Julián Grimau García (Madrid, 18 de febrero de 1911-Madrid, 20 de abril de 1963) fue un político comunista español, condenado a muerte y ejecutado por la dictadura franquista, acusado ante el tribunal militar que lo juzgó en Consejo de guerra de supuestos crímenes cometidos en la retaguardia durante la guerra civil española en su condición de miembro de los servicios policiales y como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. La oposición a la dictadura, tanto en el interior como en el exterior, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en el juicio y denunció las torturas a las que fue sometido durante su detención.
Posteriormente en el año 1991 se presentó un recurso mediante el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, para anular la sentencia por la supuesta tramposa composición del consejo de guerra; sólo el presidente de la sala, el jurista José Jiménez Villarejo, votó a favor de la nulidad, por lo que fue rechazado. Años después, en 2012, Izquierda Unida presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para rehabilitar su figura; únicamente el Partido Popular, que gobernaba con mayoría absoluta, votó en contra siendo de nuevo rechazada la proposición.El fusilamiento de Grimau, un crimen de Estado de la dictadura franquista que el PP y la Justicia se niegan a revisar.
Biografía Primeros años
Era hijo de Enrique Grimau de Mauro, inspector de policía y dramaturgo. Su abuelo paterno, Julián Grimau de Urssa, fue un conocido médico y alcalde del municipio segoviano de Cantalejo. En unas notas biográficas dedicadas a este último, se puede leer sobre Julián Grimau:
Guerra civil española
Comenzó militando en Izquierda Republicana, pero al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista de España (PCE). Pasó la guerra en Barcelona, donde se dedicó a labores policiales. Al ser derrotada la República, se exilió en Hispanoamérica, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los dirigentes del PCE durante la época franquista.
Según las acusaciones presentadas contra él ante el tribunal militar franquista que lo juzgó, Grimau cometió torturas, saqueos domiciliarios y asesinatos como jefe de la "checa" establecida desde principios de 1938 en la plaza de Berenguer el Grande de Barcelona.ABC Madrid, 20/04/1963: «La checa de la plaza de Berenguer el Grande, de Barcelona». Estas acusaciones se recogen en textos de la época franquista y en el libro Los papeles reservados del periodista Emilio Romero.
Posguerra
En 1954, durante el Congreso del PCE celebrado en Praga, fue elegido miembro de su comité central. A partir de 1959 sustituyó a Simón Sánchez Montero, que acababa de ser detenido, en la dirección del Partido "en el interior", donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios años. Compartía esa dirección con Jorge Semprún y con Francisco Romero Marín.
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas por la policía franquista. Tras su detención, fue condenado en un juicio sumarísimo y posteriormente fusilado por la dictadura de Francisco Franco.
La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas.
El proceso Grimau
Grimau fue detenido el 7 de noviembre de 1962. La detención se produjo en un autobús en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social (policía política franquista).
Obviamente, había sido delatado. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad, situada en la madrileña Puerta del Sol, en el edificio conocido como Casa de Correos, que hoy es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí fue objeto de torturas y para encubrirlas, fue arrojado al patio interior del inmueble. La caída le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau explicó este hecho a su abogado, declarando que, en un momento dado de la sesión de tortura a la que fue sometido por sus interrogadores, le agarraron y le arrojaron por la ventana, esposado con las manos delante, razón por la cual se fracturó la frente y las muñecas. La policía, por boca del ministro de Información Manuel Fraga, declaró, por el contrario, que Grimau recibió un trato exquisito y que, en un momento de su interrogatorio, se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia. Una versión que aceptó el juez de guardia a pesar de los indicios que existían de que no había sido un intento de suicidio.
Frente a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina sino por su actividad durante la Guerra Civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. La razón de ello es que, probablemente, el régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en el que existía una ola de alta conflictividad social y política.
Grimau fue acusado por su trabajo como policía durante la guerra civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. En concreto, a Grimau se le imputaban torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona.
Dicha imputación, que no fue demostrada en el juicio, se le ha hecho también desde sectores anarquistas, que le acusan de haber sido un prominente miembro del Servicio de Información Militar (SIM) y de haber dirigido la represión contra los acusados del asesinato del agente del SIM León Narwicz en 1938. No parece sin embargo que existan pruebas documentales de ello. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Jorge Semprún (Federico Sánchez), miembro del Comité Ejecutivo del PCE, escribió en su Autobiografía de Federico Sánchez lo siguiente:
Grimau fue juzgado por un tribunal militar y el proceso estuvo lleno de irregularidades. No existían apenas en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal, encargado de asesorar a los presidentes del tribunal. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín que, en realidad, nunca había estudiado Derecho y desempeñaba el cargo, como muchas otras personas en la época, gracias a que podía declarar que sus títulos "se habían quemado durante la guerra" (fue desenmascarado un año más tarde, tras décadas de ejercicio, y condenado a prisión). El defensor era la única persona con formación jurídica de la sala: el teniente abogado Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi (que sería diputado años después), a quien la defensa de Grimau le costaría el puesto.
El juicio se celebró en los juzgados militares de Madrid el jueves 18 de abril de 1963, con la sala atestada de periodistas. Para Rebollo, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado "de oídas", es decir, a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Solo estaba probado que, efectivamente, fue policía. El delito continuado de rebelión era improbable, dado que Grimau había pasado más de veinte años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó como estaba previsto la condena a muerte.
En realidad, el juicio por "rebelión militar", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, hacía previsible la sentencia. Este tipo de juicios sumarísimos en aplicación de una ley creada específicamente para aniquilar a los republicanos no se producía desde los años inmediatamente posteriores a la guerra. En su periodo de apogeo, acababan invariablemente con una sentencia de muerte, tanto que a menudo los bedeles del tribunal se permitían hacer sin reparos una broma macabra que se hizo famosa: "que pase la viuda del acusado".
Por otro lado, el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público (TOP), que pretendía dar carpetazo definitivamente a la legislación represiva aprobada en el marco de la guerra civil. A Grimau le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no habría dictado pena de muerte sino de prisión. Por ello, para asegurarse de que Grimau sería ejecutado, Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.
La presión internacional thumb|left|250px|Protesta en París en 1963 contra los asesinatos de Julián Grimau, Manuel Moreno Barranco, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez. Precisamente por lo inusitado del procedimiento, eco de una guerra que por otro lado el franquismo parecía querer enterrar (comenzaban a prepararse los actos de los "veinticinco años de paz"), y porque se esperaba lo peor, desde el anuncio de los cargos contra Grimau se desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes en ningún aspecto relacionado con España. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. La presión no pareció afectar al general Franco que, en su línea habitual, la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes.
Tras la lectura de la sentencia, solo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión. Numerosos jefes de Estado se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el líder soviético Nikita Jrushchov, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dirigente soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista. Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por diecisiete personas, se reunió el 19 de abril. Duró diez horas, aunque, al parecer, sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, manifestó su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmado por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española. Su oposición fue, sin embargo, más bien tímida, ya que Franco, finalmente, exigió una votación y la decisión de ejecutar al dirigente comunista se tomó por unanimidad.
Fusilamiento miniaturadeimagen|Tumba de Julián Grimau en el cementerio civil de Madrid