Gobierno interino de Delcy Rodríguez

El gobierno de Delcy Rodríguez inició constitucionalmente de forma interina el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de los Estados Unidos durante el ataque estadounidense a Venezuela el 3 de enero del mismo año, hecho que derivó en una crisis constitucional e institucional y en la activación de mecanismos extraordinarios de sucesión en el Poder Ejecutivo.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien se desempeña como vicepresidenta ejecutiva, fue designada presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el respaldo del alto mando político y militar, bajo el argumento de garantizar la continuidad del Estado.

Algunas fuentes periodísticas denominan a este gobierno de forma extraoficial como el Rodrigato, porque el poder de facto lo mantiene la misma mandataria y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aunque ideológicamente la diarquía se considera un régimen chavista bajo el unipartidismo del PSUV, se caracteriza por su mayor pragmatismo con respecto a sus relaciones con Estados Unidos e Israel (naciones «hostiles» de acuerdo al discurso de Hugo Chávez) y el distanciamiento de países «aliados» tradicionalmente como Cuba, Nicaragua y Rusia o de movimientos antiimperialistas como el Eje de la Resistencia. El Rodrigato es comparado con el liderazgo chino de Deng Xiaoping, por mantener el control político y autoritario en el interior del país, preservar el discurso de continuidad con el régimen original pero a la vez suprimiendo a los seguidores y fundadores y tener una geopolítica más realista e inclusive colaboracionista con Occidente.

Antecedentes

Captura de Nicolás Maduro

Desde mediados de la década de 2010, Nicolás Maduro enfrentó acusaciones formales por delitos relacionados con narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos, principalmente por parte del gobierno de Estados Unidos y otras instancias internacionales. Estas acusaciones se tradujeron en:

Órdenes de captura emitidas por tribunales extranjeros Recompensas internacionales por información que condujera a su detención Sanciones económicas y restricciones diplomáticas contra altos funcionarios venezolanos

El gobierno venezolano rechazó sistemáticamente dichas acusaciones, calificándolas como persecución política y guerra judicial (lawfare).

Operación de captura La captura de Nicolás Maduro se produjo durante una operación ejecutada por fuerzas extranjeras estadounidense, en coordinación con agencias de seguridad internacionales. Según versiones oficiales de los países involucrados, la operación tuvo como objetivo hacer efectiva una orden judicial vigente.

El gobierno venezolano sostuvo que la acción constituyó una operación extraterritorial no autorizada, realizada sin consentimiento del Estado venezolano y en violación del derecho internacional.

Traslado y custodia Tras su captura, Maduro fue trasladado fuera del territorio venezolano y puesto bajo custodia de autoridades judiciales extranjeras. Posteriormente, se confirmó su reclusión en una instalación federal a la espera de comparecer ante un tribunal.

Las autoridades venezolanas denunciaron la imposibilidad de acceso consular y cuestionaron la legalidad del traslado, alegando que se trató de un secuestro de un jefe de Estado en funciones.

Designación de Rodríguez

El TSJ basó su decisión en una interpretación extensiva de los artículos constitucionales relativos a la continuidad del Estado y al rol del vicepresidente ejecutivo. Según la sentencia, la captura del presidente constituía una situación extraordinaria que no podía equipararse de forma inmediata a una falta absoluta, ya que no implicaba renuncia, muerte, destitución ni incapacidad permanente declarada.

El tribunal sostuvo que:

Existía una imposibilidad temporal de ejercicio del cargo. El Estado debía preservar su funcionamiento regular. La vicepresidenta ejecutiva era la funcionaria con mayor jerarquía administrativa para asumir el Ejecutivo de forma provisional.

En consecuencia, el TSJ autorizó a Delcy Rodríguez, en su condición de vicepresidenta ejecutiva, a asumir las funciones de presidenta encargada, sin fijar inicialmente un plazo definido para el ejercicio del cargo.

Gabinete

Presidenta Encargada de la República y Presidente del Consejo de Ministros FotografíaPresidentePeríodoPartidoInicioFin sinmarco|80x80pxDelcy Rodríguez5 de enero de 2026En el cargovínculo=Partido Socialista Unido de Venezuela|40x40px

Vicepresidencia Ejecutiva de la República y Vicepresidencia del Consejo de Ministros FotografíaVicepresidentePeríodoPartidoInicioFinsinmarco|87x87pxVacante Según el artículo 148 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela "Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado (....)" es decir, Rodríguez no puede seguir ejerciendo ambos cargos. Es decir, la Vicepresidencia se encuentra vacante. 5 de enero de 2026 En el Cargo

Vicepresidencias Sectoriales MinisterioFotografíaTitularPeríodoPartidoInicioFinVicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud Isabel Iturria28 de enero de 2026En el cargovínculo=Partido Socialista Unido de Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial de Economíasinmarco|64x64pxCalixto Ortega Sánchez6 de enero de 2026En el cargovínculo=Partido_Socialista_Unido_de_Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Pazsinmarco|80x80pxDiosdado Cabello5 de enero de 2026En el cargovínculo=Partido_Socialista_Unido_de_Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial de Defensa y Soberaníasinmarco|89x89pxVladimir Padrino López5 de enero de 202618 de marzo de 2026vínculo=Partido_Socialista_Unido_de_Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial de Comunicación y Culturasinmarco|65x65pxMiguel Pérez Pirela6 de febrero de 2026En el cargovínculo=Partido Socialista Unido de Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y ServiciosJuan José Ramírez18 de marzo de 2026En el cargovínculo=Partido Socialista Unido de Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorialsinmarco|79x79pxHéctor Rodríguez5 de enero de 2026En el cargovínculo=Movimiento Futuro|40x40pxVicepresidencia Sectorial de Planificaciónsinmarco|80x80pxRicardo Menéndez5 de enero de 2026En el cargovínculo=Partido Socialista Unido de Venezuela|40x40pxVicepresidencia Sectorial Administrativa y de Gobierno DigitalAnabel Pereira Fernández29 de junio de 2026En el cargovínculo=Partido Socialista Unido de Venezuela|40x40px

Ministros

Política nacional

Política legislativa

Política económica Tras asumir la presidencia encargada de Venezuela en enero de 2026, ha implementado una profunda liberalización económica para estabilizar la crisis, caracterizada por la apertura a inversiones petroleras occidentales, la eliminación del control cambiario y la reanudación de relaciones con el FMI. Se designó a Calixto Ortega como vicepresidente sectorial de Economía, se busca reestructurar la deuda, y se proyecta un crecimiento del 7,4% del PIB para 2026 gracias a la flexibilización de sanciones

Rodríguez logró la flexibilización de sanciones por parte de EE. UU., permitiendo la operación de empresas extranjeras y la participación del Banco Central de Venezuela en el sistema financiero internacional.

Se ha solicitado formalmente acceso a Derechos Especiales de Giro del FMI y el BID se prepara para reiniciar operaciones en el país.

Se consolidó la eliminación del control de cambios y se planea un aumento salarial enfocado en controlar la inflación, promoviendo la inversión privada.

Política energética

El 6 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las «autoridades interinas» en Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que los ingresos de esa operación quedarían bajo control estadounidense, presentándolo como parte del esquema energético posterior al cambio de gobierno. El 7 de enero, PDVSA confirmó que «cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo» y que se trataría de una transacción «estrictamente comercial» bajo criterios de legalidad, sin validar públicamente la cifra concreta mencionada por Trump.

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