El Reformismo borbónico o Absolutismo ilustrado fue un periodo de la historia de España iniciado en 1700 con el ascenso de la dinastía de la Casa de Borbón (España). Durante esta etapa, se consolidó un Estado centralizado, suprimiendo la estructura descentralizada de la Monarquía Hispánica y adoptando la denominación de Reino de España e Indias en el .
El cambio dinástico se produjo tras la muerte de Carlos II, último monarca de la Casa de Austria. Un mes antes de su fallecimiento, Carlos II había designado como sucesor a Felipe de Borbón, quien, tras la guerra de Sucesión Española (1701-1714), fue reconocido como Felipe V, el primer rey Borbón de España. Este conflicto concluyó con la consolidación de los Borbones en el trono y la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, que eliminaron los fueros y privilegios de los reinos de la Corona de Aragón, estableciendo un gobierno más homogéneo y centralizado.
Durante el , los Borbones aplicaron una serie de reformas inspiradas en la Ilustración, especialmente bajo los reinados de Fernando VI y de Carlos III. Estas medidas modernizaron la administración, la economía y el ejército, buscando mayor eficiencia y control estatal.
En 1808, Carlos IV y su hijo Fernando VII (quien lo había forzado a abdicar a su favor en el Motín de Aranjuez) fueron secuestrados y forzados a ceder sus derechos al trono a Napoleón Bonaparte en las abdicaciones de Bayona. Napoleón, a su vez, designó para la corona a su hermano José I Bonaparte, elevando así a la Casa de Bonaparte al trono español y desencadenando la guerra de la Independencia Española. La irrupción del Liberalismo español impulsó finalmente el establecimiento del Estado nación en 1810, conocido como el Reino de las Españas, y, al mismo tiempo, comenzó la guerra que condujo a la secesión de los territorios de la España americana.
Tras la derrota de Napoléon, Fernando VII regresó al trono en 1814 y restauró el absolutismo, que se mantuvo hasta su muerte en 1833, salvo un breve periodo constitucional conocido como el Trienio Liberal (1820-1823).
El reinado de Felipe V (1700-1746): la construcción del Estado borbónico thumb|right| Pintura alegórica del Tratado de Utrecht Felipe V accedió al trono de la monarquía española en virtud del testamento de su tío abuelo, Carlos II, enfrentándose a la casa de Habsburgo. Castilla aceptó inmediatamente al nuevo rey, pero los reinos de la Corona de Aragón, proclives en un primer momento, no tardaron en adherirse a la causa del archiduque Carlos. Felipe V solamente contaba con el apoyo de Francia y de los propios castellanos, contra la hostilidad del resto, especialmente aragoneses, austriacos, británicos y neerlandeses, temerosos de que se estableciera en España una monarquía de corte absolutista al estilo francés. La victoria fue para los partidarios de Felipe V y los Tratados de Utrecht en 1713 y de Rastatt en 1714 pusieron fin al conflicto, no sin graves pérdidas para la corona en territorio europeo. La instauración de los Borbones llevó a la firma de los llamados Pactos de Familia con Francia que dominarían toda la política internacional española a lo largo del .
En represalia, Felipe V abolió los Fueros de Aragón y Valencia en 1707 e impuso el Fuero de Castilla, al igual que en Cataluña y Mallorca. Las Cortes de Aragón, las de Valencia y las de Cataluña dejaron sucesivamente de existir, integrándose los representantes de sus ciudades, no así la nobleza y el clero, en las Cortes de Castilla. Felipe V premió la lealtad del Reino de Navarra y de las provincias Vascongadas a su causa, manteniendo sus fueros. La nueva regulación se formulará a través de los Decretos de Nueva Planta.
La guerra de sucesión española y los Decretos de Nueva Planta thumb|Retrato de Felipe V de España de Jean Ranc (1723)
El desenlace de la guerra de sucesión española (1701-1714) supuso para la Monarquía de España la entronización de una nueva dinastía, la casa de Borbón, a costa de la cesión de sus posesiones en Italia y los Países Bajos al emperador Carlos VI, más Gibraltar y Menorca que pasaron a soberanía del Reino de Gran Bretaña, y de la pérdida del control del comercio con el Imperio de las Indias, a causa de la concesión a los británicos del asiento de negros y del navío de permiso. Con todo ello se produjo, según Joaquim Albareda, "la conclusión política de la decadencia española". Así pues, Felipe V fracasó en la misión por la que fue elegido como sucesor de Carlos II: conservar íntegros los territorios de la Monarquía Católica.
En política interna, Felipe V puso fin a la Corona de Aragón por la vía militar y abolió las instituciones y leyes propias que regían los estados que la componían (el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y el Principado de Cataluña) mediante los Decretos de Nueva Planta de 1707-1716 que instauraron en su lugar un Estado, en parte, absolutista, centralista y uniformista, inspirado en la Monarquía absoluta francesa de Luis XIV, abuelo de Felipe V, y en la imposición de las leyes de la Corona de Castilla al resto de territorios, salvo el reino de Navarra, el Señorío de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava que conservaron sus fueros por haber permanecido fieles a Felipe V —aunque por otro lado el derecho privado de Aragón, Cataluña y Mallorca, se mantuvo—. Así pues, se puede afirmar que los grandes derrotados de la guerra fueron los austracistas defensores no solo de los derechos del Carlos III el Archiduque sino del mantenimiento de la monarquía compuesta o "federal" de la Monarquía Hispánica de los dos siglos anteriores.
Según el historiador Ricardo García Cárcel, la victoria borbónica en la guerra supuso el "triunfo de la España vertical sobre la España horizontal de los Austrias", entendiendo por "España horizontal", la "España austracista", la que defiende "la España federal que se plantea la realidad nacional como un agregado territorial con el nexo común a partir del supuesto de una identidad española plural y «extensiva»", mientras que la "España vertical" es la "España centralizada, articulada en torno a un eje central, que ha sido siempre Castilla, vertebrada desde una espina dorsal, con un concepto de una identidad española homogeneizada e «intensiva»".
Además de la abolición de sus instituciones y leyes propias, para los estados de la Corona de Aragón, la "Nueva Planta" de la Monarquía tuvo otras dos importantes consecuencias. La primera fue el establecimiento del absolutismo al desaparecer el freno que suponía para el poder del rey el "pactismo" y las instituciones propias, que fueron sustituidas por una administración militarizada, de inspiración castellana —Capitán General, Real Audiencia, corregidores— y francesa —intendentes—, para controlar los estados que habían sido "rebeldes". Y en segundo lugar el inicio o la aceleración del proceso de castellanización de sus habitantes o al menos de parte de sus grupos dirigentes, al declararse el castellano como la única lengua oficial. El abate Miguel Antonio de la Gándara lo expresó así en 1759: «A la unidad de un rey son consiguientemente necesarias otras seis unidades: una moneda, una ley, una medida, una lengua y una religión»". Un proceso de castellanización que tuvo un éxito sólo relativo, mayor en el Reino de Valencia que en el Principado de Cataluña y en el Reino de Mallorca —en la Menorca bajo dominio británico se mantuvo el catalán como lengua oficial—. Según Joaquim Albareda, "más allá de esta presión política que convertía en lengua oficial de la administración al castellano, hay que aclarar que existió un perceptible fenómeno de diglosia en los estratos dirigentes (nobleza, burguesía comercial, abogados y juristas) que arranca a partir del , un fenómeno, como ha demostrado Joan-Lluís Marfany, de carácter endógeno, por el que el castellano se convertía en el vehículo de expresión en determinados usos sociales, especialmente en el ámbito escrito, por un factor de prestigio social y cultural".
El Estado absoluto borbónico y sus limitaciones La monarquía absoluta se basaba en la idea de que los poderes del rey eran ilimitados (absolutos) y los ejercía sin ningún tipo de cortapisa. Como dijo José del Campillo, ministro de Felipe V:
El proceso de construcción del Estado absoluto y centralizado comenzó durante la guerra de sucesión española en el que tuvieron un especial protagonismo los consejeros franceses que Luis XIV puso al lado de su nieto Felipe V. Un paso esencial lo constituyeron los "Decretos de Nueva Planta" que derogaron las "constituciones" e instituciones particulares de los Estados de la Corona de Aragón, aunque con ellos no se llegó a la completa homogeneización del territorio al subsistir las instituciones y leyes propias del Reino de Navarra y de las "Provincias Vascongadas".
Una limitación más importante al poder absoluto del rey fue la pervivencia de las jurisdicciones señoriales y eclesiásticas. A mediados de había en España unos 30000 señoríos que abarcaban a la mitad de la población campesina para la que el poder del rey se veía muy lejano frente al poder inmediato de su señor. Una situación que no se modificó a pesar de que los ministros borbónicos eran conscientes de la merma del poder del rey que suponía su existencia, como afirmó el conde de Floridablanca en la Instrucción reservada a la Junta de Estado de 1787 presentada a Carlos III en la que hablaba en nombre del rey:
Los consejeros franceses que acompañaron a Felipe V consideraron que el régimen polisinodial tradicional de la Monarquía de los Austrias estaba obsoleto y era ineficaz, porque las decisiones tardaban tiempo en tomarse, y además suponían una limitación de la autoridad absoluta del rey ya que los diferentes consejos, cada uno de ellos especializado en un asunto diferente, estaban controlados por la nobleza, y especialmente por los Grandes de España. En el informe que elaboró en 1703 titulado Plan para la administración de los asuntos del rey de España el consejero francés Jean Orry afirmó que los Consejos « gobiernan el Estado... de manera que su intención en general es que su Rey no tenga, hablando con propiedad, ninguna participación activa en el gobierno, sino que les preste su nombre».
Como alternativa dieron preferencia a la «vía reservada» llamada así porque el rey se reservaba cada vez más asuntos que sustrae a los Consejos y por la que el rey tomaba las decisiones atendiendo solo a las propuestas que le hacían sus Secretarios de Estado y del Despacho, que habían surgido del desarrollo del cargo creado en 1621 de Secretario del Despacho Universal. Así ya desde 1702 Felipe V crea un Consejo de Gabinete o de Despacho compuesto por muy pocas personas que le asesoran mediante el "despacho a boca", entre las que se incluye el embajador de su abuelo Luis XIV. Este Consejo se dividirá en varias áreas hasta que después de la guerra, en noviembre de 1714, quedó constituido por cinco oficinas independientes con un Secretario de Estado y del Despacho al frente de cada una: Estado, Justicia, Guerra, Hacienda, Marina e Indias. thumb|right|190px|El conde de Floridablanca pintado por Pompeo Batoni, c.1776. Instituto de Arte de Chicago.