La movilización estudiantil de 2011 corresponde a una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y secundarios de Chile. Ha sido considerada como una de las principales movilizaciones desde el retorno a la democracia en 1990.

Estas movilizaciones surgieron de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. En el año 2011, solo el 25 % del sistema educativo era financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportaban el otro 75 %. Este sistema fue originado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida como la «Revolución pingüina», la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior.

La génesis de la movilización comienza con las primeras marchas organizadas por el Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Chile, a raíz del anuncio de la venta de parte de su propiedad a un conglomerado económico, siendo estas movilizaciones apoyadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas —conocidas como «tradicionales»— para los días 28 de abril y 12 de mayo de 2011, en reclamo por el financiamiento, retrasos en la entrega de becas y problemas con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Durante el mes de junio, los estudiantes convocaron a sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran convocatoria y demandando reformas al sistema educacional chileno que fortalecieran el rol del Estado en la educación. Luego de un mes de paralizaciones, el gobierno presentó su primera propuesta, estableciendo un nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Las principales organizaciones rechazaron la propuesta demandando medidas más de fondo. Sucesivas propuestas del gobierno abrieron la posibilidad de reformas al sistema, como la desmunicipalización de la educación secundaria o un cambio constitucional que asegure la calidad en la educación, pero no fueron consideradas suficientes por los estudiantes.

Fue liderado por miembros de la izquierda política; Fernando Atria es señalado por algunos medios como el ideólogo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde estudiaba el organizador Gabriel Boric, quien se desempeñó como presidente de Chile entre 2022 y 2026. Los principales voceros fueron los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), Giorgio Jackson, entre otros. Paulatinamente, estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones de la «Revolución pingüina», a través de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). A medida que la movilización fue creciendo, se incorporaron por primera vez estudiantes de colegios particulares pagados, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, es decir, los miembros de prácticamente todo el sistema educacional chileno.

El movimiento ha sido considerado como uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia y, en conjunto con las Protestas en Magallanes de 2011 ocurridas durante el segundo año del primer gobierno de Sebastián Piñera (centroderecha), fueron interpretadas como parte de un movimiento social mayor que demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990 y que se mantiene por más de veinte años sin cambios sustanciales, con el fin de reducir la fuerte desigualdad de ingreso existente en el país. Tras dos meses de paralizaciones, una reconocida encuesta de opinión pública cuantificó el respaldo que la movilización estudiantil suscitó en la ciudadanía, estableciendo la existencia de un fuerte apoyo de la población (cerca de un 70 %) a las principales demandas del movimiento. El gobierno, en tanto, entró en una crisis que derivó en una caída histórica en la aprobación presidencial y la realización de sucesivos cambios de gabinete.

Sistema educativo chileno

El sistema educativo chileno en la actualidad fue diseñado principalmente durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, principalmente a partir de los años 1980. La administración de la educación pública primaria y secundaria, originalmente en manos del Ministerio de Educación, fue traspasada paulatinamente a las municipalidades de todo el país a partir de 1981, mientras la educación privada vivió un importante crecimiento recibiendo en muchos casos financiamiento estatal. En el caso de la educación superior, se liberalizó el sistema para fundar universidades privadas, mientras la Universidad de Chile fue desmembrada para dar origen a universidades de carácter regional. Esto generó dos tipos de universidades: las llamadas «universidades tradicionales», correspondiente a las universidades estatales y aquellas particulares sin fines de lucro instauradas previo a 1981, y las restantes «universidades privadas». Si bien la ley estipuló que las nuevas universidades privadas debían ser sin fines de lucro, muchos grupos han afirmado que la legislación no se ha cumplido a cabalidad, utilizando diversas figuras jurídicas que permiten la obtención de remuneración empresarial.

Educación primaria y secundaria thumb|Al año 2008, un 48 % de los estudiantes chilenos estaban en establecimientos privados subvencionados por el Estado, mientras en la educación pública estaba el 43,5 %. Pese a que el sistema educativo chileno es considerado uno de los de mejor calidad en América Latina,. al comparar con otros miembros de la OCDE, de la que Chile es parte desde 2010, es uno de los que obtiene peores resultados. Según esta misma organización, solo Estados Unidos supera a Chile en la cantidad de dinero que los estudiantes tiene que costear para pagar su educación. Esto se explica por la distribución del gasto educacional: si bien entre 1990 y 2008 el gasto en educación pasó del 3,9 % del producto interno bruto al 6,9 %, el gasto público apenas pasó del 1,5 % al 2,7 % siendo el resto absorbido por los particulares.

La educación secundaria vivió desde 1990 un importante aumento en la matrícula, pasando de una cobertura bruta de matrícula de un 79,8 % a un 95,9 % en 2009. Sin embargo, gran parte de este crecimiento se debió a un aumento en la educación particular, financiada directamente por el Estado a través de una subvención, equivalente a la recibida por un establecimiento municipal. Así, en 1990 un 58,4 % de los estudiantes estaban en instituciones municipales públicas, mientras un 31,8 en particulares subvencionadas y un 7,9 % en particulares sin financiamiento estatal; en 2008, las cifras reflejaban una caída de la matrícula en escuelas públicas llegando al 43,5 %, mientras las subvencionadas llegaron a un 48 %. Al analizar el número de establecimientos, mientras los particulares se duplicaron entre 1990 y 2009 llegando a 5.536 ese año, los municipales cayeron de 6.286 a 5.829.

La calidad en la educación entregada es una de las áreas más cuestionadas respecto a la educación municipal, que presenta consistentemente indicadores más bajo que las alternativas particulares subvencionadas y particular pagada (241, 261 y 299 puntos respectivamente en la prueba SIMCE 2007 de Lenguaje para 8.º año básico, siendo 250 el promedio). Sin embargo, algunos estudios sostienen que dicho análisis es errado al no considerar los niveles de vulnerabilidad de los alumnos, especialmente dado un contexto altamente segregador como el chileno, que alcanza uno de los niveles más altos del mundo según la Unesco. Al analizar los resultados SIMCE por nivel socioeconómico, en la clase baja la educación municipal obtiene mejores resultados que la subvencionada y sólo en la clase media y alta la tendencia se revierte. Incluso, analizando en más profundidad estos resultados se obtiene que las instituciones particulares con fines de lucro tienen los peores índices de calidad de todo el sistema educacional comparadas tanto con municipales como particulares sin fines de lucro.

Educación superior

thumb|200 px|La estatua de Andrés Bello en plena Avenida Alameda permaneció durante meses encapuchada, como respuesta a la crítica que trata de "encapuchados" a todos los manifestantes. El sistema de educación superior en Chile se articula en tres tipos de instituciones, que al año 2010 totalizaban 173: universidades (59), institutos profesionales (43) y centros de formación técnica (71). Entre todas esas instituciones, la matrícula alcanzó la cifra de 987.643 inscritos, de los cuales 940.164 correspondían a estudiantes de pregrado. De estos estudiantes, 587.297 se inscribieron en una universidad. Estas cifras representan un importante crecimiento respecto a la situación décadas previas: en 1990, la cifra de estudiantes de pregrado era cercana a los 240 mil, prácticamente un cuarto de la situación veinte años después. Se estima que la cobertura en el rango etario entre 18-24 pasó de un 16 % a sobre el 40 % en el mismo período.

El sistema universitario data de la Reforma universitaria llevada a cabo por la dictadura militar a comienzos de los años 1980. En esa época, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado fueron fragmentadas dando origen a universidades estatales de carácter regional. Estas universidades más seis universidades de carácter particular conformaron el grupo de las «universidades tradicionales» agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), y que reciben fondos del Estado a través de asignaciones directas e indirectas. En 2011, el CRUCH estaba compuesto por 12 universidades de propiedad del Estado y 9 privadas (de las cuales 6 son propiedad de la Iglesia católica). Al mismo tiempo, se liberalizó la creación de universidades privadas; si bien la ley establecía que estas universidades debían ser corporaciones sin fines de lucro —a diferencia de institutos profesionales y CFTs—, existen varias denuncias sobre subterfugios legales que permitieron el desarrollo de un rentable mercado en la administración de instituciones educativas.

Demandas thumb|El lucro en la educación superior ha sido uno de los pilares de las protestas estudiantiles. thumb|Una de las demandas más radicales incluye una reforma profunda a la actual Constitución, aprobada en el cuestionado Plebiscito de 1980 durante la dictadura militar. thumb|La renacionalización del cobre ha sido propuesta como mecanismo para financiar reformas profundas al sistema educacional.

Educación superior thumb|250px|Evolución del presupuesto nacional en Educación entre 2006 y 2012. La cifra propuesta por el Gobierno es la más alta en la historia, pero implica el menor crecimiento del período (7,7 % nominal, 3,8 % real). El petitorio oficial de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en abril de 2011 presentaba las siguientes demandas: Reforma al sistema de acceso a las universidades que asegure la igualdad de oportunidades Establecimiento de mecanismo de accesos complementarios a la Prueba de Selección Universitaria para personas de bajos recursos (como propedéuticos). Acreditación de instituciones incorporando atributos como transparencia institucional, libertad de cátedra, tolerancia y pluralismo.