El Ministerio del Interior (MIR) de España es el departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada y extranjería; el régimen de protección internacional de refugiados, el régimen de apátridas y la protección a desplazados; la administración y régimen de las instituciones penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de las competencias sobre protección civil, y las atribuidas en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible.

El Ministerio, que fue creado originalmente por las Cortes de Cádiz en 1812, tiene su sede principal desde los años 1970 en el Palacio de los Condes de Casa Valencia, ubicado en el céntrico Paseo de la Castellana. Asimismo, el resto de servicios se reparten entre los edificios contiguos a este palacio, que también son propiedad del Departamento, y otras sedes repartidas por la ciudad de Madrid. Desde 2018, su titular es el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con los datos de Eurostat para el año 2024, España (todas las administraciones) gastaba al año 28628 millones de euros en orden público y seguridad, lo que suponía un 1,8 % del PIB. Por otra parte, de acuerdo al Balance de Criminalidad del cuarto trimestre de 2025, la tasa de criminalidad convencional en España se situaba en 40,4 casos por cada mil habitantes—la más baja registrada—, mientras que la de cibercriminalidad se situó en 10 casos por cada mil habitantes.

Historia El Ministerio del Interior se creó para asumir los asuntos relativos a la gobernación del Reino de España, un gran ámbito competencial que en el pasado habían asumido los Consejos de la Monarquía y que a partir del acabó centralizando el Consejo de Castilla, que entre sus numeras funciones se encontraban las de asistir y colaborar con el monarca en los asuntos de gobierno del país.

Con la división gubernamental en Secretarías de Estado y del Despacho llevada a cabo por Felipe V, con carácter general fue la Primera Secretaría de Estado —cuyo titular actuaba como un primer ministro— la responsable de los asuntos relativos a la gobernación del Reino, aunque dependiendo de la confianza que el rey tuviera en sus ministros, otros ramos podían acabar acaparando estos asuntos. Así, en diferentes épocas fueron también los titulares de otras Secretarías los que asumieron el gobierno interior, o incluso el Consejo de Castilla, durante la presidencia del conde de Aranda, recuperó gran protagonismo en este ámbito.

Sin embargo, la Guerra de Independencia introdujo en España, por influencia francesa, el concepto de gobierno interior como entidad propia, lo que derivaría en la creación de un nuevo ministerio.

Origen: la Guerra de Independencia izquierda|miniaturadeimagen|200x200px|El 2 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya. El levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 extendió las Guerras napoleónicas a la península ibérica, en respuesta a la imposición por parte de Napoleón Bonaparte, de su hermano, José, en el trono español. A partir de ese momento, España quedó divida en dos bandos, cada uno con su propia legalidad. En el bando francésSe denomina bando francés por ser este su liderazgo, pero no estaba formado únicamente por franceses, sino también por españoles que apoyaron el gobierno de José Bonaparte. A estos se les conocía como afrancesados. se aprobó el Estatuto de Bayona, una carta otorgada promulgada por José Bonaparte que adaptaba el sistema político español a semejanza del francés, y creaba en su gobierno un Ministerio del Interior y otro de Policía General. Por su parte, en el bando español, las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución de 1812 cuyo artículo 222 establecía una Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes y otra de iguales características para los territorios de Ultramar, que se añadían a los departamentos prexistentes desde el reinado de Felipe V (Estado, Guerra, Gracia y Justicia, Hacienda e Indias).

En lo que a nosotros interesa, el Despacho de la Gobernación del Reino se reguló por el Decreto CXLV de 6 de abril de 1812 de las Cortes, que estableció que este departamento entendía:

A pesar del gran abanico de competencias que tenía el departamento, no incluía una fundamental, la seguridad pública, que quedó integrada en la Secretaría del Despacho de Justicia. El primer ministro en ocupar esta cartera fue José García de León y Pizarro.

Un ministerio liberal El ambicioso y nuevo departamento no duró mucho pues, una vez ganada la guerra y repuesto en el trono Fernando VII, este anuló todo lo hecho por las Cortes de Cádiz y restauró el sistema absolutista. Esto supuso un duro golpe para los liberales, que fueron los principales promotores de las reformas administrativas de la Monarquía y quienes esperaban que, tras el apoyo brindado a la causa de Fernando, este aceptaría un cambio de régimen. Nada más lejos de la realidad; el rey reinstauró el sistema de Consejos y suprimió, entre otros órganos, las secretarías de gobernación, volviendo al momento previo a la guerra. miniaturadeimagen|El ministro de Hacienda, Victoriano de Encima y Piedra, ocupó interinamente la cartera en 1832 y estableció la estructura del Departamento por aquel entonces. Visto como un ministerio liberal, no hubo ni rastro de él hasta 1820, cuando los liberales se levantaron contra el rey tras el pronunciamiento de Rafael del Riego y le forzaron a reponer el régimen constitucional establecido por la Constitución de 1812, lo que incluyó recuperar un departamento exclusivo para los asuntos de la gobernación del Reino. Durante el breve periodo que duró el Trienio Liberal, se presentaron diversos proyectos para crear cuerpos policiales, tales como el de la Legión de Salvaguardias Nacionales. La inestabilidad de este periodo fue patente en la titularidad de la cartera, con numerosos ministros, y terminó con el restablecimiento del absolutismo en 1823 gracias a la ayuda que el rey recibió de los Cien Mil Hijos de San Luis.

Esto dio paso a la Década Ominosa, una oscura etapa de la historia de España llena de represión hacia los liberales. De nuevo, se eliminó todo rastro de las reformas del Trienio Liberal y, aunque se intentó reformular un ministerio de gobernación llamado Secretaría del Despacho de Interior (que agrupaba tanto los asuntos de la Península como los de Ultramar), apenas duró unos meses. Su único titular fue José Aznárez Navarro.

Los hechos más relevantes de este periodo fueron la creación en 1824 de la Policía General del Reino, antecesor directo del actual Cuerpo Nacional de Policía, la creación del Cuerpo de Carabineros en 1829 —que en 1940 se integró en la Guardia Civil— y la cuestión sucesoria, que provocó que en los últimos años de esta etapa el rey Fernando tuviera que asegurar que su hija, Isabel, llegase a reinar.

Para ello, su gobierno introdujo algunas reformas, tanto de ámbito académico como social. En lo que a la administración del Reino compete, el soberano tuvo en mente desde 1830 la creación de un Ministerio del Interior, idea que fue defendida por relevantes políticos de la época como Javier de Burgos (1826), Pedro Sáinz de Andino (1830), fiscal de la Hacienda Pública, o su propio ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros (1830), que lo denominaba «Secretaría del Despacho del Gobierno Político». Mayor rechazo encontró entre los ministros de Justicia, tales como José Antonio Larrumbide Urquidizar (1811) o José Cafranga Costilla (1832), que llegó a dimitir al crearse, e incluso el Consejo de Estado (1830), cuyo informe acabó en un empate entre sus miembros.

Finalmente, por Real decreto de 9 de noviembre de 1832 el monarca restableció la Secretaría de Estado y del Despacho, ahora llamada «de Fomento General del Reino». La elección del nombre no fue baladí; se intentó evitar tanto el término «Interior», por su relación con la ocupación francesa, como el término «Gobernación», ligado a los liberales de Cádiz. El encargado de impulsar el departamento fue el ministro de Hacienda, Victoriano de Encima y Piedra, quien asumió de forma interina el cargo y diseñó como iba a ser este Ministerio en su nueva etapa. Tras este, Narciso Heredia es nombrado ministro titular hasta octubre de 1833, cuando Javier de Burgos, quien ya en 1826 había defendido crear el departamento, fue nombrado ministro. Este nuevo Departamento se complementó con la creación de la figura del subdelegado de Fomento en las provincias y la división de estas realizada por el ministro Burgos en 1833.

De Interior a Gobernación izquierda|miniaturadeimagen|250x250px|Grabado de una protesta frente al Edificio de la Gobernación en el contexto de la Revolución de 1854. Ya reinando Isabel II, y en su nombre la Reina Gobernadora, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, esta no tuvo más remedio que apoyarse en los liberales para defender los derechos de su hija a reinar, y para ello promulgó una carta otorgada, el Estatuto Real que, por primera vez, regulaba un Gobierno diferenciado de la Corona —si bien encabezado por esta— y con un jefe del Ejecutivo claramente diferenciado, el presidente del Consejo de Ministros. En este nueva etapa, los liberales renombraron en mayo de 1834 el departamento, rescatando el término «Interior» y los subgobernadores de Fomento pasaron a denominarse gobernadores civiles. Unos meses más tarde, se creó la Subsecretaría del Interior con Ángel Vallejo Villalón al frente, y se reubicó el Ministerio, instalándolo en la antigua sede del Consejo de la Suprema Inquisición, en la madrileña calle de Torija.

De nuevo, a finales de 1835, se volvió a cambiar el nombre al Departamento, pasando a llamarse «de Gobernación del Reino». Esta nueva etapa como Gobernación la inició con seis secciones, dedicadas a los asuntos generales del Ministerio, la administración y servicios de ámbito local, cuerpos policiales, cárceles, educación pública, fomento de la economía, la agricultura y obras públicas.

A pesar de las numerosas reformas en el ámbito de la seguridad pública, no se encontraba una solución factible y se consideraba imperiosa la tutela del Gobierno para asegurar la libertad de los ciudadanos; así lo afirmaba un decreto de 26 de enero de 1844, «la libertad civil, expuesta de continuo a los amaños y violencias individuales, no parece subsistir con firmeza sin la tutelar vigilancia, y sin el robusto apoyo de la autoridad solícita y vigorosa del gobierno».

Unos meses después se aprobó otro decreto que creó la Guardia Civil, liderada por aquel entonces por Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, con una doble dependencia de Guerra y de Gobernación.

Ministerio de Fomento