La legislación acerca de la libertad de información representa el proceso legal fundamental del derecho a saber, por medio del cual las personas pueden solicitar información del gobierno y recibirla gratuitamente o a un costo mínimo, eliminando las excepciones estandarizadas. Aunque se les menciona como registros abiertos, los gobiernos también suelen estar obligados a publicar y promover la apertura. En muchos países existen garantías constitucionales sobre el derecho de acceso a la información, pero por lo general no se aplican a menos que haya una legislación específica que las respalde.
Más de 120 países alrededor del mundo han implementado algún tipo de legislación al respecto, siendo Suecia el país con el régimen legal de libertad de información más antiguo. El Acta de Libertad de Prensa de Suecia fue creada en 1766, mientras que otros países no llegaron a legislar sobre esta materia hasta medidados del siglo XX, como Francia, Estados Unidos, y Japón. En el caso puntual de Estados Unidos de América, todos los estados tienen leyes que rigen el acceso a documentos públicos del estado y de entidades locales de recaudación de impuestos, además de la Ley por la Libertad de la Información de ese país, la cual regula el manejo del registro de documentos en posesión del gobierno federal.
Entre las legislaciones más nuevassobre la libertad de información están países como Suiza, Rusia, Alemania, México y Argentina. Muchos países se han ido sumando a esta tendencia pero la eficacia de estas leyes para entregar información desde el gobierno a la ciudadanía varía mucho según la solidez de cada institución.
Un concepto asociado a ello es la legislación de reuniones abiertas, que permite el acceso a las juntas de gobierno, no sólo a los registros que de ellas se hacen. En varios países, las leyes sobre la privacidad o la protección de datos puede ser parte de la legislación sobre la libertad de información. Ambos conceptos están tan relacionados que a menudo se presentan juntos en los discursos políticos.
Un principio básico detrás de la mayor parte de la legislación sobre la libertad de información es que la descarga de pruebas cae sobre el cuerpo al que se pidió la información, no sobre la persona que la solicita. Usualmente, el solicitante no tiene que dar explicación alguna de su petición, pero si la información no es revelada, tiene que ofrecerse una razón válida.
Véase también
Referencias