El Movimiento Rescate Nacional es un grupo criminal sedicionista costarricense creado en el año 2020 por los exdiputados José Miguel Corrales y Célimo Guido, luego de que el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada presentara al Fondo Monetario Internacional una propuesta de ajuste fiscal para obtener acceso a una línea de crédito para paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 en las finanzas públicas.
El grupo inició acciones delictivas el 30 de septiembre del 2020, las cuales cesaron el 15 de octubre del mismo año tras la intervención policial y con el fin de pasar a entablar procesos de diálogo y alianzas con sectores como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el Movimiento Cooperativista, algunos diputados de oposición y la mesa de diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Uno de sus fundadores, José Miguel Corrales, renunció al movimiento el 8 de octubre y solicitó deponer los bloqueos de calles tras constatar que el crimen organizado y el narcotráfico habían penetrado la organización. Dicho llamado, sin embargo, fue ignorado por el otro fundador, Célimo Guido, quien dijo que el movimiento se mantendría.
El gobierno de Alvarado Quesada denunció a los cabecillas del movimiento por los delitos de asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio, explosión y delitos en contra de la tranquilidad pública, los poderes públicos, la autoridad pública y la seguridad común.
En enero del 2022, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, reconoció que en el punto álgido de las acciones emprendidas por el movimiento un sector de este le sugirió que se preparara para asumir las riendas del Poder Ejecutivo, pues iban a derrocar al Presidente de la República y a su gabinete.
Contexto
La pandemia de COVID-19 afectó gravemente las finanzas públicas de Costa Rica, al punto de desplomar la recaudación tributaria a niveles del año 2016. Costa Rica había aprobado a finales del 2018 una reforma fiscal que pretendía encaminar a la baja el déficit fiscal y la deuda pública a largo plazo, sin embargo, la crisis sanitaria aumentó la brecha entre ingresos y gastos haciendo que el déficit financiero fuera estimado en cerca del 10% del producto interno bruto para finales del 2020 y una relación deuda/PIB por encima del 70% con tendencia al alza.
El gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada vio la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional para solicitar una línea de crédito por $US 1700 millones de dólares con el fin de suplir las necesidades de financiamiento del Gobierno Central para el año 2021, así como enviar un mensaje a los mercados internacionales y los inversionistas de que Costa Rica se encaminaría, nuevamente, en la ruta de la consolidación fiscal.
La administración detalló públicamente, el 17 de septiembre de 2020, su propuesta inicial al FMI con un gran componente en la creación o incremento de impuestos y acciones para bajar el gasto público en menor proporción. De inmediato, distintos sectores manifestaron su rechazo a la propuesta por considerarla desbalanceada y especialmente regresiva, pues contenía un nuevo impuesto a las transacciones financieras sin importar el monto de las mismas, así como triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, entre otros.
Formación José Miguel Corrales es un político costarricense, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (1998), precandidato en el 2002 y diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo constitucional 2002-2006.
Célimo Guido Cruz es un político costarricense que en las elecciones de 1998 fue elegido diputado por Alajuela por el Partido Fuerza Democrática. En 2006 fue condenado a un año de cárcel por el delito de obstrucción de vía pública, sentencia que fue conmutada por el pago de 15 millones de colones.
En marzo de 2020, un grupo liderado por José Miguel Corrales denominado "Grupo Pro Revocatoria del Mandato" anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para habilitar en Costa Rica la figura de revocatoria de mandato del presidente, una posibilidad no permitida ni contemplada en la Constitución Política vigente desde el año 1949. En dicha presentación, Célimo Guido afirmó que la salida a los problemas de Costa Rica era la organización, la propuesta y la confrontación.
El Movimiento Rescate Nacional realizó sus primeras apariciones públicas días antes de la presentación de la propuesta ante el FMI. Su primer registro en prensa data del 18 de agosto, cuando el Diario Extra dio cuenta de la creación de un nuevo movimiento al mando de los exdiputados Corrales y Guido, que pretendía protestar el 25 de agosto en contra del presidente y su gobierno, además de exigir que los delitos contra la Hacienda Pública no prescribieran, que el prevaricato fuera sancionado también por culpa y no solo por dolo, y que se modificara la forma de escoger los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La manifestación del 25 de agosto transcurrió de manera pacífica desde la capital (San José) hasta la Casa Presidencial (Zapote), donde entregaron su pliego de peticiones y la advertencia de medidas de presión si el mismo no era contestado. Alvarado no atendió presencialmente a los manifestantes y su gobierno nunca informó haber dado respuesta a la carta de peticiones. Mientras la protesta tenía lugar en las afueras de la Casa Presidencial, un manifestante activó un cuarto de dinamita en contra de una unidad de la Policía de Tránsito que había cerrado el paso vehicular. El acto fue condenado por el Gobierno y el sospechoso fue detenido días después en otra manifestación convocada por Rescate Nacional, mientras que José Miguel Corrales confirmó que había asumido su defensa legal, inicialmente mediante la presentación de un recurso de habeas corpus para que fuera puesto en libertad.
El 11 de septiembre, Corrales anunció que se encontraban realizando giras por todo el país para "unir fuerzas" en defensa de las instituciones estatales que pretenden ser vendidas o concesionadas.
El 29 de septiembre, después de anunciado el plan del gobierno con el FMI, el Movimiento Rescate Nacional anunció que al día siguiente iniciaría una jornada ininterrumpida de protestas en todo el país con bloqueo de calles, carreteras, fronteras, puertos y aduanas. Además, el Movimiento anunció que no entablaría negociaciones con el Gobierno hasta una vez iniciadas las acciones de presión y que el requisito para sentarse a dialogar era hacerlo en un lugar público, con la prensa transmitiendo en vivo, y con los bloqueos en las calles. Su consigna se resumía en una oposición a nuevos impuestos y negativa hacia la venta de activos del Estado, ambos componentes de la propuesta gubernamental ante el FMI.
Actividades delictivas thumb|Participantes del evento convocado por el Movimiento Rescate Nacional atacando a la policía antimotines que custodiaba la Casa Presidencial de Costa Rica el 12 de octubre de 2020. El 30 de septiembre, el Gobierno reportó inicialmente 29 puntos de protesta en todo el territorio nacional con 3150 personas, y recordó que el bloqueo de vías públicas es un delito tipificado en la legislación nacional. En horas de la tarde los puntos de bloqueo aumentaron a 40 aunque con una menor cantidad de personas (1800).
El 1 de octubre arrancó con 27 bloqueos a cargo de 786 personas y la alerta del Gobierno de que la obstaculización del tráfico vehicular empezaba a tener consecuencias negativas para las exportaciones y las importaciones de materias primas y bienes esenciales, así como el tránsito de mercancías necesarias para abastecer a empresas y consumidores. Solo en el sector agropecuario el bloqueo de dos días ya dejaba pérdidas por $37.5 millones de dólares. En horas de la tarde los bloqueos aumentaron a 30 con unas 1360 personas. El Gobierno afirmó que realizar bloqueos en la actual situación económica era una "injusticia" y reiteró su posición de que no se negociaría con el Movimiento hasta que las acciones de presión fueran depuestas.
Durante la noche del 1 de octubre y madrugada del 2 de octubre el Movimiento se tornó violento. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, reportó actos de vandalismo y la quema de un tráiler en Río Blanco de Limón; mientras que en la Zona Norte y Sur los manifestantes estaban planeando atacar a Fuerza Pública con piedras y con bombas molotov. El gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, reiteró que no se negociaría hasta tanto cesaran los bloqueos y esa misma noche se giró la orden a la Policía de Tránsito de retirar las placas a los vehículos que formaran parte de los bloqueos en carretera. Ese día se registraron al menos 40 bloqueos y actos delictivos contra particulares, cuerpos policiales, medios de comunicación, vehículos personales y de mercancía, así como el decomiso de armas blancas, bombas molotov y objetos para dañar las patrullas policiales. También se reportó que una ambulancia fue arrastrada por el río Ceibo en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, cuando el chofer de una ambulancia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intentó cruzar por una zona baja del río para evadir el bloqueo de la calle.
En la noche del 2 de octubre y madrugada del día siguiente los actos delictivos continuaron. En las intervenciones policiales para rehabilitar el paso vehicular en la Zona Norte fueron heridos seis policías y varios vehículos policiales fueron dañados. El primer corte de ese día daba como resultado 30 puntos de bloqueo con 889 personas en todo el territorio nacional.
En la noche del 3 de octubre y madrugada del día siguiente los operativos policiales dejaron un oficial herido y un vehículo policial dañado en San Ramón de Alajuela; así como 15 oficiales heridos en Guácimo de Limón. El Gobierno denunció además que el Movimiento atentó contra la vida de los oficiales, al intentar arrollarlos con un backhoe robado a la empresa CHEC que realiza labores de ampliación de la Ruta Nacional 32 en Limón y que fue confiscado posteriormente. En el sector de Caldera, una unidad de la Policía de Tránsito fue incendiada. En otros puntos como Aguas Zarcas, Río Claro (puente sobre el río Lagarto), Paso Canoas y Limón se registraron agresiones e intimidaciones por parte de participantes en los bloqueos a trabajadores de distintos medios de comunicación, arrebatándoles sus dispositivos como celulares, cámaras e impidiéndoles filmar para hacer su trabajo. También fueron decomisados recipientes con material inflamable y otros objetos como armas blancas, piedras, entre otros. A partir de ese momento, el Gobierno empezó a referirse a Rescate Nacional como un "movimiento delincuencial" y reportó que para la mañana del 4 de octubre, tras la intervención policial, los bloqueos se habían reducido a 17 totales y cinco intermitentes con unas 1903 personas manifestándose. Sin embargo, los bloqueos aumentaron durante la mañana y la tarde hasta llegar a 40 bloqueos totales y 23 intermitentes a cargo de 2810 personas para las 4:00 p. m.. El director de Fuerza Pública, Daniel Calderón, indicó que aplicarían todo el peso de la ley contra quienes atentaron contra personal policial en Guácimo, Limón y, “golpearon cobardemente a una valiente agente de policía”, durante las intervenciones desarrolladas la noche del día previo.
José Miguel Corrales responsabilizó al gobierno de los enfrentamientos y afirmó que sería "lamentable" que hubiese pérdida de vidas humanas. Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, afirmó que "si se derrama sangre es culpa de Carlos Alvarado".