-2020.pdf e internacionalesNaciones unidas https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf https://www.codepu.cl/canadian-observation-mission-delivers-preliminary-conclusions-on-human-rights-violations-in-chile/Human Rights Watch https://media.elmostrador.cl/2019/11/436978679-Informe-HRW.pdf reportaron uso excesivo y sistemático de fuerza, maltrato y abuso sexual por parte de policías y militares. Por otra parte se detectó abuso físico y hacinamiento en cárceles. Y se reportaron casos de abuso sexual infantil y trata de blancas en los centros del Servicio Nacional de Menores.Report on Human Rights Practices 2006: Chile. Estados Unidos Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (March 6, 2007). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
Privación arbitraria o ilegal de la vida thumb|Monumento inaugurado en 2006 para conmemorar el Caso Degollados, el asesinato cometido por fuerzas policiales de tres miembros del Partido Comunista en el año 1985. Los cargos han sido presentados contra funcionarios del gobierno por violaciones del pasado, incluyendo a miembros de la llamada Caravana de la Muerte, el exdirector de la DINA General Manuel Contreras, y el oficial retirado de seguridad Rafael González (por el asesinato de Charles Horman). Al momento de su muerte en diciembre de 2006, el General Augusto Pinochet estaba bajo investigación en al menos seis casos entre los que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, secuestro y tortura, que datan del período de la Dictadura Militar de 1973 a 1989. Sin embargo, el exdictador Pinochet nunca fue procesado o condenado por cargos de violación a los derechos humanos.
El mecanismo externo para investigar a Carabineros es la Justicia Militar, en tanto el sistema de justicia criminal regular investiga las acusaciones por abusos presuntamente cometidos por oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI). El 3 de enero, las autoridades arrestaron a seis de los ocho ex oficiales del ejército involucrados en la tortura y posterior ejecución del cantante Víctor Jara en el Estadio Chile en Santiago. El 28 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la libertad bajo fianza para cuatro ellos. El 11 de octubre, el juez procesó y detuvo a un noveno exoficial del ejército. El caso seguía pendiente al finalizar el año.
En junio de 2012 la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el juez Mario Carroza debe investigar el asesinato del ciudadano estadounidense Ronnie Moffit en un atentado con coche bomba en Washington D. C. en 1976. El caso estaba pendiente al finalizar el año.
De acuerdo con el informe anual 2013 de la Escuela de Leyes de la Universidad Diego Portales (UDP) en materia de derechos humanos, a julio el Tribunal Supremo había dictaminado en 153 casos penales de violaciones de los derechos humanos de la era de la dictadura y confirmó 140 condenas, mientras que 1350 casos en contra de más de 800 autores continuaban bajo investigación o pendientes en los tribunales.
El 25 de marzo, un fiscal militar acusó a exsargento de Carabineros Miguel Millacura por el uso innecesario de la fuerza y a la teniente Claudia Iglesias por complicidad en el encubrimiento de la participación de Carabineros el asesinato de Manuel Gutiérrez de 16 años de edad en el año 2011. Millacura quedó libre bajo fianza, y según los informes, Iglesias continuó en servicio activo. El estado de la causa contra Millacura en el sistema de justicia militar, era desconocido a fin de año. Los casos de presunta conducta ilícita por Carabineros, incluyendo los abusos de derechos humanos contra la población civil, en general se trataron en el sistema de tribunales militares, así como los alegatos en que el acusado es miembro de las fuerzas armadas.
Desapariciones Desde el retorno a democracia, el caso más saliente ha sido la desaparición del ciudadano de origen mapuche José Huenante. En junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia resolvió (tras 13 años de ocurrido el evento) que la desaparición forzada en democracia de José Huenante fuera conocida por la justicia ordinaria, sacando la causa de la justicia militar. Declarando que una investigación única que arroje “responsabilidad penal con respecto de civiles y/o militares, de tal suerte que las eventuales líneas de indagación emanen de un mismo ente persecutor” resulta necesaria.https://www.indh.cl/se-conmemoran-14-anos-desde-la-desaparicion-de-jose-huenante-en-puerto-montt/
Los tribunales procesaron varios casos históricos basados en los argumentos de los demandantes que el rapto de presos políticos constituía un delito en curso, no cubierto por la amnistía, a menos que la ejecución subsecuente del sujeto pudiera ser establecida concretamente por la identificación de los restos. La Corte Suprema sostuvo varias convicciones basadas en el secuestro indefinido o permanente.
La justicia siguió investigando abusos de derechos humanos cometidos por la dictadura militar, en varios casos, sentencia dictada en aquellos encontrados culpables. Según el Ministerio del Interior, desde octubre había 361 casos de tribunal activos que implican a 485 antiguos funcionarios (funcionarios sobre todo militares pero incluyendo a algunos civiles). Para finales de año, 126 individuos habían sido condenados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet.
El juez Jorge Zepeda siguió investigaciones de detenciones de la era militar y desapariciones de personas en la Colonia Dignidad, ahora llamado Villa Baviera, un establecimiento de habla alemana 240 millas al sur de Santiago. El fundador del establecimiento, Paul Schaefer, procesado en 2005 por su participación en cuatro secuestros bajo el antiguo, fue condenado a siete años en la prisión por tenencia ilegal de armas en agosto y afrontó cargos múltiples por abuso de menores. Varios de los socios de Schaefer, incluso Gerard Muecke, fueron encarcelados y permanecieron bajo investigación por posibles violaciones de derechos humanos en Colonia Dignidad.
La investigación de la desaparición en 1985 del ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler cerca de la Colonia Dignidad permaneció abierta a finales de año.
Torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes