Marta Lucía Álvarez Giraldo (Risaralda, 1959) es una activista colombiana que trabaja en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Logró reconocimiento tras una batalla legal de más de dos décadas contra el Estado colombiano, que culminó en un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconoció el derecho a la visita conyugal para las personas privadas de la libertad con orientaciones sexuales diversas.

Biografía

Primeros años y encarcelamiento Álvarez nació en Risaralda en 1959. A los diecinueve años, su padre la envió a los Estados Unidos debido a la discriminación que experimentaba en Colombia por su lesbianismo. Inicialmente se estableció en Boston, donde residió durante nueve años, y posteriormente se mudó a San Francisco, ciudad donde los derechos de la comunidad LGBT empezaban a ser tenidos en cuenta. Debido a problemas de violencia familiar derivados de la adicción a las drogas de su hermano menor, Álvarez decidió regresar a Colombia. En medio de un altercado familiar, causó la muerte de su hermano, hecho por el cual recibió una condena inicial superior a los treinta años.

En 1994, mientras pagaba su condena en la Cárcel de Mujeres de Pereira, solicitó junto a su pareja el derecho a la visita conyugal, contando con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Aunque la Fiscalía 33 del municipio de Santuario autorizó el encuentro, la dirección de la cárcel denegó la petición el 5 de febrero de 1995, argumentando que este derecho no aplicaba a parejas homosexuales porque «atentaba contra la moral».

Demanda A raíz de su reclamo y de su rol de liderazgo en el penal, Álvarez comenzó a sufrir persecución por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), siendo sancionada con aislamiento en calabozos y sometida a diversos traslados forzosos entre prisiones de distintas ciudades, como Pereira, Bogotá y Cúcuta.

Gracias a la asesoría de la abogada Marta Tamayo, en 1996 demandó al Estado colombiano. Ante la falta de respuesta a nivel nacional, decidieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el caso el 4 de mayo de 1999. Álvarez logró acceder a la visita conyugal en 2002, casi nueve años después de su primera solicitud y un año antes de salir libre, aunque el beneficio se le otorgó solamente a ella de manera aislada.

Dictamen de la CIDH La CIDH publicó su informe de fondo el 5 de octubre de 2018, en el que declaró al Estado colombiano como responsable de violar los derechos de Álvarez. El dictamen derivó en un acuerdo de cumplimiento que obligó a reformar los reglamentos de todos los centros de reclusión del país para garantizar la igualdad en las visitas conyugales para parejas del mismo sexo. También se ordenó la capacitación en derechos humanos al personal penitenciario y la impresión de 8 000 copias de su diario personal, titulado Mi historia la cuento yo, el cual se distribuyó en cárceles, bibliotecas y facultades de derecho.

El 6 de diciembre de 2017 se realizó un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpas Públicas en la cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Este evento constituyó el primer desagravio oficial del Estado colombiano a la comunidad LGBTIQ+ en su historia, un logro respaldado por organizaciones como Colombia Diversa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Red Nacional de Mujeres.

Activismo posterior Tras recuperar su libertad, Álvarez continuó vinculada a la defensa de los derechos humanos en las prisiones. Realiza visitas de inspección a cárceles de ciudades como Pereira, Armenia y Manizales para comprobar que las internas lesbianas reciban un trato igualitario y sin discriminación. También participa en conversatorios y eventos relacionados con los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT.

Reconocimientos En 2002, la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas le otorgó el premio Felipa de Souza en reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas privadas de la libertad.

Referencias

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