El caso Grillete es un proceso judicial penal desarrollado en Ecuador en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El caso se originó tras descubrirse que el funcionario no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que le había sido impuesto como medida cautelar dentro de otro proceso judicial.
Tras la culminación de la etapa de juicio en agosto de 2026, el Tribunal de Garantías Penales de Durán sentenció en primera instancia a Álvarez a tres años de prisión, marcando la primera ocasión en la que un alcalde de Guayaquil recibe una condena de privación de libertad durante el ejercicio de sus funciones.
Antecedentes El uso del dispositivo de vigilancia electrónica le fue ordenado a Aquiles Álvarez el 19 de julio de 2025 como una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Esta disposición fue dictada en el marco del denominado caso Triple A, un proceso donde la Fiscalía General del Estado investiga el presunto almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de combustibles, el cual habría causado un perjuicio económico al Estado.
Desarrollo del caso Descubrimiento de la infracción El 10 de febrero de 2026, en el marco de una investigación judicial distinta (conocida mediáticamente como caso Goleada), agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron el domicilio del alcalde. Durante esta intervención, los agentes constataron que Álvarez no llevaba puesto el grillete electrónico en su tobillo. Según los reportes presentados ante las autoridades, el dispositivo fue hallado cargándose cerca de su cama sin contar con autorización judicial para su retiro.
Proceso judicial y prisión preventiva Con base en los informes policiales, la Fiscalía formuló cargos contra el alcalde el 16 de marzo de 2026. Posteriormente, el 11 de junio de 2026, una jueza penal negó un pedido de caución (fianza) presentado por la defensa y ratificó la medida de prisión preventiva, manteniendo a Álvarez recluido en la cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena. Durante el desarrollo procesal, la defensa enfrentó diversas audiencias diferidas en relación con la acumulación de los casos Goleada y Grillete.
Juicio y sentencia El juicio se llevó a cabo ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán. La defensa técnica del alcalde centró su estrategia argumentando que no existió una intención deliberada de evadir a la justicia, alegando supuestas fallas técnicas del dispositivo y problemas recurrentes de cobertura de señal en su domicilio.
El 30 de julio de 2026, durante el desarrollo del juicio, la defensa señaló diversas inconsistencias en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía. En esa misma fecha, la audiencia sufrió un retraso logístico y la defensa no logró iniciar la presentación formal de sus testigos, lo que obligó al tribunal a diferir la diligencia.
El juicio se reinstaló oficialmente el 3 de agosto de 2026 para concluir la fase probatoria. Finalmente, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y determinó que la infracción penal estaba plenamente probada. Como resultado, Álvarez fue condenado en primera instancia a cumplir una pena de 3 años de privación de libertad, además del pago de una multa económica y la obligación de emitir disculpas públicas.
Referencias
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