El gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido también como velascato o primera fase del Gobierno de la Fuerza Armada del Perú, fue una dictadura militar que se inició el 3 de octubre de 1968 con un golpe de Estado institucional y terminó el 29 de agosto de 1975 con el Tacnazo, golpe militar realizado por Francisco Morales Bermúdez. En este período, Juan Velasco Alvarado ocupó de facto la presidencia de la República como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

Entrada al poder

Antecedentes del golpe

El acuerdo con la International Petroleum Company (IPC) era el último tramo del camino para que el gobierno de Belaúnde conciliara los intereses de las élites limeñas con los de las clases populares. Sin embargo, una vez resuelto, las condiciones del arreglo de la IPC se hicieron públicas a través del diario El Comercio, lo que desató una ola generalizada de protestas en los sectores radicalizados y en las universidades. Este contrato estipulaba que la IPC entregaba los pozos casi agotados al Estado; a cambio, se anulaban todos los reclamos hacia la compañía y se le otorgaba la refinería con la condición de que la modernizara; a cambio, la Empresa Petrolera Fiscal le vendería toda su producción a la IPC. Un contrato, a todas luces, desigual y perjudicial para el Estado peruano. Además, el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal denunció que se había perdido la página 11 del contrato, conocido como el Acta de Talara, que contenía el precio que la IPC se obligaba a pagar a la Empresa Petrolera Fiscal por los crudos que estaba obligada a venderle. La reacción frente al contubernio del gobierno y la IPC degeneró en el rompimiento de las alianzas con las agrupaciones que darían estabilidad al gobierno y quedó aislado. En un primer momento, las Fuerzas Armadas, en representación del ministro de Guerra, manifestaron que no intervendrían. Sin embargo, el jefe del Comando Conjunto, general Juan Velasco Alvarado, se apresuró a afirmar: “Las declaraciones del ministro Gagliardi no tienen validez. Ni las Fuerzas Armadas ni el Comando Conjunto dependen de un ministro”. Esta declaración evidenciaba el carácter autónomo con el que se conducía una facción de las fuerzas armadas. Así, el golpe ya se estaba organizando desde febrero y, para la fecha en que instauró el nuevo gabinete, era demasiado tarde. El golpe se dio el 3 de octubre aprovechando la debilidad del gobierno.Cotler 2005, pp. 331-334

Golpe de Estado de 1968

miniaturadeimagen|Soldados resguardando la entrada al Palacio de Gobierno. En la madrugada del 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas, al mando del general de división E.P. Juan Velasco Alvarado, Historia cronológica del Perú. (2006). Director José A. del Busto. p. 573 se levantan en armas, tomaron el Palacio de Gobierno y derrocaron al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry; además otros tanques tomaron el local del Congreso, la prefectura, los locales de los partidos políticos Acción Popular y APRA, las oficinas de la cadena Radio Nacional, el Ministerio del Interior y las sedes de las estaciones de televisión abierta de Lima.

En la tarde del mismo día se dio el Estatuto del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que fue el marco legal que sustituyó la Constitución Política del Perú de 1933, firmado por el general de división Ernesto Montagne Sánchez, como comandante general del Ejército, el vicealmirante Raúl Ríos Pardo de Zela en su condición de comandante general de la Marina y el teniente general Alberto López Gausillas como comandante general de la Fuerza Aérea.

A las 6 de la tarde, Velasco se presentó como presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y realizó la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado; el gabinete fue presidido por Ernesto Montagne Sánchez y militares como Edgardo Mercado Jarrín en Relaciones Exteriores, Francisco Morales Bermúdez en Economía, Jorge Fernández-Maldonado en Energía y Minas y Armando Artola Azcárate en Interior.

A los seis días de instalado el nuevo gobierno, se anuló el Acta de Talara y se nacionalizó lo que detentaba El Proceso Peruano (1974). INIDE. Ministerio de Educación Pública. p. 127 la International Petroleum Company; el 9 de octubre fue declarado el Día de la Dignidad Nacional.

Aspecto político

Modelo del gobierno En 1968, se estableció el gobierno institucional de las Fuerzas Armadas, presidido por el militar Juan Velasco Alvarado en representación de las instituciones militares. Este gobierno fue de corte autoritario y verticalista; se condujo bajo la figura de la revolución, el corporativismo y la democracia social, junto con el nacionalismo y la antioligarquía. Según Cotler: «El corporativismo funciona como un esquema de organización política donde se segmenta a las clases sociales para integrarlas en organizaciones policlasistas de carácter "funcional", impuestas y controladas autoritariamente por el Estado, que les inculca una ideología de conciliación de clases».

De esta manera, se pretendió dejar de lado antiguos modelos de gobierno con partidos tradicionales (considerados obstruccionistas) y organizaciones oligárquicas, ya que se encontraban muy desprestigiadas, por lo que los militares señalaban que los civiles propiciaban la ingobernabilidad. Los militares buscaron la revolución mediante la dictadura para cambiar estructuras que impedían reformas en favor de las clases bajas, además de dar fin al orden oligárquico.

Es por ello que se quiso hacer un cambio de la percepción social y las clases, ya que, como señala Peter Klarén, «(…) en retrospectiva, el GRFA (Gobierno revolucionario de las FF.AA) percibía que la desunión y el subdesarrollo constituían los principales problemas del país, siendo sus causas la “dependencia externa” del capital extranjero y la “dominación interna” por parte de una oligarquía poderosa». Por ello, para la dictadura, el subdesarrollo no se debía a falta de capacidad, sino a falta de oportunidades hacia una población históricamente relegada por la oligarquía.

Bajo esta premisa, la dictadura militar reivindicó a la patria a partir de la población históricamente marginada. Para ello, se realzaron los valores nacionales mediante un discurso nacionalista, con elementos como el quechua, el indigenismo, el campo y Túpac Amaru II.

En este periodo, el Gobierno central ejerció un control total de las decisiones a escala global, hasta el punto de gobernar sin parlamento y únicamente bajo designio. De esta manera, se buscó fomentar la participación de la ciudadanía abandonada mediante propuestas como la Reforma Agraria de 1969, mediante la cual se expropiaron tierras y latifundios, lo cual tuvo una severa connotación política. Este fue un golpe importante contra el sistema oligárquico. Otras reformas fueron la industrial, la educativa y la de prensa.

Cabe resaltar que la dictadura militar ejerció la autodenominada «revolución desde arriba» y tuvo una posición crítica frente al comunismo y al capitalismo, por lo que quiso evitar grupos terroristas marxistas y promovió la Doctrina de Seguridad Nacional. A pesar de ello, se practicó un capitalismo de Estado para la ejecución de las reformas, con el Estado como eje en los distintos rubros.

En cuanto al carácter antioligárquico, se señaló que los gamonales eran una limitación para el país, por lo que se incorporaron a los campesinos para un trato más equitativo y dar fin al antiguo orden. Adicionalmente, se tuvo una mayor autonomía en el ámbito internacional. Esto tuvo como resultado la expansión del órgano estatal, que se evidencia en la intervención estatal en la vida económica y social, la creación de nuevos ministerios, entidades públicas y empresas estatales, y el ejercicio de la institucionalidad sin autonomía. Todos estos logros se realizaron para cumplir una serie de objetivos: eliminar las causas estructurales de los conflictos sociales, redefinir el esquema de redistribución de la riqueza, modernizar la economía y conectar al país.

Partidos políticos En cuanto a los partidos políticos, no se observó su presencia en las decisiones gubernamentales durante la dictadura militar, ya que el parlamento no existió durante ese periodo. Todas las políticas se dieron por designio. Este hecho se debió a que, como señala Fajardo, consideraban que «(…) los partidos políticos eran de carácter oligárquico y expropiador de la decisión colectiva, además de que padecían de centralización interna del poder, y no posibilitaban la constante participación popular en el manejo de los asuntos públicos».

Es decir, que para la dictadura, el empleo de partidos políticos como mediadores entre el pueblo y el Estado era negativo, ya que no limitaba la real participación del pueblo ni los intereses populares, sino que privilegiaba los de las élites. Ante esta coyuntura, el Estado propuso la creación del SINAMOS y la reforma educativa como modelo para promover la interacción de la sociedad. De esta manera, se eliminarían estructuras y se dotaría de capacidad de acción a los menos favorecidos. Cabe resaltar que, a pesar de la marginación de los partidos políticos tradicionales, a partir de la década de 1960 se formaron grupos estudiantiles de clases acomodadas. Ellos, motivados por las protestas estudiantiles de mayo de 1968 en París y por las desigualdades evidenciadas en provincias, se hicieron sentir en el país, como señalan Contreras y Cueto. Sin embargo, luego de las reformas propuestas mostraron descontento.

Si bien no se dio una persecución de partidos, sino solo deportaciones particulares, estos se encontraban sumamente desprestigiados, lo que facilitó la intervención de la dictadura militar y su concentración del poder. Prueba de ello fue que se mantuvo la estructura de mandos, pero en el aparato estatal y terminaron por coparlo. Además, incluyeron militares en todos los directorios de las empresas.

En cuanto al Partido Comunista Peruano, este fue el único que mostró un apoyo expreso al régimen, sobre todo respecto al movimiento obrero. A pesar de ello, la dictadura siempre le mostró rechazo y buscó deslindarse y negar el apoyo, ya que quería desligarse de la figura comunista, muy criticada por las clases altas, además de ser rechazado durante la formación militar. Además, a partir de 1960, se crea una serie de partidos de corte marxista que ejercen una fuerte oposición frente al gobierno.

Estos hechos, además, muestran las intenciones nulas del régimen para forjar un cogobierno, a no ser que sea en un rol de subordinación. Es por ello que, si bien al inicio se da un espacio limitado a los movimientos políticos, este se cierra luego, como menciona Pease, lo que demuestra una desarticulación de la vida política y partidaria.

Cabe resaltar que, del mismo modo, los partidos de ideología comunista buscan establecer relación con los sindicatos y con los campesinos, con quienes (aprovechando la coyuntura) realizan movilizaciones, sobre todo desde las bases estudiantiles de los partidos. A esto se le suman el APRA y la Democracia Cristiana, con quienes disputan la asociación a los sindicatos para restarle poder al gobierno. Un ejemplo de ello es la presencia del APRA en las movilizaciones del norte del país. En respuesta a ello, el gobierno optó por crear nuevas organizaciones que se enfrentarían a las dirigidas por los demás partidos.

Participación política Para el gobierno de Velasco, una preocupación primordial fue incentivar la participación política de los sectores más pobres, ya que antes del régimen habían sido excluidos del proceso político y así lograr una «revolución social de participación plena».Dietz 1986, pp. 18