miniaturadeimagen|Escudo de España durante el franquismo El primer franquismo (1939-1959) fue la primera etapa de la historia de la Dictadura del general Franco comprendida entre el final de la guerra civil española y el abandono de la política económica autárquica con la aplicación del Plan de Estabilización de 1959, que dio paso al franquismo desarrollista o segundo franquismo que duró hasta la muerte del Generalísimo.
Se suele dividir en tres subetapas: la primera de 1939 a 1945 que se corresponde con la Segunda Guerra Mundial y durante la cual el régimen franquista experimentó un proceso de fascistización ya iniciado durante la guerra civil para asemejarse a la Alemania nazi y, sobre todo, a la Italia fascista y que se vio abortado por la derrota de las potencias del Eje; la segunda subetapa, de 1945 a 1950, constituyó el período más crítico de la historia de la dictadura franquista a causa del aislamiento internacional a la que fue sometida y de la ofensiva de la oposición, pero los cambios «cosméticos» que introdujo y sobre todo el estallido de la guerra fría acabó reintegrándola al bloque occidental anticomunista; la tercera etapa, de 1951 a 1959, ha sido llamada también el decenio bisagra por constituir una época intermedia entre el estancamiento de los «autárquicos» años 1940 y la «desarrollista» de los años 1960, y que también ha sido caracterizada como la época del «esplendor del nacional-catolicismo».
Según el historiador Glicerio Sánchez Recio, «en el primer franquismo aparecen tres elementos de manera constante que configuran la estructura de su significado conceptual: la imposición del régimen, su consolidación y la búsqueda del reconocimiento internacional».
La represión franquista en la posguerra
Como ha señalado Glicerio Sánchez Recio, «los regímenes de dictadura de cualquier signo acuden necesariamente a la represión para eliminar la disidencia política e imponer la homogeneidad ideológica que no pueden conseguir por procedimientos legales». En este sentido el franquismo fue «un régimen especialmente represivo, en el que su permanencia y el poder personal del general Franco serían los objetivos prioritarios y a éstos se subyugan la vida, la dignidad y las haciendas de los españoles». «La represión es lo que define mejor a la dictadura franquista», ha afirmado Gutmaro Gómez Bravo, ya que, como ha señalado Conxita Mir, «no se circunscribió únicamente a la violencia institucional de los primeros años, sino que se prolongó, bajo formas de terror de apariencia y magnitud diversas, hasta el último aliento del franquismo». Gómez Bravo ha destacado asimismo que la «voluntad de criminalizar, de segregar y de excluir a una parte de la población no tiene precedentes en la historia contemporánea de España» («la dictadura franquista ostenta el récord del número de detenidos de la historia española, e incluso europea»). También que la «justicia franquista jamás mostró el menor gesto de perdón o de clemencia respecto de su propia población».
Un elemento complementario de la represión fue la propaganda con la que, como ha señalado Glicerio Sánchez Recio, «el franquismo pretendía proyectar sobre la población española su imagen más atractiva y práctica para ampliar el nivel de aceptación y, en definitiva, de consenso».
Las leyes represivas y el número de víctimas
Tras su victoria en la guerra civil, el Generalísimo Franco continuó con la misma política de «limpieza» que había aplicado durante la contienda en las zonas que había ido ocupando. En febrero de 1937 le había explicado a Roberto Cantalupo, embajador de la aliada Italia fascista, que «en una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada de una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios». Un mes más tarde, para justificar las masacres producidas tras la toma de Málaga por el italiano Corpo Truppe Volontarie le volvería a insistir a Cantalupo en que «la conquista del territorio es el medio, la redención de los habitantes es el fin». «Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil, porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas. […] Ocuparé España ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ferrocarril a ferrocarril… nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz en el territorio», le dijo. Así, el historiador francés François Godichot ha señalado que las decisiones militares estratégicas de Franco «respondieron a la lógica de una guerra de ocupación y de purga progresiva». «Un vasto programa de ingeniería social fue así lanzado, consistiendo en triturar la anti-España y en formar una nueva sociedad... Destruir físicamente al enemigo y reeducar ampliamente a los españoles», añade Godichot.
thumb|El destacado político socialista Julián Besteiro, condenado a treinta años de prisión por un tribunal militar, murió el 27 de septiembre de 1940 en la cárcel de Carmona. Fue uno de los cien mil presos que murieron en las cárceles o en los campos de concentración a causa del hambre, del frío, de enfermedades o de malos tratos. Su muerte fue silenciada por la censura franquista
Al acabar la guerra civil había 100 292 personas en las cárceles, una cantidad ocho veces mayor que la de 1934, aunque en esta cifra no están incluidos los más de medio millón de soldados del ejército republicano recluidos en la red de 188 campos de concentración, de los cuales 104 eran estables (el último no se cerró hasta 1947). Tampoco el medio millón de exiliados, refugiados en Francia en su mayoría. Al finalizar 1939 la cifra de presos de las cárceles se había triplicado, alcanzando las 270 719 personas. En los años siguientes la población reclusa fue disminuyendo hasta situarse en 54 072 personas a finales de 1944, aunque todavía lejos de las cifras de los años anteriores a la guerra civil. Se calcula que unas cien mil personas murieron en prisión o en los campos de concentración a causa del hambre, del frío, de enfermedades o de malos tratos. Por otro lado, la conducta pública y privada de los «rojos» que salían de prisión seguía estando bajo estrecha vigilancia de las autoridades locales, que emitían informes sobre ellos y sobre sus familias. En ocasiones se les prohibía volver al lugar donde habían vivido antes de su encarcelamiento y solo se les permitía residir en localidades situadas a varios cientos de kilómetros de distancia, lo que constituía una forma de destierro.
Un decreto del general Franco del 9 de junio de 1939 estableció la reducción de los años de cárcel a cambio de trabajar en determinados proyectos. Así nacieron en septiembre las colonias penitenciarias militarizadas, la más importante de las cuales fue la que se organizó para la construcción del Valle de los Caídos, decretada el 1 de abril de 1940, primer aniversario de la victoria franquista en la guerra civil. Una de las más singulares fue la colonia penitenciaria de Tefía en las islas Canarias destinada a albergar a los homosexuales condenados en virtud de la «ley de vagos y maleantes». Como ha destacado Gutmaro Gómez Bravo, «el trabajo forzado constituye otro elemento esencial de la represión de la posguerra, los detenidos, convertidos en esclavos del franquismo, son enviados a trabajar en la construcción de fortificaciones militares contra eventuales invasiones aliadas en los Pirineos y en Gibraltar, de infraestructuras portuarias o ferroviarias y, en una menor medida, en las minas y en las fábricas».
En la posguerra los tribunales militares continuaron siendo el principal instrumento de represión bajo la cobertura del estado de guerra proclamado por la Junta de Defensa Nacional el 28 de julio de 1936 que se mantuvo hasta mucho después del fin de la guerra civil —se levantó el 7 de abril de 1948—. El delito de rebelión militar, que conllevaba la pena de muerte, fue aplicado de forma indiscriminada y arbitraria. Según Stanley G. Payne, «el número total de ejecuciones políticas durante los seis primeros años de la posguerra, de 1939-1945, fue al menos de 28 000», siendo los «años más sanguinarios» 1939 y 1940. Borja de Riquer aumenta la cifra a 45 000-50 000 ejecutados en toda la posguerra. Lo mismo hace Julián Casanova, quien afirma que «al menos cincuenta mil personas fueron ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, la mayoría de ellas en las últimas provincias conquistadas por el ejército de Franco». Gutmaro Gómez Bravo cita un informe de 1944 del embajador británico al Foreign Office en el que indicaba que entre 60 000 y 80 000 personas habían sido condenadas a muerte en España desde el final de la guerra.
Para justificar la represión, nada más finalizada la guerra se hizo público el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, que había sido encargado por el general Franco a veintidós juristas para que avalaran «que el Alzamiento del 18 de julio no había sido un pronunciamiento para cambiar un Régimen político vigente, sino una acción destinada a restablecer la legitimidad destruida». El primer argumento que utilizaba era que el resultado de las elecciones generales de España de 1936 había sido falseado «a fin de aumentar arbitrariamente los escaños de la izquierda a costa de la derecha».
thumb|Escudo de la Policía Armada, creada en 1941
La jurisdicción militar se complementó con una jurisdicción especial civil —se establecieron tribunales en las regiones más importantes y un Tribunal Nacional en Madrid— que se ocuparía de los casos establecidos en la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada por el general Franco el 9 de febrero de 1939, dos meses antes del final de la guerra. La ley, que violaba todos los principios del derecho procesal (retroactividad, condena de muertos, responsabilidad colectiva) condenaba automáticamente a todas los miembros de los partidos republicanos y de izquierdas que habían defendido la causa de República, así como a todas aquellas personas que hubieran apoyado al bando republicano e incluso a aquellas que hubieran mostrado una «pasividad grave» respecto del bando nacional. La pertenencia a la masonería también suponía la condena inmediata. Las penas establecidas en la ley iban desde seis meses a quince años de cárcel, junto con penas de restricción sobre actividades profesionales, de limitación de la residencia, destierro a las colonias de África o arresto domiciliario. Estas penas se complementaban con las sanciones económicas que iban desde multas hasta la confiscación de bienes.
thumb|250px|left|Cárcel de Carabanchel (Madrid). thumb|left|250px|Cárcel Modelo de Barcelona
A la Ley de Responsabilidades Políticas se unió la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, así llamada porque se consideraba a la masonería —una obsesión personal del general Franco— como la instigadora de la «subversión» que había padecido España y al «comunismo» —un término que englobaba a las organizaciones y partidos obreros de todas las tendencias— como el principal enemigo de España. «El primer artículo de la ley es suficientemente ilustrativo del extraordinario alcance punitivo que se otorgaba a su aplicación», ya que «prácticamente cualquier conducta heterodoxa podría caer en el ámbito de una política represiva», ha señalado Julio Gil Pecharromán: