thumb|250px|Imagen exterior de la Cámara Santa y la cripta de santa Leocadia de la catedral de Oviedo. Podemos ver las dos celosías, la superior correspondiente a la cámara santa o capilla de san Miguel y la inferior perteneciente a la cripta de santa Leocadia. Fue destruida por los mineros durante la Revolución de Asturias y luego reconstruida. La violencia anticlerical en la Revolución de Asturias fue el ataque más violento que sufrió el clero católico en el en España antes de la Guerra Civil. Ocurrió en el segundo bienio de la Segunda República durante la Revolución de Asturias dentro del marco de la Revolución de Octubre de 1934. En este ataque, a diferencia de la anterior quema de conventos de 1931, treinta y cuatro miembros del clero fueron asesinados por los revolucionarios asturianos. Fue el precedente más inmediato de la persecución religiosa que tuvo lugar en la zona republicana durante la guerra civil española de 1936-1939.
Contexto político
La adopción de las medidas para establecer el Estado laico y la completa separación de la Iglesia y el Estado que determinaba la Constitución de 1931 fue obra inicialmente del Gobierno Provisional de la Segunda República Española presidido por el católico liberal Niceto Alcalá-Zamora, que tuvo que hacer frente a la crisis de mayo de 1931 provocada por la quema de conventos de 1931 en España y los conflictos subsiguientes suscitados por la actitud antirrepublicana del cardenal primado Pedro Segura y del obispo de Vitoria, que fueron expulsados del país. Fue el gobierno del católico Alcalá-Zamora el que, antes de que se aprobara la Constitución, eliminó la exención fiscal de la Iglesia y ordenó la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas, así como suprimió la enseñanza religiosa en aplicación del principio de libertad de cultos aprobado en el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional.
Una vez aprobada la Constitución en diciembre de 1931, el gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña fue el que aplicó lo que aquella establecía en materia religiosa, singularmente lo dispuesto en el artículo 26. Así en los primeros meses de 1932, por mandato constitucional, suprimió -que no disolvió- la Compañía de Jesús y nacionalizó sus bienes, secularizó los cementerios, presentó en las Cortes la ley de divorcio y aplicó el precepto constitucional de que las manifestaciones del culto fuera de las iglesias necesitaban una autorización del gobernador civil, como cualquier otro acto público celebrado en la calle. Por último con la Ley de Congregaciones Religiosas se abrió el proceso para cerrar los colegios religiosos. A causa de estas medidas laicistas aumentó la tensión entre la Iglesia católica y el gobierno de Azaña y la jerarquía eclesiástica llegó a decir que se estaba produciendo una "persecución religiosa" en España.Vicente Cárcel Ortí, "La persecución religiosa en España durante la Segunda República, 1931-1939.", pag. 176 En la contraofensiva católica se utilizó como arma propagandistas una frase sacada fuera de contexto del discurso pronunciado por Manuel Azaña en las Cortes con motivo del debate del artículo 26 en el que había dicho que "España había dejado de ser católica" en el sentido que ya no era la cultura católica la hegemónica como en tiempos de Felipe II, aunque reconocía que la población era mayoritariamente católica, por lo que había que ser consecuentes y poner fin a la confesionalidad del Estado.
Tras la ruptura en septiembre de 1933 de la coalición republicano-socialista que había gobernado bajo la presidencia de Azaña desde diciembre de 1931, se celebraron elecciones generales en noviembre que dieron un resultado inesperado para las fuerzas políticas de izquierda republicanas y socialistas. La derecha junto con los partidos de centro obtuvieron más de dos millones de votos de ventaja frente a la izquierda. Con estos resultados se formó un gobierno del Partido Republicano Radical presidido por Alejandro Lerroux, gracias al apoyo parlamentario del partido de la derecha católica "accidentalista", la CEDA, que de momento no exigió formar parte del gabinete. Este gobierno al contar con el apoyo imprescindible para gobernar de un partido de dudosa lealtad a la República, se encontró con la fuerte oposición de las diferentes fuerzas de la izquierda, y el PSOE y la UGT fueron mucho más lejos cuando anunciaron que declarararían una huelga general insurreccional en el momento que la CEDA, al que los socialistas consideraban un partido "fascista", entrara en el gobierno. Así la prensa del PSOE, de UGT y de las Juventudes Socialistas fue preparando a su militancia para la "revolución socialista" que se desencadenaría cuando se produjera esa eventualidad. Por ejemplo, el diario Renovación, perteneciente a las Juventudes Socialistas, publicó el 16 de septiembre de 1934: "¡También los obreros saben manejar las ametralladoras! Los obreros no esperan nada del Palacio Nacional, de las Cortes, de los republicanos. Lo esperan todo de la revolución social, del Partido Socialista".Renovación, 16-09-34. Once días después el diario El Socialista, el 27 de septiembre, publicó: "¡Atención al disco rojo! El mes que viene podría ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y sus cabezas directoras es enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado (...) ".El Socialista, 27-09-34.
El 1 de octubre de 1934 la CEDA retiró su apoyo al gobierno del Partido Republicano Radical presidido en ese momento por Ricardo Samper y cuatro días después se hacía pública la composición de un nuevo gobierno de coalición radical-cedista presidido ahora por Alejandro Lerroux, y del que formaban parte tres ministros de la CEDA. Inmediatamente los socialistas cumplieron su amenaza y desencadenaron la huelga general insurreccional que sería conocida como la Revolución de Octubre de 1934. La preparación "militar" de la sublevación fue tan deficiente que fue aplastada con relativa facilidad por las fuerzas de orden público y por el ejército a las órdenes del gobierno por lo que en ningún momento se estuvo al borde de desencadenar una Guerra Civil. En Cataluña el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española pero no dio tiempo a formar un gobierno independiente porque la revuelta catalana fue rápidamente reducida por el general Batet, jefe de la División Orgánica. Sólo en Asturias la revolución logró prender gracias a unos treinta mil mineros organizados por la Alianza Obrera a la que se había sumado la CNT, a diferencia de lo que había ocurrido en el resto de España, y en la destacaban los socialista Ramón González Peña y Belarmino Tomás, presidentes respectivamente del primer y del tercer Comité Provincial Revolucionario. Estos acontecimientos obligaron al gobierno de Lerroux a la declaración del estado de guerra. En la Revolución de Asturias hubo cerca de dos mil muertos, en su mayoría insurrectos además de fuerzas del orden. También hubo algunas víctimas en Madrid, Santander, León, Vizcaya, Zaragoza y así hasta 26 provincias, de las cuales, en donde mayor número de bajas se produjeron fue Asturias, con gran diferencia sobre las tres siguientes, que fueron Vizcaya, Barcelona y Santander. En el transcurso de estos hechos, la violencia anticlerical volvió a resurgir como en mayo de 1931, pero esta vez cometiéndose en Asturias asesinatos de miembros del clero, un hecho que no ocurría en España desde hacía cien años.
Antecedentes La clase obrera asturiana y la Iglesia católica Maximiliano Arboleya fue un sacerdote asturiano que consagró su vida al activismo católico en los medios obreros, alcanzando cierto prestigio personal entre ellos pero sin conseguir alcanzar el objetivo que perseguía, hacerlos volver al seno de la Iglesia mediante el desarrollo del sindicalismo católico que él entendía que para que tuviera éxito tenía que ser "puro", es decir, independiente de los patronos y de la jerarquía eclesiástica, para que fuera visto por los obreros como un verdadero instrumento en la defensa de sus intereses. Pero en general los obispos de su tiempo no compartían esas ideas y se opusieron al proyecto así como los patronos, que siguieron postulando un sindicalismo amarillo. En 1923 fue nombrado obispo de Oviedo Juan Bautista Luis y Pérez, viejo amigo de Arboleya con el que coincidió como estudiante de teología en Roma, quien inmediatamente lo nombró deán de la catedral de Oviedo. Ambos compartían la ilusión de trabajar en el campo social, pero en la diócesis se habían hecho tan pocas cosas y tan mal, a pesar de los esfuerzos de Arboleya, y encontró tantas resistencias que finalmente tuvo que desistir de su proyecto, minado además por la enfermedad. Nada más tomar posesión de su cargo Maximiliano Arboleya le había escrito una carta en la que le describía la difícil situación con la que iba a enfrentarse:
Tras la Revolución de Asturias, fue aún más claro en su diagnóstico sobre la situación del mundo obrero en relación con la Iglesia y sus organizaciones sociales:
La violencia en la Revolución de Asturias
El Comité Revolucionario Provincial de Asturias en su primer bando constituyó una "guardia roja" con voluntarios de todas las organizaciones obreras para conseguir el "cese de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en un acto de esta naturaleza será pasado por las armas". La "guardia roja" consiguió poner fin a los saqueos y mantener el orden pero no en todas las ocasiones pudo controlar los excesos de la "justicia revolucionaria" llevada a cabo por individuos o pequeños grupos que actuaron al margen del Comité Revolucionario Provincial y de la inmensa mayoría de los comités revolucionarios comarcales y locales. Así, "junto al trato correcto recibido por la inmensa mayoría de los encarcelados -guardias civiles, técnicos de minas y fábricas, capataces, comerciantes y rentistas, miembros del clero-, la represión sangrienta también hizo acto de presencia". Fueron asesinados algunos detenidos, como en Sama de Langreo en represalia por la resistencia ofrecida por guardias civiles y guardias de asalto a la insurrección obrera, aunque en ocasiones, como en el barrio de El Llano de Gijón, la actuación de la "guardia roja" logró impedir las ejecuciones, o como en Grado, donde se respetaron escrupulosamente las personas y los edificios religiosos.
Pero lo que más estremeció a la opinión pública fue el asesinato indiscriminado de 34 miembros del clero, un hecho que no se producía en España desde hacía cien años. Según el historiador José Álvarez Junco, estas muertes no obedecieron a un plan previo sino que fueron más el resultado de la "exaltación momentánea y casi accidental", y , por otro lado, la inmensa mayoría de sacerdotes y religiosos detenidos u obligados a realizar determinadas tareas recibieron un trato correcto por parte de los comités revolucionarios.
El historiador David Ruiz relaciona los asesinatos con "el progresivo distanciamiento que se produjo entre la jerarquía eclesiástica y las organizaciones obreras" a causa de su apuesta en favor del "sindicalismo amarillo", en contra del sindicalismo católico independiente de las patronales defendido por el canónigo de la catedral de Oviedo Maximiliano Arboleya, lo que propició el crecimiento del anticlericalismo en el seno de la clase obrera. Puede ser ilustrativo de esta tesis lo que sucedió en Bembibre (provincia de León) donde un crucifijo fue salvado del incendio de la iglesia y exhibido con un cartel que decía: “Cristo rojo, a ti no te quemamos porque eres de los nuestros”. Por otro lado, un canónigo de la catedral ovetense se sorprendió de la animadversión popular que suscitaba el clero:
Los sucesos
Asturias