El atentado contra El Papus fue un atentado terrorista cometido el 20 de septiembre de 1977 contra la sede de la revista satírica española El Papus, situada en el número 77 de la calle de Tallers de Barcelona. Un artefacto explosivo oculto en un maletín destinado al director de la publicación, Xavier de Echarri, explotó cuando era manipulado por el conserje del edificio, Juan Peñalver Sandoval, que murió en el acto. La explosión causó además heridas a otras personas y graves daños materiales.
El atentado fue reivindicado por la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), organización terrorista de extrema derecha, que pocos días después difundió un comunicado en el que justificaba la acción contra la revista. La investigación policial relacionó el ataque con militantes de extrema derecha de Barcelona y condujo a una docena de detenciones.
El juicio se celebró ante la Audiencia Nacional en marzo de 1983. Aunque varios de los procesados fueron condenados por delitos relacionados con armas, explosivos, terrorismo o colaboración con grupos armados, el tribunal consideró que las deficiencias de la investigación policial y de la instrucción impedían probar su participación en la colocación de la bomba y los absolvió de responsabilidad por el atentado en aplicación del principio de presunción de inocencia.
El ataque, perpetrado en plena Transición española, provocó una amplia reacción social y periodística en defensa de la libertad de expresión. Los diarios de Barcelona y posteriormente los de Madrid realizaron sendas huelgas de veinticuatro horas y miles de personas participaron en movilizaciones de protesta. Décadas después, el Ayuntamiento de Barcelona incorporó el lugar del atentado a sus iniciativas de memoria histórica.
Antecedentes
El Papus
El Papus, subtitulada Revista satírica y neurasténica, era una revista semanal de humor fundada en Barcelona en 1973 y editada por Ediciones Amaika. Su contenido se caracterizaba por un humor político irreverente y una crítica especialmente dura al franquismo, la extrema derecha, la Iglesia, el capitalismo y otras instituciones sociales y políticas.
Durante sus primeros años sufrió numerosos procesos judiciales, secuestros administrativos y suspensiones. En su redacción participaron periodistas, escritores y dibujantes como Antonio Franco, Maruja Torres, Joan de Sagarra, Ivá, Gin, Já y Óscar Nebreda.
La publicación había alcanzado una difusión considerable durante los últimos años del franquismo y el comienzo de la Transición. Según una reconstrucción publicada con motivo del cuadragésimo aniversario del atentado, había pasado de unos 110 000 ejemplares iniciales a alrededor de 200 000 en marzo de 1976.
Amenazas de la extrema derecha
Antes del atentado, la revista y especialmente su director, Xavier de Echarri, habían recibido numerosas amenazas procedentes de ambientes de extrema derecha.
En enero de 1977 Echarri denunció ante el juzgado una carta firmada por la Triple A en la que se le amenazaba de muerte si no dejaba de editar El Papus y su publicación hermana Papillón. Las amenazas se sumaban a otras recibidas durante los meses anteriores mediante cartas, llamadas telefónicas, visitas a la redacción y pintadas en el edificio.
La campaña de intimidación se había intensificado después de que la revista publicase en noviembre de 1976 un número satírico sobre las concentraciones franquistas celebradas con motivo del primer aniversario de la muerte de Francisco Franco. Como consecuencia de aquellas amenazas, Echarri llegó a disponer temporalmente de protección policial.
Atentado
El atentado se produjo alrededor de las 11:40 del 20 de septiembre de 1977 en el edificio número 77 de la calle de Tallers de Barcelona, donde se encontraban las oficinas de Ediciones Amaika y las redacciones de El Papus y otras publicaciones de la editorial.
Según los hechos recogidos posteriormente por la Audiencia Nacional, varias personas no identificadas entregaron un maletín al conserje del inmueble, Juan Peñalver Sandoval, con instrucciones para que se lo hiciera llegar al director de El Papus, Xavier de Echarri.
El artefacto explotó mientras Peñalver manipulaba el paquete. El conserje murió instantáneamente y la explosión causó heridas a numerosas personas presentes en el inmueble.
La sentencia de 1983 consideró acreditadas lesiones graves a Rosa Lores Méndez, que sufrió una incapacidad permanente, y a otras catorce personas. Otras fuentes contemporáneas y posteriores elevaron el número total de heridos hasta diecisiete. Los daños materiales fueron valorados judicialmente en más de 110 millones de pesetas.
En el momento de la explosión había numerosas personas trabajando en la primera planta. Además de la redacción de El Papus, en las mismas instalaciones se encontraban las oficinas de otras publicaciones de Ediciones Amaika y se celebraba una reunión relacionada con la revista deportiva Barrabás.
Reivindicación de la Triple A
El atentado fue reivindicado por la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), grupo terrorista de extrema derecha activo durante los primeros años de la Transición.
Cuatro días después del ataque, la organización hizo llegar un comunicado a dos periódicos barceloneses en el que volvió a atribuirse el atentado y expuso sus motivos. La acción fue presentada como una represalia por el contenido político y satírico de la revista.
La Triple A había aparecido previamente vinculada a amenazas contra Xavier de Echarri y había advertido en enero de 1977 de que el director sería asesinado si no cesaba la publicación de las revistas de Ediciones Amaika.
La denominación Triple A fue utilizada durante la Transición para reivindicar diferentes atentados y amenazas de extrema derecha. La reivindicación del ataque contra El Papus, sin embargo, no permitió determinar judicialmente quiénes habían colocado materialmente la bomba ni quién había ordenado el atentado.
Reacción social y política
El atentado provocó una amplia condena entre partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación españoles.
El 21 de septiembre unas 6000 personas se manifestaron en Barcelona contra el atentado. La protesta coincidió con el entierro de Juan Peñalver y contó con la participación de representantes políticos y trabajadores de los medios de comunicación.
Huelgas de prensa
Los trabajadores de los periódicos de Barcelona convocaron una huelga de veinticuatro horas en protesta por el atentado. Como consecuencia, el 22 de septiembre no aparecieron los diarios de la ciudad. Al paro se sumaron delegaciones de agencias de noticias y corresponsales de periódicos nacionales, mientras que algunas emisoras de radio suspendieron sus espacios informativos ordinarios.
En Madrid, unos doscientos representantes y trabajadores de medios informativos se reunieron para analizar la situación. Entre las medidas acordadas figuraron una manifestación ante el Ministerio del Interior y la petición de dimisión del entonces ministro Rodolfo Martín Villa.
El 23 de septiembre tampoco salieron a la calle los diarios madrileños, con la excepción de El Alcázar, como consecuencia de otra huelga de veinticuatro horas convocada en protesta por el atentado. El día anterior unas 3000 personas habían participado en una manifestación en Madrid con presencia de trabajadores de prensa, directores de medios y parlamentarios.
El atentado fue interpretado ampliamente como un ataque contra la libertad de expresión en un momento de especial inestabilidad política durante la Transición.
Investigación policial
Durante las semanas posteriores al atentado, la policía desarrolló una operación contra varios grupos de extrema derecha activos en Barcelona.
En octubre de 1977 fueron detenidas doce personas a las que la Jefatura Superior de Policía de Barcelona relacionó con la preparación del atentado.
Según la versión policial difundida entonces, Miguel Gómez Benet habría promovido el ataque y una reunión destinada a decidir su realización habría tenido lugar en unos locales de su propiedad. La policía sostuvo asimismo que Juan José Bosch Tàpies y Juan Carlos Pinilla habían transportado cartuchos de goma-2 y fulminantes y que varios integrantes del grupo habían vigilado durante días a Xavier de Echarri y las oficinas de la revista.
La operación policial se extendió a diferentes ambientes de extrema derecha. Las autoridades investigaron posibles conexiones entre los detenidos y otras organizaciones y atentados cometidos durante aquellos años.
En noviembre de 1977, ocho de los detenidos fueron puestos en libertad provisional, sujetos a las diligencias que posteriormente pudiera ordenar el juzgado.
Juventud Española en Pie y la Guardia de Franco
La investigación se centró especialmente en personas vinculadas a Juventud Española en Pie (JEP), un pequeño grupo de extrema derecha radicado en Barcelona.
La sentencia dictada en 1983 consideró probado que Juan José Bosch Tàpies y Ángel Blanco Ferriz, que habían pertenecido a la Guardia de Franco, crearon en Barcelona en 1976 el grupo ultraderechista Juventud Española en Pie.
Las investigaciones policiales y periodísticas de la época vincularon a diferentes militantes de estos ambientes con la preparación del atentado. Sin embargo, estas relaciones no permitieron a la Audiencia Nacional considerar demostrada la participación de los procesados en la colocación y explosión de la bomba.
Décadas después, reconstrucciones históricas del atentado continuaron señalando la investigación de personas relacionadas con Juventud Española en Pie y con ambientes vinculados a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, aunque la autoría material del ataque nunca quedó establecida judicialmente.
Investigación judicial
El procedimiento judicial se prolongó durante más de cinco años. Durante la instrucción se investigó a distintos militantes de extrema derecha por su posible participación tanto en el atentado como en delitos relacionados con la posesión de armas y explosivos.
El proceso estuvo marcado por dificultades para determinar la intervención concreta de los investigados. Algunos de los sospechosos no pudieron ser localizados y otros quedaron en libertad durante la instrucción.
Cuando comenzó el juicio, Miguel Gómez Benet, señalado inicialmente por la policía como supuesto promotor del atentado, había fallecido en Andorra en diciembre de 1982. Otros dos procesados, Juan Carlos Pinilla e Isidro Carmona, se encontraban huidos.
Juicio de 1983
El juicio oral comenzó el 4 de marzo de 1983 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, casi cinco años y medio después del atentado.
El proceso se dirigió contra varios militantes de extrema derecha. Entre los acusados se encontraban Ángel Blanco Ferriz, José María Rico Cros, Juan José Bosch Tàpies, José López Rodríguez, Francisco Abadal Esponera y Gil Casaoliva Careta.
La Fiscalía solicitó inicialmente penas que, dependiendo de cada procesado, alcanzaban más de treinta años de prisión por delitos como asesinato, estragos, lesiones y tenencia ilícita de armas.
Durante su declaración, Juan José Bosch negó ser responsable del atentado y sostuvo que este había sido organizado por miembros de los servicios secretos del entonces Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). También afirmó que Juventud Española en Pie no constituía formalmente una organización, sino una tertulia de amigos.
Las defensas sostuvieron durante el juicio que sus clientes habían sido víctimas de una trama y afirmaron que los verdaderos responsables del atentado permanecían en libertad. Estas afirmaciones formaron parte de las tesis de los acusados y sus abogados y no fueron establecidas como hechos probados por el tribunal.
Sentencia