El gobierno del presidente Salvador Allende comenzó el 4 de noviembre de 1970 y terminó con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Pleno en su cuarta postulación a la presidencia. Debido a que ninguno de los candidatos había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones de 1970, la constitución vigente establecía que la elección debía ser realizada entre los dos candidatos que obtuvieran las más altas votaciones —Allende, con el 36,37 %, y Jorge Alessandri, con el 34,40 %—Cockcroft, James D. «Los demócratas cristianos en el poder y la influencia de Estados Unidos. La presidencia de Allende y la polarización política. El papel de Estados Unidos. Las críticas a Allende y la “vía pacífica”», pp. 615-630. En América Latina y Estados Unidos Historia política país por país. Siglo XXI. México, 2001 por el Congreso Pleno, que ratificó la elección de Allende como presidente de Chile por 153 votos sobre 35 de Alessandri.
Salvador Allende gobernó de la mano de la coalición conocida como Unidad Popular, que estaba integrada por el Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Partido Radical (PR), Partido Social Demócrata (PSD), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y Acción Popular Independiente (API).
La «vía chilena al socialismo» y su programa de gobierno thumb|250px|Salvador Allende y su gabinete ministerial en 1970.|izquierdaLos cambios constitucionales para la transición del capitalismo al socialismo que quería llevar a cabo el gobierno de Salvador Allende han sido denominados como «la vía chilena al socialismo» o como «la vía pacífica al socialismo». El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular para la candidatura de Salvador Allende contemplaba propuestas organizadas en varios ejes. Dentro de ellas, se encontraban una nueva Constitución política, la creación de una Asamblea del Pueblo, el desarrollo de una economía planificada, la nacionalización de las riquezas básicas en manos de capitales extranjeros y monopolios internos, la creación de un Área Mixta, de un Área Privada y de un Área de Propiedad Social (APS), entre varios puntos. El carácter de la «vía chilena al socialismo» se constituía como una novedad a nivel mundial, pues, hasta ese momento, no existía ninguna experiencia política que abogara por el desarrollo del socialismo por los medios electorales. A pesar de que los partidos aglutinados en la Unidad Popular aceptaron y se sometieron a las reglas de la vía electoral, su objetivo de ganar el poder estatal era crear una nueva institucionalidad acorde a los principios socialistas. En lo referente al Estado y su papel, el programa de gobierno de la Unidad Popular contemplaba tres características:
Una transición al socialismo gradual y pacífica El rechazo a la noción de dictadura del proletariado como forma estatal transitoria El afianzamiento del carácter nacional de las ramas de las Fuerzas Armadas chilenas y su integración a tareas sociales y de desarrollo económico
Área Mixta, Área Privada y Área de Propiedad Social (APS)
Según los parámetros establecidos por el gobierno de Salvador Allende, la economía nacional debía dividirse en tres áreas: el Área de Propiedad Social (APS), el Área Mixta y el Área Privada. En primer lugar, el Área de Propiedad Social (APS) debía el sector dominante de la economía, abarcando aproximadamente a 200 grandes empresas monopólicas y a las empresas estatales. En segundo lugar, el Área Mixta contemplaba a empresas privadas nacionales o extranjeras con participación estatal. En tercer y último lugar, se encontraba el Área Privada, que incluía a una serie de empresas pequeñas y medianas. El APS jugaba un rol crucial dentro del gobierno de Salvador Allende, pues su objetivo era que liberara al país de la dependencia frente al capital extranjero, que orientara la producción para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, que aumentara el empleo, que controlara la inflación, etc.
En aras de cumplir una de las medidas del programa de gobierno de la Unidad Popular denominada «una nueva economía para detener la inflación», optó por nacionalizar empresas estratégicas, A su vez, el número de empresas circunscritas dentro del APS motivó al gobierno de Allende a aplicar un modelo cibernético de gestión conocido como Synco o Cybersyn sistema que resultó de vital importancia para enfrentar los efectos del paro de octubre de 1972. Tanto las empresas del APS como las del Área Mixta estarían bajo la gestión de la CORFO, quienes clasificarían sus empresas en 4 ramas: bienes de consumo, industria ligera, materiales de construcción e industria pesada.
A fines de agosto de 1971, el gobierno de Allende había traspasado las mayores compañías mineras y 68 de las empresas más importantes del sector privado al sector público. Estas medidas se englobaron dentro de la denominada «batalla por la producción», pues, para el gobierno de la Unidad Popular, elevar los niveles de producción industrial era central para el éxito del socialismo chileno.
Reforma agraria
De acuerdo a las estadísticas mencionadas en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, se menciona que el 50% de la población menor de 15 años sufría de desnutrición, situación que limitaba su capacidad de instruirse. Usando este dato, el programa planteaba que el sistema económico en general y el sistema agrícola en particular era incapaz de alimentar a la población chilena. Sumado a esto, se menciona que los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo y de insalubridad eran marcadamente superiores en las zonas rurales que en las zonas urbanas.En vista de estos puntos, el programa liga todos estos problemas con la existencia del latifundio.
El gobierno de la Unidad Popular recurrió a la Ley 16.640 para sustentar su proyecto de reforma agraria. Esta ley fue enviada por Eduardo Frei Montalva en 1967 y fue promulgada el mismo año.
El gobierno de Salvador Allende se planteó la necesidad de intensificar las expropiaciones de predios que excedieran la cabida máxima establecida (80 hectáreas de riego básicas) al alero de sus propios cauces legales y de su propia planificación. Siguiendo esta línea, este gobierno planteó siete directivas en su programa con respecto a la reforma agraria que se detallan a continuación:
El proceso de reforma agraria en Chile puede separarse en tres fases: la primera, que tuvo lugar bajo el gobierno de Jorge Alessandri, la segunda, que tuvo lugar bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la última, que se desarrolló durante el gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, la aplicación de esta última se tornó compleja en este último debido a la polarización entre los sectores que apoyaban la reforma y los que se oponían. También influyeron las diferencias y rivalidades políticas que existían entre los partidos y movimientos políticos que tenían presencia en el campo. Por un lado, el sector antirreforma fue liderado por empresarios, hacendados y latifundistas agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas, y la cadena de diarios de El Mercurio. Desde el sector que asumía un seguimiento de las políticas del gobierno se encontraba el Partido Comunista, el Partido Radical y un sector del Partido Socialista. Por otro lado, se encontraban las colectividades políticas que componían el «polo revolucionario», vale decir, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana (IC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y el PS liderado por Carlos Altamirano. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) mantenía una distancia con respecto a la reforma agraria de la Unidad Popular exigiendo en la Declaración de Linares que se redujera el número mínimo de hectáreas de riego básicas de 80 a 40 para la expropiación de los predios, la expropiación sin indemnización, y la enajenación de todos los bienes que componían la hacienda o fundo expropiado para asegurar la producción. A pesar de este distanciamiento, el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), frente de masas del MIR,
En resumidas cuentas, se presentaba una diferencia sustancial entre las vías que planteaba el gobierno de la Unidad Popular de llevar a cabo una «reforma agraria ordenada» y las que planteaba el MCR, vale decir, de acciones extralegales y de una «salida revolucionaria» para Chile. Siguiendo esta línea, campesinos y militantes del MCR continuaron emprendiendo tomas de fundos y «corridas de cercos» en la provincia de Malleco y en la provincia de Cautín, acciones que venían desarrollando desde poco antes de la asunción de Allende. Estas acciones se amparaban parcialmente en los propios principios de la Ley 16.640, que facilitaba la expropiación de predios que superaran las 80 hectáreas de riego básico y que se encontraban abandonados y/o mal explotados. Cabe plantear la diferenciación entre las tomas de fundos y las «corridas de cercos». Mientras que en las tomas de fundos participaban tanto mapuches como chilenos, en las corridas de cerco participaban miembros de este grupo étnico y tenían como propósito restablecer «los deslindes originales de los títulos de merced sobre los fundos o predios aledaños que tenían tierras mapuches usurpadas».
La respuesta por parte de las organizaciones patronales y latifundistas también recrudeció, pues comenzaron a organizar grupos armados denominados «guardias blancas», a instar a sus trabajadores a efectuar ocupaciones de sus predios resistiendo para evitar su expropiación así como a desalojar campesinos de tierras tomadas, En ocasiones, estas acciones tuvieron resultados fatales para los campesinos participantes. Ejemplos de esta situación ocurrieron en diversas localidades de la zona sur de Chile. En Frutillar, tres campesinos fueron asesinados por «guardias blancas» en 1972 en Lautaro, el campesino mapuche Juan Milipán falleció durante un enfrentamiento en la toma del Fundo Brasil Sur mientras que en Loncoche es asesinado el campesino y militante del MIR Moisés Huentelaf durante la toma del Fundo Chesque en 1971.
Al igual que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, las tierras expropiadas eran organizadas de acuerdo a «asentamientos», que eran una forma transitoria de organización agrícola del sector reformado para el manejo y explotación de los predios expropiados. Dado que el gobierno de la Unidad Popular no pudo desarrollar su propia ley de reforma agraria o no pudo definir enmiendas para modificar la Ley 16.640 debido a que no contaba con mayoría parlamentaria, las directrices para la organización de los asentamientos tuvieron diversas fuentes ideológicas y políticas. Esta situación generó que existieran tres expectativas diferentes con respecto a la tenencia de los asentamientos. La primera, la del gobierno, que los consideraba una fase transitoria para el desarrollo de explotaciones agrícolas estatales dentro de una economía planificada. La segunda, que consideraba que los asentamientos debían funcionar como cooperativas campesinas cuya tierra y capital fijo fueran propiedad colectiva de los miembros que la componían y cuyas ganancias fueran distribuidas de forma equitativa. Por última, la tercera esperaba que después de un tiempo los asentamientos se dividirían en explotaciones familiares individuales e independientes.
Asamblea del Pueblo Dentro del programa político del gobierno se planteaba la creación de una Asamblea del Pueblo, que sería una cámara única donde se manifestarían y confluirían las diferentes corrientes de opinión y que sería la instancia superior de poder. Bajo este sistema, existirían mecanismos de consulta y revocación de los representantes políticos por parte de sus representados.
Remuneraciones