La masacre de Rincón Bomba, también conocida como la masacre de Pilagá,Milei cierra los ojos: la emergencia indígena persiste. Por Nora Giménez 13-12-2024, Página/12 fue un asesinato en masa y represión llevada adelante por efectivos de la Gendarmería Nacional, con la asistencia de un avión de la Fuerza Aérea y efectivos de la Policía de Territorios Nacionales contra personas del pueblo pilagá, en el paraje La Bomba, cerca de la población de Las Lomitas en el entonces Territorio Nacional de Formosa (actual provincia de Formosa), entre los días 10 y el 30 de octubre de 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Entre los crímenes perpetrados se incluyeron fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro y reducción a trabajos forzados de cientos de personas, muriendo aproximadamente entre 750 y 1000 víctimas. Desde el año 2005 existe una acción judicial iniciada por la Federación del Pueblo Pilagá que busca que la Justicia Argentina reconozca los hechos como un genocidio y crimen de lesa humanidad cometido por el estado Argentino. Estos reclamos obtuvieron sentencias favorables en primera y segunda instancia, encontrándose actualmente a fallo en la Corte Suprema de Justicia para resolver definitivamente sobre esas cuestiones.
Antecedentes
El pueblo pilagá es uno de los pueblos originarios del actual territorio de la Argentina. Habitan históricamente en la zona sur y central de la llanura del Gran Chaco. Hacia fines de la década de 1860, el Estado argentino inició una serie de guerras de conquista contra varios pueblos originarios en los territorios indígenas de la Patagonia y el Gran Chaco, denominándolas con el nombre genérico de «la Conquista del Desierto». En 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical (UCR), dio por concluida la Conquista del Chaco, aunque las operaciones bélicas y de «limpieza» continuaron varias décadas más. citado en Algunos autores han considerado al proceso histórico de sometimiento de los pueblos indígenas dentro de lo que, desde el siglo XXI, el sociólogo argentino Daniel Eduardo Feierstein ha llamado Prácticas Sociales Genocidas.
Los pueblos originarios derrotados en el Gran Chaco fueron incorporados a los territorios nacionales de Chaco y Formosa. Según la Constitución de 1853, al no llegar a ser "provincias", el nombramiento de las autoridades locales estaba a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
La reforma constitucional de 1994 reconoció la preexistencia a la Nación de los pueblos originarios, así como sus derechos a las tierras ancestrales y a su cultura. Nunca llegó a lograrse un consenso acerca de cuáles serían las llamadas "tierras ancestrales". La principal dificultad surgió cuando se planteó la "ocupación tradicional" en los términos del art. 75 inc. 15 de tierras que, registralmente, tenían un propietario reconocido con anterioridad a la reforma constitucional. Muchos de los propietarios de tierras reclamadas por las comunidades indígenas iniciaron juicios para desalojar a dichas comunidades, con resultados disímiles en las Justicias provinciales de las distintas provincias. Para resolver la cuestión sobre parámetros uniformes, en 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena n.º 26.160, suspendiendo por 4 años los desalojos de tierras indígenas con el fin de finalizar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria. El plazo fue prorrogado en dos ocasiones, por otro plazo igual, en 2009 y 2013, expirando el 23 de noviembre de 2017, cuando sólo se había completado el relevamiento catastral en un 30 % (459 de las 1532 comunidades indígenas identificadas). En el año 2021 llegó una nueva prórroga, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/21 que extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2025.
Finalmente, el 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "González, Florencio Antonio c/ Colicheo, Florentino y otros s/ interdicto (sumarísimo)", consagró el criterio de que «no toda tenencia o posesión de tierras por parte de un grupo o comunidad que se reivindica como aborigen es susceptible de tutela constitucional» y que «el acceso irregular a ellas no fue un objetivo buscado por el constituyente», fijando como principio que «la propiedad comunitaria del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional no habilita bajo ningún concepto o condición, una interpretación que derive en una violación a la propiedad privada de terceros, protegida por los artículos 14 y 17». La generalidad del criterio que le sirve de fundamento al caso hace que se lo considere un «leading case» (o ‘caso testigo’) para ilustrar el criterio general establecido por la Corte.
Cuatro días después del fallo «González c/ Colicheo», el 9 de diciembre de 2024, un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el 1083/24, derogó definitivamente la Ley 26.160, declarando «finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país». La exposición de motivos de esta norma mencionaba que la situación de emergencia generaba «inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124 de la Constitución Nacional» al mismo tiempo que «impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes».
Los hechos
El Tabacal: despidos colectivos y migración masiva
miniatura|300px|En mayo de 1947 el Ingenio Tabacal, propiedad del político y empresario Robustiano Patrón Costas, estafó y despidió a cientos de trabajadores indígenas que debieron buscar un sitio donde recuperarse.
A finales de abril de 1947, cientos de familias pertenecientes a los pueblos indígenas qom, pilagá, mocoví, chorote y wichí, que habitaban en el Territorio Nacional de Formosa, fueron contratados por el Ingenio El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, ubicado en la provincia de Salta, para trabajar en la cosecha de la caña de azúcar, que se iniciaría en mayo. Para ello hombres, mujeres, niños y ancianos debieron trasladarse caminando cientos de kilómetros. Al llegar el momento de la primera paga, la empresa incumplió las condiciones de contratación y en lugar de pagar el jornal comprometido de 6 pesos, pagaron solo 2,50 pesos. El incumplimiento patronal generó una protesta por parte de los afectados, frente a la cual la empresa respondió despidiendo a todos los trabajadores contratados.
La decisión del Ingenio El Tabacal produjo un impacto dramático en las familias de los trabajadores indígenas despedidos, que sin alimentos suficientes debieron emprender una migración masiva a pie, en busca de comida y un lugar donde asentarse. La multitud desesperada se dirigió en busca de ayuda humanitaria a Las Lomitas, un pequeño poblado formoseño, ubicado a 450 kilómetros de El Tabacal, donde estaba asentado el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, llegando a mediados de mayo.
Por entonces Formosa estaba gobernada por Rolando de Hertelendy, un latifundista local nombrado en el cargo por el presidente Perón en 1946, resistido por la población y la prensa peronista del territorio nacional, quienes lo acusaban de «oligarca».
Llegada a Las Lomitas
miniatura|Estación de tren de Las Lomitas, 2018
Hacia mediados de mayo llegó a Las Lomitas una multitud en estado famélico, que se instaló en un paraje cercano conocido como Rincón Bomba, o La Bomba, atravesado por un cañadón seco o madrejón. Por entonces Las Lomitas era una localidad habitada por 1974 personas, la mayoría de ellos gendarmes y sus familias (censo de 1947). El grupo era liderado por los caciques Oñedie (rebautizado Paulo Pablito Navarro) y Nola Lagadick, pero tenía una gran influencia Tonkiet (rebautizado Luciano Córdoba). Este era un pilagá que en 1946 había entrado en contacto con misioneros pentecostales en Zapallar, Chaco. Desde entonces, desarrolló una práctica que mezclaba elementos del evangelismo con tradiciones religiosas pilagá. Al instalarse en La Bomba, Tonkiet montó un espacio ceremonial circular al que denominó "Corona". Allí, emulando las prácticas evangélicas, las familias se reunían para cantar y rezar mientras Tonkiet hacía subir a los enfermos a los que prometí la curación. Rápidamente circularon rumores acerca de curaciones milagrosas, lo que llevó a que más indígenas se sumaran al asentamiento. Algunas fuentes mencionan 1000 personas y otras estiman entre 7000 y 8000 personas; el juez de la causa la estima en «varios millares».
Inicialmente, la población y el Escuadrón de Gendarmería, comandado por Emilio Fernández Castellanos, se mostraron solidarios con los indígenas, pero con el paso del tiempo la relación entre los «blancos» y los «indios» comenzó a deteriorarse.
La situación de los indígenas se hizo desesperante, con muchas personas indigestadas y tres muertes, entre ellas la madre del cacique Pablito. En septiembre, el gobernador del territorio, Rolando de Hertelendy, puso la situación en conocimiento del ministro del Interior, el sindicalista Ángel Borlenghi, quien a su vez se comunicó con el presidente Juan Domingo Perón, que dispuso enviar de inmediato tres vagones de ferrocarril con alimentos, ropas y medicinas. La carga llegó a la ciudad de Formosa en la segunda quincena de septiembre, bajo la responsabilidad del delegado local de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz.
Pero casi dos semanas después, Ortiz aún no había enviado las vituallas a Las Lomitas. Cuando el gobernador De Hertelendy tomó conocimiento de la situación, encomendó personalmente al jefe de Policía para conminar al delegado Ortiz a enviar de inmediato la carga hacia Las Lomitas. Pero para entonces dos tercios de la carga se había perdido por vencimiento y deterioro. Finalmente, a Las Lomitas llegó completo solo uno de los tres vagones enviados por el gobierno nacional, con la mayor parte de los alimentos en mal estado.
La escalada
miniatura|300px|La Gendarmería Nacional se reúne con la comunidad pilagá, en el campamento de Rincón Bomba, poco antes de la masacre. En el centro, de bombachas blancas, se encuentra el cacique Pablito Navarro. A su derecha, el sanador y predicador Luciano Córdoba. Los alimentos en mal estado causaron una intoxicación masiva del pueblo pilagá que causó la muerte de al menos 50 personas, mayoritariamente niños y ancianos, en los primeros días de octubre. La cantidad de muertos hizo que la comunidad pilagá creyera que la carne estaba envenenada o que tenía «algún mal». Esto hizo crecer aun más la importancia de Tonkiet. Los cantos y danzas se extendieron durante varios días. Las muertes y los rituales sanadores acentuaron el rechazo de la población «blanca» hacia los indígenas, al punto de oponerse a que los cadáveres fueran enterrados en el cementerio local.
Rápidamente la situación se deterioró y la prensa local comenzó a difundir la idea de que los indígenas preparaban un «malón», poniendo en peligro a la población de Las Lomitas, que comenzó a reclamar una «solución al problema».