La Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno de Alan García Pérez, como Presidente de la República, durante el período gubernamental 2006-2011 (llamada popularmente la Megacomisión) es un comité de investigación a cargo del Congreso de la República del Perú, presidida por el congresista Sergio Tejada hacia el segundo periodo del exmandatario García Pérez.
Los procedimientos aluden que una vez que culmine la pesquisa, otorgando las garantías constitucionales a las que tiene derecho todo ciudadano, los informes se discutirán en el pleno del Parlamento. A este respecto, que consta de acusaciones varias, cabe anotar que una sentencia ratificada por el Poder Judicial, amparó derechos reclamados por el expresidente Alan García, razón por lo que anuló lo actuado en su contra. El juez que otorgó la acción de amparo fue sancionado por su vinculación con los Cuellos Blancos del Puerto.
Integrantes
Tras su creación, hubo constantes recomposiciones. En un principio, Gana Perú designó a Javier Diez Canseco (aliado del gobierno), a Omar Chehade y Sergio Tejada (congresista del partido de gobierno) como sus miembros, pero, debido a los cuestionamientos de parcialidad manifestada dentro de la comisión que formularon apristas y fujimoristas, el congresista Javier Diez Canseco, quien falleció el 2013, renunció a ser parte del grupo. Chehade, congresista del gobierno también dimitió después del escándalo de las Brujas de Cachiche. Además, Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional), quien también iba a ser parte de la comisión, quedó fuera por la forma como se repartieron los cupos. Luego hubo algunos cambios por decisión de las bancadas, pero menores. Desde que se instaló, el 21 de noviembre de 2011, el presidente ha sido Sergio Tejada del partido de gobierno y reconocido enemigo político de Alan García.
Informes
Todos los informes de la Comisión tienen recomendaciones y conclusiones. Las partes que implicaban a García no fueron consideradas a resultas de una sentencia judicial al haberse violado derechos constitucionales del expresidente. En tanto, los informes siguieron su curso legal.
Colegios Emblemáticos
El 7 de junio de 2012, la megacomisión aprobó el informe sobre los colegios emblemáticos y, en sus conclusiones, recomienda denunciar constitucionalmente a los exministros José Antonio Chang Escobedo (Educación), Yehude Simon (PCM) y Pedro Sánchez (Energía y Minas), por haber firmado el Decreto de Urgencia 004-2009, este no respondió a una situación de emergencia y que fue emitido sin sustento técnico ni legal, razón por la que se habría vulnerado el inciso 19 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y lo señalado por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En medio de un debate intenso los acusadores sostienen que el documento, el DU 004-2009, permitió la elección sin concurso público de empresas para que remodelen estos centros educativos, el 40% de las obras se hicieron bajo la modalidad de Concurso – Oferta, es decir, la misma empresa elaboraba el expediente técnico y ejecutaba las obras. En este decreto se incluyó la remodelación del Estadio Nacional mediante una fe de erratas al decreto. De las 15 obras de remodelación que se hicieron en Lima, 10 fueron adjudicadas a la constructora DH Mont.
Cabe anotar que este mismo dispositivo que los congresistas gubernamentales sostienen que es ilegal, ha seguido siendo usado por el gobierno de Ollanta Humala, razón, entre otras por la que los congresistas Carlos Tubino y Pedro Spadaro, ambos de Fuerza 2011, y Enrique Wong, de la Alianza por el Gran Cambio (APGC), no estuvieron de acuerdo con la acusación constitucional contra el exmandatario y los exministros y firmaron el informe final con reservas y observaciones a su contenido.
Agua para todos
En el segundo gobierno de García se llevó a cabo el programa Agua para todos, destinado a abastecer de agua potable a la población urbana y rural de diversos departamentos del país, de acuerdo al informe de la comisión, se dio ‘luz verde’ a una declaración de emergencia que permitió -dentro del programa Agua para todos- acortar plazos y evadir controles con el propósito de adjudicar obras e inflar costos, sin fiscalización.
Según el informe, los exministros Del Castillo y Garrido Lecca habrían vulnerado el artículo 125 de la Constitución, el cual señala que el Consejo de Ministros tiene la atribución de aprobar los proyectos de ley y los decretos de urgencia que el presidente firma. Los exfuncionarios mencionados habrían transgredido este precepto al promulgar la Ley 28870 (Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento). Resulta que el antecesor de García, Alejandro Toledo, había observado la autógrafa de esta norma.
Lo cierto es que se promulgó la ley y al amparo de esta norma, se promulgaron después otras normas, como el D. S. 020-2006-Vivienda, que declara en emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento; y el Decreto de Urgencia 14-2007, que hace lo mismo con proyectos de inversión. Estos dispositivos, al acelerar los proyectos de saneamiento, dicen los acusadores que generó se entreguen proyectos a dedo y, en segundo lugar, pérdidas al Estado por la mala elaboración de expedientes técnicos, cuando en realidad y, sin perjuicio de sancionar a responsables de la aplicación de la norma, se pudo dinamizar la inversión atender la necesidad vital de millones de peruanos.
La megacomisión recomienda denunciar a los exministros mencionados, pero no habiéndose realmente concluido el debate la manifestación de centenares de lugares que gozan de agua y desagüe gracias a "Agua para todos" muestra la evidencia de un proyecto que realmente le cambió la vida a millones de peruanos al brindarles estos servicios básicos. si bien el documento añade que habrían incurrido en la figura de asociación ilícita para delinquir contemplada en el artículo 317 del Código Penal, abogados de reconocida especialidad, no han respaldado tal conclusión.
Una investigación de la revista Poder desenmascaró el modus operandi de Coopex, una cooperativa que pertenecía al ahora encarcelado empresario Rodolfo Orellana Rengifo, la cual fue una de las mayores beneficiadas con este programa del Estado mediante la otorgación de cartas fianza falsas. Coopex ayudaba a empresas constructoras a ganar las licitaciones para 'Agua para todos'. Luego estas empresas pedían un "adelanto" para empezar las operaciones y, de manera completamente irregular, el gobierno aprista les otorgaba dicho adelanto. Tras recibir el dinero las empresas desaparecían. Por su parte, Coopex desconocía las cartas fianza.
Vínculos de Alan García con la empresa Abengoa
Tejada solicitó que se indague la relación de Alan García con la empresa española Abengoa, que durante su segundo gobierno obtuvo contratos por más de S/.300 millones en Agua para Todos. Refirió que Alan García reconoció ser consultor de Abengoa desde el año 2013, con carácter remunerado, en el tema de cambio climático.
Interferencia Política en BTR
El tercer informe, en que la megacomisión analizó el Caso Business Track S.A.C., también recomienda acusar constitucionalmente a los exministros Del Castillo, Garrido Lecca e Hidalgo. Según el documento, existen indicios suficientes para determinar que interfirieron en la investigación policial y fiscal del ‘chuponeo’ telefónico, en el 2009.
Para el grupo que dirige Tejada (Gana Perú), aun cuando el caso esta judicializado, los exfuncionarios habrían incurrido en los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento personal, obstrucción de la justicia, entre otros bajo un razonamiento de claro tinte político que además, no ha sido comprobado: “Se habría interferido con la fiscal (Gladys) Echaíz para orientar la investigación de determinadas formas para que pase de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) a la Dirección Antidrogas (Dirandro) donde él tenía una cercanía con el entonces jefe MiguelHidalgo Medina", una simple declaración testimonial sin ninguna comprobación sustenta esta acusación.
Pero el informe advierte además que existen “indicios suficientes” de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir (tipificada en el artículo 317 del Código Penal)que no presenta y agrega que el propio partido aprista “evito el conocimiento público de las grabaciones telefónicas que mostrarían la interferencia en los contratos de las empresas estatales, una especulación sobre la que no se aporta ninguna prueba.
Situación de Walter Orestes, fiscal a cargo de la investigación preliminar del Caso BTR
También que el fiscal Walter Orestes Milla López –quien tuvo a su cargo la investigación preliminar del Caso BTR– también incurrió en ilícitos penales como por ejemplo encubrimiento personal y omisión del ejercicio de la acción penal. Esto por haber excluido del proceso penal en el cual se investigaron los hechos de escucha e interceptación telefónica a Ismael Medardo Matta Uribe, quien informó a Luis Amengual Rebaza sobre las interceptaciones telefónicas que se realizaba en la empresa Business Track S.A.C..
El fiscal también habría incurrido en el delito de encubrimiento real, “al ocultar un USB de 1 GB de capacidad entregado por Ismael Matta Uribe en su condición legal de “colaborador eficaz”. Dicho dispositivo contenía dos audios y trece transcripciones de audios obtenidos en una interceptación telefónica ilegal que no fue anexada al expediente, “pese a tener validez probatoria”.
Situación de Jorge del Castillo, ex primer ministro
Al ex primer ministro Jorge del Castillo se le denuncia por presunto delito de encubrimiento personal. Esto es, por haber promovido la salida del país de Ismael Matta Uribe y de Luis Amengual Rebaza para ocupar puestos de confianza en el Consulado del Perú en Estados Unidos. Según las indagaciones de la megacomisión, Matta Uribe y Amengual Rebaza viajaron el 4 de marzo de 2009 y el 1 de marzo del mismo año, respectivamente, a Estados Unidos “cuando no había concluido el procedimiento de colaboración eficaz”.
En ambos casos –dice el informe–, el fiscal Milla López archivó dicho procedimiento “sin denunciarlo y así evitó involucrarlo como parte de la investigación que se seguía en contra de los miembros de la empresa BTR”.
Situación de Miguel Hidalgo, exjefe de la Dirandro
En el caso del exjefe de la Dirandro Miguel Hidalgo Medina, la comisión dice haber encontrado indicios razonables de la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales (tipificado en el artículo 377 del Código Penal) basado en que se "habría negado" a informar sobre la investigación policial que estaba bajo su dirección a sus superiores jerárquicos, al entonces director general de la Policía Nacional, general PNP Mauro Remicio Maguiño y al ministro del Interior de esa época, Remigio Hernani Meloni.
Implicados en Interceptaciones de comunicaciones
La Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó a siete años de prisión efectiva a los principales implicados en el Caso, Elías Manuel Ponce Feijoo, exgerente de BTR, y Carlos Tomasio de Lambarri, exoficial de inteligencia de la Marina; mientras que Giselle Giannotti, especialista en seguridad informática, recibió una pena efectiva de cinco años. Esto, por los delitos de interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir.
Los magistrados determinaron que Elías Ponce dirigió la organización ilícita dedicada a las interceptaciones ilícitas, mientras que Giselle Giannotti negociaba la información obtenida y Carlos Tomasio es un hacker que adquiría, además, los equipos de chuponeo.