miniaturadeimagen|Mapa de síntesis que muestra los territorios pertenecientes a los waoranis, el Parque nacional Yasuní, y las ubicaciones de varias explotaciones petrolíferas. El mapa, producido por Pappalardo, De Marchi y Ferrarese (2012), muestra las dificultades de delimitar de manera geométrica la zona intangible y separarla de la producción petrolífera. thumb|Serpiente en el parque nacional Yasuní. thumb|Golondrina fajiblanca en un tronco de árbol a la orilla del río Tiputini.La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, vigente entre 2007 y 2013, durante el mandato de Rafael Correa, que condicionaba el mantenimiento de la Zona Intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector del parque nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La Zona Intangible fue decretada durante el mandato de Mahuad con el propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no contactados en la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biosfera alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana.Informe de Inspección en el Parque Nacional Yasuní y la Zona Intangible respecto a la extracción ilegal de madera . Acción Ecológica
Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.
En 2023 se realizó un plebiscito junto con las elecciones nacionales en Ecuador, para el rechazo o la aceptación de la iniciativa Yasuní. Más del 59% de la ciudadanía ecuatoriana votó a favor de detener la explotación en el área, en un plebiscito calificado de histórico.
Historia La Iniciativa Yasuní-ITT buscaba que el Estado ecuatoriano se comprometiera a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono —que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles— a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en Ecuador en tres líneas: manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación nacional y el cambio de la matriz energética.
Al inicio de 2007, el entonces ministro de energía ecuatoriano Alberto Acosta Espinosa apoyado y asesorado por grupos ecologistas, como Acción Ecológica, planteó en diversas ocasiones la viabilidad de una propuesta hecha desde la sociedad para no extraer el crudo del parque nacional Yasuní. El 30 de marzo de 2007 el presidente Rafael Correa analizó las alternativas para desarrollar el hasta ahora denominado proyecto Yasuní ITT y de acuerdo al boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas del primero de abril de 2007, la primera opción era "dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo." La iniciativa nació oficialmente el 10 de diciembre de 2007, cuando el Ministro de Energía de esa época, Galo Chiriboga, dijo que, a menos que la comunidad internacional le proporcionara por lo menos $350 millones de dólares a Ecuador por año a junio de 2008, empezarían las operaciones para extraer crudo del campo conocido como Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) ubicado dentro del límite oriental del Parque.Gonzalo Solano, "Ecuador to Drill Park Unless World Pays", Associated Press (ABC News), 10 de diciembre de 2007.
Uno de los potenciales beneficios del proyecto, según quienes lo impulsaron, es que la reinversión de los fondos aportados en fuentes renovables de energía reduce o elimina la generación de electricidad con derivados del petróleo, que en 2016 alcanzaba menos del 25% de la energía eléctrica del país, frente a cerca del 47% registrado anteriormente, porcentaje que se ha reducido de forma continua gracias a nuevos proyectos de generación mediante el aprovechamiento de los recursos hídricos de Ecuador. También tiene como objetivo implementar el uso de otras fuentes de energía diferentes a la petrolera, de tal manera que con la generación hidroeléctrica se espera alcanzar el 96% de toda la producción eléctrica nacional en el uso de energías alternativas. De esta forma se reducen aún más las emisiones futuras de CO2. La conservación de áreas protegidas y la reducción de la deforestación en Ecuador es un segundo beneficio que se añade a la mitigación del cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Además, los programas sociales promueven la educación, salud y la generación sustentable de empleo productivo en las zonas de influencia de los proyectos, que cubren gran parte de Ecuador. Existe también otro beneficio: los fondos del capital pueden invertirse en proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con rentabilidad garantizada.En qué consiste la Iniciativa Yasuní-ITT. Agencia ANDES.
El 21 de enero de 2011, AVINA, una Fundación que actúa en América Latina, se convirtió en la primera ONG en aportar al fondo de la Iniciativa Yasuní, al formalizar la donación de 100 mil dólares comprometida con el Gobierno de Ecuador., paisenvivo.com.ec, 2011-01-21
El 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona. El presidente anunció que un 0.1% del parque nacional se usará para la extracción petrolera, es decir , lo que se estima generará alrededor de 18.000 millones USD (600 millones de dólares anuales durante 30 años).
La comunidad internacional justificó su falta de compromiso excusándose en la grave crisis financiera que se vivió durante los años en que la Iniciativa Yasuní-ITT estuvo activa, sin embargo otros factores como la incomprensión de la Iniciativa, el temor a sentar un precedente, la negación de la necesidad de un cambio de paradigma o el no reconocer la Amazonía como un bien público global pudieron influir en la indiferencia mostrada por la comunidad internacional y en el posterior fracaso de la Iniciativa.
El 15 de agosto de 2013, cuando el entonces presidente Rafael Correa anunciaba la cancelación de la Iniciativa Yasuní‑ITT, muchos jóvenes y ecologistas salieron a las calles y fueron fuertemente reprimidos por la fuerza pública. En este contexto nació el colectivo YASunidos, que buscaba evitar la explotación del Yasuní mediante una recolección de firmas a nivel nacional para impulsar una consulta popular por iniciativa ciudadana, de modo que la población ecuatoriana pudiera decidir si quería dejar el petróleo del Yasuní en el subsuelo. Esta iniciativa fue desechada por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador a través de un fraude, en la actualidad confirmado por tres entidades del Estado: DPE, CNE-t y CPCCS-t. El caso ahora se encuentra en la Corte Constitucional y ha sido denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral reconoce que Yasunidos cuenta con las firmas necesarias para realizar la consulta, y el CNE otorga la legitimidad democrática, remitiendo a la Corte Constitucional la pregunta para que sea valorada su constitucionalidad.
En 2016 se inició la explotación del campo Tiputini y, para 2021, ya se había extendido al campo Tambococha dentro del parque nacional Yasuní. Durante la pandemia se siguió desarrollando el bloque petrolero y, en 2018, se construyó la carretera hasta el campo Ishpingo, que comenzó a explotarse en 2022. El Parque Nacional Yasuní y sus pueblos indígenas
El Parque Nacional Yasuní fue creado en 1979 y declarado Reserva de la biosfera por la UNESCO en 1989. El parque abarca una superficie aproximada de 10.200 km² en las provincias de Orellana y Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Las investigaciones científicas realizadas en él registran 204 especies de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios, más de 260 de peces y más de 2.000 de árboles y arbustos. Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE identificó el parque como el lugar de mayor diversidad de anfibios, reptiles, aves y mamíferos de América del Sur.
Dentro del parque habita la nacionalidad waorani, cuya subsistencia depende del bosque primario. En 1999, el Estado ecuatoriano creó la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) para proteger a los tagaeri y los taromenane, dos grupos de origen waorani que se encuentran en situación de aislamiento voluntario. La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce expresamente el derecho de estos pueblos a mantener su forma de vida sin interferencia exterior.
El colectivo YASunidos y la consulta popular de 2023
El colectivo YASunidos se constituyó el 16 de agosto de 2013, un día después de que el presidente Rafael Correa anunciara en cadena nacional el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT. El grupo adoptó la forma de «un colectivo de colectivos» integrado por organizaciones ambientalistas, feministas, artistas y ciudadanos independientes, de carácter apartidista. Amparados en el artículo 104 de la Constitución de Ecuador de 2008, iniciaron el 15 de octubre de 2013 la recolección de firmas para convocar una consulta popular que decidiera si el petróleo del Bloque 43-ITT debía permanecer indefinidamente en el subsuelo. Se requerían 583.324 firmas equivalentes al 5 % del padrón electoral, y el 12 de abril de 2014 el colectivo entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) 757.623 formularios.
El CNE anuló más de 400.000 firmas en catorce días, aplicando criterios no contemplados en el Código de la Democracia, como el gramaje del papel o el color del bolígrafo utilizado. Una auditoría posterior realizada por el CNE Transitorio concluyó que el proceso de verificación de 2014 fue fraudulento y que debieron haberse validado al menos 670.670 firmas. En septiembre de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó al CNE conceder al colectivo el certificado de legitimidad democrática y remitir la pregunta a la Corte Constitucional del Ecuador, que la aprobó y fijó la votación para el 20 de agosto de 2023. El 31 de agosto de 2023, el pleno del CNE proclamó los resultados definitivos: el «sí» obtuvo el 58,98 % de los votos frente al 41,02 % del «no». A pesar del resultado, los datos de la estatal Petroecuador muestran que octubre de 2023 registró el mayor nivel de extracción del Bloque 43-ITT durante ese año, con cerca de 1.783.000 barriles en un solo mes. Referencias
Enlaces externos Página web de la iniciativa estatal. Campaña para el Yasuní de la sociedad civil en Ecuador. Amazonia por la Vida.
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