El acuerdo del Lago Meech (en inglés Meech Lake Accord y en francés Accord du lac Meech) fue un proyecto fallido de reforma de la Constitución de Canadá pactado entre el gobierno federal, presidido por Brian Mulroney, y las diez provincias del país. Su contenido tenía un carácter descentralizador, y pretendía conseguir la ratificación de la Constitución en la provincia de Quebec y aumentar así el apoyo al federalismo en la provincia. El rechazo al acuerdo creó una crisis territorial y dio un mayor impulso al soberanismo quebequés, desembocando en el referéndum sobre la soberanía de 1995.
Antecedentes
La provincia de Quebec sufrió grandes transformaciones económicas y sociales durante la década de 1960, que recibieron el nombre de revolución tranquila. El proceso dotó de más peso al sector público en la economía y supuso una liberalización cultural y política. Estos cambios trajeron como consecuencia un notable auge del nacionalismo quebequés, que denunciaba la situación desigual del Canadá francófono. Su éxito condujo a una amplia victoria del Partido Quebequés en las elecciones de 1976 y a cambios en el sistema de partidos de la provincia. Sin embargo, su principal propósito, transformar Quebec en un estado soberano asociado con Canadá, fracasó estrepitosamente en un referéndum celebrado en mayo de 1980.
En octubre de ese año, el primer ministro Pierre Trudeau, de ideología federalista, anunció su propósito de «repatriar» la Constitución de Canadá. El texto constaba de una serie de leyes y convenciones que aún requerían la aprobación del Parlamento británico para su reforma. Este proceso formaba parte de sus promesas de campaña en el referéndum, e incluía la aprobación de una carta de derechos fundamentales. Para ello, se convocó una Conferencia Constitucional en 1981, que alcanzó un acuerdo la noche del 4 de noviembre. Ese pacto constituyó la base de la Ley sobre la Constitución de 1982, instrumentada como una enmienda de la Ley sobre la Norteamérica Británica.
Sin embargo, el pacto de enmienda no contó con la participación ni el apoyo de Quebec. Su gobierno nacionalista denunció la madrugada en la que se llegó el acuerdo como una noche de los cuchillos largos. Por ello, el primer ministro René Lévesque y la Asamblea Nacional de Quebec rechazaron su ratificación. Además, la provincia impugnó la constitucionalidad del procedimiento, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Canadá que reconocía el derecho a consulta vinculante de las provincias en los procesos de reforma constitucional. En respuesta a dicho recurso, el alto tribunal dictaminó que Quebec carecía de la legitimación jurídica y constitucional para vetar la reforma. Como la sentencia fue publicada durante la tramitación de la reforma en el Parlamento británico y poco antes de su promulgación, Quebec fue la única provincia canadiense que no apoyo el proceso de “repatriación”.
Una serie de cambios de gobierno en Canadá y Quebec favorecieron la posibilidad de un acuerdo para zanjar la controversia. A nivel federal, los liberales sufrieron una gran derrota frente al líder conservador Brian Mulroney. Este prometió integrar a Quebec en la Constitución «con honor y entusiasmo», con un modelo territorial cooperativo y proclive al diálogo con las provincias. Esta postura condujo a una división entre nacionalistas ortodoxos y posibilistas en Quebec. Como consecuencia, René Lévesque, que había apoyado las negociaciones con Mulroney con una propuesta de veintidós puntos, presentó su dimisión. Tras elecciones anticipadas, el Partido Liberal de Quebec, liderado por Robert Bourassa, puso fin a ocho años de gobierno del Partido Quebequés y condujo a una postura más posibilista.
En su programa electoral, Bourassa establecía cinco demandas clave para que Quebec “entrara” dentro de la Constitución. Estas incluían el reconocimiento de veto constitucional a la provincia, competencias compartidas en materia de inmigración, consulta y participación en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo procedentes de Quebec, límites al gasto público federal en materias de competencia provincial, o el reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta dentro de Canadá. Estas condiciones fundamentaron el inicio de negociaciones entre ambos gobiernos y su satisfacción se estableció como un requisito para iniciar un proceso de reforma constitucional en agosto de 1986.
Versión preliminar del acuerdo El acuerdo fue negociado el 30 de abril de 1987 en una reunión entre Mulroney y los primeros ministros provinciales en la Casa Willson, a las orillas del lago Meech, situado en las Colinas de Gatineau (cercanas a Ottawa). Las negociaciones tuvieron lugar de forma directa entre los diferentes líderes, sin asistencia de asesores. Los participantes aceptaron las cinco demandas del gobierno de Quebec y añadieron un acuerdo para reformar el sistema de elección del Senado de Canadá. Las conclusiones acordadas fueron:
Un mandato a todas las autoridades federales y provinciales para comenzar el proceso de reforma constitucional. Otorgar competencias compartidas a la provincia de Quebec en cuanto a selección de inmigrantes y refugiados y cuotas de inmigración, y la eliminación de los servicios federales de inmigración en Quebec, salvo en materia de nacionalidad. Permitir acordar con otras provincias idénticos repartos competenciales. Establecer, hasta una reforma total del Senado, que el nombramiento de senadores provenga de listas propuestas por las provincias y dictaminadas favorablemente por el Consejo Privado de la Reina, en vez de por designación directa del primer ministro. El reconocimiento de la francofonía como un hecho diferencial de Canadá, sin perjuicio del papel de las personas anglófonas en la sociedad canadiense y en la de Quebec. El establecimiento de una cuota de al menos tres miembros de la Corte Suprema provenientes de Quebec y el nombramiento de nuevos jueces a propuesta de las provincias, en vez de por designación directa del primer ministro. El reconocimiento de compensación económica a las provincias que decidan no ejecutar programas federales que afecten a competencias propias, siempre y cuando desarrollen programas con fines idénticos en ejercicio de sus competencias. El establecimiento de conferencias sectoriales en materia económica. Un nuevo procedimiento de reforma constitucional cualificada por unanimidad en una serie de materias como la Jefatura del Estado, los límites provinciales, la admisión de nuevas provincias, el reparto de representantes en la Cámara de Comunes o la elección del Senado, entre otras. La convocatoria de conferencias constitucionales de carácter anual desde 1988 para la reforma del Senado, el establecimiento de la política pesquera y cuantas otras materias se acuerden.
Reacciones El acuerdo causó sorpresa por la rapidez con la que las partes lo alcanzaron. Ello dificultó la fijación de estrategias por los distintos grupos de presión. Las principales fuerzas políticas de Canadá (Partido Progresista Conservador, Liberal y Nuevo Partido Democrático) manifestaron su apoyo a los términos pactados.
La oposición vino principalmente del ex primer ministro Pierre Trudeau. Trudeau criticó duramente el acuerdo en una carta publicada en los periódicos Toronto Star y La Presse el 24 de mayo de 1987. La misiva denunciaba el oportunismo de los firmantes y abordaba los peligros del acuerdo. Según la pieza, la reforma constitucional permitía dividir Canadá en dos sociedades irreconciliables, o limitar la eficacia de los derechos fundamentales bajo premisas nacionalistas. De esta forma, la federación de Canadá quedaba profundamente debilitada y a merced de las provincias.
La postura de Trudeau actuó como un vehículo para la organización de otras personas opuestas al Acuerdo. Además, las contradicciones que evidenció crearon debates en grupos favorables al el pacto constitucional, como las minorías étnicas, los grupos nativos y los colectivos feministas. Asimismo, el Partido Liberal quedó dividido, debilitando el liderazgo del ex primer ministro John Turner.
Acuerdo definitivo La intervención de Trudeau en el debate alargó las negociaciones sobre la versión final del acuerdo. El acto de firma tuvo lugar el 2 de junio de 1987. Pese a estar previsto como un evento ceremonial, se convirtió en una negociación de 19 horas.
Los primeros ministros de Manitoba y Ontario intentaron conseguir cambios en los términos pactados. En el caso de Manitoba, se buscó garantizar un mayor peso del gasto público federal. Por su parte, Ontario intentó moderar también las referencias al hecho diferencial francófono. El primer ministro era el único miembro del Partido Liberal de la Conferencia, y su partido era cada vez más crítico con lo acordado. Ambos líderes intentaron negociar de manera conjunta para evitar que sus provincias fueran acusadas de haber roto el pacto.
El resto de líderes se reafirmaron en lo acordado frente a la intromisión de Trudeau en las negociaciones.Pese a todo, hubo cambios en los términos de la reforma constitucional. Se garantizó que el reconocimiento de Quebec como sociedad diferenciada no afectaría a la eficacia de los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. Además, se añadieron salvaguardas adicionales a los derechos de las minorías y de los grupos nativos. El gasto público federal en materias de competencia provincial quedó más restringido en la versión final del acuerdo.
La votación final tuvo lugar de madrugada y rompió con el protocolo, al no seguir el criterio de antigüedad en la Federación a la hora de votar. Finalmente, Manitoba y Ontario dieron su consentimiento al nuevo acuerdo. En la ceremonia de firma, el primer ministro de Quebec, Robert Bourassa, anunció entre aplausos que su provincia volvía a ser parte de Canadá.
Posturas
A favor Los defensores del Acuerdo aludían a su simplicidad y a su capacidad para fortalecer el sistema territorial canadiense sin cambiarlo radicalmente. Robert Bourassa demandaba reparar la "herida al corazón" que había supuesto la exclusión de Quebec de la reforma constitucional de 1982. El Acuerdo facilitaría la integración de la provincia en el pacto constitucional para el funcionamiento regular de las instituciones. El resto de provincias aceptaban esta premisa y consideraban que el acuerdo sería un primer paso para la plena integración institucional de Quebec y una posterior reforma constitucional más profunda.
Para Brian Mulroney, la reforma del Senado y la Corte Suprema permitía una mayor participación política en decisiones que hasta entonces eran unilaterales. De esta manera, se reducía el poder ejercido por el primer ministro de Canadá. En declaraciones de Mulroney al Toronto Star, se planteaba una dicotomía entre «un viejo federalismo enfrentado, o [...] un auténtico federalismo cooperativo sobre el que construir un nuevo país».
En otros aspectos, como los relativos al hecho diferencial y sus consecuencias, se argumentó que la reforma constitucional codificaba lo que ya era un hecho sociológico o una práctica judicial o política asentada.
En contra Las críticas se centraron en el proceso y en los acuerdos alcanzados. El procedimiento se criticó por opaco y antidemocrático. Los términos de reforma se acordaron directamente por los ejecutivos provinciales y el primer ministro, y se presentaron a las asambleas legislativas como una imposición. Algunos miembros de la academia interpretaron el acuerdo como un pacto entre elites incompatible con el carácter democrático de Canadá. A ello contribuyó la ausencia de debates o consultas públicas previas, salvo en Quebec.