thumb|Bandera de la Segunda República Española
El segundo bienio de la Segunda República española, también llamado bienio radical-cedista, bienio rectificador, bienio conservador o bienio contrarreformista, denominado asimismo bienio negro o bienio del terror por las izquierdas, constituye el periodo de la Segunda República comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el Parlamento y luego participando en el gobierno. Precisamente, la entrada de la CEDA en el Gobierno en octubre de 1934 desencadenó el hecho más importante del periodo: la Revolución de octubre de 1934, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante dos semanas (el único lugar donde también participó la CNT), aunque la Revolución de Asturias finalmente también fue sofocada por la intervención del ejército.
A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio (con los dos gobiernos de Manuel Azaña), el segundo fue un periodo en que los gabinetes presididos por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de tres meses de vida (se formaron ocho gobiernos en dos años) y se turnaron tres presidentes distintos (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta), y aún duraron menos los dos últimos gobiernos del bienio, los presididos por el centrista Manuel Portela. La razón última de la inestabilidad gubernamental del periodo se encuentra en que la coalición entre el centro-derecha republicano, representado por el Partido Republicano Radical, y la derecha católica «posibilista», encarnada en la CEDA, «nunca fue una auténtica coalición pactada» (por lo que le faltó coherencia y lealtad mutua), a lo que habría que añadir la «mortífera intervención continua del Jefe del Estado» Niceto Alcalá-Zamora. Radicales y cedistas «coincidían en la necesidad de revisar la legislación del primer bienio en algunos aspectos, sobre todo en los que llamaban “socializantes” (es decir, socialdemócratas), pero no coincidían en determinar hasta qué grado debían cambiarse ciertas leyes».
Durante mucho tiempo, la visión dominante del segundo bienio ha sido la de un periodo regresivo y reaccionario, de ahí la extendida denominación de «bienio negro», en contraposición a los logros del primero, el «bienio reformista» o «modernizador». En este sentido el segundo bienio habría sido la negación del primero, su antítesis. Hoy en día, en cambio, esta visión ha sido puesta en cuestión y algunos historiadores, como Nigel Townson, la consideran un mito, al menos en lo que se refiere a la etapa anterior a la «Revolución de Octubre de 1934». Los gobiernos radicales hasta esa fecha no frenaron o destruyeron las reformas del primer bienio, es decir, no fueron «meros títeres de la derecha; al contrario, cultivaron un proyecto propio, en un intento de forjar un régimen más inclusivo y conciliador. En suma, fue un período de rectificación no de reacción», ha afirmado Townson, aunque según Eduardo González Calleja y otros historiadores los radicales:«fracasaron en imponer sus criterios en líneas generales» y no «fueron capaces de aprobar leyes nuevas realmente alternativas». En cambio, no existe el mismo consenso en la valoración de la etapa posterior a «Octubre», con los gobiernos de coalición entre los radicales y la CEDA. Es objeto de debate si ese tiempo sí habría constituido un «bienio negro». Townson considera que a pesar de la «crisis de credibilidad del centro y la represión de la izquierda» no fue «un período de reacción abierta», como lo demostraría que «los republicano-radicales y los cedistas estuvieron siempre en desacuerdo sobre dos cuestiones fundamentales: la magnitud de la contrarreforma y la escala de la represión», aunque reconoce que «a los simpatizantes de la izquierda se los persiguió y se los demonizó». El historiador Fernando del Rey Reguillo sí admite que se pueda aplicar el concepto de «bienio negro» a esta segunda etapa, tras afirmar que «resulta inadecuado» aplicarlo al conjunto del bienio. González Calleja y otros historiadores, la consideran «la etapa contrarreformista por antonomasia del bienio».
En cuanto al balance final del bienio el historiador Luis Palacios Bañuelos considera que constituyó el fracaso del «ensayo de una República de derechas» y que «lo más grave fue que provocó una fractura cada vez mayor entre los españoles».
Elecciones de noviembre de 1933
A principios de septiembre de 1933 el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora le retiró su confianza al presidente del gobierno Manuel Azaña, que se vio obligado a dimitir (aunque acababa de ganar una cuestión de confianza en las Cortes). Desde octubre de 1931 Azaña presidía un gabinete republicano-socialista que había emprendido un amplio programa de reformas durante los dos años que llevaba en el poder, pero que desde principios de año, tras los «sucesos de Casas Viejas», había sufrido un enorme desgaste que había puesto en cuestión la continuidad de la coalición de los republicanos de izquierda con el PSOE. Alcalá Zamora encargó la formación de un gobierno exclusivamente republicano a Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical (PRR) de centro-derecha y principal opositor al gobierno «social-azañista», pero solo duró tres semanas porque fue derrotado en las Cortes al aprobarse una «moción de desconfianza» presentada por los socialistas (por 187 votos a favor, de los socialistas y de los republicanos de izquierda, y 91 en contra). Tras una ronda de consultas el 7 de octubre Alcalá-Zamora nombró como nuevo presidente del gobierno a Diego Martínez Barrio (también del PRR), y al mismo tiempo disolvió las Cortes y convocó elecciones. El presidente de la República estaba convencido de que las Cortes elegidas en junio de 1931 ya no representaban a la opinión pública dominante en ese momento después de las fuertes reacciones y tensiones que se habían vivido en España como consecuencia de la política reformista del gobierno republicano-socialista de Azaña. Por esta razón buscó «orientación y armonía definitiva, acudiendo a la consulta directa de la voluntad general», tal como decía en el preámbulo del decreto de convocatoria de las elecciones.
La nueva ley electoral aprobada el 27 de julio de 1933 introdujo algunos cambios respecto a la que se aplicó en las elecciones constituyentes de junio de 1931: se elevó al 40 % la cantidad de votos requerida por una candidatura para triunfar en la primera vuelta, mientras que en la segunda, que se celebraría si ningún candidato llegaba a esa cifra, solo podían participar quienes hubiesen alcanzado el 8 % de los votos. Además se posibilitó el cambio en la composición de las candidaturas entre la primera y la segunda vueltas. Pero se mantuvo lo esencial: era un sistema electoral mayoritario de listas abiertas que premiaba a las candidaturas que obtuvieran más votos, por lo que los partidos que consiguieran presentarse en coalición conseguían un mayor número de diputados que si se presentaban en solitario.
Sin embargo, la principal novedad de estas elecciones fue que por primera vez las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto reconocido en la Constitución de 1931 en unas elecciones generales. Cerca de siete millones fueron convocadas a las urnas. Por eso, durante la campaña electoral todos los partidos se dirigieron especialmente a ellas. En una proclama de la candidatura de las derechas por Córdoba se decía: «No olvides que vas a defender tus derechos de madre, de esposa... [y que] con tu voto vas a servir a tu Dios y a tu patria».
Partidos thumb|Logo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
A diferencia de las elecciones constituyentes de junio de 1931, las derechas no republicanas formaron una coalición electoral que se formalizó el 12 de octubre de 1933 con el nombre de Unión de las Derechas y de los Agrarios, en la que se integraron la CEDA, como partido hegemónico, el Partido Agrario (comprometido en la defensa de «la religión, la enseñanza, los intereses del campo» y en «evitar la cruel desmembración de Cataluña», aunque formalmente no se constituyó hasta enero de 1934, viéndose obligado a acatar la República para ser legalizado), los monárquicos «alfonsinos» de Renovación Española y la Comunión Tradicionalista (que por su antiparlamentarismo se les puede situar en la extrema derecha), además de algunos independientes «agrarios y católicos». A pesar de sus diferencias ideológicas y tácticas, consiguieron elaborar un programa mínimo que constaba de tres puntos y que plasmaba los tres ejes sobre los que había girado su política de oposición a los gobiernos de Manuel Azaña durante el primer bienio «en defensa del orden y de la religión»: revisión de la Constitución de 1931 y de la legislación reformista, especialmente la social y la religiosa; abolir la Ley de Reforma Agraria de 1932, y declarar una amnistía por «delitos políticos», lo que suponía sacar de la cárcel a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo.
Durante la campaña la CEDA, que planteó las elecciones como un plebiscito sobre la naturaleza del régimen republicano, hizo un gran despliegue de propaganda gracias a la financiación que obtuvo muy por encima del resto de los partidos que concurrían a las elecciones. En el manifiesto de la «Coalición antimarxista» (que fue el nombre que adoptó la candidatura de las derechas no republicanas por la circunscripción por Madrid), publicado por el diario católico El Debate el 1 de noviembre, se definía la política aplicada por los gobiernos republicano-socialistas del primer bienio como «marxista», «con su concepción materialista y anticatólica de la vida y de la sociedad» y su «antiespañolismo» por lo que
En cuanto al líder de la CEDA José María Gil Robles se ha destacado el discurso que pronunció el 15 de octubre en el Monumental Cinema de Madrid, tras la visita que había hecho a la Alemania nazi el mes anterior durante la cual había presenciado el primer Congreso de Nuremberg del Partido Nazi en el poder, y en el que defendió que había que dar a España un «política totalitaria»:
Por su parte el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que había encabezado la oposición a los gobiernos de Manuel Azaña durante el año 1933, esperaba recoger los frutos de la misma y se presentó como una opción de centro, resumida en el lema «República, orden, libertad, justicia social, amnistía». Para ello pactó con otros grupos republicanos de centro-derecha (el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquiades Álvarez y el Partido Republicano Progresista, el partido del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora) y con la CEDA y el Partido Agrario en las circunscripciones donde fue necesario celebrar segunda vuelta.
thumb|Logo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En cambio, los republicanos de izquierda y los socialistas, que se habían presentado en coalición en las elecciones constituyentes de 1931, ahora lo hicieron por separado. En el PSOE se impuso la postura de romper completamente las relaciones con los republicanos. Durante la campaña electoral Largo Caballero, convertido en el líder que mejor encarnaba la nueva orientación de los socialistas, reiteró que «el Partido Socialista va a la conquista del poder»: