thumb|Bandera de la Milicia Nacional de Zaragoza (1820-1823, 1836-1843)
En España la Milicia Nacional era un cuerpo de ciudadanos armados que tenían el propósito de mantener el orden público y defender el régimen constitucional. Fue establecida por la Constitución de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz. Abolida en 1814 por Fernando VII cuando restauró la monarquía absoluta, fue restablecida durante el Trienio Liberal (1820-1823) y de nuevo abolida durante la Década Ominosa (1823-1833) también por Fernando VII. Durante el reinado de Isabel II la Milicia Nacional fue uno de los principales motivos del enfrentamiento entre el Partido Moderado, que proponía su disolución y su sustitución por un cuerpo profesional (la Guardia Civil), y el Partido Progresista, que defendía su mantenimiento. La Milicia Nacional fue abolida definitivamente por el régimen de la Restauración.
Surgió cuando se produjo «el derrumbe del sistema judicial y policial del Antiguo Régimen» como consecuencia de la revolución liberal, pero «este modelo de participación popular en el mantenimiento del orden público desapareció progresivamente durante las décadas siguientes, ante el surgimiento de cuerpos policiales profesionalizados y especializados».
La Milicia Nacional concebida por el liberalismo español se distinguió por tener un doble carácter: constituir un espacio de participación de los ciudadanos en la vida pública y al mismo tiempo ser un instrumento para el mantenimiento del orden y de la seguridad. Como ha destacado Álvaro París Martín refiriéndose al Trienio Liberal, «la Milicia Nacional responde a esta doble lógica. Fue un espacio de orden y de revolución, de control policial y de protesta callejera, de encuadramiento militar y de adquisición de derechos, de defensa de la propiedad burguesa y de desbordamiento popular revolucionario. La milicia protagonizó motines y los reprimió».
Aunque su origen se puede remontar a las milicias de «vecinos honrados» de la Edad Media y a las que existieron con una u otra denominación y estructura desde el , el precedente más inmediato de la Milicia Nacional se encuentra en las Milicias Provinciales organizadas por los Borbones en el (desde Felipe V hasta Carlos III y Carlos IV) y en los cuerpos de voluntarios y de milicias que se formaron durante la Guerra de la Independencia.
Historia Cortes de Cádiz
Según Juan Francisco Fuentes, la creación de las nuevas Milicias Nacionales por la Constitución de 1812 probablemente se debió al protagonismo que tuvieron los cuarenta y tres regimientos de las Milicias Provinciales borbónicas, todavía formadas con criterios estamentales, en la lucha contra el ejército napoleónico. La Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz diferenciaba las «tropas de continuo servicio», es decir, el ejército regular, (Capítulo Primero del Título VIII «De la Fuerza Militar Nacional») de las «Milicias nacionales» (Capítulo II de dicho Título VIII). Este Capítulo II constaba de cuatro artículos:
En abril de 1814 las Cortes aprobaron el Reglamento pero el golpe de Estado de mayo que restableció el absolutismo hizo que no pudiera aplicarse al quedar abolida la Milicia Nacional y toda la obra de las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución. El reglamento aprobado regulaba las prestaciones a las que estaba obligado todo ciudadano, así como la organización de la Milicia. Estaba compuesta por dos armas: infantería y caballería. Los oficiales eran elegidos por la propia tropa. El número de ciudadanos obligados a servir en la Milicia se fijó en 30 por cada 1300 habitantes mayores de 30 años y menores de 50. Cumplían tareas de seguridad, orden y paz en el interior del país.
En la España ocupada por las tropas napoleónicas José I Bonaparte también estableció una Milicia o Guardia Cívica con parecidas atribuciones que las de la Milicia Nacional de la España «patriota».
Trienio Liberal thumb|Bandera regalada por el diputado Diego Muñoz-Torrero a la Milicia de Cabeza del Buey, su pueblo natal. La Milicia Nacional fue restaurada en abril de 1820, al mes siguiente del restablecimiento de la Constitución de 1812, y enseguida tuvo un enorme desarrollo, desempeñando un importante papel político y militar. La fórmula de juramento escogida para entrar a formar parte de ella indica la importante misión que se le asignó:
Pero durante el Trienio Liberal (1820-1823) la Milicia Nacional fue uno de los motivos de enfrentamiento entre los liberales "moderados" y los liberales "exaltados". Estos últimos la quisieron convertir en un instrumento revolucionario, en «la Patria armada», tal como la definió el diputado Juan Romero Alpuente. Un grupo de «individuos amantes de la Constitución» reunidos en La Fontana de Oro la consideraba el «centro de todas las virtudes cívicas y esperanza sólida de la Patria». El diputado exaltado Ramón Adán la calificaba como «único apoyo de la Constitución», «guarda de nuestras libertades» y «contrapeso único a que podría declinar el ejército». Por su parte el diputado y militar Vicente Sancho defendió en las Cortes las ventajas que tenía la Milicia Nacional sobre el ejército regular: «El soldado mientras sirve nada produce...; el miliciano, por el contrario, mientras no se le saque de su casa es un hombre utilísimo y productivo. [...] ¿Quieren ustedes tener un ejército de 160 000 hombres sin Milicia, o de 56 000 hombres como está en el día, con 80 000 milicianos que estarán en sus casas, que trabajarán, producirán y harán la felicidad de sus familias y que no se harán inmorales lejos de ellas?».
Para los moderados, en cambio, la Milicia Nacional era sobre todo un garante del orden público y del orden constitucional (entendidos como sinónimos) y para que fuera una fuerza organizada y eficaz había que atajar los frecuentes actos de indisciplina y de insubordinación. En el Diccionario de las gentes del mundo (1820) la voz Milicia Nacional era definida tal como la entendían los moderados: «Ciudadanos armados. Roca en que se estrellan los enemigos de la libertad civil en España. Garantía de la seguridad pública, dique de los malhechores que han infestado hasta ahora los caminos y las ciudades. La fuerza colosal que presenta una nación armada en masa pone a sus individuos al abrigo de las violencias y el pillaje».
La cuestión clave que separaba a moderados y exaltados era qué clases sociales podían acceder a la milicia. Los moderados lo restringían a los «ciudadanos propietarios» (a «los ciudadanos más interesados en evitar los desórdenes, porque son los que más tienen que perder», como dijo un diputado moderado en marzo de 1821) y la barrera la constituía que sus miembros tenían que costearse el uniforme, mientras que los exaltados se propusieron ampliar su base social haciendo posible el acceso de las clases populares urbanas, para lo que idearon diversas fórmulas (subvenciones, suscripciones, mecenazgos, etc.) para pagar los uniformes a quienes no podían costearlos. La consideración de la Milicia Nacional como baluarte del régimen constitucional se pondría en evidencia en el papel decisivo que desempeñó en la «Jornada del 7 de Julio» que supuso el fracaso del golpe de Estado de julio de 1822.
El 24 de abril de 1820 se aprobó un reglamento provisional de la Milicia Nacional. En él se establecía que los voluntarios que se alistaran debían «uniformarse a su costa», lo que suponía una importante barrera social porque los trabajadores humildes no podían costeárselo ―se calcula que el uniforme podía suponer el equivalente de entre cincuenta y doscientos días del salario de un jornalero―. Este obstáculo intentó ser superado mediante las suscripciones «patrióticas», los empréstitos suscritos por los ayuntamientos (el de Madrid, por ejemplo, contrató uno por valor de 400 000 reales y recibió cientos de solicitudes de artesanos y jornaleros) o el mecenazgo de liberales acomodados. Además en algunos lugares el reglamento fue interpretado por los comandantes y por las autoridades locales de manera laxa para permitir el acceso de los sectores populares.
thumb|300px|Moneda con la efigie de Fernando VII, «rey de las Españas», «por la Gracia de Dios y de la Constitución». El 31 de agosto de 1820 las Cortes aprobaron un segundo reglamento provisional, cuya novedad estribaba en que se diferenciaban dos tipos de milicias, la voluntaria y la forzosa (también llamada «Milicia de la Ley»). En esta última quedaban excluidos aquellos varones entre 18 y 40 años que dependieran de un sueldo y además no era necesario el uniforme pues era suficiente con portar la escarapela nacional como distintivo. Sin embargo el proyecto de la milicia «legal» nunca llegó a implementarse ―en general fue rechazada porque fue vista como otra forma de conscripción― por lo que el modelo que se generalizó en la práctica fue el de la milicia voluntaria. De hecho el reglamento adicional del 4 de mayo de 1821 estableció que la milicia fuera ya exclusivamente voluntaria (además de por el rechazo que había suscitado la «Milicia de la Ley» porque esta podría servir para dar armas a los contrarrevolucionarios en un momento en que las partidas realistas estaban creciendo). Las Cortes de 1822, con mayoría exaltada, aprobaron el reglamento definitivo el 29 de junio de 1822 ―que fue promulgado el 14 de julio― con la finalidad de abrir definitivamente la Milicia a las capas populares. Se mantenía el requisito de tener «propiedad» pero se dejaba a interpretación de los ayuntamientos. Además la elección de los oficiales se realizaría mediante el voto secreto de todos los miembros de la compañía, se simplificaba el uniforme para hacerlo menos costoso y se contemplaba la posibilidad de que los ayuntamientos sufragasen el de aquellos milicianos «que tengan las calidades precisas [pero] carezcan de fondos para hacer dichos gastos».
Un rasgo destacado de la Milicia Nacional fue su carácter local, fundamentalmente porque su financiación y armamento dependió de los ayuntamientos, debido a las dificultades por las que atravesaba la Hacienda de la monarquía. Pero también por la presión de los liberales exaltados para que «las milicias dependiesen exclusivamente de los ayuntamientos (elegidos por sufragio universal), intentando que los jefes políticos ―representantes designados por el gobierno central [moderado]― solo pudiesen disponer de ellas en situaciones excepcionales». Por otro lado recibió la sanción religiosa pues muchos de los batallones de la milicia contaban con capellanes que celebraron ceremonias de bendición de las banderas.
Las funciones de policía, vigilancia y control social de la Milicia Nacional les llevaba en ocasiones a actuar fuera de su localidad convirtiéndose así en «la única encarnación concret.a del régimen liberal en muchas zonas rurales», lo que provocó que a menudo los milicianos fueran objeto de ataques por parte de los campesinos descontentos ―los señalaban como «ricos», «judíos» o «republicanos»―. También participó en las campañas contra las partidas realistas ―convirtiéndose en una de sus misiones principales― desempeñando frecuentemente labores represivas contra los absolutistas ―«gente alucinada por los frailes», como les llamaba el periódico exaltado El Eco de Padilla―. miniatura|Alegoría del 7 de julio (litografía de Luis Carlos Legrand, Biblioteca Nacional de España). La inscripción dice: «¡Día 7 de julio honor eterno!». La Milicia Nacional tuvo un papel decisivo en la derrota de la Sublevación de la Guardia Real en la histórica «Jornada del 7 de julio» de 1822.