Germán Carlos Garavano (Buenos Aires, 23 de octubre de 1969) es un abogado y consultor en Reforma Judicial argentino, que se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019.
Fue fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2014 y consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Biografía
Nació en Buenos Aires en 1969. Su padre se desempeñó como secretario en un juzgado de instrucción y luego ejerció la abogacía.
Está casado con Carolina Gardiner desde 1994 y tienen tres hijos.
Es hincha de Ferro y aficionado al tenis.
Formación
Estudió abogacía en la Universidad Católica Argentina, donde se graduó en 1994.
En abril de 1996, fue invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido para conocer el funcionamiento de las cortes comunitarias y el tratamiento de la menores. Durante su visita recorrió el Centro de Detención de Menores de Felton, en Middlesex, y el Centro de Tratamiento de Menores Víctimas de Delitos y Contravenciones de St. John's, en Northampton.
En 1997, fue investigador visitante en el Instituto de Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, con apoyo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. En 1999, fue becario en Técnicas para la Reforma Judicial, invitado por el Instituto de Derecho y Economía, en la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense de Madrid.
Actividad profesional
En 1988, a los 18 años, comenzó su carrera judicial como auxiliar principal en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Néstor Blondi.
En 1990 fue asignado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, donde ascendió progresivamente en la carrera judicial. Comenzó como auxiliar superior, luego se desempeñó como oficial y relator —cargo que incluyó un breve período en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Ciudad de Buenos Aires—. Posteriormente, ocupó los puestos de prosecretario y secretario judicial, función que ejerció desde 1994 hasta 1998. Ese año, fue trasladado al Juzgado Nacional de Menores N.º 1 de la misma ciudad.
En 2003 fue nombrado juez del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2005 y 2007, fue elegido Vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a propuesta del gobierno argentino. El CEJA es un organismo técnico especializado de la OEA creado en 1999 que elabora estudios sobre los sistemas de justicia de las Américas, brinda asistencia técnica a gobiernos y poderes judiciales, y facilita la cooperación regional.
Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires En febrero de 2007, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo designó como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el cual juró el 27 de marzo de 2007. Su mandato se extendió por siete años, finalizando el 27 de marzo de 2014. Durante su gestión, junto a la Defensora General Laura Musa y el Defensor General Mario Kestelboim, gestionó el otorgamiento de mayor autonomía funcional para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, modificando limitaciones iniciales en materia de autarquía que restringían la actuación del organismo.
En 2008, Garavano impulsó la creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) dentro de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. El CIJ fue concebido como una institución civil de policía judicial que asiste a los fiscales en investigaciones de delitos complejos, funcionando las 24 horas del día durante todo el año. El organismo está integrado por dos departamentos principales: uno de Investigaciones Judiciales y otro Técnico Científico, este último con diversos gabinetes especializados.
Durante su período como Fiscal General, mantuvo contactos internacionales para modernizar el Ministerio Público porteño. En España, se reunió con el Fiscal General del Estado Eduardo Torres-Dulce y firmó un acuerdo con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para la organización de actividades académicas y programas de formación en ciencias jurídicas.
En 2014 fue designado consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación representando a los abogados de la ciudad de Buenos Aires. Su lista ganó y acordó compartir el mandato con Adriana Donato. También se desempeñó como director académico de la ONG Unidos por la Justicia desde abril de 2014.
Ministro de Justicia Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, impulsó una reforma del sistema judicial en la Argentina que ha sido denominada como Justicia 2020. Las reformas implicaron la creación de nuevos juzgados especializados y el objetivo de agilizar y modernizar los procedimientos judiciales, entre otras. Justicia 2020 fue un programa integral de reforma del sistema de justicia. Fue reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) El programa contó con la participación de más de 60.000 personas distribuidas en 20 grupos de trabajo, incluyendo expertos, organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales. Su alcance abarcó tanto el Poder Judicial como otras instituciones vinculadas al sistema de justicia, como el Servicio Penitenciario Federal y diversos registros dependientes del Poder Ejecutivo. Entre sus ejes principales se destacó la incorporación de una perspectiva de derechos humanos —incluyendo cuestiones vinculadas a los pueblos originarios, con la participación activa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)—, así como la modernización del sistema penitenciario, mediante la construcción de nuevas unidades y el uso de tecnología como tobilleras electrónicas. También se digitalizaron trámites en registros oficiales como los de propiedad automotor, inmueble y reincidencia penal. El programa brindó apoyo técnico y financiero a 23 de las 25 jurisdicciones provinciales, para implementar reformas como la oralidad en procesos civiles, la incorporación de expediente electrónico, la videograbación de audiencias penales y la adopción del sistema procesal penal acusatorio. Se priorizó el acceso a la justicia, estableciendo más de 90 centros de atención en todo el país, que alcanzaron a cerca de 400.000 personas por año. Entre los principales resultados legislativos, se aprobaron más de 20 leyes. Algunas de las normas destacadas incluyen: La Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas, que equiparó sus derechos procesales a los del imputado. La Ley de Cibercrimen, que incorporó los estándares de la Convención de Budapest. La Ley de Flagrancia, que habilita juicios penales abreviados en casos de detención in fraganti.
En diciembre de 2015, Garavano realizó una reunión de gabinete con su equipo de trabajo en la Ex ESMA, donde recibió a representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y H.I.J.O.S. En esa oportunidad, recorrió las instalaciones del centro clandestino de detención y exterminio y expresó el compromiso del gobierno para mantener viva la memoria.
Bajo su gestión, impulsó el decreto Decreto 83/2015 del 14 de diciembre de 2015, mediante el cual se designaba en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti. El procedimiento de nombrar en comisión generó cuestionamientos de diversos juristas sobre su constitucionalidad. El tema fue incluido entre los reclamos de una marcha realizada el 17 de diciembre Unos días después, un juez federal con competencia en el distrito judicial de Dolores, Alejo Ramos Padilla, frenó las designaciones a través de una medida cautelar, argumentando "gravedad institucional" y urgencia (ya que solo restaba la jura), la violación de los derechos adquiridos del pueblo mediante el decreto 222/03 a realizar objeciones, y las incongruencias de los fundamentos del decreto que los designaba. A pesar del fallo y las críticas, Garavano se manifestó a favor de los nombramientos en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte.
El presidente Macri decidió retirar los nombramientos en comisión y proponer a los mismos postulados a través del procedimiento ordinario con la aprobación del Senado. Los candidatos no asumieron en sus cargos hasta que fueron aprobados por el procedimiento regular. Rosatti asumió en junio de 2016 y Rosenkrantz en agosto del mismo año. En 2019, organismos de derechos humanos, incluyendo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, y la Asamblea permanente por los Derechos Humanos, presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos advertencias sobre lo que consideraban vulneraciones al Estado de Derecho durante el gobierno de Mauricio Macri.
En agosto de 2016 participó de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), en representación de Argentina, donde declaró que los mayores problemas de la justicia eran la escasa financiación, la corrupción y la superpoblación del sistema carcelario.
En febrero de 2018, Garavano fue anfitrión en Buenos Aires de la primera reunión del Grupo de Trabajo Internacional sobre Justicia, iniciativa de los Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas (Pathfinders). El encuentro reunió a copresidentes del grupo: el ministro de Justicia de Sierra Leona Joseph Kamara, la ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos Sigrid Kaag, y Hina Jilani de The Elders. La reunión contó con la participación de Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Hina Jilani, quienes encabezaron una caminata por la justicia como parte de las celebraciones por el centenario de Nelson Mandela. El evento también incluyó la entrega del Premio de Justicia de Base (Grassroots Justice Prize), que reconoció el trabajo de activistas comunitarios en todo el mundo. El Grupo de Trabajo se enfocó en abordar la situación de más de 4 mil millones de personas que viven sin acceso efectivo a la justicia, trabajando en cuatro áreas: medir la brecha mundial de justicia, desarrollar argumentos para la inversión en justicia, identificar estrategias efectivas para cerrar la brecha, y elaborar un llamado a la acción para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.3 sobre acceso a la justicia de la Agenda 2030.
En julio de 2018 impulsó un proyecto de ley que buscaba limitar las acciones judiciales de origen colectivo y que restringía la posibilidad de que más de una organización de derechos humanos o de consumidores puedan presentarse de manera conjunta en casos colectivos. De acuerdo con el proyecto, no solamente “limita” las acciones colectivas sino que, además, facilita las posibilidades para que un juez pueda rechazarlas y establece que los litigios deban ser planteados solo en la ciudad de Buenos Aires, limitando la facultad de los ciudadanos de las provincias. También se ha criticado el avance sobre la autonomía universitaria al proponer que la habilitaciones para ejercer como abogado sean acreditadas desde un ente formado por el poder Ejecutivo transfiriendo esa facultad que estaba reservada a las universidades. También en julio de 2018, Garavano fue designado copresidente del Task Force on Justice, iniciativa global para el acceso a la justicia impulsada por Pathfinders, copresidida por ministros de Argentina, Países Bajos y Sierra Leona. Durante la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto en Tiflis, Georgia, coorganizó la primera reunión de ministros de justicia de la OGP.