thumb|230px|María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López. La regencia de María Cristina de Borbón constituye el primer período de la minoría de edad de Isabel II de España, durante el cual su madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias asumió las funciones correspondientes a la Corona (1833-1840) y tuvo que hacer frente a la primera guerra carlista, desencadenada por los partidarios de Carlos María Isidro —hermano del rey Fernando VII, fallecido en septiembre de 1833—, quienes no reconocían la Pragmática Sanción de 1789, por la que las mujeres podrían reinar, y que Fernando VII había hecho pública en marzo de 1830. Para contrarrestar a los carlistas, defensores del absolutismo, María Cristina debió hacer concesiones a los liberales, que a cambio apoyarían la causa de Isabel II; esto desembocaría en la Revolución liberal de 1835-1837, que puso fin al Antiguo Régimen y a la Monarquía absoluta. Tras el Trienio Moderado 1837-40 y el triunfo del bando «cristino» en la guerra carlista, los progresistas encabezaron la «revolución de 1840», que obligó a María Cristina a marchar al exilio, asumiendo la regencia el general Espartero.

Antecedentes: el final del reinado de Fernando VII y el pleito sucesorio (1830-1833)

thumb|Retrato de Fernando VII a caballo, 1821, por José de Madrazo. Así como en el Trienio Liberal (1820-1823) se produjo la diferenciación de los liberales entre «moderados» y «exaltados», durante la segunda restauración absolutista —conocida por los liberales como la «Década Ominosa» (1823-1833) y que constituiría el último periodo del reinado de Fernando VII—, fueron los absolutistas los que se dividieron entre «reformistas», partidarios de «suavizar» el absolutismo siguiendo las advertencias de la Santa Alianza —cuya intervención militar mediante los Cien Mil Hijos de San Luis había puesto fin en 1823 a la breve experiencia de monarquía constitucional del Trienio Liberal—, y «apostólicos» o «ultras», que defendían la restauración completa del absolutismo —incluido el restablecimiento de la Inquisición, que el rey Fernando VII, aconsejado por los absolutistas reformistas, no había repuesto tras su abolición por los liberales en 1820—. Los ultras tenían a su principal valedor en el hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón —heredero al trono, porque el rey, después de tres matrimonios, no había conseguido tener descendencia—, y por eso comenzaban a ser llamados «carlistas».

La Pragmática Sanción y el nacimiento de Isabel Tras la muerte el 18 de mayo de 1829 de su tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia, Fernando VII anunció en septiembre que iba a casarse de nuevo. Según Juan Francisco Fuentes, «es muy posible que las prisas del rey por resolver el problema sucesorio tuvieran que ver con sus dudas sobre el papel que venía desempeñando en los últimos tiempos su hermano don Carlos [...] Sus continuos achaques de salud y su envejecimiento prematuro —en 1829 tenía tan sólo 45 años— debieron persuadirle de que se le estaba acabando el tiempo. Según su médico, Fernando hizo en privado esta confesión inequívoca: "Es menester que me case cuanto antes"». La elegida para ser su esposa fue la princesa napolitana María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, sobrina de Fernando y veintidós años más joven que él. Se casaron el 10 de diciembre y, pocos meses después, Fernando VII hacía pública la Pragmática Sanción de 1789, aprobada al principio del reinado de su padre Carlos IV, que abolía el Reglamento de sucesión de 1713, una ley que impedía que las mujeres pudiesen reinar si existía un varón en la línea sucesoria, fuera en primer o en segundo grado. De esta forma, el monarca se aseguraba que, si por fin tenía descendencia, su hijo o hija le sucederían.

A principios de mayo de 1830, un mes después de la promulgación de la Pragmática, se anunció que la reina María Cristina estaba embarazada, y el día 10 de octubre nació una niña: Isabel. De este modo, Carlos María Isidro quedó fuera de la sucesión al trono, para gran consternación de sus partidarios ultraabsolutistas. Por otro lado, alentados por el triunfo de la revolución de 1830 en Francia —que dio paso a la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans—, los liberales españoles exiliados organizaron y protagonizaron diversos pronunciamientos, todos ellos fracasados, para restablecer la Constitución de 1812 y poner fin a la Monarquía absoluta. El de mayor repercusión fue el pronunciamiento de Torrijos, en diciembre de 1831, que acabó con el fusilamiento de todos sus integrantes sin juicio previo; unos meses antes, había sido ajusticiada a garrote vil Mariana Pineda. thumb| Francisco Cea Bermúdez, absolutista reformista, nuevo secretario de Estado a partir de octubre de 1832, tras los sucesos de La Granja.

Los sucesos de La Granja de septiembre de 1832

Pero los carlistas no se resignaron a que la recién nacida Isabel fuera la futura reina e intentaron aprovechar su primera oportunidad con motivo de la enfermedad del rey Fernando, lo que dio lugar a los sucesos de La Granja de verano-otoño de 1832. El 16 de septiembre de 1832, se agravó la delicada salud del rey Fernando VII, convaleciente en su palacio de La Granja de San Ildefonso (Segovia). La reina María Cristina, presionada y engañada por los ministros ultras Francisco Tadeo Calomarde y el conde de Alcudia, y por el embajador del Reino de Nápoles —quienes le aseguraron que el Ejército no le apoyaría en su regencia cuando muriera el rey (e intentando evitar una guerra civil, según su propio testimonio posterior)—, influyó en su esposo para que revocase la Pragmática Sanción de 1789, hecha pública el 31 de marzo de 1830, que cerraba el acceso al trono a Carlos María Isidro. El día 18 de septiembre, el rey firmó la anulación de la Pragmática, por lo que el Reglamento de sucesión de 1713 que impedía el reinado de las mujeres volvió a estar en vigor. Pero, inesperadamente, el monarca recobró la salud y, el 1 de octubre, destituyó a los ministros carlistas. El 31 de diciembre, Fernando VII anuló el decreto derogatorio, que jamás se había publicado —pues el rey lo había firmado con la condición de que no se publicase hasta después de su muerte—, pero que los carlistas se habían encargado de divulgar. De esta forma, Isabel, de dos años de edad, volvía a ser la heredera al trono.

El Gobierno de Cea Bermúdez: reformas, amnistía y conflicto El nuevo Gobierno nombrado el 1 de octubre de 1832, encabezado como secretario de Estado por el absolutista reformista Francisco Cea Bermúdez y del que habían sido apartados los ultras, inmediatamente tomó una serie de medidas para propiciar un acercamiento a los liberales moderados; inició así una transición política, que tras la muerte del rey, continuaría la regencia de María Cristina. Reabrió las universidades, cerradas por el ministro Calomarde para evitar el «contagio» de la Revolución de julio francesa, y, sobre todo, promulgó una amnistía que permitía la vuelta a España de buena parte de los liberales exiliados. Además, el Gobierno creó el 5 de noviembre el nuevo Ministerio de Fomento, proyecto boicoteado por los ministros ultras. Por último, el 10 de noviembre destituyó a cinco capitanes generales ultraabsolutistas proclives al infante don Carlos por otros afines al Gobierno, que recibieron la orden de controlar —y desarmar si fuera necesario— a los voluntarios realistas.

A partir de su apartamiento del poder, los ultrabsolutistas, apoyándose en el Cuerpo de Voluntarios Realistas, se enfrentaron al nuevo Gobierno. El propio hermano del rey se negó a prestar juramento a Isabel como princesa de Asturias y heredera al trono, por lo que Fernando VII le obligó a que abandonase España. Así, el 16 de marzo de 1833, Carlos María Isidro y su familia se marcharon a Portugal. Meses después, el 29 de septiembre, moría Fernando VII, iniciándose una guerra por la sucesión a la Corona entre «isabelinos», partidarios de Isabel II —también llamados «cristinos», por su madre, que asumió la regencia—, y «carlistas», partidarios de su tío Carlos.

Transición política y guerra civil (1833-1835) El inicio de la guerra carlista

miniaturadeimagen|izquierda|Figurilla contemporánea (1834) de María Cristina con Isabel II en brazos. thumb|right|El Infante Don Carlos. El 1 de octubre de 1833, Carlos María Isidro, hermano del recién fallecido Fernando VII, se autoproclamó rey con el título de Carlos V, sin reconocer a su sobrina Isabel como la nueva reina ni a su madre María Cristina de Borbón como regente o «Reina Gobernadora», tal como lo había determinado el testamento del rey difunto. Don Carlos —como le llamaban sus partidarios— hizo su llamamiento desde Abrantes, en Portugal:

Dos días después se produjo el primer levantamiento carlista en Talavera de la Reina (provincia de Toledo), protagonizado por el administrador de correos y los voluntarios realistas de la localidad. En las semanas siguientes, los partidarios de don Carlos organizaron partidas por diversas zonas del territorio, cuyo origen se remontaba en muchos casos a las partidas realistas del Trienio Liberal y a las ultraabsolutistas que habían actuado durante la Década Ominosa, ahora reforzadas por el Cuerpo de Voluntarios Realistas. Pero esta insurrección dispersa, que recurrió a la táctica de la guerrilla, solo se convertiría en una guerra civil —la primera guerra carlista— cuando las partidas se transformaron a lo largo de 1834 en un auténtico ejército, gracias a la incorporación al campo carlista de militares profesionales, entre los que pronto destacaría el coronel Tomás de Zumalacárregui. A partir de ese momento, el carlismo representaría una amenaza militar integrada por unos 40 000 combatientes, frente a los 45 000 del Ejército regular, ya que la mayoría de sus oficiales había permanecido fiel a la regente María Cristina y a la reina Isabel II, de tres años de edad.

Pero la guerra carlista fue mucho más que un pleito dinástico, porque lo que estaba en disputa era el tipo de régimen político y social que habría de regir España. Las filas carlistas estaban formadas por los absolutistas «intransigentes», que habían surgido en la década final del reinado de Fernando VII —con episodios como la Regencia de Urgel (1822) o la guerra dels Malcontents (1827)—; y los cristinos o isabelinos, por los absolutistas «reformistas», que muy pronto, ante la persistencia de la insurrección carlista —especialmente en el País Vasco y Navarra, pero también en Cataluña, Aragón y Valencia—, tuvieron que buscar el apoyo de los liberales moderados, de los que muchos habían vuelto del exilio gracias a la amnistía aprobada en octubre del 1832, tras los sucesos de La Granja.

La sustitución de Cea Bermúdez por Martínez de la Rosa: el Estatuto Real de 1834

Inmovilismo o reformismo: Javier de Burgos y Martínez de la Rosa La regente María Cristina confirmó en su puesto al frente del gabinete al absolutista reformista Cea Bermúdez. Este debía continuar con la política de despotismo ilustrado, para evitar los cambios políticos en profundidad que acabaran con los poderes absolutos del rey y con el «orden tradicional». Tal como lo expresó la regente en un manifiesto, escrito por Cea y hecho público el 4 de octubre:

thumb|right|Javier de Burgos.