La Masacre de Gómez Palacio de 2010 fue un crimen cometido por reos del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, que con el permiso de las autoridades carcelarias salieron la noche el 18 de julio de 2010 con armas y vehículos oficiales con dirección a la Quinta Italia Inn, ubicada en terrenos del ejido San Luis de Torreón, Coahuila, donde dispararon contra un festejo de cumpleaños, dejando un saldo de 18 personas muertas y 18 heridas, la masacre de mayor número de víctimas fatales en la historia de Torreón. Los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de ajustes de cuentas contra integrantes de bandas rivales vinculadas con la delincuencia organizada.

Antecedentes El 31 de enero de 2010 tuvo lugar la masacre del bar Ferrie y el 16 de mayo del mismo año la masacre del bar Las Juanas. Ambas masacres, sucedidas en Torreón, fueron posteriormente adjudicadas a los mismos asesinos del tiroteo en la quinta Italia Inn debido a los estudios comparativos de las armas usadas en cada hecho. Tiroteo contra el bar Ferrie El 31 de enero, cerca de la 1:00 de la mañana, 10 personas armadas con armas largas y cortas descendieron de dos camionetas y abrieron fuego contra los asistentes al centro nocturno. El saldo de fallecidos fue de 10 jóvenes de entre 14 y 37 años, y resultaron lesionados al menos 15 más. El reporte de la Fiscalía de Coahuila informó los nombres de las víctimas: Daniel Hernández Reza, Blanca Adilene González Díaz, Irving Nelson Viesca Salas, Andrés García Salazar, Sergio Fernando Rodríguez de la Rosa, Fernando Sandoval Heredia, Claudia Teresa Valderrama, Marco Antonio López Sifuentes, Gabriel Antonio de Lara Talamantes y Zulema Salazar. Tiroteo contra el bar Las Juanas Siguiendo el mismo modus operandi, en la medianoche del sábado 16 de mayo, entraron varios sujetos no identificados con armas largas al bar Las Juanas en su noche de inauguración. Las ráfagas con dicho arsenal provocaron la muerte de ocho personas e hirieron gravemente a otras 18. La lista inicial de víctimas era: José Humberto Escareño Peinado de 35 años; Otis Malcón Acevedo González, de 24; Mauricio Alberto Murra Valdez, de 23; Juan Pedro Flores Maciel, de 26; Ruth Cristal García Castro, Francisco Javier Arce Astorga, de 25; Roberto Daniel Cepeda Garza, de 25 y Esequiel Corral Vega, de 24 años de edad. La lista de heridos era: Beatriz Adriana Escareño de 21 años de edad; Alejandra Ramírez, de 22; Jorge Humberto Ramírez Rosales; Jesús Eduardo Martínez Martínez; Rosa Alejandra Jiménez Cisneros, de 24; Roberto David Martínez Valdez, de 33; José Lombardo Delgado, de 32; Benjamín Hernández Espino, de 28; Roberto López Félix, de 40; Sergio Hernández Rangel, de 21; Lizeth Meniante Carreón, de 20; Salma Saide Serrano Calzada, de 18; Joel Eduardo Hernández Villalobos, de 28; Lorena Castañón González, de 31; Laura Lizeth Perales Payán, de 15; Susana Ortega Luna, de 34 y Aarón Alberto Arguijo Gameochipil, de 25.

Hechos posteriores Número y reconocimiento de víctimas Los fallecidos terminaron de ser reconocidos durante el día posterior de los hechos. La cifra de muertos fue primeramente anunciada por la fiscalía general, que notificó 17 personas fallecidas para el domingo al mediodía y, por la noche, emitió un comunicado en el que dio a conocer el deceso de otra persona en el hospital donde era atendida.

El día siguiente, el secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, corrigió los datos difundidos por la fiscalía sobre el número de muertos que dejó el atentado. Dijo que la cifra era de 17, no 18 como la misma fiscalía divulgó el domingo, y que había 17 lesionados, cinco de ellos aún hospitalizados. La confusión de la fiscalía fue debido a una doble identificación de uno de los fallecidos.

Los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familias en el transcurso del domingo para su velación; pero las capillas cerraron sus puertas y suspendieron los velorios, ante las amenazas de ataque. Las víctimas fueron: Héctor Rivas Ríos y Alejandro Rivas Ríos, miembros de la banda invitada “Banda Ríos”, Héctor José Mota Méndez, quién celebraba su cumpleaños, su hermano Carlos Antonio Mota Méndez, Enrique González Hernández; Diego Aguilar García; Sara Liliana Mejía Sarmiento, Emmanuel Alejandro Ruiz Orona, María Fernanda Natalia Máynez San Juan; Ricardo Reyes Encinas; Luis Jesús Silva Muñoz; Estefanía Jáquez Álvarez; Diana Itzel del Castillo Maciel; Ricardo Esteban Santacruz Esquivel; Ana Karen Ornelas Vera; Juan Jesús García González, y Andrés Isaías Robles Arredondo.

Investigación La investigación comenzó prontamente encabezada por la Fiscalía General de Coahuila. Las primeras denuncias, de los mismos sobrevivientes, declararon que los atacantes habían llegado a bordo de cinco camionetas y al grito de “Mátenlos a todos”. Las cifras iniciales eran de cinco mujeres y doce hombres muertos, y 18 heridos.

Según la Fiscalía, los ataques ocurrieron cuatro horas después de que la fiesta había concluido y se descartó que el ataque ocurriera por relación de las víctimas con grupos del crimen organizado. Se estudió la hipótesis de una fiesta gay, basada en una invitación de Facebook, pero luego fue descartada. En Twitter, horas más tarde de los hechos, se filtraron las fotos de los cadáveres.

El 26 de julio de 2010, la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que luego de realizar investigaciones, pudo concluir que la masacre fue perpetrada por reos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, que con el permiso de las autoridades carcelarias salían por las noches con armas y vehículos oficiales. Los responsables, que cobraban venganzas por encargo, también ejecutaron a 18 personas en dos bares el 31 de enero y el 16 de mayo del 2010. Con base en las investigaciones de la PGR se desprendió el arraigo de cuatro funcionarios del (Cereso), la directora, Margarita Rojas Rodríguez, el subdirector, Carlos Alberto Uranga, y Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Rivas, jefes de seguridad y vigilancia.

La PGR también informó su hipótesis sobre los autores de la masacre, que habría sido obra del grupo de sicarios identificado como Gente nueva, que operaba a las órdenes del cártel de Sinaloa. Este grupo habría buscado vengarse de los integrantes de la alianza que habían formado miembros de los cárteles de Juárez, Beltrán Leyva y Zetas de la zona, pero terminaron asesinando personas ajenas al crimen organizado.

Tras estas declaraciones, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, consideró que estos hechos “sólo pueden llamarnos a todas las autoridades a revisar el estado de deterioro de las instituciones que viven muchos de los ámbitos de la seguridad local, como es el caso del Cereso en Gómez Palacio y la presunta complicidad de las autoridades para que los criminales, que en vez de estar tras las rejas salgan de manera impune, armados y equipados para cometer actos tan deplorables como el de la quinta Italia Inn, en Torreón”.

Los hechos delictivos suscitaron otras reacciones tales como la del alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, quien dijo que la reacción del gobierno federal de enviar policías federales al municipio es tardía si se considera que en los cinco meses anteriores habían ocurrido tres matanzas.

Dos días antes de la conferencia de la PGR, circuló un video en YouTube en donde presuntos integrantes de Los Zetas interrogan a Rodolfo Nájera Ortíz, un policía de Lerdo que días antes había sido declarado desaparecido por sus familiares junto con otros 3 compañeros. En dicho video, dijo trabajar para el "Pirata", jefe de los puchadores de Lerdo, Durango, y narra los hechos cometidos en las 3 masacres, culpando a los reos del CERESO que con permiso de la directora salieron a cometer los crímenes.

Dos meses después de los desarraigos a los funcionarios del penal, en octubre de 2010, se giró la orden de aprehensión contra Margarita Rojas Rodríguez, Francisco Carlos Alberto Uranga Orona, quien se desempeñaba como subdirector del penal, José Guadalupe Rivas Ordaz, el jefe de custodios, y los celadores: Roberto Enríquez Aguayo, Rogelio Benavente Mancha, Eduardo Rangel Arámbula, José Eduardo Espino Sánchez, David Rivera Castañeda, Raúl Francisco Robles Nájera, Lucio Villa López y Mayra Soledad Martínez Barrón. Todos estos funcionarios, fueron imputados con cargos de comisión de delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Véase también Masacre de Villas de Salvárcar Masacre de San Fernando Masacre del 27 de octubre

Referencias

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