El caso de la Vereda La Esperanza hace referencia a una serie de violaciones a los derechos humanos, específicamente desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre junio y diciembre de 1996 en el municipio de El Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, Colombia. El evento es un caso paradigmático en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la comprobada colaboración entre agentes del Estado y grupos paramilitares. Contexto geográfico y político La vereda La Esperanza se encuentra ubicada en el oriente antioqueño, un punto estratégico debido a su proximidad con la autopista Medellín-Bogotá. Durante la década de 1990, esta región fue escenario de una intensa confrontación armada. La zona era disputada por los frentes 9 y 47 de las FARC-EP y el ELN, contra las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio .
La población civil fue objeto de una política de estigmatización por parte de las fuerzas de seguridad, quienes señalaban a los campesinos del sector como presuntos colaboradores de las guerrillas que operaban en la autopista. Cronología de los hechos Las acciones violentas fueron ejecutadas por un grupo paramilitar conocido como "Los Halcones", bajo el mando de Ramón Isaza, en coordinación con miembros del Ejército Nacional adscritos a la Fuerza de Tarea Águila. 21 de junio de 1996: Se reporta la primera desaparición . Julio de 1996: Incursiones armadas resultan en la desaparición de varios miembros de una misma familia. Diciembre de 1996: Finalizan los operativos con la ejecución de un habitante y la desaparición de los últimos objetivos señalados en listas negras. En total, se documentó la desaparición forzada de 12 personas y la ejecución extrajudicial de una persona. Responsabilidad estatal Las investigaciones judiciales determinaron que el Estado colombiano fue responsable por acción y omisión. Se estableció que: Los paramilitares transitaron libremente por zonas con alta presencia militar. Hubo intercambio de información e inteligencia entre el Ejército y las ACMM. Existió una falta de debida diligencia por parte de la justicia ordinaria para investigar el paradero de las víctimas durante más de dos décadas. Sentencia de la Corte Interamericana En agosto de 2017, la Corte IDH emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Colombia. El tribunal ordenó, entre otras medidas de reparación: La continuación de la búsqueda de las víctimas desaparecidas. La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas. Pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. Lista de víctimas identificadas Aníbal de Jesús Castaño Gallego Óscar Hemel Zuluaga Marulanda Juan Carlos Gallego Hernández Miguel Anángel Cardona Quintero Irene de Jesús Gallego Quintero Referencias
Categoría:Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Categoría:Desapariciones forzadas Categoría:Historia de Antioquia Categoría:Masacres en Colombia