El derecho al olvido o derecho de supresión es un concepto relacionado con el habeas data y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen, así cómo el derecho de los secretos. En aplicación de este concepto, se hacen solicitudes de supresión, bloqueo o desindexación de información que se considera cierta pero obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo. Este concepto puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión e información.
El derecho al olvido o derecho de supresión, es aquel por el que los ciudadanos pueden solicitar que sus datos personales sean suprimidos cuando estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita. Además, podrá solicitar el bloqueo de los vínculos que conducen a la información en los buscadores.
El derecho al olvido en los informes comerciales El derecho al olvido se ha difundido ampliamente en muchos países con la cuestión de los informes crediticios. La primera norma en tratarlo fue la Fair Credit Reporting Act aprobada por el Congreso Federal en 1970 en los Estados Unidos, que admite en ciertas situaciones la eliminación de la información antigua o caduca.
De acuerdo con la legislación española, para ejercer el derecho al olvido tendremos, en primer lugar, que dirigirnos a la entidad que esté tratando nuestros datos, por ejemplo, un buscador.
En caso de que la entidad no responda a la petición realizada o consideremos que la respuesta no es adecuada, podemos solicitar a la Agencia Española de Protección de Datos que defienda nuestro derecho frente al responsable.
A su vez la Agencia podrá, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, estimar nuestra pretensión o no. En caso de que la decisión sea desestimatoria y no estemos conformes, podremos recurrirla ante los Tribunales.
España La ley española de protección de datos personales (LOPD) regula el derecho al olvido en materia de ficheros de morosos en el art. 29.4 que dispone "Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos".
Argentina En Argentina, primero fue reconocido judicialmente en un caso destacado, le siguieron varios fallos de la cámara comercial y luego la ley de protección de datos personales lo cristalizó en el art. 26 de la ley 25.326.ley 25.326 Luego de su expreso reconocimiento legal, el instituto se fue afianzando en la jurisprudencia. El problema aquí era claro: la gente contrae créditos, se endeuda, luego no los paga, pasan algunos años, el crédito está prescripto, el banco no puede reclamar, pero el poder de la información es más fuerte que una obligación natural, y la persona no puede obtener otro crédito porque seguía figurando como deudora. La persona tiene la opción de pagar la deuda (prescripta) para que lo borren y así poder empezar desde cero, o recurrir al derecho al olvido y eliminar la información negativa.
Chile De igual manera, existen limitaciones al uso de datos comerciales y financieros de los titulares de los mismos. La materia se encuentra regulada a través de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, en relación a que pueden usarse datos de morosidad bajo determinadas circunstancias sin previo consentimiento del titular.
El derecho al olvido en Internet La progresiva universalización de Internet, que combina una enorme capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos, y con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido. La perennidad de la información implica nuevos desafíos para el Derecho, básicamente determinar si una persona puede lograr borrar el pasado. Si bien los reclamos pueden dirigirse contra el medio original (medio de prensa, sitio de internet, blog, etc.) que publica el dato o la noticia para lograr la supresión de información (o su bloqueo digital por medio de robots), lo habitual es que los titulares se dirijan confidencialmente a los buscadores (en el último informe de transparencia de Google se refleja que desde el año 2014 ha recibido 671.463 solicitudes). La privacidad y el anonimato en internet se han postulado como nuevos derechos humanos de la cuarta generación.
Origen y evolución del derecho al olvido El derecho al olvido es un concepto que se remonta a la definición de Louis Brandeis, quien lo describió como el derecho a estar solo, en el año 1890. Desde entonces, ha sido un tema que ha estado presente en nuestra sociedad, pero se ha vuelto más relevante en la era de internet y la web 2.0, donde cualquier persona puede publicar y obtener información personal sin apenas restricciones, lo que puede afectar a derechos como el honor, la intimidad y la privacidad.
En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en el caso Google Spain c/ Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González, reconociendo el derecho de los ciudadanos europeos a solicitar que los motores de búsqueda eliminen enlaces a información personal en los resultados de búsqueda. La sentencia se basa en la idea de que las personas tienen derecho a controlar su información personal y decidir si debe ser accesible al público.
El caso involucró a un ciudadano español que descubrió que su nombre aún estaba vinculado a un caso de subasta de inmuebles de 1998 relacionado con un embargo por deudas a la Seguridad Social, lo que podía dañar su reputación. Luego, se recurrió a la Agencia Española de Protección de Datos, y finalmente el caso llegó al TJUE, que emitió una sorprendente sentencia en la que afirmaba que los motores de búsqueda son responsables del tratamiento de los datos personales que aparecen en las páginas web publicadas por terceros.
Finalmente, en 2016, el derecho al olvido fue objeto de una regulación más exhaustiva a nivel europeo a través de su inclusión en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, que entró en vigor en mayo de 2018, derogando la Directiva 95/46/CE.
Marco legal en España La protección de datos personales en España se rige por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que establece el derecho de los ciudadanos a solicitar la eliminación o desindexación de información personal de los resultados de búsqueda de los motores de búsqueda en línea. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de la legislación de protección de datos en España.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho no implica la eliminación de la información de internet, sino que solo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas realizadas mediante el nombre de la persona. La información permanece en la fuente original y seguirá siendo accesible a través de búsquedas realizadas con palabras o términos distintos al nombre del afectado.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 establece que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. En consecuencia, las solicitudes de eliminación de información que resulten de interés público o afecten a figuras públicas pueden no ser aceptadas.
La Ley Orgánica de Protección de Datos se actualizó en 2018 para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las reformas europeas en materia de protección de datos. La regulación del derecho al olvido se incluyó en el artículo 15 de la ley, y se agregó una regulación para los datos referidos a las personas fallecidas, permitiendo a los herederos solicitar la eliminación de información personal de los difuntos.
¿Cómo ejercerlo? Para ejercer este derecho, el ciudadano debe presentar una solicitud al motor de búsqueda o sitio web que aloja la información, incluyendo una justificación del motivo por el cual se desea que se elimine o desindexe la información.
En primer lugar, es necesario dirigirse a la entidad que está tratando los datos, en este caso el buscador. Los buscadores más comunes han habilitado formularios para recibir estas solicitudes (Google, Bing o Yahoo). Si la entidad no responde o la respuesta no es satisfactoria, el ciudadano puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien decidirá si estima o no la petición en un plazo de 6 meses.
Si la AEPD desestima la petición, se puede recurrir ante los tribunales. Si se estima la petición pero el afectado no está conforme, también se puede recurrir ante los tribunales. En ambos casos, se abre un proceso contencioso-administrativo.
Es importante destacar que los buscadores tienen un plazo de 10 días para responder a la solicitud del ciudadano y que la normativa de protección de datos establece que es imprescindible dirigirse en primer lugar a la entidad que está tratando los datos para ejercer el derecho de supresión y, por tanto, el derecho al olvido.
Conflictos de interés El derecho al olvido digital es un tema controvertido que confronta el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información los derechos de la personalidad, como la privacidad y el honor. El derecho al olvido no es absoluto y el equilibrio entre estos derechos debe ser encontrado. El Reglamento General de Protección de Datos establece que es necesario hacer un ejercicio de ponderación entre los derechos en conflicto.
El tiempo es un factor clave en la ponderación de estos derechos, ya que la publicación de información veraz puede estar amparada por la libertad informativa en un primer momento, pero puede escapar de su ámbito de protección con el tiempo, prevaleciendo los derechos de privacidad y honor. El derecho al olvido permite a los afectados exigir la cancelación del tratamiento de sus datos personales cuando haya transcurrido un tiempo suficiente que haga inadecuada su publicación. Sin embargo, la aplicación del derecho al olvido no es tarea fácil y presenta riesgos, como la posibilidad de borrar o reescribir la historia a la medida de cada cual y la incidencia negativa sobre la transparencia que debe acompañar a toda información. Finalmente, la responsabilidad de los motores de búsqueda en el tratamiento de los datos puede convertirlos en verdaderos jueces a la hora de determinar el alcance del derecho al olvido. Estos riesgos tratan, no obstante, de ser paliados por el Reglamento General de Protección de Datos, ya que define el contenido y los límites del derecho al olvido.
En conclusión, el derecho al olvido digital es un derecho controvertido que busca equilibrar la protección de la privacidad y el honor de las personas con el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, pero su aplicación debe ser cuidadosa para evitar la distorsión de la realidad y la afectación a otros derechos fundamentales.
Perspectivas futuras Una de las perspectivas futuras más importantes para el derecho al olvido es la necesidad de una mayor regulación y aplicación efectiva de las leyes relacionadas con la privacidad y la protección de datos en internet.