thumb|Manuel García Prieto, presidente del último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII El último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII se formó en España el 7 de diciembre de 1922 bajo la presidencia del liberal Manuel García Prieto. Solo estuvo nueve meses en el poder porque el golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923 puso fin al periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII. Sin embargo, la valoración de la actuación de este gobierno ha sido y es objeto de un importante debate historiográfico ya que de ella depende la interpretación del golpe de Estado de Primo de Rivera: ¿puso fin a un sistema moribundo, como afirman los historiadores pesimistas, o abortó el proceso de democratización del régimen político de la Restauración, como afirman los optimistas?.
La llegada al poder de la Conjunción Liberal
A comienzos de 1922 las cinco facciones en que se había dividido el Partido Liberal —de mayor a menor peso, las encabezadas por Manuel García Prieto, el conde de Romanones, Santiago Alba, Rafael Gasset Chinchilla y Niceto Alcalá-Zamora—, iniciaron un proceso de reagrupamiento que culminó el 8 de abril con la presentación de un programa conjunto en un acto celebrado en el Palacio del Senado. "Allí se anunció el propósito de reformar la Constitución a fin de limitar la discrecionalidad del gobierno para suspender las garantías, asegurar la libertad de conciencia, democratizar el Senado y garantizar la independencia del Poder Judicial. En Marruecos, se reduciría la actividad militar y se dotaría al protectorado de una administración civil. Y se acometería una reforma fiscal y una reducción del gasto público para paliar el déficit del Estado. Era un programa de liberalismo clásico".
En las semanas siguientes se formalizó la alianza de las cinco facciones, dando nacimiento a la Conjunción Liberal, de la que también formó parte el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Como ha señalado el historiador Julio Gil Pecharromán, "no se trataba de la fusión en un solo partido, sino de una confederación de grupos de muy distinto peso, en la que cada uno intentaría mantener su independencia, aunque colaborando con los otros". El último en sumarse a la Conjunción fue el conde Romanones.
El 24 de noviembre de 1922 se debatió en el Congreso de los Diputados la cuestión de las responsabilidades por el desastre de Annual a partir del informe elaborado por una Comisión Parlamentaria de 21 miembros que había estudiado el expediente Picasso. El portavoz liberal en esta ocasión fue Niceto Alcalá-Zamora quien exigió que se depuraran las responsabilidades políticas –pero no las penales como pedían los diputados republicanos y socialistas- de los miembros del gobierno conservador de Manuel Allendesalazar que estaba en el poder cuando ocurrió el desastre. La propuesta supuso un duro golpe para el gobierno conservador de José Sánchez Guerra porque dos de los ministros de Allendesalazar, que eran también miembros del gabinete de Sánchez Guerra, y un tercero, Gabino Bugallal, que era el presidente del Congreso de Diputados, dimitieron, a pesar del apoyo que les ofreció el presidente del gobierno Sánchez Guerra. El 5 de diciembre, tras un agrio debate en el Congreso sobre la cuestión de las responsabilidades, Sánchez Guerra presentó su dimisión al rey. Solo hora y media después Alfonso XIII nombraba a Manuel García Prieto presidente del gobierno. "Durante cuatro años, los liberales habían luchado para recuperar las riendas del Estado… Ahora tendrían la ocasión de poner en marcha las reformas prometidas, que recuperasen la confianza popular en el sistema político y sacaran al país del marasmo en que le había sumido la prolongada crisis social y política", comenta Julio Gil Pecharromán.
El 7 de diciembre se constituyó el nuevo gobierno, del que formaban parte todos los líderes de las facciones que habían constituido la Conjunción Liberal, aunque el reformista Melquiades Álvarez no quiso ser ministro y el puesto reservado a su partido, la cartera de Hacienda, fue ocupado por José Manuel Pedregal. Junto a García Prieto que detentaba la presidencia, estaban Santiago Alba, ministro de Estado; el conde de Romanones, en Gracia y Justicia; Rafael Gasset, en Fomento; y Niceto Alcalá-Zamora, al frente del ministerio de Guerra. Junto a ellos, el garcíaprietista duque de Almodóvar del Valle, en Gobernación; Luis Silvela, en Marina; el romanonista Joaquín Salvatella en Instrucción Pública; y el albista Joaquín Chapaprieta en Trabajo. "Era, propiamente, un Gabinete de concentración… Sus pesos pesados estaban dispuestos a tolerarse mutuamente, pero solo hasta cierto punto".
El programa reformista del nuevo gobierno
Según el historiador Eduardo González Calleja, el gobierno presentó un "ambicioso programa de reformas: ley agraria, reafirmación del poder civil con un cambio de política en Cataluña y Marruecos, fomento de las obras públicas, reducción del déficit presupuestario mediante una reforma fiscal progresiva que incluía la implantación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de guerra y legalización de todas las organizaciones obreras dentro de una política laboral de acusado tono intervencionista, que preveía el arbitraje obligatorio de los conflictos, la participación obrera en los beneficios de las empresas o la creación de los fondos de pensiones".
El programa del gobierno también incluía la reforma de la Constitución de 1876. Concretamente del artículo 11 (con el establecimiento de la libertad de cultos), el 17 (limitación del poder del Gobierno para la suspensión de las garantías constitucionales), 20-22 (democratización del Senado, transformado en una especie de cámara de representación corporativa) y 32 (obligación de reunir las Cortes cuatro meses al año). La reforma constitucional se completaba con el establecimiento del sistema de representación proporcional.
Según Shlomo Ben Ami, el programa reformista del gobierno respondía al hecho de que el "sistema bipartidista [de la Restauración] ya no representaba, suponiendo que los hubiese representado alguna vez, los complejos anhelos políticos y sociales de una sociedad cambiante". Así el gabinete de García Prieto "se caracterizó realmente por su intento de responder a las demandas populares". Como dijo el propio García Prieto, su gobierno tenía que responder a las presiones de la «opinión española, cada vez más decidida a vernos exigir responsabilidades ministeriales» y por ello, según Ben Ami, "se lanzó a una política de democratización y reforma que alarmó a los intereses creados".
En efecto, el programa reformista encontró en seguida la oposición de los poderes fácticos (Ejército, Iglesia, Corona, burguesía industrial) y de los otros partidos del sistema (conservadores, mauristas, Lliga Regionalista, Partido Social Popular), y también de los de fuera del él, como socialistas y republicanos.
El resultado fue que "el programa reformista pronto se fue diluyendo en la inoperancia y las claudicaciones", "aunque la opinión pública comenzó a tomar mayor interés por las cuestiones parlamentarias". Shlomo Ben Ami reconoce que "los resultados prácticos de la nueva política del gobierno" "fueron escasos", pero "lograron suscitar los temores de los conservadores", especialmente contra el ministro de Estado Santiago Alba, a quien se recordaría como el iniciador de una ofensiva contra «la religión, la propiedad y el ejército».
Las elecciones del 29 de abril de 1923
Como desde diciembre de 1922 las Cortes estaban suspendidas, el gobierno obtuvo del rey los decretos de disolución y de convocatoria de elecciones para el día 29 de abril. El día 6 de ese mes el gobierno presentó su programa electoral en que el punto fundamental era la democratización del sistema político, mediante la reorganización del Senado, la regulación de la suspensión de las garantías constitucionales, el mantenimiento de las sesiones de las Cortes al menos cuatro meses al año, etc.
Sin embargo, el gobierno no se arriesgó a perder las elecciones y recurrió a la vieja política para conseguir una mayoría amplia en las Cortes. Entonces se desató la lucha en el seno de la Conjunción Liberal entre las seis facciones que la integraban, buscando cada una la mayor cantidad de puestos posibles en el encasillado para aumentar su peso político en la coalición y satisfacer las expectativas de las respectivas clientelas (los "amigos políticos"). Como el ministerio de la Gobernación, que era el que distribuía los diputados en el encasillado, estaba ocupado por un garcíaprietista y albistas, romanonistas y reformistas tenían bases territoriales sólidas, los grandes sacrificados fueron los zamoristas y los gassetistas".
Así pues, las esperanzas depositadas en el nuevo gobierno de que llevaría a cabo una democratización real del sistema se vieron frustradas. El día 22 de abril se proclamaron las candidaturas que habían resultado elegidas en virtud del artículo 29 de la ley electoral al haberse presentado un único candidato en la circunscripción, y que fueron nada menos que 146 (86 liberales y 50 conservadores), por lo que más de un tercio del electorado fue privado de su derecho al voto (hubo provincias completas, como la de Córdoba, en la que no se votó porque en los diez distritos que la integraban solo se presentó un candidato). En los distritos que sí hubo elecciones intervino el sistema caciquil para que salieran elegidos los diputados que habían sido designados en el encasillado, con lo que las elecciones solo fueron auténticas en las grandes ciudades, como Madrid, donde sorprendentemente ganaron los socialistas. Así fue como la Concentración Liberal logró la esperada mayoría absoluta: 220 diputados frente 121 conservadores, 11 republicanos, 7 socialistas, 6 carlistas y 22 pertenecientes a diferentes grupos regionalistas. De los 220 diputados liberales 96 fueron garcíaprietistas, 48 romanonistas, 40 albistas, 20 reformistas, 8 gassetistas y otros 8 zamoristas.
A pesar del método antidemocrático de elección de las Cortes, estas, según Shlomo Ben Ami, "ejercieron sus funciones más concienzudamente y con mayor energía que en cualquier tiempo anterior desde la restauración", como reconocieron los socialistas que declararon que el parlamento estaba «haciendo efectiva una función democrática que hasta entonces había sido un simulacro sarcástico», y como puso en evidencia el debate sobre las responsabilidades por la derrota de Annual, que según el socialista Indalecio Prieto, fue «un síntoma de la redención del parlamento español». Una opinión compartida por el presidente del Congreso de los Diputados, Melquiades Álvarez, quien afirmó que las sesiones de las Cortes en que se habían debatido la cuestión de las responsabilidades, «honraban al régimen parlamentario» y que entonces las Cortes «empezaron a adquirir el sentido de ser un órgano de opinión». Una valoración sostenida también por los republicanos Eduardo Ortega y Gasset, quien dijo que el golpe de Primo de Rivera había impedido un proceso de «madurez nacional», y Marcelino Domingo, quien afirmó que «las Cortes se volvieron una institución demasiado rebelde para los poderes autocráticos». El embajador británico escribió a su gobierno que en España la opinión pública «se ha hecho sentir incuestionablemente» y el conservador Juan de la Cierva reconoció que el debate de las responsabilidades tenía «la virtud de elevar el espíritu del pueblo».