El gobierno constitucional de Luis Miguel Sánchez Cerro en el Perú, llamado también el «gobierno de los dieciséis meses», se inició el 8 de diciembre de 1931 y culminó abruptamente el 30 de abril de 1933, cuando fue asesinado dicho mandatario por un militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leyva.
Este breve periodo se vio marcado por la violencia política desatada tanto por el mismo gobierno urrista que adquirió tintes autoritarios, encarcelando y deportando a sus opositores políticos; como por el Partido Aprista, que desconoció los resultados electorales causando disturbios y alzamientos en todo el país, desembocando en la Revolución de Trujillo de 1932. También estalló una guerra con Colombia, originada cuando un grupo de patriotas peruanos recuperaron el puerto amazónico de Leticia, que había sido cedido a dicho país por el Tratado Salomón-Lozano de 1922.
En este periodo se promulgó la Constitución Política de 1933 y se hicieron diversas obras sociales, como la concesión a los obreros del descanso obligatorio y remunerado por el día del trabajo, la creación de comedores populares, etc. Para paliar la crisis económica se hicieron algunas reformas tributarias. Entre las obras públicas destaca la continuación de la pavimentación de la carretera central y de la irrigación de las pampas de La Joya en Arequipa y las del valle de Ica. En el campo de la defensa se adquirió moderno armamento y equipos para las Fuerzas Armadas, y se modernizó el servicio de sanidad.
Antecedentes En agosto de 1930, el entonces comandante Luis Sánchez Cerro encabezó en Arequipa un movimiento revolucionario que puso fin al gobierno de once años del señor Augusto B. Leguía. Luego se instaló en Lima, al frente de una Junta Militar que se dedicó a poner fin al leguiísmo y a superar la crisis que afrontaba el país. Pero quiso postular a las elecciones sin abandonar el poder, por lo que perdió el apoyo popular, viéndose obligado a renunciar en marzo de 1931. Tras la sucesión de unos gobiernos efímeros, subió al poder la Junta Nacional de Samanez Ocampo, que convocó a elecciones generales para presidente de la República y miembros del Congreso Constituyente. Estas elecciones, realizadas el 11 de octubre de 1931, fueron las primeras elecciones modernas de la historia republicana del Perú y en ellas triunfó Sánchez Cerro. Los derrotados fueron los apristas liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre, que desconocieron los resultados electorales y pasaron a la oposición.
Toma de mando miniaturadeimagen|200px|Luis Sánchez Cerro, presidente constitucional de la República, en vestido civil, foto de 1933. El 8 de diciembre de 1931 se instaló el Congreso Constituyente, ante el cual Luis Sánchez Cerro juró como Presidente Constitucional de la República. Recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso Luis Antonio Eguiguren e inició su discurso con estas palabras:
Sánchez Cerro contaba con mayoría parlamentaria, con 67 representantes de su grupo político, la Unión Revolucionaria, que ha sido identificada con la derecha fascista. Frente a ellos se alzaba una disciplinada bancada aprista de 27 miembros, que se convirtió en tenaz opositora del gobierno.
Gabinetes ministeriales En apenas dieciséis meses de gobierno (del 8 de diciembre de 1931 al 30 de abril de 1933), el presidente Sánchez Cerro organizó seis gabinetes ministeriales.
El primer gabinete fue presidido por Germán Arenas y Loayza, que asumió la cartera de Fomento. Este gabinete lo integraban: Luis Miró Quesada de la Guerra (Relaciones Exteriores), José Manuel García Bedoya (Gobierno y Policía), Eufrasio Álvarez (Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia), José Cateriano (Hacienda), el coronel Manuel E. Rodríguez (Guerra) y Alfredo Benavides Diez Canseco (Marina y Aviación). Dos de ellos (Arenas y García), ya habían sido ministros en el segundo gobierno de José Pardo.. Todos ellos juraron el mismo día de la toma de mando, el 8 de diciembre de 1931, a excepción de Eufrasio Álvarez, que por hallarse en Arequipa, recién hizo su juramento el día 12. Este primer gabinete sanchecerrista duró menos de dos meses.
El segundo gabinete lo presidió un congresista, Francisco Lanatta, que ocupó al mismo tiempo la cartera de Hacienda (29 de enero de 1932). Se mantuvieron los ministros Rodríguez (Guerra) y Benavides (Marina y Aviación). Los nuevos ministros fueron, además de Lanatta: Elías Lozada Benavente (Fomento), Luis A. Flores (Gobierno), Carlos Sayán Álvarez (Justicia e Instrucción) y Alberto Freundt Rosell (Relaciones Exteriores). Todos ellos estaban afiliados a la Unión Revolucionaria, menos Lozada que era social nacionalista. Cuatro de los cinco nuevos ministros (Lanatta, Lozada, Sayán y Flores) eran miembros del Congreso. El motivo de estos cambios al parecer fue para intensificar la lucha contra la oposición. En abril de 1932 este gabinete se vio obligado a renunciar, tras los serios cuestionamientos que se hicieron a su titular en el manejo de los fondos públicos.
El tercer gabinete lo presidió el ministro de Gobierno Luis A. Flores, que era además congresista y líder de la Unión Revolucionaria (13 de abril de 1932). En el despacho de Hacienda asumió el trujillano Ignacio A. Brandariz. Flores, que enfrentó la sublevación de los marineros del Callao, permaneció en el cargo solo un mes y unos días, pues debió renunciar al ser censurado por el Congreso. Con él, cesaron los ministros Sayán (Justicia) y Lozada (Fomento). miniaturadeimagen|El gabinete Manzanilla. De izquierda a derecha: el coronel Manuel E. Rodríguez (Fomento), Ignacio A. Brandariz (Hacienda), Wenceslao Delgado (Justicia), José Matías Manzanilla (Relaciones Exteriores), Luis Miguel Sánchez Cerro (presidente de la República), Julio Chávez Cabello (Gobierno y Policía), el coronel Antonio Beingolea Balarezo (Guerra) y Alfredo Benavides Diez Canseco (Marina). Foto tomada en Palacio de Gobierno, el 24 de diciembre de 1932.
El cuarto gabinete fue presidido por el magistrado Ricardo Rivadeneira Barnuevo, que se encargó de la cartera de Justicia (21 de mayo de 1932). Los nuevos ministros, además de Rivadeneira, fueron: en la cartera de Gobierno, el prefecto de Lima Julio Chávez Cabello, y en la de Fomento, el ingeniero Ricardo Caso. Este gabinete obtuvo el voto de confianza del Congreso. Ocho días después, el titular de Guerra renunció y fue reemplazado por el coronel Antonio Beingolea Balarezo, que hasta entonces se desempeñaba como inspector del Ejército. En este periodo la crisis política se agravó, con la revolución aprista de Trujillo, que fue despiadadamente reprimida. El 7 de septiembre, el ministro Caso presentó su renuncia, debido a un incidente que tuvo en el Congreso por la interpretación de una ley sobre el derecho de los obreros a cobrar sus salarios por el día 1 de mayo, que en ese año coincidió en domingo. Rivadeneira se solidarizó con su ministro y renunció dos días después.
El quinto gabinete fue presidido por el vocal de la Corte Suprema, doctor Carlos Zavala Loayza, que asumió al mismo tiempo la Cancillería (10 de septiembre de 1932). En la cartera de Justicia asumió Alberto Ballón Landa. Retornó Manuel E. Rodríguez, pero esta vez ocupando el despacho de Fomento. Zavala, que le tocó enfrentar el conflicto con Colombia, renunció el 22 de diciembre del mismo año, aduciendo incompatibilidad de funciones.
El sexto y último gabinete fue presidido por José Matías Manzanilla (en Relaciones Exteriores), que juró el 24 de diciembre de 1932. En el despacho de Justicia se incorporó el doctor Wenceslao Delgado, que era también congresista, al igual que Manzanilla. Este gabinete funcionó hasta el asesinato del presidente el 30 de abril del año siguiente.
El Congreso Constituyente
El Congreso Constituyente estaba presidido por Luis Antonio Eguiguren. Su vicepresidente era Clemente J. Revilla.
El gobierno contaba en el Congreso con 67 urristas (es decir de la UR o Unión Revolucionaria), donde descollaban Luis A. Flores, Alfredo Herrera, Carlos Sayán Álvarez, José Matías Manzanilla y Gerardo Balbuena Carrillo. También se contaba Pablo Ernesto Sánchez Cerro, hermano del presidente. Todos ellos, sumados a otros aliados, daban al gobierno la mayoría parlamentaria.
Frente a los gobiernistas se alzaba una combativa minoría aprista de 27 representantes (la primera Célula Parlamentaria Aprista de la historia), quienes mostraron una inusitada beligerancia. Entre ellos se contaban Manuel Seoane Corrales, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Alcides Spelucin, Luis Heysen.
Otros grupos importantes eran: los independientes o descentralistas, entre los que destacaban Víctor Andrés Belaúnde y Manuel J. Bustamante de la Fuente; y los socialistas, con importantes figuras como Alberto Arca Parró, Hildebrando Castro Pozo y Luciano Castillo Colonna.
El Congreso pasó a discutir una nueva Constitución Política, que debía reemplazar a la carta magna de 1920, dada en la época del leguiísmo. En el ínterin, aprobó el ascenso de Sánchez Cerro al grado de general, que fue propuesto por el representante Parodi y que fue apoyado por José Matías Manzanilla, pese a que no se cumplían los requisitos técnicos y legales (agosto de 1932).
La Ley de Emergencia miniaturadeimagen|200px|Luis M. Sánchez Cerro y sus ministros. Los apristas, pese a no reconocer el gobierno legítimo de Sánchez Cerro, mantuvieron a sus representantes en el Congreso Constituyente, desde donde desataron la más extremada oposición. El APRA tenía su bastión en el departamento de La Libertad, en el norte peruano. Dos días antes de la toma de poder de Sánchez Cerro, se habían producido en Paiján (provincia de Trujillo) un enfrentamiento entre la policía y el pueblo, dejando como resultado diez muertos y numerosos heridos. En Lima se produjeron también enfrentamientos entre apristas y la policía. Asimismo, en distintos puntos del país estallaron brotes revolucionarios instigados por los apristas. La respuesta de las fuerzas del orden fue muchas veces extralimitada. El 24 de diciembre de 1931, un grupo de efectivos militares se presentó en el local del APRA en Trujillo, donde se realizaba una «chocolatada navideña», exigiendo su desalojo; a los pocos minutos abrieron fuego, causando heridos y muertos. En el Congreso, la célula aprista exigió la presencia del ministro de Gobierno y habló de intento de asesinato contra Haya de la Torre.
El gobierno de Sánchez Cerro propuso entonces al Congreso la aprobación de una llamada «Ley de Emergencia», por la cual, a fin de defender el orden público y la paz social, el Poder Ejecutivo debía ser autorizado para imponer sanciones de carácter judicial: multas, expatriación, confinamiento; para suspender el derecho de reunión; para clausurar centros o asociaciones, etc. Dicha ley fue aprobada por el Congreso tras una tumultuosa sesión realizada el 8 de enero de 1932.
En la práctica, el gobierno se convertía en una dictadura legalizada, con «autorización» para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a los comunistas (los militantes de la Unión Revolucionaria acuñaron el término de «aprocomunista» para confabular a ambos grupos políticos).
En aplicación de la Ley de Emergencia, entre el 17 y 20 de febrero de 1932, la fuerza pública aprehendió a veintitrés congresistas (veintidós apristas y el descentralista Víctor Colina). Acto seguido, los despachó al destierro. Los demás representantes del Congreso apoyaron calurosamente esta medida. Cabe resaltar que ni siquiera se tomaron las formalidades del caso, pues no hubo desafuero y sólo un año después se promulgaría la ley que declararía la vacancia de las veintitrés representaciones.