thumb|Retrato de Alfonso XIII vestido con el hábito de la Orden de Calatrava (1917). La crisis de la Restauración constituyó la etapa final del periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII en España. No existe un consenso en cuanto al año exacto del inicio de la crisis del régimen político de la Restauración, aunque se suele situar un poco antes o un poco después de 1914, según se conceda mayor o menor relevancia al impacto de la Primera Guerra Mundial en España, a pesar de que se mantuvo neutral durante todo el conflicto. Sí que existe acuerdo en considerar que un momento clave de la misma fue la crisis española de 1917 y que su final se produjo en septiembre de 1923 con el triunfo del golpe de Estado que dio paso a la dictadura de Primo de Rivera.
El inicio de la crisis y el impacto en España de la Gran Guerra
Según el historiador Manuel Suárez Cortina, «los efectos sociales y políticos de la guerra representaron un factor decisivo en la crisis definitiva del sistema parlamentario tal como venía funcionando desde 1875. La escasez de alimentos, el dislocamiento económico, la miseria social, la precariedad y la inflación estimularon el despertar político y la militancia ideológica de las masas. Bajo estas condiciones, la modalidad clientelar y caciquil de la política española se descompuso. Tras la guerra ya no fue posible restaurar el viejo orden». La historiadora Ángeles Barrio, por su parte, afirma que la guerra «no fue sin embargo la causa inmediata del hundimiento del bipartidismo. El sistema de partidos estaba ya en descomposición cuando estalló la contienda, y la coyuntura especial de la neutralidad sólo aceleró su declive en medio de un ambiente progresivamente crítico contra el régimen. Era la sociedad la que, en pleno proceso de cambio, comenzaba a reclamar el derecho efectivo a la representación, el final definitivo de la vieja política, con lo que ello suponía de amenaza de impugnación para el sistema». thumb|Alfonso XIII de visita en París en 1913, un año antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Sentado a su lado el presidente de la Tercera República Francesa Raymond Poincaré. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 el gobierno conservador de Eduardo Dato decidió mantener a España neutral, porque en su opinión, compartida por la mayoría de la clase dirigente, carecía de motivos y de recursos para entrar en el conflicto. El rey Alfonso XIII también estuvo de acuerdo y muy pocos se opusieron a la neutralidad. España era un Estado de segundo rango, que carecía de la potencia económica y militar suficiente como para presentarse como un aliado deseable a cualquiera de las grandes potencias europeas en conflicto —Alemania y Austria-Hungría, por un lado; Gran Bretaña, Francia y Rusia, por otro—. Así lo reconoció el primer ministro Dato en una nota dirigida al rey:
La neutralidad tuvo importantes consecuencias económicas y sociales ya que impulsó enormemente el proceso de «modernización» que se había iniciado tímidamente en 1900, debido al aumento considerable de la producción industrial española a la que de repente se le abrían nuevos mercados —los de los países beligerantes, y los de los países que éstos ya no podían abastecer—. Sin embargo la inflación se disparó mientras que los salarios crecían a un ritmo menor y se produjeron carestías de los productos de primera necesidad, como el pan, lo que provocó motines de subsistencias en las ciudades y el aumento de los conflictos laborales protagonizados por los dos grandes sindicatos, CNT y UGT, que reclamaban aumentos salariales que frenaran la disminución de los salarios reales. Según los datos del Instituto de Reformas Sociales en 1916 los precios de los productos básicos se habían incrementado entre un 13,8% la leche hasta un 57,8% el bacalao, pasando por un 24,3% el pan, un 30,9% los huevos o un 33,5% la carne de vacuno.
La vuelta de los liberales al poder y el aumento de la conflictividad social (1915-1917) thumb|left|Santiago Alba, ministro de Hacienda del gobierno del conde de Romanones que fracasó en su intento de establecer un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la guerra. Siguiendo los usos del turno, en diciembre de 1915 el liberal conde de Romanones sustituyó al conservador Eduardo Dato al frente del gobierno. En seguida se procuró una mayoría amplia en las Cortes en las elecciones del año siguiente gracias al acuerdo que alcanzó con el líder conservador en el reparto de escaños del encasillado. «Con proverbial habilidad, Romanones pudo preparar unas elecciones que dieron satisfacción a todas las facciones, cada vez más numerosas, de los partidos dinásticos» y también «al creciente número de diputados con distrito propio, los que disponían de suficiente arraigo en su distrito como para no entrar en las negociaciones para el encasillado», afirma Santos Juliá. Romanones incluyó en su gobierno al liberal regeneracionista Santiago Alba como ministro de Hacienda, quien propuso en junio de 1916 la creación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la guerra, con el que financiar un amplio programa de obras públicas, pero se encontró con la radical oposición de la patronal, especialmente la vasca y la catalana, y la del líder de la Liga Regionalista Francisco Cambó. Finalmente Romanones no apoyó a su ministro y la reforma fiscal se frustró.
El gobierno de Romanones tuvo que hacer frente también a la creciente conflictividad social protagonizada por la CNT y la UGT, las dos grandes organizaciones obreras que habían nacido o se habían consolidado en esa segunda década del siglo, cuando «sus afiliados comenzaron a contarse por decenas de miles», como ha destacado Santos Juliá. Los motivos fundamentales eran el deterioro de los salarios reales, como consecuencia de la inflación —los precios entre 1913 y 1918 crecieron un 118% mientras que los salarios solo aumentaron un 25%— y los desabastecimientos con los consiguientes motines de subsistencias.
En mayo de 1916 la UGT acordó en su XII Congreso llegar a un pacto con CNT para desarrollar acciones conjuntas. Una resolución similar acordó la CNT en su congreso celebrado en Valencia en mayo. El resultado fue la firma en julio de 1916 del llamado Pacto de Zaragoza entre las direcciones de las dos organizaciones obreras. La respuesta del gobierno de Romanones fue ordenar detener a los firmantes del pacto. Eso no impidió que CNT y UGT pactaran el 26 de noviembre convocar una huelga general en toda España para el 18 de diciembre en protesta por el aumento de los precios y los desabastecimientos.
La huelga fue un éxito por lo que las dos organizaciones decidieron en marzo del año siguiente preparar otra, esta vez «indefinida» y, por tanto, «revolucionaria», cuyo fin sería «una transformación completa de la estructura económica del país y de la estructura política también».
En abril de 1917, un mes después de la caída del zarismo, el gobierno del liberal Romanones, reconocido aliadófilo, cayó debido a su postura beligerante respecto del hundimiento de barcos mercantes españoles por submarinos alemanes —lo que suponía el acercamiento a los aliados— que no fue apoyada por una parte de su partido y tampoco por el rey, quien durante la guerra había girado hacia posiciones cercanas a los germanófilos, los más firmes defensores de la estricta neutralidad, aunque había montado en palacio una Oficina Pro Cautivos que se ocupó de los prisioneros de ambos bandos. En un largo memorándum entregado al rey tras su cese al frente del gobierno, Romanones le explicaba que él habría sido partidario de un acercamiento a los aliados pero que había mantenido una política de neutralidad a la que Alemania había respondido de forma hostil con el hundimiento de barcos mercantes españoles y la agitación en Marruecos.
A Romanones le sustituyó el también liberal Manuel García Prieto, considerado más próximo a los Imperios Centrales que su antecesor. Pero su gobierno solo duró tres meses a causa de la grave crisis a la que tuvo que hacer frente provocada por el órdago que lanzaron las recién creadas Juntas de Defensa.
La crisis de 1917
Las Juntas de Defensa El desencadenante inicial de la crisis de 1917, «la peor crisis que había experimentado desde sus orígenes el régimen constitucional de la Restauración» según Moreno Luzón, fue el problema planteado por el movimiento de las "Juntas de Defensa", nacidas en 1916. Eran éstas unas organizaciones corporativas de los militares con destino en la península que reclamaban el aumento de sus salarios —la inflación también estaba afectando a la oficialidad— y que también protestaban por los rápidos ascensos por méritos de guerra que obtenían sus compañeros destinados en Marruecos, y que gracias a ellos podían aumentar sus ingresos. thumb|Manuel García Prieto, presidente del gobierno que se opuso a la legalización de las Juntas de Defensa pero que se vio obligado a dimitir por la falta de apoyo del rey Alfonso XIII. Las juntas exigían su reconocimiento legal a lo que se oponía el gobierno. En abril de 1917 cayó Romanones siendo sustituido por un gobierno presidido por el también liberal Manuel García Prieto, cuyo ministro de la guerra, el general Francisco Aguilera y Egea ordenó la disolución de las juntas. La tensión entre el gobierno y las juntas llegó a su clímax en la última semana de mayo. El 1 de junio la Junta de Defensa de Barcelona presentó un escrito al capitán general de Cataluña en el que exigía la puesta en libertad de los oficiales detenidos por pertenecer a las juntas y el reconocimiento de las mismas y amenazaba con romper la disciplina si no se aceptaban sus demandas.
El rey se puso del lado de las juntas «aunque para ello tuviera que desautorizar a su ministro de Defensa y cambiar el gobierno liberal por uno conservador, en un último intento de normalizar la situación». Según Moreno Luzón, «el rey, que al comienzo había respaldado a sus ministros,... puesto en la tesitura de elegir entre la afirmación del poder civil y la simpatía de los estratos intermedios del ejército, inclinó la balanza en pro de estos últimos, a los que cubrió de elogios por su encomiable patriotismo». Cayó el gobierno de García Prieto y «se formó uno conservador, bajo la presidencia de Dato, que se apresuró a claudicar mediante la aprobación del reglamento juntero». Así pues, lo ocurrido en 1905-1906 con los hechos del ¡Cu-Cut! y la posterior aprobación de la Ley de Jurisdicciones volvió a repetirse en 1917: los militares apelaron al rey y éste se puso de nuevo de su parte; obligó al gobierno a dimitir, sustituyéndolo por otro presidido por el conservador Eduardo Dato, el cual suspendió las garantías constitucionales, censuró la prensa y aceptó el reglamento de las "Juntas de Defensa". Además cerró las Cortes a los pocos días.