Falsos Positivos es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento principalmente de miembros del Ejército Nacional de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno de Colombia principalmente entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este involucramiento se le conoce como ejecución extrajudicial según el derecho internacional humanitario.
Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos. Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988, el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2008 de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército Nacional que demostraran resultados contra la guerrilla, detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército Nacional para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.
El fenómeno se encuentra actualmente listado como el macro caso de investigación 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sistema de justicia transicional vigente en Colombia luego de la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016.
Múltiples estudios académicos han estudiado las razones y los incentivos que provocaron estos eventos, así como los métodos para prevenirlos y detenerlos.
En 2023 el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas denominadas falsos positivos en un acto conmemorativo con los familiares de estos, donde el presidente Gustavo Petro calificó como «genocidio» los asesinatos perpetrados por el Estado.
En 2021, la JEP presentó una cifra impactante: 6.402 posibles víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008. Este número fue asumido por medios, redes sociales y líderes políticos como una verdad judicial incuestionable.
En noviembre del 2024 la JEP reveló el nombre de 1.934 víctimas y las leyó una a una en una audiencia pública.
En abril de 2026, la JEP actualizó la cifra provisional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, incrementándola de 6.402 a 7.837 casos. Este ajuste se confirmó tras ampliar el marco temporal de investigación; inicialmente enfocado en el periodo 2002-2008, el análisis se extendió para abarcar los hechos ocurridos entre 1990 y 2016, sumado a la inclusión de nuevas bases de datos estatales e informes de las víctimas.
Número de víctimas Las cifras de víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores. Las cifras presentadas a la JEP incluyen las del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que registra 1741 víctimas de 1984 a 2011 y la agrupación de organizaciones sociales Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que cita 1257 víctimas de 2002 a 2014. La base de datos más exhaustiva de víctimas la recopila la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la JEP un listado de 2248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado». En un informe de febrero de 2021, la JEP estableció que la cifra total de víctimas fue de 6 402;Informe JEP sin embargo, esta no necesariamente es una cifra definitiva y aún hay un largo camino para la identificación total de las personas asesinadas, así como la reparación a sus familiares.
Contexto e historia "Positivos" es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene éxito en una misión, "Falso positivo" cuando se presenta como "positiva" cuando en realidad una baja no es en combate, sino contra civiles inocentes. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término "falsos positivos" para mencionar que los asesinados no eran guerrilleros, sino simples campesinos, estudiantes o desempleados.
Periodo 1978-2002 thumb|320px|right|Familiares de los jóvenes con pancartas antes del juicio de militares por el asesinato de 11 jóvenes de Toluviejo, Sucre.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978, conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. El caso de Luis Fernando Lalinde Lalinde, desaparecido en 1984. También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de esos años, el caso Contador, en 1978.
En el informe de 1993, donde se narra el periodo que va desde 1981 hasta 1992, se ven por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales. En el periodo de la Guerra Sucia (1986-1994), el cual hace referencia a la masacre de militantes de izquierda, entre ellos los del partido de la Unión Patriótica. En dicha masacre, los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública de Colombia.
Uno de los casos que tuvo una sentencia se refiere al asesinato del profesor y sindicalista Santos Mendivelso Coconubo, ocurrido en abril de 1991 en Turmequé (Boyacá), acusado de ser guerrillero del ELN y asesinado por policías del F2. Durante años su familia sufrió persecución e intimidación y pasaron casi 30 años para que hubiera justicia.
Otro caso fue la tortura y ejecución de los ancianos Ana Francisca Rodríguez de Castro y Ernesto Castros Chaparro en Rionegro (Santander) en 1985.
Periodo 2002-2010 Alexander Cortés Cárdenas, capitán ahora retirado del Ejército, quien trabajó como juez en la justicia militarhttps://www.semana.com/amp/nacion/articulo/capitan-nunca-juzgara-coronel/119471-3/ entre 2007 y 2008 en el Juzgado 94 de Instrucción Penal Militar adscrito a la Brigada 17 con sede en Carepa, Antioquia, encontró en los archivos del juzgado casos que estaban etiquetados como ‘muertos en combate’ y que podrían tratarse de ‘falsos positivos’. Fue enviado a otra zona del país y posteriormente destituido en 2010.https://www.elcolombiano.com/amp/antioquia/estado-debera-indemnizar-a-familia-de-victima-de-falso-positivo-en-carepa-antioquia-MG16544976 Después, tuvo que salir del país por las presiones y amenazas en su contra en su trabajo.https://www.eluniversal.com.co/colombia/2011/11/21/en-exilio-juez-militar-por-desempolvar-posibles-archivos-de-falsos-positivos/?outputType=amp
En 2007 salió a la luz pública los hechos ocurridos en San José de Apartadó, vereda idel municipio de Apartadó (Antioquia), en los cuales, en el transcurso de una masacre, fueron asesinados entre varios civiles, tres niños que fueron degollados y descuartizados en una operación conjunta entre los paramilitares y el Ejército Nacional en febrero de 2005, en represalia por la muerte de un oficial y 18 soldados que fueron asesinados en un cerco tendido por las FARC-EP en el municipio de Mutatá (Antioquia). Posterior al hecho, se llevó a cabo una campaña de encubrimiento en la cual se culpaba a las FARC-EP de la masacre a través de testimonios falsos que fueron emitidos por los medios de comunicación y el mismo comandante del Ejército Nacional Carlos Alberto Ospina negó la participación del ejército en lo ocurrido. A pesar de ello, a finales de 2007, basados en el testimonio de paramilitares involucrados en el hecho, fue capturado el entonces comandante de la operación, el capitán del Ejército Nacional Armando Gordillo, quien confesó el hecho y se acogió a sentencia anticipada. Por el mismo hecho fueron juzgados otros 10 militares.
En los últimos meses de 2008 se conoció sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur-occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del Ejército Nacional en Norte de Santander, cuando se hizo de dominio público, denunciado por Luis Fernando Escobar Franco, que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.
La desaparición en 2008 de 19 jóvenes en el municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, al sur-occidente de Bogotá, desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales, estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y, una vez engañados, los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas principalmente, para luego ser vestidos con uniformes camuflados nuevos o que tenían escaso tiempo de uso y, posteriormente, asesinados. Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña (Norte de Santander) y fueron presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate. Algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.
Así, la entonces secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, dijo que este caso podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados. El general Conrado, comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al Ejército Nacional.
El entonces senador Gustavo Petro realizó denuncias en las cuales afirmó que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno, ya que fue el mismo gobierno, a través de su ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal, quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005, que consistía en ofrecer 3 800 000 pesos (aproximadamente $1900 dólares) por cada guerrillero o paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente y que, muchas veces, los militares y paramilitares, en operaciones conjuntas, asesinaran civiles.
Por dicha denuncia han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y el comandante de esa rama de las Fuerzas Militares, el general Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante su gobierno.
En 2008 un pelotón de 27 soldados profesionales de la contraguerrilla Atila 1, pertenecientes al Batallón de Infantería mecanizado número 6 Cartagena, con sede en Riohacha (La Guajira) fue destituido por no realizar una ejecución extrajudicial.
El 7 de enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA, publicado por el National Security Archive, reveló que los nexos entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del Ejército Nacional. Las guerrillas en múltiples comunicados denunciaron esta práctica del ejército, integrantes de estas también participaron en casos de falsos positivos como lo fue el exguerrillero 'El Zarco'.