Las elecciones generales de Guatemala de 2015 se llevaron a cabo el domingo 6 de septiembre de 2015, y en ellas se renovaron los titulares de los cargos de elección popular de la República de Guatemala.
Según lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en las elecciones generales se eligen el presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso de la República, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano. Debido a que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta (50% +1 votos) se realizó una segunda vuelta el domingo 25 de octubre de 2015.
Durante los meses previos a las elecciones hubo graves casos de corrupción descubiertos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entre el 16 de abril y el 22 de agosto de 2015; la crisis derivada de estos casos —principalmente del Caso de La Línea, que involucraron a alcaldes, diputados, expresidentes del Banco de Guatemala y obligó a renunciar a la vicepresidenta Roxana Baldetti y al presidente Otto Pérez Molina— resultó en el fin del oficial Partido Patriota, el debilitamiento de la candidatura de Manuel Baldizón —hasta abril de 2015 considerado el virtual vencedor en la elección presidencial— y una desconfianza generalizada en el sistema de partidos políticos de Guatemala. De hecho, tras no conseguir pasar a la segunda ronda de las elecciones, el candidato Manuel Baldizón anunció su renuncia al partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) el 14 de septiembre de 2015.
En la primera ronda, resultó vencedor el candidato Jimmy Morales con el 23.99% de los votos válidos, quien se enfrentó a Sandra Torres en la segunda ronda electoral luego que esta quedara en segundo lugar con candidatos obtuvieran 19.76% de los votos. Y el candidato electo fue Jimmy Morales con el 65.48% de los votos.
Antecedentes Ley Electoral y de Partidos Políticos Según la Constitución guatemalteca, pueden ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos, es decir, quienes han cumplido 18 años de edad y no han sido condenados a una pena aflictiva o sean miembros activos del Ejército de Guatemala o no hayan cumplido cinco años de retiro; antes de ello deben registrarse en el padrón de electores. Dicha norma indica que «en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario».
De acuerdo a la legislación vigente, el proceso de inscripción en los registros electorales es voluntario, aún inscrito, el elector no está obligado a sufragar.
Modificaciones propuestas por el Tribunal Supremo Electoral en junio de 2015
La Dirección Legislativa del Congreso recibió el 26 de junio de 2015 de manos del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Marlon Pineda Ramírez, la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo y Exhibición Personal que, de ser aprobadas por el Pleno, entrarían en vigencia un año después. El TSE presentó su propuesta de modificación de las leyes luego de que la crisis iniciada por el Caso de La Línea el 16 de abril de ese año desenmascarara numerosos casos de corrupción que han hecho que la ciudadanía reniegue del sistema político vigente.
El planteamiento del TSE, entre las 71 modificaciones a dichas normativas, incluía aspectos relativos al control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas en campañas electorales, como las siguientes:
Del transfuguismo - Acto por el cual un diputado renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal para un periodo, y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado. Y no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Para el pago de la deuda política (2 dólares) se tomarán en cuenta los votos nulos. Expone a qué debe ser dirigido el dinero que recibirán los partidos y en qué deben invertirlo. Prohíbe que las organizaciones reciban financiamiento de personas que hayan sido condenadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, así como delitos relacionados. Prohíbe que los partidos reciban financiamiento de personas que hayan sufrido procesos legales de Extinción de Dominio. En el renglón de Publicidad, determina que los partidos políticos y comités cívicos deberán de publicar, 30 días antes de la fecha fijada para las elecciones, el monto de los aportes recibidos y el balance de sus estados financieros. Obliga a los partidos a integrar la participación étnica y de género en los listados de candidatos para cargos de elección popular. Prohíbe en una misma organización política postular candidatos al Comité Ejecutivo Nacional y para diputados al Congreso de la República, a ciudadanos que tengan entre sí parentesco dentro de los grados de ley o que sean cónyuges. Un secretario general podrá ocupar el cargo por tres años y ser reelecto solo una vez. En el capítulo de Sanciones, incluye la potestad del TSE de suspender a los partidos la facultad de recibir financiamiento. Quien realice contribuciones financieras contraviniendo la ley, quedará sujeto a las disposiciones del Código Penal. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad (CC) conocer en única instancia los amparos en materia electoral, independiente de la época en que se presenten.
El planteamiento del TSE al Organismo Legislativo manifestaba que, de ser aprobadas por el Pleno de diputados, la totalidad de las reformas entraría en vigencia un año después.
Casos de corrupción que incidieron en el desarrollo de las elecciones
Caso de La Línea
thumb|Manifestación del 30 de mayo de 2015 El 16 de abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público del país procedieron a la captura de veinticuatro personas que estarían involucradas en una red de contrabando a gran escala y que incluía entre sus participantes a los directivos de la propia Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), ente que debería haber estado evitando el contrabando; además se indicó que quien dirigía dicha banda era el secretario privado de la entonces vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti. Ante esta situación, se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el actual gobierno y hacia los partidos políticos del país. El lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala aunque el 53% de la población esté por debajo de la línea de pobreza y existan agudos problemas -de ignorancia, racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, y sobre todo impunidad- que tengan a la población a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva. Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupada la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a éstos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015, aunque muchos consideran que existe corrupción generalizada en el país desde hace décadas y que eso es lo que se debería afrontar.
Esta situación ha provocado que la convocatoria a las elecciones general del 6 de septiembre, que se realizó el 2 de mayo de 2015, esté completamente opacada por los acontecimientos que la CICIG está investigando.
El 14 de mayo fue designado el magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo Vicepresidente de Guatemala en sustitución de Roxana Baldetti; ese mismo día, se publicaron noticias de que podría haber un golpe de Estado en Guatemala si las elecciones generales se aplazaran.
El 16 de mayo, el día que se realizaron masivas manifestaciones y marchas contra el gobierno del general Otto Pérez Molina también se hizo viral el video ¿Cómo así que le toca? en donde se critica fuertemente a todos los contendientes en las elecciones generales del 6 de septiembre.
El 19 de mayo el periodista Oscar Clemente Marroquín, director del Diario La Hora publicó en su columna de opinión que el sistema actual de elecciones y gobierno está podrido y que es necesaria una reforma de fondo, pero que al mismo tiempo, esta reforma no se puede lograr porque los abogados constitucionales argumentan que no pueden suspenderse ni modificarse las elecciones del 6 de septiembre; ante esta situación, Marroquín concluye: «Si las elecciones próximas son una camisa de fuerza para impedir que se hagan los cambios que el país necesita, al diablo las elecciones porque no podemos condenarnos a seguir con la misma porquería aunque cambien los nombres. Allá los leguleyos con sus teorías, pero esas aguas desbordadas van a arrollarlo todo si no actuamos con sensata valentía».
Caso IGSS-PISA
El 20 de mayo de 2015, mientras se realizaban protestas masivas de campesinos en la Ciudad de Guatemala por el caso de «La Línea», se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por el Ministerio Público y la CICIG por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias. Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento dieciséis millones de quetzales. Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.
Indignación y rechazo a políticos tradicionales
Dado la creciente indignación hacia el sistema político en Guatemala, se han dado muestras de rechazo contra la propaganda de todos los partidos políticos; entre dichas demostraciones está la de un grupo de artistas que se ha dedicado a pintar obras de arte sobre postes de electricidad que habían sido previamente pintados con propaganda política. Campaña ¡No te toca!