275px|center|Situación legal de la prostitución en América del Sur Situación legal en América del Sur La prostitución en Venezuela es legal siempre que sea ejercida de manera consensuada entre personas adultas. El Código Penal venezolano no tipifica como delito que una persona adulta ofrezca voluntariamente servicios sexuales a otra u otras personas adultas. No obstante, conductas relacionadas con la explotación sexual, el proxenetismo y la trata de personas están tipificadas como delitos y son objeto de persecución policial y posterior sanción penal.

Historia Durante la época colonial en el Virreinato de Nueva Granada, la prostitución, si bien era ejercida en la clandestinidad y con discreción, se encontraba fuertemente estigmatizada debido a la moral sexual católica impuesta por el Imperio español en el actual territorio venezolano. Por iniciativa de los jesuitas fueron creadas las Casas de Arrepentidas, instituciones destinadas a acoger a mujeres que habían ejercido la prostitución y se habían arrepentido de hacerlo, pero que, debido a las severas sanciones sociales de la época en la Capitanía General de Venezuela, encontraban dificultades para reintegrarse a la vida social y laboral, así como para encontrar pareja y contraer matrimonio, de acuerdo con los preceptos morales de la época, que condenaban socialmente las relaciones sexuales extramatrimoniales, como el adulterio y la fornicación. Posteriormente, las Casas de Arrepentidas promovidas por los jesuitas sirvieron de antecedente para la creación de las denominadas Casas de Recogimiento, instituciones de beneficencia impulsadas por la Corona española. Estas tenían como finalidad acoger y reinsertar socialmente a mujeres consideradas en situación de «desviación moral», particularmente aquellas que habían ejercido la prostitución y manifestaban públicamente su arrepentimiento.

Ya una vez obtenida la independencia y durante gran parte del siglo , el ejercicio de la prostitución estuvo sujeto a medidas de control y persecución policial a través de la ley de vagos y maleantes, promulgada en 1939 y posteriormente reformada, la cual permaneció vigente hasta 1997, durante aproximadamente 58 años. Si bien la prostitución ejercida voluntariamente por personas adultas no estaba tipificada directamente como delito, las disposiciones de esta ley, debido a la amplitud y vaguedad de sus definiciones, permitieron que su aplicación dependiera en numerosos casos de interpretaciones subjetivas por parte de las autoridades policiales y administrativas, especialmente en relación con conceptos como la «moral y las buenas costumbres». Amnistía Internacional señaló que estas disposiciones eran susceptibles de interpretaciones y prácticas arbitrarias y discriminatorias, y que la ley podía aplicarse incluso sobre la base de simples sospechas, particularmente hacia mujeres en situación de vulnerabilidad social y hombres homosexuales, persiguiendo a quienes ejercían la prostitución masculina. La ley fue declarada inconstitucional en su totalidad por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en 1997.

Asimismo, las bonanzas petroleras durante el siglo , acompañadas por la llegada de trabajadores extranjeros bien remunerados, en su mayoría hombres solteros o sin sus familias, contribuyeron al desarrollo de una economía vinculada al comercio sexual en Venezuela, especialmente en las ciudades portuarias como La Guaira y Puerto Cabello. Esta situación afectó de manera desproporcionada a mujeres afrovenezolanas de bajos recursos, mientras que en ciudades como Maracaibo, las mujeres indígenas de la etnia wayú llegaron a constituir un grupo numeroso entre las trabajadoras sexuales.

Activismo En Venezuela también se han desarrollado organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los trabajadores sexuales. Entre ellas destaca la Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca (AMBAR), organización que desde 1995 ha trabajado en la atención y defensa de mujeres dedicadas al trabajo sexual, particularmente en materia de salud sexual, derechos laborales y derechos humanos.

Redes criminales

Prostitución infantil La edad de consentimiento sexual en Venezuela se sitúa en 16 años conforme al Código Penal. No obstante, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) establece un régimen especial de protección para niños, niñas y adolescentes y tipifica delitos específicos de abuso sexual contra adolescentes, que los sitúa entre los 12 y 18 años de edad, lo que ha dado lugar a debates interpretativos sobre la aplicación concurrente de ambas normas. Todo acto sexual con menores de 12 años es considerado abuso sexual infantil, mientras que el estupro se encuentra tipificado para el abuso perpetrado por mayores de edad contra menores entre los 12 y los 18 años.

La policía venezolana ha desmantelado redes dedicadas a la prostitución infantil y a la trata de menores de edad. Por su parte, Interpol y Ameripol trabajan colaborativamente con autoridades migratorias y policiales de otros países de América Latina, en particular dentro de América del Sur, para desbaratar bandas criminales que utilizan para fines sexuales a menores de edad de nacionalidad venezolana en el exterior.

Tráfico sexual La crisis migratoria venezolana ha favorecido la aparición de redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Mujeres y niñas venezolanas han sido captadas mediante falsas ofertas de empleo, promesas de mejores condiciones económicas u otras formas de engaño y trasladadas a países de la región y otros destinos, donde algunas han sido sometidas a explotación sexual. Organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han documentado casos de trata de mujeres venezolanas en países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, México y España. En algunos casos, las redes aprovechan la situación de vulnerabilidad económica y migratoria de las víctimas, así como su falta de documentación o de redes de apoyo.Asimismo, se han reportado casos de mujeres venezolanas que fueron forzadas a ejercer la prostitución para saldar las deudas contraídas con mafias para financiar su traslado al extranjero,las cuales incluían intereses excesivos y podían acumularse cuando las víctimas no lograban reunir las cantidades exigidas.En la frontera con Colombia, mujeres han sido captadas por proxenetas para ser explotadas sexualmente. Mientras que algunas mediante ofertas directas para ser trabajadoras sexuales, otras en cambio, han sido engañadas y forzadas a trabajar en el rubro.

Violencia y extorsión Los trabajadores sexuales de nacionalidad venezolana, tanto en Venezuela como en el exterior, se encuentran expuestos a diversas formas de violencia, extorsión, amenazas, explotación y discriminación. La prensa internacional ha reportado numerosos casos en Colombia, Perú y España en los que mujeres venezolanas, incluidas mujeres transgénero, dedicadas al trabajo sexual han sido víctimas de distintos tipos de abusos, amenazas, extorsiones, agresiones físicas y psicológicas por parte de redes de trata y proxenetismo. En Perú, particularmente en Lima, su capital nacional y ciudad más poblada, organizaciones criminales han sido señaladas por cobrar cupos a trabajadoras sexuales, principalmente migrantes venezolanas, mediante amenazas y violencia. En España, se han documentado casos de mujeres venezolanas captadas mediante engaños y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas, endeudamiento y otras formas de coerción.

Véase también Prostitución en Colombia

Referencias

Venezuela Categoría:Sexualidad en Venezuela