thumb|Monasterio de Santa María de Ripoll después del ataque e incendio durante las bullangues de 1835. Los motines anticlericales de 1835 fueron unas revueltas contra las órdenes religiosas en España, fundamentalmente por su apoyo a los carlistas en la guerra civil iniciada tras la muerte del rey Fernando VII a finales de 1833, y que se produjeron durante el verano de 1835 en Aragón y, sobre todo, en Cataluña, dentro del contexto de las sublevaciones de la Revolución liberal española que pretendían poner fin al régimen del Estatuto Real, implantado en 1834 por la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, y dar paso a un monarquía constitucional con el restablecimiento de la Constitución de 1812. Los motines anticlericales más importantes tuvieron lugar en Zaragoza y en Reus, Barcelona y otras localidades catalanas (donde los motines populares de esta época son conocidos con el nombre de bullangues), durante los cuales fueron asaltados numerosos conventos y monasterios y resultaron muertos setenta miembros del clero regular y ocho sacerdotes, lo que trajo a la memoria lo ocurrido un año antes en la matanza de frailes en Madrid de 1834. “Todos los movimientos revolucionarios que estallaron en varias ciudades durante el verano de 1835 y se manifestaron en la quema de conventos y en la repulsa del Estatuto Real tienen un mismo denominador común: la hostilidad a los regulares, motivada ya por su intervención en la represión después del Trienio Liberal, ya por sus simpatías por el carlismo”.
Antecedentes thumb|La regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. A finales de julio de 1834 se abrieron las Cortes convocadas según lo dispuesto en el Estatuto Real, una especie de carta otorgada promulgada por María Cristina de Borbón-Dos Sicilias que regentaba el trono en nombre de su hija, la futura Isabel II que entonces contaba con cuatro años de edad, y cuyos derechos sucesorios no habían sido reconocidos por los carlistas, los partidarios del hermano del rey recientemente fallecido Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, que no aceptó la Pragmática Sanción de 1830 que abolía la Ley Sálica que no permitía que las mujeres reinaran, por lo que perdía sus derechos al trono en favor de la hija de su hermano recién nacida. Tras la muerte del rey Fernando VII a finales de septiembre de 1833, el pleito sucesorio derivó en una guerra civil, la primera guerra carlista, que pronto se convirtió en un conflicto político e ideológico, entre los partidarios de mantener el Antiguo Régimen, los absolutistas que en su mayoría apoyaban a don Carlos, y los defensores de un cambio más o menos radical hacia un “nuevo régimen”, que defendían los derechos al trono de Isabel II, por lo que eran llamados “isabelinos” o “cristinos”, por el nombre de la regente. Unos días antes de la apertura de aquellas Cortes tuvo lugar la matanza de frailes en Madrid de 1834, durante la que fueron asesinados cerca de ochenta miembros del clero regular -que en su mayoría simpatizaba y apoyaba a la causa carlista- a causa del rumor que se difundió por la capital de que los “frailes habían envenenado las fuentes” lo que habría causado la terrible epidemia de cólera que asolaba la ciudad –solo en julio de 1834 se cobró más de tres mil vidas- y el resto de España. thumb|left|José María Queipo de Llano, VII Conde de Toreno. En las Cortes pronto apareció una oposición claramente liberal que consideraba insuficiente el marco político establecido por el Estatuto Real porque no reconocía el principio de la soberanía nacional. Así los procuradores Joaquín María López, Fermín Caballero y el Conde de Las Navas, dirigieron un escrito a la regente en el que pedían una declaración de los derechos políticos de los españoles, pero el gobierno del liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa lo rechazó. Meses después se comenzó a discutir una Ley de Ayuntamientos para que al menos a nivel local se aceptara el régimen representativo derivado del principio de soberanía nacional, pero de nuevo el gobierno no lo admitió, aunque le supuso un enorme desgaste, lo que unido a la marcha adversa de la guerra civil provocó su caída el 6 de julio de 1835.
El sucesor de Martínez de la Rosa fue el más claramente liberal José María Queipo de Llano, VII conde de Toreno, quien formó un gobierno heterogéneo, que incluía desde personajes aristocráticos como Pedro Agustín Girón, marqués de Las Amarillas, hasta el liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal, que se encontraba exiliado en Londres. Pero este gobierno pronto se vio desbordado por una serie de movimientos revolucionarios, entre los que se incluyen los motines anticlericales de Zaragoza y de Reus, Barcelona y otras localidades catalanas, que se produjeron en julio y agosto de 1835 y que dieron nacimiento a unas juntas revolucionarias que no reconocían su autoridad. El gobierno del conde de Toreno intentó calmar los ánimos decretando la expulsión de los jesuitas, lo que fue interpretado por la Santa Sede como una declaración de guerra rompiéndose las relaciones diplomáticas el 6 agosto , y el 25 de julio suprimiendo los conventos con menos de 12 religiosos, el mismo día que tenía lugar la “bullanga” de Barcelona, pero el objetivo de la Revolución Liberal en España en materia religiosa iba mucho más lejos: la supresión de las órdenes religiosas y la desamortización de sus bienes.
Los motines anticlericales de Zaragoza El motín del 3 de abril thumb|Palacio arzobispal de Zaragoza en la plaza de la Seo. El motín anticlerical de Zaragoza del 6 de julio, tuvo un antecedente en la primavera, cuando el 3 de abril una multitud se dirigió al palacio arzobispal para protestar por la decisión de su titular Bernardo Francés Caballero, de ideas absolutistas -aunque no había hecho ninguna manifestación favorable a la causa de los carlistas-, por haber retirado las licencias de confesión y predicación a dos clérigos que eran capellanes de la milicia urbana por su conducta reprobable –en una carta enviada el 18 de abril al gobierno el arzobispo los acusaba de llevar una vida licenciosa-. La multitud iba encabezada por un fraile lego, Crisóstomo de Caspe, organista del convento de mínimos de la ciudad. Concretamente el diario liberal El Eco del Comercio lo señalará como autor del asesinato de cuatro o cinco religiosos que murieron en los incidentes de ese día –más tarde el fraile se alistó en el ejército liberal y fue fusilado por los carlistas en el Bajo Arágón-.
El motín se inició por la tarde cuando una multitud se reunió en la plaza de la Seo frente al palacio arzobispal dando gritos de «¡Muera el arzobispo y mueran los traidores!», o «Muera el arzobispo, muera el cabildo!», según otras versiones. Como el despliegue de la tropa y de la milicia urbana por orden del capitán general impidió el asalto al palacio episcopal, la multitud se dirigió entonces hacia el convento de la Victoria, donde fueron asesinados cuatro frailes, y después al de san Diego, donde mataron a otros dos. Por la noche se repitieron los incidentes, acuchillaron a un lego franciscano y dejaron malherido a un sacerdote. Aunque parece que en el asalto al convento de mínimos de la Victoria un destacamento de la milicia frenó a los amotinados, “la pasividad, sin embargo, es la nota de la guarnición militar en el ataque al convento franciscano de san Diego, situado justo enfrente de la capitanía general, y en el que matan a dos frailes”.
Por orden del capitán general, el arzobispo abandonó Zaragoza con escolta militar y después de pasar por Lérida se refugió en Francia, concretamente en Burdeos, donde residiría hasta su muerte en 1843. En los días siguientes abandonaron precipitadamente la ciudad 114 clérigos absolutistas.
Se ha sugerido que detrás del motín habría sobre todo motivaciones económicas: la abolición del diezmo que cobraba la Iglesia y la desamortización de sus bienes. Durante esa primavera hubo otro motín en Murcia contra las autoridades que tenían simpatías absolutistas, aunque los que murieron esta vez no eran eclesiásticos, sino un escribano antiguo voluntario realista, el cocinero del obispo y otro ciudadano.
El motín del 6 de julio miniaturadeimagen|El arzobispo Bernardo Francés Caballero, atribuido a Luis López Piquer. Ca. 1843-1850. (Diputación Provincial de Zaragoza). El motín anticlerical más grave de Zaragoza se produjo el 6 de julio. Todo comenzó el día anterior cuando un amago de pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812 por parte de una compañía al mando del teniente Blas Pover, fue sofocado y su comandante detenido y encarcelado. El día 6 una multitud integrada por miembros de la milicia urbana junto con hombres y mujeres de las clases populares exigieron la libertad del teniente y difundieron proclamas contra el gobierno. Ante la negativa del capitán general a liberar al oficial, “los amotinados buscan a los absolutistas, matan a uno, desobedecen la orden de formar que dicta el capitán general para los milicianos y se lanzan de inmediato por las calles de la ciudad, con gritos republicanos, contra casas de absolutistas y contra los conventos de Santo Domingo, San Lázaro y San Agustín. Participan en la destrucción mujeres y niños en una auténtica algarada contra lo que durante siglos había significado el privilegio de un recinto sagrado”. Murieron once frailes de distintas órdenes, bajo las armas o asfixiados por el humo.
La respuesta de las autoridades fue ejecutar al teniente Pover y a siete compañeros suyos, además de a varios individuos que habían participado en los incidentes. El gobierno, por su parte, destituyó al capitán general, al que el periódico La Abeja del 13 de julio acusó de haber dado armas a hombres de la clase proletaria, que habrían participado en los asaltos a los conventos, un argumento ya utilizado por la prensa liberal con motivo de la matanza de frailes en Madrid de 1834. Esta idea de que había existido complicidad de la milicia urbana y de las autoridades con los amotinados también fue recogida por un informe enviado a su gobierno por el embajador francés en Madrid, conde de Rayneval. En otro informe de un agente francés se constataba el hecho de que muchos campesinos de los pueblos se negaban a pagar los diezmos, por lo que algunos historiadores piensan que la cuestión de los diezmos posiblemente fue una de las causas del motín, -el arzobispo en alguna ocasión había pedido la intervención de las autoridades de la provincia para poder cobrar los diezmos, no solo en la capital sino en muchos pueblos-. «No hay que olvidar que la Iglesia zaragozana poseía, al menos, una quinta parte de la riqueza de Aragón, lo que podía ser la causa de la oposición popular hacia los representantes de la Iglesia y además, una parte del clero regular, y sobre todo el arzobispado, estaba implicado en actividades antigubernamentales». «En efecto, en el caso de Zaragoza, se constata la animadversión rotundamente económica y política a una institución [la Iglesia] decantada por conservar sus privilegios, posesiones e impuestos propios».