Juan José Gerardi Conedera (Ciudad de Guatemala, 27 de diciembre de 1922-ibídem, 26 de abril de 1998)«Bishop Juan José Gerardi Conedera», artículo biográfico en inglés, en el sitio web Catholic Hierarchy.org (Estados Unidos). fue un obispo guatemalteco de la Iglesia católica, además de ser un defensor férreo de los derechos humanos en su país. Por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, recibió el Premio de la Verapaz del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica/Centro Cultural de España en Guatemala. Por el mismo motivo, cayó asesinado a manos de las Fuerzas Armadas de Guatemala en 1998.
Vida y sacerdocio
Descendiente de italianos, hijo de Manuel Gerardi y Laura Conedera, nació en la ciudad de Guatemala, en la 3.ª calle y la 7 avenida de la zona central, donde se observa aún una antigua casa de esquina. Fue el segundo de cuatro hermanos, Francisco Gerardi Conedera, Carmen Gerardi Conedera y Teresa Gerardi Conedera, todos ya fallecidos. Estudió en el seminario de la ciudad y ganó una beca para estudiar teología en Nueva Orleáns (Estados Unidos). En 1946 fue ordenado sacerdote y sirvió en varias áreas rurales de Guatemala, como Jalapa, San Pedro Sacatepéquez y Palencia, así como en la región de la ciudad capital. En 1967 fue elegido obispo de la diócesis de Verapaz, lugar marcado por la pobreza y la exclusión social de los indígenas, residiendo en la ciudad de Cobán, la tercera más grande del país.
En el cargo episcopal, él enfatizó los trabajos pastorales entre la población indígena maya de etnia q'eqchi. Aun, impartió misa en el idioma vernáculo de las comunidades de la diócesis, algo inusitado en la cultura de preponderancia blanca de Guatemala.
En los años setenta y a pesar de la entonces progresiva guerra civil, fue uno de los más acérrimos apologistas del reconocimiento oficial de los idiomas mayas de Guatemala y a la vez, su influencia permitió el establecimiento de dos emisoras de radio en idiomas mayas. Más tarde, en compañía de los padres benedictinos, creó el Centro San Benito de Promoción Humana, que condujo a la transformación de muchos campesinos e indígenas en líderes de sus comunidades.Nota sobre Juan Gerardi en el sitio web de la Iglesia Católica de Guatemala. En 1974 el obispo fue trasladado a la diócesis de El Quiché, pero continuó trabajando como administrador apostólico en Las Verapaces.
En los primeros años ochenta, El Quiché vio índices de violencia acentuados en la beligerancia entre el ejército de Guatemala y varios grupos armados de la subversión, registrándose crímenes masivos que incluso, se determinarían en años posteriores como genocidio. Cientos de catequistas católicos y dirigentes cristianos de pueblos y aldeas fueron brutalmente asesinados, la mayoría de los cuales pertenecían a etnias mayas.Biografía de Juan Gerardi en el sitio web de la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala). Gerardi solicitó repetidamente a las fuerzas militares que controlaran sus acciones, y sobre todo, que cesaran los actos de represión y crímenes en contra de la población civil. Su protesta se extremó tras una matanza de indígenas en Alta Verapaz, que soldados cometieron. Mientras sirvió en la Conferencia Episcopal de Guatemala, habló abiertamente acerca de la masacre en la embajada de España, donde 39 personas ―entre ellos el padre de Rigoberta Menchú y el propio cónsul español― murieron quemadas vivas con granadas de fósforo blanco, con la participación comprobada del Estado de Guatemala.
Sería durante el episcopado en Quiché que el clérigo recibiría múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Ante la gravedad de las amenazas y los asesinatos de sacerdotes en la zona, decidió trasladarse a la ciudad de Guatemala, llegándose a considerar la clausura temporal de la diócesis.
En 1980, monseñor Juan Gerardi fue llamado a la Ciudad del Vaticano para asistir a un sínodo de obispos. A su regreso se le prohibió el ingreso al país, por lo que viajó a San Salvador, en donde no halló asilo, y finalmente a Costa Rica, desde donde, exiliado, siguió siendo el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
Tras el derrocamiento de Romeo Lucas García por un golpe de Estado en 1982, Gerardi pudo regresar a Guatemala. El 28 de agosto de 1984, se le nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala y párroco de San Sebastián en la ciudad de Guatemala.
Comisión Nacional de Reconciliación
En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala nombró a monseñor Rodolfo Quezada Toruño y a monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación. Ello llevaría a la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), para ocuparse de las víctimas del terrorismo de Estado y de cualquier violación a los Derechos Humanos. En consecuencia, Gerardi inició el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que dirigió personal y comprometidamente, con intención de registrar por medio de testimonios y documentación la historia reciente de Guatemala, argumentando así que conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura debía ser indispensable para la paz social en el país. Con motivos conciliadores, organizó encuentros entre la insurgencia, el Gobierno y los sectores civiles. En ese contexto, Gerardi tomó como responsabilidad personal la compilación de investigaciones y entrevistas para elaborar los reportes para recuperación de la memoria histórica durante el período de la represión militar, tras el final de la guerra civil y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
thumb|350px|Guatemala: nunca más, el informe de la REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica).
El día 24 de abril de 1998, el proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) fue presentado, intitulado Guatemala: nunca más, en cuatro tomos. Gerardi diría:
Este reporte exponía a miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría de crímenes al ejército de Guatemala. En las investigaciones se documentaron más de 54 000 violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1960-1996). La autoría de la mayoría de brutalidades, según pruebas fehacientes, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes, se le atribuyó al ejército.
En el reporte retrospectivo se presentaron miles de testimonios recogidos en todo el país, que fueron relatando cuarenta años de memoria de represión: 150 000 guatemaltecos muertos, 50 000 desaparecidos, 1 000 000 de exiliados y refugiados, 200 000 huérfanos, 40 000 viudas. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas. En el 90 % de los crímenes, la responsabilidad era del ejército o de bandas paramilitares relacionadas con el ejército.
El trabajo de recuperación histórica que Gerardi y su equipo realizaron sería fundamental en las labores posteriores de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad auspiciada por la ONU, instalada en virtud de los Acuerdos de Paz de 1996. La comisión de Naciones Unidas llegó a conclusiones similares que el proyecto histórico que dirigió el obispo, responsabilizando al ejército de más del 90 % de los crímenes perpetrados durante las cuatro décadas de confrontación política.
En febrero de 1999, cuando la comisión internacional presentó su propio informe, Memoria del silencio, su coordinador, el alemán de origen polaco Christian Tomuschat (1936-), afirmó:
Asesinato
Dos días después de la publicación del informe Guatemala: nunca más, en la noche del 26 de abril de 1998, el obispo guatemalteco Juan José Gerardi fue brutalmente asesinado a golpes en la cabeza, en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián, de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron aparentemente un bloque de cemento para destrozarle el cráneo, golpeándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró solo luego del reconocimiento del anillo episcopal en su mano.https://web.archive.org/web/20160307173654/http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1378000/1378086.stm
Su cuerpo fue descubierto tendido en el garaje por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien sospechosamente demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche. Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el obispo había intentado repeler el ataque.
Investigaciones Las declaraciones del sacerdote Mario Leonel Orantes Nájera, posteriormente, serían erráticas y contradictorias. Las piernas del occiso estaban cruzadas a la altura de los tobillos y las manos entrecruzadas sobre el pecho. Cerca del cuerpo estaba el bloque de concreto triangular que factiblemente fue utilizado para cometer el crimen. Las inconsistencias y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en cintas de video de la escena del crimen aparecía el fiscal analizando la presunta arma del delito sin guantes y caminando entre los charcos de sangre alrededor del cadáver. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en recipientes sin sellar. Se comprobaría que el órgano de inteligencia militar llamado Estado Mayor Presidencial alteró la escena del crimen, concertando imposturas que distrajeran la atención pública.
Entre las hipótesis redargüidas que intentaron desorientar las investigaciones se promovieron la del crimen pasional, el ataque de un perro y la acción de una banda de ladrones de imágenes religiosas donde la familiar de un jerarca católico tenía relación. De los grupos conservadores del país fue evidente la propensión constante a desestimar la probabilidad de participación de fuerzas del Estado en el crimen, a pesar de que horas antes del asesinato, el obispo presentó Guatemala: nunca más, vuelta por demás admisible esa sospecha.
El asesinato constituyó un desgaste enorme para la administración del presidente Álvaro Arzú Irigoyen; a comienzos de mayo de 1998, la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala), tras investigaciones, suministró el número de licencia de un vehículo que en el registro alusivo resultó estar al servicio de una base militar, la base de Chiquimula, que había sido visto por un testigo identificado, un taxista que luego sería secuestrado y tendría que salir al exilio, habiendo dado vueltas reiterativas el automóvil alrededor de la parroquia la noche del crimen. Así, se vincularon los nombres del coronel retirado Byron Lima EstradaByron Lima Estrada, artículo en el sitio web GWU. (otrora comandante de la base militar de Chiquimula) y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscritos al EMP (Estado Mayor Presidencial, el órgano de inteligencia militar), quienes, según la ODHAG, estaban aparentemente relacionados con el asesinato por una serie de información fundada que trascendió al poco tiempo, como anónimos que decían provenir de fuentes castrenses, testimonios presenciales, llamadas telefónicas con acusaciones, entre otras. Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron después de que fuera divulgada la relación con los militares.
La comisión que la presidencia de la República organizó para investigar el crimen, negó que el coronel retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima. El Gobierno, que había insistido con parcialidad cuestionable en que el asesinato se debía a un crimen común, no político (o si político, realizado para desprestigiar al gobierno) disolvió la comisión en julio de 1998.