Contralínea. Periodismo de Investigación es una revista mexicana que publica análisis, reportajes e investigaciones sobre la política del país."Perfil de la revista Contralínea" , en el sitio en internet de Contralínea. Consultado el 12 de abril de 2013.
Mediante los métodos y las técnicas del periodismo de investigación, Contralínea documenta la corrupción, el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y los movimientos de emancipación de los pueblos. Es dirigida y editada por el periodista Miguel Badillo.
Historia
Es creada en 2002, con su primer número el 10 de abril de 2002, en honor al aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, desde entonces Contralínea ha publicado investigaciones rigurosas sobre temas de interés social. A lo largo de su historia, la revista y sus colaboradores han enfrentado diferentes tipos de agresiones y amenazas al ejercicio de su labor:
Grupo Zeta Gas
Primeros allanamientos y demanda 5 de agosto de 2007: Tras una cobertura de siete reportajes sobre las conexiones entre Grupo Zeta Gas, contratista de gas de Guadalajara, Jalisco, y altos funcionarios de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) como Juan Camilo Mouriño, representantes de la empresa irrumpen en las instalaciones de Contralínea, amenazan con desaparecer la revista y exigen que se les revelen los nombres de fuentes de información.
16 de agosto: Inician acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presenta la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (José Manuel Pérez León) .
13 de agosto de 2008: Los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanan las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Denuncia ante la CNDH 12 de septiembre de 2008: Contralínea presenta una queja sobre acoso judicial y amenazas de muerte ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), causadas por las investigaciones hechas a funcionarios y contratistas de Pemex.
5 de enero de 2009: La demanda por daño moral se resuelve, tras una apelación (negada por los Magistrados de la Sexta Sala de los Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: Olga Cárdenas de Ojeda, Delia Rosey Puebla y Pedro Ortega Hernández) y la pérdida de un amparo directo por los Magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil: Sara Judith Montalvo Trejo, Manuel Ernesto Saloma Vera y Julio César Vázquez Mellado García, condenando al medio y buscando la censura de sus reportajes, así como el pago de los gastos y costos del juicio 757/2007.
Aprehensión de Miguel Badillo 16 de enero: Elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestan a Miguel Badillo, director de la revista, por supuesto desacato a una órden judicial impartida por el Juez de lo Civil 38, que jamás fue recibida por el director. Esto fue considerado ilegal por el diputado Elías Cárdenas Márquez y el presidente de la CNDH de aquel entonces, Emilio Álvarez Icaza, una consecuencia de la manera subdesarrollada que el país ve a la libertad de expresión y corrpución y abusos estatales, por el académico Sergio Aguayo Quezada, una injusta detención por el entonces excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, una «venganza personal de Felipe Calderón» y un síntoma del endurecimiento contra los medios de comunicación mexicanos debido a la recesión estadounidense por Alfredo Jalife-Rahme, un atropello y violación de las garantías individuales y libertad de expresión por el abogado Jesús González Schmal, un ataque a la integridad de un periodista importante por el fundador de Milenio y Reforma, Federico Arreola, una detención inaceptable por el periodista Sergio Sarmiento, un hecho aberrante por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, cubierto por Red Voltaire, la Federación Latinoamericana de Periodistas, diversas asociaciones periodísticas de Nicaragua, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, el Apoyo Internacional a los Medios, Kaosenlared, y abiertamente rechazado por la Federacion de Asociaciones de Periodistas Mexicanos.
9 y 10 de febrero: El caso llega a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio de Artículo 19 y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde su resolución fue una invitación a las administraciones públicas a procurar la libertad de expresión.
28 de enero: La bancada del partido Convergencia en la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cuauhtémoc Velasco Oliva, presenta una propuesta de solidarización a los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, mientras que el diputado Elías Cárdenas presenta una para exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (parte de la Procuraduría General de la República) a que investigue los agravios del 16 de enero.Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Diario de los Debates, miércoles 28 de enero de 2009. Esto fue impedido por la bancada del Partido Acción Nacional y enviado a tribunas legislativas.
11 de febrero: Representantes del Grupo Zeta Gas, funcionarios públicos de Guadalajara, el abogado de la empresa Diego Romero Velasco, tres actuarios o peritos, integrado por al menos un supuesto representante de la SSPDF, 25 policías del DF y delegación Cuauhtemoc y Ricardo Toraya Oliva y sus cuatro guardaespaldas, allanan las instalaciones de Contralínea en una nueva instancia sin identificarse en ningún momento; exigen ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas, amenazándolos en el proceso. Esto como resultado de una resolución de daño moral en el Juzgado Civil 13 del Primer Partido Judicial de Guadalajara. El grupo tendría beneficios en los tribunales y autoridades correspondientes por parte del gobierno federal al ser uno de los beneficiaros más grandes de Pemex de la época, donde el medio supuestamente se habría «excedido en su libertad de expresión».
Recomendación 57/2009 14 de septiembre: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 57/2009 a favor de Contralínea, siendo la primera recomendación emitida contra el gobierno federal por la violación a los derechos humanos de los periodistas de la revista por el veto publicitario como represalia por sus reportajes cometidos por Pemex y el Poder Judicial.
Noviembre: El Poder Judicial de Jalisco acepta de manera unánime la Recomendación de la CNDH.
Oceanografía 7 de noviembre de 2007: Oceanografía, SA de CV, demanda por daño moral ante el Juzgado 40 de lo Civil a la revista Contralínea y de cuatro de sus periodistas. Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así las pruebas que fueron ofrecidas por ellos, desechándolas aunque fuean de la misma calidad que las de la parte demandante.
Juan Camilo Mouriño Tras una publicación a principios de febrero de 2008 sobre un contrato ilícito entre el servidor público Juan Camilo Mouriño durante su gestión como Secretario de Energía, donde firmaba como empresario los recursos estatales, su coordinador de asesores trata de sobornar a la revista, planteando una página de anuncio gubernamental por Secretaría, con tal de que no siguieran publicando la historia. El medio declinó la oferta.
Después de que le dieran uso al contrato para sus redacciones, la revista después entregaría el documento a Andrés Manuel López Obrador, quien era el líder de oposición del gobierno, y desembocaría en la controversia nacional del caso.
Blue Marine Technology Group 22 de abril de 2009: Blue Marine Technology Group demanda a Contralínea y a cuatro de sus colaboradores, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y David Manrique por «daño moral» tras revelar una licitación entre Pemex y la empresa para arrendar dos buques por 882 millones 455 mil pesos.
3 de enero de 2011: La jueza 54, Yassmín Alonso Tolamatl, condena a Contralínea y a sus reporteros por el «uso abusivo de su libertad de expresión» y por el uso de información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal vía contrataciones, ya que a su parecer no es de «interés público».
6 de abril de 2011: Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocaron la sentencia por daño moral dictada por la jueza.
18 de enero de 2012: Ante la revocación, el consorcio Blue Marine Technology Group solicita el amparo directo 392/2011 ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que demanda la reparación de «daño moral» por diversas publicaciones de la revista. Según los empresarios, los periodistas violaron sus derechos de personalidad al relacionarlos con licitaciones y asignación de contratos con Pemex y al referirse a ellos «mediante insultos hacia su persona, imagen, decoro, honor, prestigio personal y comercial».
4 de julio de 2012: La Primera Sala de la SCJN niega el amparo de la justicia a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine Technology y Subtec, del consorcio Blue Marine Technology Group, que alegaban la reparación del daño moral y absuelve a los colaboradores de la publicación semanal. Asimismo, establece que la revista Contralínea realizó un trabajo profesional, apegado a los principios de la libertad de expresión.
Diversos allanamientos 10 de abril de 2010: Desconocidos allanan y saquean las instalaciones de Contralínea, donde fueron robados archivos, expedientes, equipos de cómputo, celulares, chequeras, entre otros; esto fue denunciado ante la PGJDF con el expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.
18 de abril de 2014: Allanan el domicilio del director, iniciando la averiguación FCY/COY-2/T2/0105071406 ante la PGJDF.
23 y 24 de junio de 2014: Son asaltadas por la noche del 23 las instalaciones de Contralínea, se llevaron expedientes, discos compactos con información editorial, 19 equipos de cómputo, una cámara de video profesional, grabadoras, libretas, tres televisores. El caso fue investigado por la CNDH, Debido a esto y al secuestro y asesinato de dos de sus periodistas se interpuso la medida cautelar 252-14 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo la primera emitida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; semanas más tarde, con la resolución 21/2014, el 3 de agosto, se le demandó al Estado Mexicano la protección de su integridad por medio de sus propias medidas cautelares y actualizaciones a ello de manera periódica.
8 de septiembre de 2015: Es allanado el domicilio donde habitaban dos periodistas de la revista y el medio Desinformémonos, Elva Mendoza y Flor Gache, donde fueron robados equipos computacionales y documentos periodísticos. Entre sus proyectos se encontraban la desaparición forzada de Iguala de 2014, diferentes casos de violaciones a los derechos humanos, feminicidios, megaproyectos de inversión y devastación ambiental.
22 de marzo de 2019: El domicilio del director, Miguel Badillo, es allanado en una segunda instancia, el responsable es detenido y entregado a las autoridades correspondientes.
Secuestro de periodistas en San Juan Coapala