thumb|Motín de las quintas de Barcelona (1773). El motín de las quintas () que tuvo lugar en Barcelona (España) en 1773 se inició al publicarse una nueva Real Ordenanza de Quintas aprobada en 1770 por Carlos III que obligaba a reclutar obligatoriamente, por sorteo, a un número determinado de hombres durante el .

Historia Ya en 1743 se produjo un alboroto en Cervera con motivo de una quinta, porque este sistema de reclutamiento contravenía el tradicional establecido en el antiguo sistema catalán. Se propuso como alternativa reclutar voluntarios que serían pagados con los recursos aportados por los pueblos.

En 1770 el rey Carlos III estableció como forma de reclutamiento generalizado el sistema de las quintas, que obligaba a un servicio de entre seis y ocho años, según la edad de los reclutados, con cuatro meses de permiso anual para participar en las labores del campo.La falta de voluntarios para el ejército se suplía así a la fuerza, pero algunos municipios consiguieron evitarla llenando el cupo con ingenio mediante redadas de vagos, maleantes e infelices o mediante la compra de soldados. Las rebeldías también se fraguaban a nivel individual y los mozos que por su condición de pecheros no podían presentar ninguna exención, acudían a estratagemas: desde cortarse un dedo hasta simular ser hijo de viuda o de padre sexagenario. En ocasiones el rechazo a las quintas se manifestaba a través de otros procedimientos como la desaparición de todos los mozos de un pueblo, su huida e, incluso, la resistencia armada, el bandolerismo o el enfrentamiento abierto. Como las autoridades municipales echaran mano de aquellos que podían ser considerados menos «útiles» al bien común, es decir, a los intereses locales y caciquiles, esto daba pie a numerosos atropellos; había fraudes, falsificaciones, sobornos al escribano o al médico encargado del tallaje; la chispa podía estallar también si estos funcionarios se negaban a ser sobornados. La violencia se desencadenaba, sobre todo, en el momento de llevar a cabo las operaciones de tallaje y sorteo; a su vez este ambiente de violencia era producido por los innumerables fraudes que se cometían. La orden provocó una reacción inmediata en Cataluña. Representantes de los doce corregimientos (no los corregidores, que eran funcionarios castellanos) se reunieron en Barcelona, constituidos en una autoproclamada «Diputación de Cataluña» (que evocaba la Diputación del General de Cataluña o Generalidad abolida por el Decreto de Nueva Planta). El 13 de febrero de 1773 dirigieron una representación al rey en la que exponían los graves prejuicios que la quinta causaría a la economía catalana, que tantos ingresos estaba proporcionando a la Hacienda real, y proponían cubrir la demanda de 2400 hombres para ese año mediante voluntarios reclutados siguiendo el sistema tradicional del Principado.

La petición fue rechazada el 28 de febrero, lo que generó un clima de malestar que desembocó, el 4 de mayo, en «lo gran alvoroto dels joves solters, a causa de voler-los allistar i quintar, violentament, desde l’edat de setze anys fin a trenta-sis» (‘el gran alboroto de los jóvenes solteros, a causa de quererlos alistar y quintar, violentamente, desde la edad de dieciséis años hasta treinta y seis’), tal como lo recogió en su diario el barón de Maldá, testigo de los hechos. Así explicó (en catalán) lo que sucedió aquel día en Barcelona:

Después del toque a somatén se produjeron enfrentamientos entre sublevados y militares que se saldaron con siete muertos y más de cincuenta heridos, una parte de los cuales morirían en el hospital. El capitán general, máxima autoridad de Cataluña tras la Nueva Planta, pidió refuerzos, pero la situación solo se pacificó gracias a la intervención de los gremios que en una negociación secreta consiguieron alcanzar una solución de compromiso: se contratarían voluntarios pagados, pero se inscribirían mediante un sorteo de quintas amañado, con lo que así se cumplirían (aparentemente) las órdenes del rey.

El protagonismo de los gremios, asumiendo de hecho la función que antes de la Nueva Planta tenían en los ayuntamientos, alarmó al Consejo de Castilla, que creyó que estaban intentando reconstruir un organismo representativo con la pretensión de «reducir a pacto con el soberano el modelo de contribuir en el Servicio Militar, y erigir un cuerpo intermedio desconocido aun en estados meramente republicanos». El Consejo de Castilla ordenó que los gremios no volvieran a intervenir en los asuntos públicos, denunciando a la vez «el orgulloso espíritu que revive y domina en el corazón de los catalanes para restituirse a la libertad de los antiguos fueros» y mostrando su alarma ante el hecho de que «el clero, la nobleza y el pueblo de Cataluña piensan del mismo modo» en relación con estas cuestiones.

El obispo José Climent intercedió por los presos y los amotinados ante el fiscal del Consejo de Castilla Pedro Rodríguez Campomanes, y eso le costó tener que renunciar al obispado en 1775.

Véase también Historia de Barcelona Bullangas Rebomboris del pa

Notas

Referencias

Bibliografía

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