miniaturadeimagen|300x300px|Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la propiedad privada y garantías judiciales en Venezuela (2013). La propiedad privada en Venezuela fue objeto de polémica durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) tanto por personas adeptas al gobierno como de la oposición. Aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la ley, las medidas tomadas por Hugo Chávez en materia de expropiación con indemnización y/o regularización de la propiedad privada fueron muy cuestionadas.La historia de las expropiaciones se ha convertido en un tema central del legado de la Revolución bolivariana. A partir del comienzo del siglo XXI, tanto Hugo Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro, emprendieron una serie de expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron a miles de empresas y propiedades.
Las actuaciones en materia de expropiaciones que se han realizado con la "justa indemnización" así como la creación de nuevos esquemas de propiedad, como la propiedad colectiva, entran en contradicción con el régimen de propiedad que establece la Constitución de la República vigente desde el año 1999 y por ello la Asamblea Nacional. La Constitución venezolana ha sido calificada de no ser anticapitalista o anticomunista, y protege tanto el modo de producción capitalista así como otros esquemas de propiedad como la economía.
En 21 años de revolución, más de 5000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas o intervenidas por el gobierno. De estas, solo sobreviven 3000, y la mayoría lucha por mantenerse a flote. Las expropiaciones, junto con otras políticas económicas, se señalan como una de las principales causas del declive económico de Venezuela. También fueron expropiadas 500 000 viviendas, 3,6 millones de hectáreas y cientos de medios de comunicación pasaron a manos del Estado.
Sobre la propiedad privada en Venezuela Puntos de vista dentro del oficialismo Aceptación de la propiedad privada En 1998 Hugo Chávez fue electo para la presidencia de su país e impulsó lo que llamaría «Revolución bolivariana», la cual inicialmente tomaría la tercera vía y declara no estar en contra de la propiedad privada. Luego, el proyecto político de Chávez tornaría hacia el socialismo del siglo XXI, y afirmaría que no comparte «la idea marxista-leninista de que no debe haber propiedad privada» en su programa Aló Presidente del 26 de agosto de 2007, cercano al referéndum constitucional de ese año promovido por él mismo el cual fue rechazado democráticamente.
Esta propuesta ampliaba el artículo 115 de la Constitución venezolana, asegurando diferentes formas de propiedad —entre ellas la privada— y manteniendo la «justa indemnización» de esta si se expropiaba. La propuesta para la modificación en este artículo añadiría la propiedad pública, la propiedad social (directa e indirecta), la propiedad comunal, la propiedad ciudadana, propiedad colectiva y la propiedad mixta.
El 6 de octubre de 2012, Chávez garantizó que no se tiene previsto eliminar la propiedad privada y manifestó estar en contra de empresarios que «abandonaron las fábricas, no cumplieron con las leyes, especulan, no pagan impuestos o mantienen tierras improductivas», y que tendría el apoyo la «empresa que esté produciendo». En el programa de Gobierno de Hugo Chávez para el período 2013-2019 denominado Plan de la Patria se plantea «desarrollar un sistema de estímulos para el fomento de las pequeñas y medianas empresas privadas, empresas conjuntas en un marco de máxima corresponsabilidad social del aparato productivo, reconociendo el trabajo de los hombres y mujeres emprendedores», buscando «fortalecer la planificación centralizada».
Jorge Arreaza, yerno de Chávez y en ese entonces vicepresidente de Venezuela, aseveró en julio de 2010 que «el hecho de que el PSUV se enuncie como marxista no es meramente enunciativo» y que la militancia debe estudiar el marxismo y que permite conocer «el tema de la propiedad de los medios de producción estratégicos, la necesidad de la propiedad social indirecta y directa». Y acerca del sector privado Arreaza manifestó que «en nuestro socialismo tiene un espacio la propiedad privada, si no es monopólica y si tiene función social, es decir, sí cumple con las constitución y las leyes». En septiembre de 2013, Arreaza manifestó que «creemos en la coexistencia de los distintos tipos de propiedad pero para nosotros la propiedad social, directa e indirecta, es lo más sagrado que existe porque es la base de la construcción de la nueva sociedad» y también que la propiedad privada es bienvenida si está «dispuesta a producir y a ser sometidos al gobierno económico». En febrero de 2014, Jorge Arreaza en medio de reuniones con empresarios venezolanos afirmó que «nuestro socialismo reconoce al sector privado, estatal y socio-comunal, a diferencia de proyectos anteriores. Estamos seguros que podemos convivir y coexistir para generar producción y trabajo liberador en nuestro país».
Visión sobre expropiación, estatización y socialización miniaturadeimagen|300x300px|Órdenes de expropiación de Hugo Chávez en Aló Presidente n.º 351, 7 de febrero de 2010. En el Aló Presidente número 360 de junio de 2010, Chávez estuvo de acuerdo con la propuesta de un trabajador de Lácteos Los Andes sobre expropiaciones «sin indemnización para los que conspiran contra el proceso revolucionario», pero volvió a negar querer una estatización total de la economía. En octubre de 2010, Chávez afirmó que «el socialismo no niega la propiedad privada» y puntualizó que «no toda propiedad privada es condenable; la propiedad privada es perversa cuando degenera en la acumulación egoísta».
Aún cuando en 1998 el Presidente Hugo Chávez declaraba no estar en contra de la propiedad privada, su Gobierno fue criticado por sectores opositores por ser el que menos ha fortalecido la propiedad privada de los venezolanos en la historia reciente. En palabra de sus propios ministros y de algunos diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, la propiedad privada es punta de lanza en el llamado socialismo del siglo XXI pero esta forma de propiedad debe ser ampliada para fortalecer la llamada propiedad social. A través de la nacionalización de sectores que el Estado considera estratégicos, expropiación de empresas que por lo general violan las leyes o atropellan a sus trabajadores, confiscación de tierras agrícolas, creación de empresas del Estado y el fortalecimiento progresivo del sector privado a través de las nuevas regulaciones, el Gobierno ha logrado un mejor manejo de la economía.
Algunos políticos del chavismo como el exdiputado Ulises Daal, quien fue coordinador del grupo de parlamentarios que redactó el anteproyecto de Ley de Propiedad Social y quien opina que «la idea es que todos los medios de producción sean socializados», pero que «la propiedad privada seguirá estando en la realidad por un largo trecho en la etapa de transición». Por su parte, el también político oficialista Aristóbulo Isturiz, 15 de diciembre de 2009 afirmó que ”se debe eliminar la propiedad privada en esta nueva etapa de la Revolución”.
El Partido Comunista de Venezuela, aliado del partido de Gobierno PSUV, sugirió a través de su secretario general Óscar Figuera en octubre de 2013 la «centralización del comercio exterior». Pero es de constatar, más allá de estas afirmaciones, que la propiedad privada se mantiene en Venezuela, y cuando se ha recurrido a expropiar alguna empresa para cumpir una función social se ha realizado, de acuerdo a lo sostenido por el gobierno, con la "justa indemnización".
Para el economista oficialista Víctor Álvarez en su artículo Estatizar no siempre significa socializar critica al socialismo del siglo XX por estatizar prácticamente todos los medios de producción, lo cual, según Álvarez, trajo como consecuencia: «implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor, (...) generando una permanente escasez, racionamiento y especulación»; «entronización de poderosas élites de la burocracia (...) que derivaron en una burguesía funcional»E «ineficaz burocratismo». Igualmente criticó un «doble discurso» del sector privado venezolano, donde consideró que la indemnización favoreció a empresarios cuyas plantas obsoletas tenían varios años cerradas como Invepal, Inveval, Invetex y Cerámicas Sanitarios Maracay. Álvarez también dijo que el socialismo del siglo XXI no se trata de «destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado», sino generar una economía en la cual «los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo». Álvarez también opinó que en vez de gastar millones para transformar la propiedad privada en estatal, se podría invertir en la «creación de nuevas y mejores empresas de la economía social» ya que «nos quedamos con el mismo número de establecimientos» y «eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo».
Puntos de vista dentro de la oposición Enfoque liberal Para Trino Márquez, sociólogo y director académico de CEDICE —think tank venezolano pro-libre mercado capitalista—, en su artículo de opinión Venezuela: ¿existe la propiedad privada?, en Venezuela ocurre algo muy distinto con respecto a lo que dice la Constitución en lo referente a la propiedad privada. Márquez asegura que la propiedad privada tiene un «acoso permanente» por parte del Gobierno que ha «reducido gravemente su eficiencia y su importancia» a través de «numerosas y graves restricciones», lo que ha impedido, según él, la disposición de los bienes, como indica el artículo 115 de la Constitución venezolana. Márquez también manifiesta que el control de cambio establecido a través de CADIVI obliga a las empresas a «una relación de sometimiento y dependencia absoluta del Ejecutivo».
En la obra del abogado venezolano Luis Alfonso Herrera Orellana Legislación Venezolana y Propiedad Privada Análisis Costo-Beneficio, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal propone «instaurar una economía de planificación centralizada», la Ley de Costos y Precios Justos «liquidó el sistema de precios y, con éste, la libertad económica, los derechos de propiedad, los derechos laborales y la libertad de los consumidores y usuarios a elegir bienes y servicios según sus preferencias», la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda «permite la expoliación e invasión consentida por el Gobierno Nacional de inmuebles de propiedad privada con la excusa de refugiar y ejecutar soluciones habitacionales a favor de quienes han sido afectados por las lluvias en los últimos años en Venezuela».