miniaturadeimagen|299x299px|Próspera, la ZEDE insignia, ubicada en la ciudad de Roatán (Honduras) Una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), coloquialmente conocida como ciudad modelo, fue una división administrativa y económica con amplia autonomía en Honduras. Fueron creadas para atraer inversión extranjera directa al país. Las ZEDE permitían a corporaciones privadas establecer y gobernar territorios con sus propios sistemas legales, judiciales, fiscales y de seguridad, independientes de la jurisdicción del Gobierno nacional hondureño. Tras años de conflictos sociales y controversia política, el Congreso Nacional de Honduras derogó por unanimidad la legislación de las ZEDE en 2022. En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucionales las zonas.
La idea de las ZEDE surgió tras el golpe de Estado en Honduras de 2009. La administración conservadora entrante buscaba soluciones radicales de libre mercado para los problemas económicos del país. El proyecto se vio influenciado por el concepto de «ciudad chárter» propuesto por el economista estadounidense Paul Romer. Este abogaba la construcción de nuevas ciudades en naciones en desarrollo gobernadas por instituciones extranjeras del mundo desarrollado. Un intento inicial de crear estas zonas en 2011 fue bloqueado por la Corte Suprema hondureña por violar la soberanía nacional. En respuesta, el Congreso hondureño destituyó ilegalmente a los magistrados disidentes en 2012, allanando el camino para la aprobación de la Ley Orgánica de las ZEDE en 2013. La ley final se apartó de la visión de Romer al otorgar la gobernanza en manos de juntas corporativas privadas y un comité no electo de defensores internacionales del libre mercado y de la derecha libertaria. Este modelo fue promovido por tecnólogos de Silicon Valley como una forma de «salida libertaria».
La implementación de las ZEDE provocó una fuerte oposición por parte de la sociedad civil hondureña, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Los críticos, entre ellos las Naciones Unidas, condenaron las zonas como una forma de neocolonialismo y un método de «acumulación por desposesión» que mercantilizaba la soberanía del Estado. El conflicto fue muy alto en la isla de Roatán, donde la ZEDE insignia Próspera —respaldada por capitalistas de riesgo como Peter Thiel— enfrentó una feroz resistencia de la vecina comunidad afroindígena garífuna de Crawfish Rock; la razón era que les preocupaba perder sus tierras ancestrales y señalaron que habían sido excluidos de las discusiones previas.
La abolición de las ZEDE fue una de las principales promesas electorales de la presidenta de izquierdas Xiomara Castro, que asumió el cargo en 2022. Tras la derogación de las leyes de las ZEDE en abril de 2022 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2024, los inversores extranjeros del proyecto se negaron a reconocer la disolución de sus zonas. Entre tanto, citando acuerdos de estabilidad jurídica de 50 años, los patrocinadores corporativos de la ZEDE Próspera lanzaron una demanda de arbitraje de solución de controversias entre inversores y Estados por 10 700 millones de dólares contra Honduras al amparo del tratado de libre comercio con los EE. UU. En respuesta a la demanda —que exigía una compensación equivalente a aproximadamente dos tercios del presupuesto nacional—, Honduras se retiró oficialmente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en 2024.
Orígenes conceptuales e historia legislativa Contexto histórico y el modelo de «ciudad chárter» izquierda|miniaturadeimagen|El economista y nobel Paul Romer, cuya teoría de las «ciudades modelo» influyó en el proyecto de Honduras antes de que dimitiera en señal de protesta en 2012 Los fundamentos legales e ideológicos del marco de las ZEDE se basan tanto en la economía política histórica de Honduras como en la teoría económica libertaria del . Históricamente, el Estado hondureño ha utilizado las concesiones territoriales al capital extranjero como una estrategia principal de desarrollo. Esto fue especialmente cierto a finales del y principios del , cuando se cedieron grandes extensiones de tierra a empresas mineras extranjeras y a empresas frutícolas con sede en Estados Unidos. Los científicos sociales e historiadores caracterizan el proyecto de las ZEDE como una versión moderna e hiperneoliberal de este modelo de «economía de enclave». En este, el Estado cede su propio territorio para permitir libre extracción del plusvalor por parte de las empresas extranjeras.
La versión original de esta idea fue impulsada por el economista y nobel estadounidense Paul Romer. En una charla TED de 2009, Romer popularizó el concepto de la «ciudad chárter». Su propuesta sugería que los países en desarrollo podrían combatir la corrupción institucional y la pobreza cediendo la gestión de terrenos deshabitados a naciones extranjeras o a grupos empresariales. Romer señaló el Hong Kong colonial británico y la ciudad china de Shenzhen como ejemplos de éxito. Argumentó que la introducción de sistemas jurídicos extranjeros y normas eficaces en un territorio sin explotar podría impulsar un rápido crecimiento económico.
Las teorías de Romer atrajeron rápidamente la atención entre los grupos libertarios y anarcocapitalistas internacionales. Los defensores del seasteading, las «ciudades privadas libres» y las «ciudades de la libertad» adoptaron el modelo como una forma de lograr la «salida libertaria». Esto significa intentar escapar de las regulaciones estatales y la supervisión democrática mediante la creación de áreas privadas impulsadas por el mercado. Tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, la administración conservadora entrante del Partido Nacional de Porfirio Lobo adoptó estos conceptos. Consideraban la desregulación extrema como una forma de atraer inversión extranjera directa a un país que se enfrentaba a una importante inestabilidad institucional y al aislamiento internacional.
Las RED y la purga judicial de 2012 A principios de 2011, el Congreso Nacional de Honduras, encabezado por el entonces presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, aprobó una enmienda constitucional para crear las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), el predecesor directo de las ZEDE. Romer fue invitado a presidir una «Comisión de Transparencia» para supervisar el proyecto. Sin embargo, las RED se enfrentaron rápidamente a la oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y juristas, que argumentaban que las zonas violaban la soberanía nacional.
Para finales de 2012, el proyecto fracasó. Romer dimitió repentinamente de la Comisión de Transparencia, advirtiendo públicamente que el Gobierno hondureño estaba haciendo caso omiso de la supervisión democrática, infringiendo sus propias leyes y permitiendo que un grupo local de personas con vínculos entre sí se hiciera con el control del proyecto. Poco después, en octubre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras anuló la legislación de las RED por 4 votos contra 1. El tribunal dictaminó que apropiarse de territorio soberano y crear sistemas judiciales independientes violaba la Constitución hondureña.
La derrota judicial de las RED desencadenó una grave crisis constitucional. En la madrugada del 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional votó a favor de destituir ilegalmente a los cuatro magistrados de la Corte Suprema que habían fallado en contra del proyecto. La legislatura los sustituyó rápidamente con jueces dóciles. Esta acción fue ampliamente condenada por la prensa hondureña y los observadores internacionales como un «golpe técnico», y permitió que se reactivara el proyecto de ciudades modelo. En noviembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó formalmente al Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de los magistrados. La Corte dictaminó que la purga constituía una forma de represalia política destinada a socavar la independencia judicial y a imponer las zonas de desarrollo.
La Ley ZEDE de 2013 y la privatización radical miniaturadeimagen|El expresidente Juan Orlando Hernández, arquitecto de la Ley Orgánica de las ZEDE (2013) Con un poder judicial recién nombrado en su lugar, el Congreso de Honduras aprobó la Ley Orgánica de las ZEDE en septiembre de 2013. El marco revisado de las ZEDE difería considerablemente de la idea original de Romer sobre las ciudades chárter. En lugar de estar supervisadas por una nación garante democrática, la gobernanza de las ZEDE se entregó a un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). Este comité, compuesto por 21 miembros, recibió amplios poderes ejecutivos y legislativos, incluida la facultad de nombrar a los secretarios técnicos encargados de gestionar las zonas. Esto sustrae de facto a las ZEDE de la influencia del electorado hondureño.
El CAMP contaba con numerosos activistas libertarios extranjeros, agentes foráneos conservadores y defensores del libre mercado, entre ellos varios antiguos miembros de la administración Reagan como Grover Norquist y Mark Klugmann. Klugmann, uno de los principales arquitectos de la ley de las ZEDE, promovió las zonas como «zonas LEAP» destinadas a lograr un «salto» institucional mediante la privatización completa de los sistemas jurídicos, económicos y administrativos.
Geógrafos y economistas políticos críticos han situado la aprobación de la ley ZEDE en un contexto más amplio de reestructuración espacial y económica. Al transferir funciones estatales centrales —incluidos los impuestos, la aplicación de la ley y el arbitraje judicial— a juntas corporativas privadas, el marco de las ZEDE mercantilizó de hecho la soberanía estatal. En lugar de funcionar como simples zonas económicas especiales tradicionales, las ZEDE fueron diseñadas como jurisdicciones altamente autónomas. A medida que el proyecto pasó de la teoría legislativa al desarrollo real, esta estructura jurídica daría lugar a importantes disputas nacionales e internacionales sobre el control territorial, la gobernanza democrática y los derechos sobre la tierra. ZEDE establecidas Antes de la derogación de la legislación habilitante en 2022 y el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2024, se establecieron oficialmente tres ZEDE en Honduras, cada una adaptada a diferentes sectores económicos:
ZEDE Próspera: La ZEDE más reconocida internacionalmente, Próspera se estableció en 2017 en un sitio de aprox. 23 hectáreas adyacente a la comunidad garífuna de Crawfish Rock en la isla de Roatán. Fundada por Honduras Próspera Inc. y respaldada por capital de riesgo de Silicon Valley, Próspera fue diseñada como un enclave anarcocapitalista insignia. Operaba tanto como un desarrollo físico de lujo como una plataforma digital, comercializándose como un centro para tecnología financiera, criptomonedas, impresión 3D y pruebas de terapia génica. La zona estaba gobernada por un Consejo de Fideicomisarios de nueve miembros fuertemente dominado por sus fundadores corporativos, y operaba su propio centro de arbitraje privado para la resolución de disputas. En 2021, Próspera amplió su jurisdicción comprando e incorporando el Puerto de Satuyé en La Ceiba en el territorio continental hondureño. Ciudad Morazán: Ubicada cerca de la ciudad industrial de Choloma en el departamento de Cortés, Ciudad Morazán fue diseñada como una comunidad manufacturera cerrada de bajos ingresos. Su objetivo declarado era proporcionar vivienda segura y empleo para los trabajadores en el sector de la maquila (manufactura de exportación), ofreciendo seguridad privada e infraestructura aislada de las altas tasas de criminalidad de las áreas urbanas circundantes.