Se conoce como mártires de la UCA a ocho personas que fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ubicada en la ciudad de San Salvador (El Salvador), por un pelotón del batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides, en la administración del presidente en turno Alfredo Félix Cristiani. Todo ello ocurrió en el marco de la guerra civil salvadoreña. Cinco sacerdotes eran españoles.
Los jesuitas eran partidarios de un acuerdo negociado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la organización guerrillera que había luchado contra el gobierno durante una década. Los asesinatos atrajeron la atención internacional a los esfuerzos de los jesuitas y aumentaron la presión internacional para un cese al fuego, uno de los puntos clave que condujeron a un acuerdo negociado para la guerra.
En septiembre de 2020 el entonces coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano Morales, fue juzgado en España por la Audiencia Nacional, siendo considerado autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo). Por cada uno, cuales se le impuso una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión. Los magistrados también consideraron a Montano autor de los asesinatos del jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, aunque no pudo condenársele por ello dado que Montano no fue extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
Antecedentes Para un sector ultraconservador de los mandos militares en el ejército salvadoreño, los padres intelectuales jesuitas que ejercían la alta dirección y cátedra dentro del Alma Mater eran considerados sospechosos de sostener la teología de la Liberación, por lo que se suponía que serían aliados de la guerrilla izquierdista del FMLN, y por lo tanto, subversivos para el control político, cuyas amenazas hacia los mismos se venían gestando desde mediados de la década de 1980, pero que se aunarían en el año 1989.
El 3 de marzo de 1989, en un campo pagado del grupo ultra- derechista «Cruzada pro Paz y Trabajo» atacó a los que llama «grupo de cerebros satánicos conducidos por Ellacuría» y «perros comunistas» que están arruinando al país. El 14 de marzo del mismo año hace explosión una granada colocada dentro de la planta eléctrica de la UCA.
Entre el 16 y 20 de abril un campo pagado del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador acusa al P. Segundo Montes de defender el uso de minas por parte del FMLN. Un comunicado de prensa de ARENA llama al sacerdote Segundo Montes "inhumano e inmoral". En ese mismo mes el coronel Juan Orlando Zepeda, comandante de la Primera Brigada de Infantería, afirmaba que la UCA es un refugio de los líderes terroristas y que en ella se planifica la estrategia de ataques contra los salvadoreños. El 28 de ese mismo mes ocurre una nueva explosión con tres bombas en la imprenta de la UCA y en el portón de entrada junto a ella.
El 3 de julio del mismo año. el presidente Alfredo Cristiani recibe una carta abierta por parte de la organización «Cruzada pro Paz y Trabajo» en la que piden la captura y juicio sumario de los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, a los que considera responsables de toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles asesinatos cometidos en nombre de la teología de la liberación y de la doctrina marxista-leninista que intentan imponer. Para el 22 de julio, se da una tercera explosión con cuatro bombas en la imprenta de la UCA.
Entre los días 11 y 15 de noviembre la Radio emisora Cuscatlán emite ciertos mensajes con amenazas de muerte dirigidas contra los jesuitas de la UCA, contra Mons. Rivera Damas y contra Mons. Rosa Chávez. Se emiten amenazas explícitas como «Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza» o «Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas». Para el 13 de noviembre, el rotativo La Prensa Gráfica informa la realidad de las amenazas retransmitidas por la cadena nacional de radio en las que se afirmaba «es de suma importancia que saquen del país a los jesuitas, porque en la UCA esconden armas desde hace alrededor de diez años». Señalando estos como principal responsable al sacerdote jesuita español Ignacio Ellacuría.
Crimen thumb|Urnas que contienen grama manchada con la sangre de los sacerdotes asesinados, en la Sala Memorial de los Mártires del Centro Monseñor Romero de la UCA. thumb|Mártires de la UCA Según el informe de la Comisión de la Verdad y el resumen de las acusaciones admitidas por un tribunal español contra los miembros del ejército salvadoreño que fueron condenados por el delito, el ejército salvadoreño consideró el Centro Pastoral de la UCA como un «refugio de subversivos». El coronel Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, había acusado públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban "plenamente identificados con movimientos subversivos". En las negociaciones para una solución pacífica al conflicto, Ignacio Ellacuría (rector de la universidad) había jugado un papel fundamental. Muchas de las fuerzas armadas identificaron a los sacerdotes jesuitas con los rebeldes, debido a su especial preocupación por los salvadoreños que eran los más pobres y, por lo tanto, los más afectados por la guerra.
En la tarde del 15 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el Colegio Militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era «crítica», que debía enfrentarse con toda su fuerza, y que todos los «elementos subversivos conocidos» debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría, sin dejar testigos. Los oficiales (miembros del batallón Atlácatl) decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde, usando un rifle AK-47 que había sido capturado por el FMLN.
Los soldados primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Ávalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos. El soldado José Alberto Sierra Ascencio le disparó a ambas mujeres nuevamente.
Los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y 5000 dólares. Luego dirigieron fuego de ametralladoras a la fachada de la residencia, así como cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía «El FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN». miniaturadeimagen|Monumento a los mártires El día 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas domésticas son asesinados dentro del campus de la UCA, estos fueron colocados boca abajo, mientras eran ejecutados. En el patio central se encontraron los cuerpos de cinco de los religiosos, y en una de las habitaciones se encontraba otro de ellos. Los cadáveres de la mujer y la niña estaban en otro cuarto anexo. Los asesinos también incendiaron y saquearon el Centro Monseñor Romero, como estratagema los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas simulando que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla, lo cual fue descubierto como espurio sin soporte en las posteriores investigaciones.
Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría S. J., español, rector de la universidad Ignacio Martín-Baró S. J., español, vicerrector académico Segundo Montes S. J., español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA Juan Ramón Moreno S. J., español, director de la biblioteca de Teología Amando López S. J., español, profesor de Filosofía Joaquín López y López S. J., salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador Elba Ramos, salvadoreña, empleada doméstica. Celina Ramos, salvadoreña, hija de Elba Ramos, de 16 años.
Todos menos Celina Ramos (Jayaque, 21 de febrero de 1973) eran empleados de UCA. Elba Ramos (Santiago de María, 5 de marzo de 1947) había comenzado a trabajar como cocinera de los sacerdotes jesuitas en 1985, y su esposo Obdulio como vigilante y jardinero en 1989. A partir de que él fuera contratado también, la familia se había movido a un terreno cerca de la entrada principal de la Universidad, en calles que sufrieron bombardeos. Preocupadas por su seguridad, Elba y Celina se mudaron a un cuarto vacío en la residencia jesuita, y fueron asesinadas porque el Batallón Atlácatl de Reacción Inmediata no quería dejar testigos. miniaturadeimagen|Libro abaleado en la UCA de El Salvador Otro residente jesuita, Jon Sobrino, estaba dando una conferencia sobre teología de la liberación en Bangkok. Dijo que se había acostumbrado a vivir con amenazas de muerte y comentó: «Queríamos apoyar el diálogo y la paz. Estábamos en contra de la guerra. Pero hemos sido considerados comunistas, marxistas, partidarios de los rebeldes, todo ese tipo de cosas». Cuando el periódico estadounidense The New York Times describió a los sacerdotes asesinados como «intelectuales de izquierda» en marzo de 1991, el arzobispo John R. Quinn de San Francisco se opuso al uso de esa caracterización «sin calificación ni matiz». Ofreció al periódico las palabras del arzobispo brasileño Hélder Câmara: «Cuando alimento a los hambrientos, me llaman santo. Cuando les pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista».
Reacción
Los asesinatos atrajeron la atención internacional y aumentaron la presión internacional para un cese al fuego. Se reconoce como un punto de inflexión que condujo a un acuerdo negociado para poner fin a la guerra.
thumb| Protesta contra la guerra civil salvadoreña, Chicago 1989.
El gobierno de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo había brindado ayuda militar al gobierno, pidió al presidente Cristiani que iniciara «la investigación más completa y ciertamente rápida». Condenó los asesinatos «en los términos más enérgicos posibles». El senador estadounidense Claiborne Pell, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo: «Estoy devastado por estos asesinatos a sangre fría, que parecen tener la intención de silenciar la actividad de derechos humanos en El Salvador. Hago un llamamiento urgente para que se ponga fin a la lucha y por un alto el fuego... y pedir que los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia lo más rápido posible». Un editorial en The New York Times catalogó una serie de crímenes similares que quedaron impunes y advirtió que «Lo que es diferente esta vez es la impaciencia horrorizada de Estados Unidos». Advirtió que el Senado de Estados Unidos pondría fin a la ayuda de Estados Unidos si el gobierno de El Salvador «no podrá detener y no castigará a los escuadrones de la muerte».
Acciones judiciales
El Salvador