El atentado de la cafetería Rolando, también conocido como atentado de la calle del Correo, fue un atentado terrorista cometido el 13 de septiembre de 1974 por la banda terrorista ETA-V Asamblea en una cafetería de la calle del Correo situada en el centro de Madrid (España), a escasos metros de la Puerta del Sol. Causó un total de trece muertos y más de medio centenar de heridos.
El atentado tuvo diversas implicaciones políticas: contribuyó a frenar el tímido aperturismo del Gobierno franquista de Arias Navarro; salpicó al opositor Partido Comunista de España, que fue acusado de colaboración con el terrorismo; marcó definitivamente a ETA como una organización terrorista y agravó su preexistente división interna que conduciría poco después a la escisión de la llamada ETA militar. ETA-V no llegó a reivindicar la autoría del atentado e, incluso, afirmó que había sido cometido por grupos de extrema derecha próximos al régimen de Franco. Los autores nunca llegaron a ser juzgados y se beneficiaron de la amnistía concedida en 1977. El 5 de noviembre de 2018 se hizo público que en el último boletín interno Zutabe, fechado en abril de 2018, ETA asumía la autoría del atentado.
Antecedentes
Situación política en España
250px|thumb|izquierda|Franco (derecha) en una recepción de 1972. Su avanzada edad suscitaba dudas sobre la continuidad del régimen a su muerte.
La avanzada edad de Franco fue el motivo por el que el propio dictador había establecido un sistema sucesorio basado en las instituciones cuya creación él mismo había ido promoviendo a lo largo de su gobierno, y en la restauración monárquica en la persona del Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, el asesinato por ETA del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco había sembrado la inquietud dentro del propio régimen, aumentando el número de quienes consideraban que era necesario reformar el mismo para conseguir que sobreviviera al dictador.
El primer gobierno de Arias
Tras fuertes vacilaciones, Franco designó como sucesor de Carrero a Carlos Arias Navarro, quien se convirtió en el primer presidente no militar desde la Guerra Civil. Arias formó un gobierno ecléctico en el que figuraban algunos aperturistas, como el ministro de Información y Turismo Pío Cabanillas, el ya ministro de Hacienda con Carrero Antonio Barrera de Irimo (quien no solamente se había revelado eficaz en el puesto, sino que suponía una referencia para el capital y los gobiernos extranjeros) y el ministro de la Presidencia, Antonio Carro. En su primer discurso, Arias expuso un programa moderadamente reformista que marcaba cuatro objetivos principales: una reforma de las Cortes que aumentase las incompatibilidades para excluir a ciertos cargos del Movimiento Nacional y de la Organización Sindical y que aumentase el porcentaje de procuradores electos del 17 al 35%; una reforma de las corporaciones locales que posibilitase la elección directa de los alcaldes; una reforma sindical que permitiese mayor pluralismo y un moderado ejercicio del derecho de huelga y, sobre todo, la aprobación de un estatuto de asociaciones políticas que permitiese un mayor pluralismo político.
El programa de Arias fue promocionado por Pío Cabanillas y denominado por la prensa como el espíritu del 12 de febrero, despertando fuertes expectativas, al menos entre los sectores aperturistas del sistema franquista y entre la oposición más moderada. Gozó de una inicial credibilidad gracias a que Cabanillas disminuyó fuertemente la censura sobre los medios de comunicación, que gozaron de una libertad desconocida desde la Guerra Civil. No obstante, dicho programa no obtuvo el apoyo de los principales partidos de oposición, que reclamaban un régimen democrático basado en la total ruptura con el de Franco, y sí obtuvo la animadversión del sector más inmovilista, lo que se denominaría «el búnker», apoyado por el grupo que algunos autores han denominado como la camarilla de El Pardo, un colectivo formado por familiares y allegados que rodeaba al anciano general Franco.
Problemas del gobierno
Además de la oposición interna a las reformas, el Gobierno tenía otros muchos frentes que complicaban su actuación. Los más importantes eran los siguientes:
La actitud crítica de la Iglesia católica. El 24 de febrero, el obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, hizo pública una pastoral que se leyó en casi todas las parroquias de su diócesis. En ella pedía un reconocimiento de la identidad cultural y lingüística del País Vasco. La pastoral era moderada pero, a dos meses del asesinato de Carrero por ETA, el búnker clamó por la adopción de medidas. El Gobierno intentó desterrar al obispo, lo que hubiera conllevado la excomunión de todos los implicados. Finalmente, la intervención del propio Franco, unida a la moderación de Cabanillas y del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Enrique y Tarancón, permitió superar la crisis con unas largas vacaciones del prelado.
275px|thumb|derecha|Firma de Franco. La ratificación de la condena a muerte de Salvador Puig Antich fue un duro golpe para la imagen reformista del gobierno de Arias.
La condena a muerte y ejecución el 2 de marzo del anarquista catalán Salvador Puig Antich por el asesinato de un policía provocó una oleada de protestas nacionales e internacionales. La inflexibilidad del Gobierno hizo que se ganase una imagen de dureza que perjudicó su imagen reformista en el exterior, sin por ello ganarse las simpatías del búnker. Una situación económica desfavorable provocada por la crisis del petróleo, que afectó tanto a la llegada de turistas como a los ingresos de los españoles emigrantes en Europa, las dos principales fuentes de divisas del país. La situación internacional adversa. En abril se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal, que supuso la caída de la dictadura salazarista, firme aliada de Franco; en mayo se celebró en Italia el referéndum para decidir sobre la posibilidad de supresión del divorcio, con la derrota de las posiciones católicas que representaba Amintore Fanfani; por último, en julio se produjo la caída del régimen de los coroneles en Grecia, otro gobierno europeo afín. La creación por el Partido Comunista de España (PCE) de la Junta Democrática de España, presentada a finales de julio. Aunque el PCE fracasó en su proyecto de crear una representación unitaria de la oposición por la negativa a colaborar con él de fuerzas significativas (el PSOE, los demócrata cristianos y los liberales), la Junta consiguió captar la atención de los medios de comunicación. El movimiento obrero, con la convocatoria de un número cada vez mayor de huelgas, pese a ser todas ellas ilegales. El sindicato vertical franquista se mostraba incapaz de controlar o integrar esa contestación. La creciente contestación en la Universidad, donde los grupos de oposición contaban con las simpatías de gran número de estudiantes y de un significativo número de profesores. La enfermedad del propio Franco, que obligó a su hospitalización el 9 de julio y a que delegase sus poderes en el Príncipe Juan Carlos, pese al temor de éste a que su imagen quedara comprometida como colaborador de la dictadura. Un sector encabezado por Pío Cabanillas pretendió aprovechar la oportunidad y que el traspaso de poderes fuera definitivo para que el príncipe fuera coronado en vida de Franco. La resistencia de la camarilla que operaba en el entorno familiar del viejo general, encabezada por su yerno el Marqués de Villaverde y la del ministro secretario general del Movimiento, el inmovilista José Utrera Molina frustró esos propósitos, y la clara recuperación del Caudillo propició que retomara sus funciones el 2 de septiembre.
Pese a todo ello, el presidente Arias ratificó públicamente su compromiso de avanzar en las reformas el día 11 de septiembre, dos días antes del atentado, y manifestó expresamente que las asociaciones políticas existirían antes del siguiente mes de enero. Ello hizo que el búnker redoblara sus esfuerzos en contra de una liberalización que podría suponer el principio de su irrelevancia política.
ETA V Asamblea
200px|thumb|izquierda|Anagrama de ETA. La organización intentó negar su responsabilidad en el atentado al comprobar que ninguno de los doce muertos iniciales era policía, pero su autoría no es hoy discutida.
Pero la oposición más violenta al régimen de Franco se hallaba en el País Vasco y Navarra, donde la organización separatista ETA operaba desde 1958. En 1970, la organización armada sufrió la mayor crisis de su historia, hasta el punto de que estuvo a punto de desaparecer. Su VI Asamblea adoptó principios marxista-leninistas, lo que provocó la escisión de un sector nacionalista y militarista que creó otra organización con el mismo nombre. A fin de diferenciarse de la organización rival y reclamar su historial hasta el mismo momento de su separación, la nueva ETA añadió al nombre las palabras «V Asamblea» y el eslogan «libertad o muerte». Durante unos años coexistieron ambas organizaciones disputándose a la militancia. La pugna se resolvería al final a favor de ETA-V Asamblea debido a que la vieja organización, ETA-VI, se sumió en un proceso de interminables divisiones internas, decidió dar primacía a la lucha política sobre la «militar», acabó abrazando el trotskismo, acordó abandonar el nombre de «ETA» (que atraía especialmente la atención policial) y terminó convirtiéndose en el partido político Liga Komunista Iraultzailea (LKI). Paradójicamente, el movimiento etarra fue salvado por la propia dictadura, que decidió unir el enjuiciamiento de varios detenidos en un único proceso judicial en la jurisdicción militar, el denominado Proceso de Burgos. Esta errónea decisión proporcionó una gran publicidad al juicio, suscitando numerosas protestas dentro y fuera de España.
Siendo una organización nueva, ETA-V no cometió atentados mortales en sus primeros años de existencia. Además de mantener enfrentamientos armados con la Guardia Civil, se limitó a cometer robos para financiarse, a poner bombas en lugares emblemáticos (como las sedes de la Organización Sindical) y a practicar secuestros de empresarios con el doble fin de conseguir un rescate y obtener mejoras para los trabajadores, en un claro estilo Robin Hood que le proporcionó gran popularidad. No obstante, ello no era sino una etapa de preparación.
La red de apoyo madrileña
Aunque la mayoría de los opositores al régimen de Franco eran partidarios de usar medios pacíficos, no sentían especial animadversión hacia ETA. Pese a no compartir sus métodos, consideraban que era una organización que luchaba por la democracia. Además, el Proceso de Burgos había promovido una corriente de simpatía hacia ETA que no se limitaba al País Vasco. Hay que añadir que la reducida oposición a Franco estaba habituada a colaborar escondiendo a personas perseguidas por las autoridades, aunque no pertenecieran al mismo partido político. Ello favoreció que la organización vasca encontrase la colaboración en Madrid de algunas personas viculadas a la izquierda local.