La apropiación de menores fue una «práctica sistemática y generalizada» que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos-desaparecidos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales, en el marco del terrorismo de Estado que aplicó la última dictadura cívico-militar argentina autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo estima en unos 510 los niños que desaparecieron en esas circunstancias y cuya identidad ha sido sustraída, y es la principal organización de derechos humanos en impulsar la búsqueda, recuperación y atención especial de los mismos. Hasta julio de 2025, se ha restituido la identidad de 140 personas secuestradas en su niñez.https://www.pagina12.com.ar/840149-quien-es-el-nieto-140-la-historia-detras-de-la-nueva-detras-/

Secuestro y desaparición de bebés durante la dictadura Uno de los aspectos más aberrantes de la última dictadura argentina (1976-1983), fue el secuestro y desaparición de bebés de las personas detenidas-desaparecidas.

En la mayoría de los casos se trata de mujeres detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas y fueron mantenidas con vida en los centros clandestinos de detención hasta el parto, con el fin de apropiarse de los bebés. Existen constancias de que en varias oportunidades estas mujeres fueron torturadas a pesar de estar embarazadas.

El siguiente es parte del testimonio que Adriana Calvo de Laborde prestó en el Juicio a las Juntas el 29 de abril de 1985:

La dictadura confeccionó un reglamento secreto para establecer el procedimiento en estos casos y organizó maternidades clandestinas dentro de los centros clandestinos de detención o en sus cercanías, con médicos y enfermeras bajo mando militar. Típicamente, una vez producido el parto, se asesinaba a la madre y se confeccionaban documentos falsos para el bebé, suprimiendo su identidad.

Los bebés eran entonces entregados a parejas que, en la mayoría de los casos, eran cómplices o encubridoras del asesinato de los padres biológicos y de la supresión de la identidad de los niños. En algunas oportunidades, los niños fueron inscriptos como propios, ladrones por los apropiadores y, en otros, fueron registrados mediante adopciones ilegales.

Se estima que unos 510 niños fueron secuestrados-desaparecidos. Esos niños crecieron sin saber quiénes eran ellos, quiénes eran sus padres y madres, ni en qué circunstancias nacieron.

Al terminar la dictadura, los secuestros de bebés y mujeres seguían estando presentes, después de la dictadura se conocieron más de 100.

Juicios Una vez establecida la democracia en la Argentina, el 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las primeras tres juntas militares que estuvieron al mando durante la dictadura. El proceso, conocido como el Juicio a las Juntas, se llevó a cabo 16 meses después, el 22 de abril de 1985, y terminó con la condena de los tres miembros de la primera junta (Videla, Massera y Agosti) y dos de los miembros de la segunda junta (Viola y Lambruschini). En el juicio se abordaron más de 600 víctimas de la dictadura, entre las cuales se había incorporado la apropiación de siete niños hijos de desaparecidos. En la sentencia, la Cámara Federal la absolvió por seis casos, y nada se dijo del séptimo. El criterio sobre el cual se sustentó esa absolución fue escuetamente indicado por los camaristas en los fundamentos, afirmaron que los comandantes de las fuerzas armadas otorgaron ”a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad" y además afirmaron que la sustracción de menores se ha demostrado solo en forma ocasional, haciendo mención únicamente a los menores Felipe Martín y María Eugenia Caracoche de Gatica, los dos únicos menores que habían recuperado su identidad.

En 1985, el presidente Alfonsín, a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, asignó dos fiscales para que se dedicaran especialmente a los casos de secuestro-desaparición de niños: Mariano Ciafardini y Aníbal Ibarra.Dillon, Marta: «Abuelas de Plaza de Mayo» , artículo en el sitio web Comisión por la Memoria. Poco después, en un contexto de sublevaciones militares «carapintadas», el Congreso sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que cerraron la posibilidad de enjuiciar a los demás responsables de las violaciones de derechos humanos. El ciclo de impunidad se cerró en 1989 y 1990 con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem. Como el secuestro y ocultamiento de identidad encuadra en la calificación de delito continuado porque persiste en el tiempo, los casos de niños secuestrados-desaparecidos no fueron alcanzados por la Ley de Punto Final, y debido a que el fallo del Juicio a las Juntas afirmaba que estos delitos solo habían ocurrido ocasionalmente y que no era producto de órdenes por lo que no podría invocarse la «obediencia debida» de los oficiales; se pudo seguir con las investigaciones y los juzgamientos en la justicia.

La condena del subcomisiario Samuel Cobani Miara a 12 años de prisión por la apropiación ilegal de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa, hijos de Juan Reggiardo y María Rosa Tolosa, desaparecidos en 1977, es uno de los casos paradigmáticos del robo de bebés.«Caso Miara: ratifican condena» , artículo del 1 de septiembre de 1998 en el diario Clarín (Buenos Aires).

En 1997, Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa penal sosteniendo que el robo de bebés era parte de un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura. Se trató de uno de los juicios más importantes referidos a las violaciones de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura. En ella se investigó la apropiación de 194 niños.«Piden llevar a juicio oral la causa por robo de bebés en la dictadura» , artículo en el diario Clarín (Buenos Aires), 7 de febrero de 2006.

En el año 2003, Patricia Walsh, entonces diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, envió un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que fue aprobado como Ley 25.779 en agosto de ese año."Sin sesión para derogar los indultos", Página/12, Buenos Aires, 26 de marzo de 2008."Diputados aprobo la nulidad de la obediencia debida y punto final"

En junio de 2004, un fallo de la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano declaró ambas normas insanablemente nulas, dando así lugar al encausamiento de los acusados de delitos aún no prescriptos, lo que comprende todos los crímenes de lesa humanidad."La nulidad de la impunidad", Página/12, 12 de junio de 2004.

En la sentencia de 2005 figura que:

El 28 de febrero de 2011 se inició un juicio oral en los tribunales de Retiro por el robo sistemático de bebés.«La historia de Donda y Cabandié, legisladores nacidos en la ESMA», artículo del 2 de marzo de 2011 en el diario Perfil (Buenos Aires). El Tribunal Oral Federal 6, integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, en la causa conocida como «Plan sistemático», en referencia a la práctica del robo de bebés de detenidas-desaparecidas, declararon que los elementos probatorios colectados en el marco de la instrucción permitieron tener por probada la existencia de un plan criminal.

El veredicto salió el 5 de julio de 2012.«Juicio por el plan sistemático de robo de bebés», artículo en el sitio web Argentina.ar (Buenos Aires). El Tribunal Oral Federal número 6, con los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, declaró culpables a los imputados. Condenó a 50 años a Jorge Rafael Videla, a 40 años a Oscar Franco, a 40 años a Antonio Vañek,Ficha de Antonio Vañek en el padrón electoral argentino, publicado en el sitio web Buscar Datos. a 35 años a Reynaldo Benito Bignone, a 30 años a Jorge Eduardo Acosta, a 20 años a Santiago Omar Riveros, a 15 años a Eduardo Ruffo, a 15 años a Jorge Luis Magnacco y a 14 años a Antonio Azic. El Tribunal dio por probado un plan organizado y sistemático de apropiación de bebés de las detenidas embarazadas.«La sentencia por el plan» , artículo de julio de 2012 en el diario Perfil (Buenos Aires).

Búsqueda y recuperación

La búsqueda y recuperación de los niños secuestrados-desaparecidos fue una de las tareas más importantes de las organizaciones de derechos humanos y de la democracia, una vez establecida en 1983.

Con ese fin, desde los primeros años del gobierno militar se organizó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con el fin específico de buscar a los niños secuestrados-desaparecidos y apoyarlos una vez restituidos. En 1980, en plena dictadura, las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a las primeras dos nietas, Tatiana y Mara Laura Ruarte.«Tatiana Ruarte, la primera nieta recuperada. Con la verdad de origen», artículo en el diario La Capital (Rosario), del 19 de marzo de 2006. Desde entonces y hasta la actualidad han sido restituido 138 nietos.«Lista de casos resueltos» , artículo en el sitio web oficial de Abuelas de Plaza de Mayo.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuenta su propio caso:

Desde comienzos de los años ochenta, las Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron el desarrollo de técnicas para determinar la identidad y reconstruir los parentescos. Lo llamaron «índice de abuelidad» y fue desarrollado inicialmente por el Blood Center de Estados Unidos.

El gobierno de Alfonsín dispuso la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en el que se han depositado muestras de sangre de las familias de desaparecidos que serán guardadas hasta el año 2050 con el fin de compararlas con cualquier persona con el que se suponga puedan existir lazos de parentesco.

Durante el gobierno de Carlos Menem se dispuso la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que los jóvenes con dudas sobre su identidad puedan verificar su filiación sin necesidad de la intervención de un juez. La CONADI también trabaja en casos de adopción o tráfico de menores.

También colaboran activamente en la búsqueda la Asociación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), integrada por hijos de desaparecidos, en algunos casos, siendo ellos mismos nietos restituidos.

El hallazgo de los nietos y la recuperación de su identidad ha generado cuestiones adicionales, muchas de ellas de tipo psicológico. Las Abuelas de Plaza de Mayo han organizado grupos de ayuda y de especialistas para ello.

Nietos restituidos thumb|Póster de las Abuelas de Plaza de Mayo, rediseñado.

Hasta mayo de 2024 han sido resueltos 140 casos de nietos a quienes se les había suprimido la identidad durante la dictadura militar, sobre un total estimado de 500 niños.

La complejidad psicológica de las situaciones que deben vivir los nietos encontrados ha llevado a que la respuesta de cada uno sea única y no comparable. Los jóvenes deben enfrentar mecanismos familiares, institucionales y culturales de mentira sistemática sobre su propia identidad que son muy difíciles de comprender en toda la magnitud de sus significaciones, por la mayoría de las personas. La manera de lidiar con semejante confrontación con la realidad y la verdad tiene características de supervivencia básica para los jóvenes.

Por la gravedad del tema, muchos de los casos de nietos restituidos o encontrados han tomado estado público. Entre los más conocidos pueden mencionarse a Tatiana Ruarte Britos