La VII Legislatura del Congreso de la República de Guatemala está conformada por los diputados electos tras las elecciones legislativas de 2011.

Inició sus funciones el día 14 de enero de 2012 para concluir el 14 de enero de 2016.

Elecciones legislativas de 2011

Las elecciones legislativas de 2011 se llevaron a cabo el 11 de septiembre, según lo estipulado por el Tribunal Supremo Electoral.

El derechista Partido Patriota (PP) se convirtió en la primera fuerza del Congreso, habiendo ganado un total de 56 escaños. La coalición oficialista de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional (UNE-GANA) obtuvo el segundo lugar, con 39 diputados electos.

La mayoría de bloques legislativos con presencia en la anterior legislatura redujo su número considerablemente. La bancada independiente Libertad Democrática Renovada (LIDER), convertida en un partido político legal, participó por primera vez en un proceso electoral, reeligiendo a varios de sus diputados aunque reduciendo el tamaño de su bancada de 27 a 14 diputados, La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en individual solo obtuvo 9 escaños. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el Partido Unionista (PU) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) pasaron de tener bancadas de tamaño medio a estar representadas por un diputado cada uno. Entre los partidos con primeriza presencia legislativa se encuentran Compromiso, Renovación y Orden (CREO), con 12 diputados; la alianza Visión con Valores (VIVA) y Encuentro por Guatemala, con 6 diputados; el Frente Amplio (WINAQ - URNG - ANN) y Victoria, con un único diputado cada uno.

No obstante, algunos partidos incrementaron sus escaños parlamentarios. Encuentro por Guatemala (EG) aumentó su representación de 1 a 3 legisladores, la Unión del Cambio Nacional (UCN) pasó de 5 a 14 legisladores. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se mantuvo con 1 escaño.

La VII Legislatura se convirtió en la más heterogénea de la época democrática, con catorce organizaciones representadas en el hemiciclo. Además, resalta el aumento de participación de coaliciones multipartidarias respecto a procesos electorales anterior, con un total de 3: UNE-GANA, VIVA-EG y el Frente Amplio de Izquierda.

Los partidos Centro de Acción Social (CASA) y Unión Democrática (UD) perdieron su representación en el Congreso al no haber obtenido ninguna curul.

Investigaciones de la CICIG a diputados en 2015

Caso de Gudy Rivera

En 2014, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, suspendió al Partido Patriota y canceló a la entonces vicepresidente Roxana Baldetti como secretaria general del partido por haber efectuado una concentración para presentar a Alejandro Sinibaldi como precandidato, sin tener autorización legal para hacerlo. El PP presentó al menos dos amparos en los tribunales, para revertir la decisión; un día antes de la elección de magistrados de Apelaciones, la Sala Quinta de Apelaciones amparó a Baldetti, con el voto razonado de la magistrada Claudia Escobar, y dejó en suspenso la sanción del TSE. Escobar fue elegida como magistrada, pero renunció una semana después de su elección, denunciado a Gudy Rivera ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por medio de una conversación que ella habría grabado y en la cual Rivera ejercería presión para que favoreciera al Partido Patriota y a la entonces vicepresidente Roxana Baldetti.

El diputado Rivera reconoció que se reunió con la jueza Escobar, y que se logró por medio del abogado Eduardo González Portillo, pero indicó que no fue con la única juez con la que se reunió. Es más, Rivera indicó que él era víctima de un plan de los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Roberto Alejos, de Todos, y que la grabación se había hecho de forma ilegal.

El 14 de noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió rechazar la solicitud de antejuicio contra Rivera porque la denuncia era «imprecisa y obscura», pero en marzo de 2015 tanto la CICIG como el Ministerio Público indicaron que había indicios suficientes para que un juez pesquisidor determinara si procedía retirarle la inmunidad a Rivera y apelaron el fallo de la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad. La CC amparó a la CICIG y ordenó que continuara el proceso contra Rivera, pues la CSJ no había fundamentado su fallo.

Previendo que proceda el antejuicio contra Gudy Rivera y este tuviera que retirarse del Congreso, el Partido Patriota modificó su listado de diputados poco antes de antes de inscribirlos en el TSE para las elecciones del 6 de septiembre de 2015; en el nuevo listado, el lugar de Rivera sería ocupado por Stella Alonzo Bolaños, pareja sentimental de Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina y alcalde no reelecto de Mixco, quien fue elegida para la VIII Legislatura.

El 10 de marzo de 2016, Rivera fue aprehendido y ligado a proceso por este caso; tras la audiencia de primera declaración fue enviado a prisión preventiva a la cárcel civil del cuartel «Mariscal Zavala».

Caso de Baudilio Hichos

El 16 de junio de 2015, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, reconoció que había investigaciones contra miembros del Congreso y dejó abierta la posibilidad para que se presenten solicitudes de antejuicio. Velásquez indicó que había investigaciones que oportunamente estarían presentando a través de la instauración de los antejuicios correspondientes.

Las declaraciones de Velásquez se dieron en la antesala de la presentación de un informe, previsto para este mes, con el que la CICIG revelaría anomalías e ilegalidades en el financiamiento de los partidos políticos.

El 17 de junio de 2015 la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez ofrecieron detalles de los resultados de la investigación en torno a la adjudicación anómala del arrendamiento, por dos años y tres meses -vía cotización-, de tres niveles del edificio Plaza Minerva donde opera el Seguro Social en la ciudad de Chiquimula. Por el mismo caso la Policía, el Ministerio Público y la CICIG capturaron en allanamientos domiciliares a Jorge Mario López Pellecer -director del IGSS en Chiquimula-, Francisco Cortez Bocaletti –Jefe de Servicios Contratados-, Alma Méndez Blanco, Lester Ortiz y Salvador Rolando Álvarez Mérida. De manera paralela, ambas instituciones presentaron una solicitud de antejuicio contra el legislador Hichos López por los delitos de fraude y asociación ilícita.

La CICIG y el MP comprobaron en el portal de Guatecompras el proceso seguido para el arrendamiento del inmueble, registrado a nombre de Comercial y Constructora Siboney, S. A., firma de la que el congresista sería presidente de su Junta Directiva, lo que facilitó la forma de firmar el contrato por más de Q2 millones; se subrayó que todos los señalados incurrieron en delitos porque, antes de publicar la invitación a ofertar, llevaron a cabo la remodelación del inmueble, se violó la Ley de Compras y Contrataciones, hubo bloqueo a la posible participación de más empresas en la licitación y que las engañaron con datos falsos. De ahí el cargo de asociación ilícita, que, además, permitió que Hichos López recuperara lo invertido en los trabajos físicos efectuados en el Plaza Minerva. Los dos funcionarios indicaron que también los imputados ejecutaron ciertas operaciones en Guatecompras para aparentar legalidad en el contrato.

Hichos estaba a cargo de la comisión pesquisidora del antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. La acción contra el legislador es por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias por las aparentes anomalías cometidas en un concurso de licitación de arrendamiento de un edificio en una dependencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Chiquimula. Nineth Montenegro, diputada, pidió a la Comisión Permanente del Congreso un nuevo sorteo para dirigir pesquisidora contra el presidente Pérez Molina por los señalamientos contra Hichos. Tras conocer la acusación contra su diputado Baudilio Hichos, el partido LIDER lo separa de la agrupación política hasta que resuelva su situación; por otra parte, LIDER expulsa al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por varias acusaciones de corrupción en su contra.

El 8 de julio, la corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra el diputado Hichos; el presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio confirmó el trámite contra el diputado e indicó que el vocal primero de la sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal fue designado como juez pesquisidor.

Caso de cuatro diputados de LIDER

Que se le retire la inmunidad a cuatro diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) y un alcalde para que puedan ser investigados abiertamente, fue la petición que presentó el 6 de julio de 2015 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante la Corte Suprema de Justicia.

El primero de los legisladores es Mario Rivera Cabrera, quien en una ocasión anterior ya había sido señalado de haberse apropiado de dinero perteneciente al Fondo de Conservación Vial de El Quiché, sin embargo, en esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia no aceptó darle trámite a esa solicitud. No obstante, el MP presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que les fue otorgado la semana pasada, razón por la que la CSJ deberá recibir el expediente nuevamente y evaluar las pruebas presentadas; en la nueva solicitud el 6 de julio se le vincula con los delitos de lavado de dinero y otros activos, así como de enriquecimiento ilícito. Los hechos presentados por el MP y la CICIG dan cuenta que él como diputado gana aproximadamente Q29 mil mensuales, el cual se incrementó a Q45 mil cuando ocupó el cargo de segundo secretario en 1996 y el de tercer secretario del congreso en 2008; además, los investigadores determinaron que a su nombre no se encuentra ni una sola empresa o negocio que pudieran reportarle ingresos adicionales a los que percibe como congresista. Sin embargo, se evidenció que Rivera Cabrera es propietario de por lo menos cinco viviendas en varios puntos del país, valorada en varios millones de dólares y es propietario de por lo menos cinco vehículos entre marcas como Range Rover, Land Cruiser, Lincoln Navigator, entre otros. Por último, los investigadores indicaron que en una de las cuentas de Rivera Cabrera existe el monto de nueve millones de quetzales.

El 25 de septiembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad a Rivera Cabrera, quien había sido reelecto el 6 de septiembre para una curul en el Congreso.

En el caso de los diputados Luis Adolfo Chávez y Mirza Arreaga, la solicitud de antejuicio es por una denuncia que el jefe del Ministerio de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez, hizo en junio de 2015, por supuestas negociaciones que los legisladores quisieron hacer con él para lograr adjudicar varios contratos a empresas relacionadas con ellos. De ser retirada la inmunidad, Chávez y Arreaga enfrentarían una investigación por tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Por último, el diputado Mario Yanes Guerra fue denunciado por el Ministro de Desarrollo Social debido a que aparentemente el diputado solicitó varias plazas de trabajo en el renglón 029 para personas cercanas a él. Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo tiene una solicitud de antejuicio por la compra de maquinaria por Q100 millones para el Fondo de Desarrollo Social y la Pesquisidora del caso ha pedido en su informe que se retire la inmunidad del Ministro.