El proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña (en catalán: procés de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya; en occitano, en su variedad aranesa: procès de participacion ciutadana sul futur politic de Catalonha), conocido por el numerónimo 9N, fue un proceso que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, planteó como alternativa ante la imposibilidad legal de obtener del Gobierno central el permiso necesario para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y tras el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la consulta sobre el futuro político, con los mismos objetivos. El proceso se celebró el 9 de noviembre de 2014, si bien hasta el 25 de noviembre fue posible votar en las delegaciones territoriales del gobierno de la Generalidad. Al igual que la consulta, esta tiene como objetivo conocer la opinión de los ciudadanos catalanes sobre si Cataluña, actualmente comunidad autónoma, debería ser un Estado y si ese Estado debería ser independiente. Se mantuvieron las mismas dos preguntas que se plantearon originalmente para la consulta:
Este proceso participativo fue recurrido por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, por entender que vulnera la legalidad. Tras ser admitido el recurso a trámite, el proceso quedó cautelarmente suspendido. Sin embargo, la Generalidad de Cataluña se negó a acatar la suspensión cautelar y continuó con la organización de este proceso. Los principales cargos responsables de la consulta fueron condenados en 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desodebiencia al Tribunal Constitucional y prevaricación.
Historia
Antecedentes: la consulta sobre el futuro político
thumb|280px|El president Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras firman el 19 de diciembre de 2012 un Acord per a la transició nacional (o Pacte per la Llibertat) por el que se comprometen a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pueda decidir si quiere constituirse en un «nuevo Estado en Europa». thumb|Papeleta diseñada para la votación. El 27 de septiembre de 2012, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución pidiendo celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña durante la décima legislatura de la Cataluña autonómica «prioritariamente», con posterioridad a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012.
La resolución fue votada después del debate de política general con el resultado de 84 votos a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, SI, más otros dos diputados), 21 en contra (PPC y Cs) y 25 abstenciones (PSC). El presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, declaró en el discurso ante el Parlamento que había llegado la hora de que el pueblo de Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación.
Tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas catalanes, el 12 de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad anunció que tenía previsto convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014, incluyendo una pregunta con dos apartados: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?». Inmediatamente el Gobierno de España advirtió de que la convocatoria de tal referéndum no tendrá lugar por contravenir la Constitución.
Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, el parlamento de Cataluña empezó a elaborar su propia ley de consultas para amparar la convocatoria prevista para el 9 de noviembre, pero el gobierno de Mariano Rajoy anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias del Estado. En julio de 2014, la ponencia correspondiente del Parlamento catalán finalizó la redacción del proyecto, que estaba previsto que se votara en septiembre.
El 19 de septiembre, la ley de consultas fue aprobada por 106 votos a favor y 28 en contra en el pleno del Parlamento de Cataluña. Contó con el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP que suman el 79% de los representantes del Parlamento de Cataluña; mientras que se posicionaron en contra el PP y Cs. Aunque apoyó la ley, el PSC manifestó que la Ley de Consultas Populares no Referendarias y Participación ciudadana no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9N. Por su parte, el portavoz de CiU Josep Rull afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto».
La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 27 de septiembre de 2014, poco antes de ser convocada oficialmente la consulta, cuando Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, firmó el decreto de convocatoria de la consulta en el Palacio de la Generalidad.
Recursos de inconstitucionalidad El gobierno de España presentó dos recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra el decreto de convocatoria de la consulta y contra la Ley de consultas de Cataluña en la que se ampara esta, y tras ser admitidos a trámite quedó suspendida cautelarmente la consulta. Tras esto, el gobierno de Cataluña suspendió de forma "cautelar y temporal" la campaña del 9N y presentó un recurso contra la impugnación de la consulta.
Planteamiento de una «consulta alternativa» thumb|290px|El president Artur Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña para el 9-N. Ante la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional, el 13 de octubre, tras una reunión con los partidos soberanistas, el presidente Mas afirmó que la consulta ya no podía celebrarse en los términos previstos y planteó un proceso de participación ciudadana. Al día siguiente anunció su intención de realizar una consulta alternativa con los propios medios de la Generalidad de Cataluña, la colaboración de voluntarios y asociaciones civiles. El presidente Mas no aclaró exactamente en que marco jurídico se basaba esta nueva consulta. Llegó a declarar que no iba a dar pistas para facilitar la impugnación por parte del gobierno de España y que había que "engañar al Estado".
El líder de ERC exigió unas elecciones anticipadas para posteriormente, si se obtenía una mayoría en el parlamento, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. El líder de ICV declaró que no apoyaba esta nueva consulta, y que no iría a votar. Más tarde, rectificó y afirmó que sí iría a votar. El líder del PSC dijo que la nueva consulta era un engaño, ya que no tenía ninguna garantía democrática, mientras que el PP de Cataluña declaró que el proceso había acabado. El líder de Unió se mostró en contra de celebrar unas elecciones anticipadas y proclamar unilateralmente la independencia. La ANC apoyó la nueva consulta pero exigió la celebración de unas elecciones plebiscitarias en tres meses.
Pronto comenzó a discutirse la idea de la elaboración de una "lista de país" independentista que concurriera en unas posibles elecciones plebiscitarias, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre ERC y CiU.
Ante esta nueva situación, el gobierno de España empezó a estudiar si esta nueva consulta planteada por Artur Mas sería legal y si sería recurrible. Más tarde, el gobierno declaró que había comenzado los trámites para recurrir la nueva consulta. El Consejo de Estado avaló la presentación de un recurso por parte del gobierno de España el 30 de octubre de 2014.
Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya comenzaron a hacer campaña de forma separada. Convergencia presentó su campaña, junto a la de Ara és l'hora, en la que llamaba a votar "haga lo que haga el estado" y pidiendo el voto por el Sí-Sí.
Recursos del gobierno y suspensión cautelar de la consulta alternativa thumb|right|280px|Reunión de los alcaldes de Cataluña el 4 de octubre de 2014 en el Palacio de la Generalidad con Artur Mas para apoyar la consulta del 9-N suspendida cinco días antes por el Tribunal Constitucional. El 2 de noviembre de 2014, tras la reunión del Consejo de ministros, el gobierno de España confirmó que impugnaría la nueva consulta. Dos días después, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados por el gobierno contra las actuaciones de la Generalidad de Cataluña relativas a la convocatoria de esta consulta y esta quedó suspendida cautelarmente.
Sin embargo, la Generalidad de Cataluña anunció que continuaba con el proceso participativo y que presentaría un recurso contra el gobierno de España ante el Tribunal Supremo alegando que este vulneraba los derechos de participación, de libertad de expresión y libertad ideológica. El recurso fue rechazado por el Tribunal Supremo.
El sábado, día previo a la consulta, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración del proceso participativo era delito y ordenó a la policía autonómica una lista de los locales públicos en los que se iba a realizar el proceso participativo y pidió identificar a los responsables de la realización de la consulta. Además, también exigió al gobierno de la Generalidad que confirmara si era la que había puesto a disposición los locales para la realización del proceso. La Fiscalía también reclamó a la empresa Unipost, responsable del reparto de la información sobre el proceso, que explicara qué entidad facilitó la lista de destinatarios y le exigió además, las facturas de los contratos.http://politica.elpais.com/politica/2014/11/08/actualidad/1415452907_204311.htmlhttp://www.lavanguardia.com/politica/20141108/54419083539/fiscalia-pide-apoyo-a-policia-judicial-para-localizar-a-responsable-unipost.html Esa misma tarde, la asociación Sociedad Civil Catalana denunció ante el juzgado de guardia el uso de colegios públicos para la realización de la Consulta.http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2014/11/scc-denuncia-ante-el-juzgado-de-guardia-el-uso-de-colegios-publicos-para-la-consulta-del-9n-y-pide-q-12936.php
Infraestructura y funcionamiento de la votación thumb|right|Municipios adheridos a la plataforma Asociación de Municipios por la Independencia. thumb|Resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña La Generalidad habilitó 1.317 puntos de votaciónLa consulta del 9N, en directo (El Periódico): http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/consulta-catalunya-directo-3673581La consulta del 9-N, en nueve claves: ¿cómo se desarrollará la votación y quién la controlará?: http://www.20minutos.es/noticia/2290925/0/claves/proceso-consulta/9n-catalunya/ repartidos en todo el territorio catalán y en otros países, desde los cuales los catalanes residentes en el extranjero podían participar. Al tratarse de un proceso participativo suspendido por el Tribunal Constitucional, el gobierno catalán no dispuso de censo ni de miembros de mesa oficiales. Más de 40.000 ciudadanos se ofrecieron voluntarios para trabajar en los puntos de votación durante toda la jornada, y el gobierno catalán desarrolló un sistema informático para determinar en qué punto de votación debía votar cada persona, controlando también que no se votara más de una vez.El dispositivo de la Generalitat pasa la prueba (EL PAÍS): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/09/catalunya/1415547609_332972.html